El debilitamiento de la libertad de expresión en México(2000 a 2010). El enjuiciamiento a las campañas electorales negativas con parámetros de articulación contrarias al debate público democrático.

Tesis (Doctorado en Derecho) UANL, 2013.

El ministerio público ante el nuevo paradigma de justicia penal en el estado de Nuevo León.

Tesis (Doctor en Derecho) UANL, 2012.

La percepción de los servidores públicos sobre la participación ciudadana en la gestión pública municipal y su relación con la generación de valor público; una propuesta de base para incorporar estrategias de mejora en el municipio de Monterrey, N.L.

Tesis (Doctor en Filosofía con orientación en Ciencias Políticas) UANL, 2014.

Hacia una nueva visión del gasto público (un enfoque de derecho administrativo procedimental).

Tesis (Doctor en Derecho con orientación en Derecho Procesal) UANL, 2014.

Colegio Público de Educación Especial Eusebio Martínez. Alcantarilla.

Revista conmemorativa del décimo aniversario del CPEE Eusebio Martínez de Alcantarilla (Murcia) que pretende hacer balance de la experiencia educativa, vida escolar y actividades del centro.

La enseñanza-aprendizaje del Derecho Internacional Público en el Espacio Europeo de la Educación Superior.

El autor es profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Sevilla

Guia d'equipaments d'educació ambiental i ús públic de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona.'Guía de equipamientos de educación ambiental y uso público de la red de Parques Naturales de la Diputación de Barcenona'.

Título tomado de la cubierta

Análisis de los factores que han limitado la implementación de los decretos 112 a 116 de 2003 de reestructuración del sistema de transporte público colectivo en Bogotá

El problema del transporte público colectivo (TPC) en Bogotá es complejo, caracterizado por una inconstante sobreoferta que se ve reflejada, como primera medida, en una tarifa para el transporte público inflada por encima del costo real. Sumado a esto, la debilidad institucional es muy grande, generando así una acumulación de poder a favor de los transportadores, a quienes la sobreoferta les resulta lucrativa. Y si le adicionamos el componente de incentivos que la misma Administración Distrital promueve, con el ineficiente sistema de funcionamiento y adjudicación de rutas, la situación se hace aún más critica. Para reducir la sobreoferta el gobierno de Bogotá ha promulgado una serie de políticas que no han resultado efectivas. Las más estructuradas y optimistas se dieron en la administración Mockus, donde se expidieron los decretos 112 a 116 de 2003 de reestructuración del transporte público, que buscaban reducir la sobreoferta y mejorar la calidad del servicio, que iba en decadencia. El siguiente documento intenta analizar como los decretos mencionados pueden haber sido apenas una estrategia jurídica y una muy limitada política pública al menos por 3 razones especificas: la primera hace referencia a las deficiencias en el momento de la planificación y formulación de la política pública, la segunda analiza el problema de desconocer la existencia e influencia determinante de los transportadores como grupo de presión con poderes económicos y políticos. Y la tercera describe de que manera el alto grado de impunidad a la hora de detectar, juzgar y sancionar a los infractores; ha creado aún más traumatismos en la implementación de estas normas.