1000 resultados para Intentos de dejar de fumar


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La militarización de la seguridad interna en el Ecuador, al igual que en América Latina, ha sido una constante de las últimas décadas. Esta investigación tiene como objetivo analizar la evolución de la militarización de la seguridad interna en el Ecuador y la influencia que tuvieron el ataque en Angostura del 2008 y la sublevación militar del 30 de septiembre del 2010 en este proceso. La investigación identifica dos etapas dentro de este proceso: 1) los intentos de desmilitarización a partir de los ataques de Angostura y 2) el regreso a la militarización a partir de la sublevación militar del 30 de Septiembre. Utilizando como base teórica las aproximaciones de varios autores latinoamericanos sobre la militarización, y los parámetros que plantean para generar espacios democráticos en la relación entre las fuerzas públicas y el gobierno civil, se proponen una serie de funciones y características que deben cumplir las Fuerzas Armadas para que se pueda desarrollar de manera idónea el juego democrático. La investigación plantea una caracterización, tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional, para determinar el estado en que ambas instituciones se encontraban antes de los ataques de Angostura. Tanto Angostura como la Constitución del 2008 plantean la desmilitarización de la seguridad interna y un cambio en el paradigma de seguridad nacional. Se investiga el alcance institucional, legal y práctico de estos cambios en relación a su condición anterior y a los parámetros propuestos en la tesis. Finalmente, la tesis plantea como punto de quiebre de estos cambios institucionales la revuelta militar del 30 de septiembre del 2010 y analiza la serie de cambios que se dan y que generan la remilitarización de la seguridad interna. Así mismo, se analizan los cambios institucionales dentro de la Policía Nacional y las funciones dentro de la seguridad interna que son entregadas a las Fuerzas Armadas.

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La congruencia es una exigencia del contenido de las resoluciones judiciales; es el principio por el cual se requiere identidad o correspondencia entre el objeto de la controversia y el fallo que la dirime; constituye un límite a las facultades resolutorias del juez, que no puede conceder más de lo pedido o algo distinto de lo pedido, y que no puede dejar de resolver las cuestiones formuladas por las partes. En esta investigación se analiza la naturaleza jurídica de la congruencia y su relación con el derecho a la defensa y el principio dispositivo. Se reflexiona acerca de las actuaciones que pueden conducir al juez a errar respecto de la apreciación del objeto del proceso y con ello producir un fallo incongruente. Además, se revisa cada uno de los vicios de incongruencia y los remedios procesales o instrumentos de los que disponen los justiciables para impugnarlos. Se pretende abordar, entonces, de manera específica, varios aspectos del principio de congruencia que son poco analizados por la doctrina, y estudiarlos dentro del marco de la actual Constitución ecuatoriana, de la legislación y de la jurisprudencia ordinaria y constitucional.

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El eje multimodal Manta-Manaos evoca la idea de la articulación comercial del Ecuador con Brasil y, consiguientemente, afloran sentimientos positivos sobre la integración regional sudamericana. Sin embargo, cuando se realiza un análisis más integral de las diferentes aristas que componen este megaproyecto, surgen varios escenarios y actores que deben ser considerados, si el gobierno ecuatoriano pretende alcanzar un auténtico desarrollo social, comercial y ecológico de la región amazónica, principal implicada en el corredor. El estudio profundiza dos líneas fundamentales: la primera es que los intentos de integración comercial entre Ecuador y el gigante latinoamericano deben ser conceptualizados desde la configuración económica de ambos países, reconociendo las verdaderas potencialidades y limitantes que existen. Y la segunda es que, tal y como se perfila la vía, una fractura ambiental de la Amazonía ecuatoriana es inminente, pues Ecuador no dispone de un plan de desarrollo integral que incluya principalmente el reordenamiento territorial e inclusión de los pobladores amazónicos. Crear alternativas para una integración que satisfaga los intereses comerciales, medio ambientales y humanos del Ecuador dependede la capacidad del gobierno para incluir a los actores, sincerar los escenarios comerciales y promover propuestas que efectivamente conduzcan a la inserción estratégica del Ecuador en el mundo.

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El esmeraldeño fue una lengua que se habló en el curso medio e inferior del Esmeraldas hasta finales del siglo diecinueve, cuando fue registrada por J. M. Pallares para Theodor Wolf de boca de los últimos ancianos que aún la recordaban. Saber más sobre cuál fue el asiento original de esta lengua y quiénes fueron sus hablantes es una pieza clave rompecabezas etnolingüístico de la costa norte del Ecuador antes de la conquista castellana y de las relaciones interétnicas entre conquistadores, indígena y afrodescendientes desde mediados del siglo dieciséis. Aunque ha habido algunos intentos por describir y clasificar el esmeraldeño con criterios lingüísticos y a partir de fuentes etnohistóricas, sigue siendo una lengua no clasificada y poco o nada se sabe de sus hablantes. Esto se debe a la falta de una coteja exhaustiva entre los datos lingüísticos y etnohistóricos disponibles, pero sobre todo a un acercamiento clasificatorio tradicional que no toma en cuenta las consecuencias lingüísticas del contacto interétnico. Se pretende resolver ambas falencias con una interpretación sociolingüística de las fuentes etnohistóricas y un análisis lingüístico comparativo del corpus disponible, que incluye la evidencia toponímica, antroponímica, pero sobre todo de las palabras y oraciones glosadas que conforman el corpus Pallares-Wolf.

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El presente estudio tienen por objeto responder a dos interrogantes: ¿el minimalismo es aplicable a la realidad ecuatoriana? y de haber un problema de incompatibilidad ¿existe un marco conceptual alternativo que permita gestionar la conflictividad criminal de manera efectiva? La importancia de la primera pregunta radica en que esta postura político criminal es la que se ha impuesto dentro del Derecho comparado y en el caso de nuestro país es la postura aceptada en la Constitución, por tanto si la respuesta es negativa, implica que el Ecuador se ha quedado sin un norte para gestionar su criminalidad. La segunda pregunta, conlleva la posibilidad de forjar un esquema conceptual alternativo que permita superar el inmovilismo y populismo en que ha caído la política criminal en las últimas décadas. Su estructura consta de tres libros: Libro I “El Derecho penal mínimo: análisis conceptual”, se enfoca en fijar los ejes conceptuales del minimalismo. El segundo libro “La aplicabilidad del derecho penal mínimo en el Ecuador”, aborda la primera pregunta planteada. Mediante un conjunto de reformas legislativas que han puesto a prueba la capacidad de los gobernantes de disminuir el ámbito de protección penal, revela que en el caso de las normas estructurales para el funcionamiento de la sociedad ecuatoriana los intentos han fracasado de manera sucesiva. El tercer libro “El derecho penal estratégico: una propuesta político criminal desde el Ecuador” aborda la segunda pregunta; sobre la base de una sucesión de rupturas conceptuales se diseña una propuesta político criminal alternativa. El estudio mantiene un profundo vínculo con la realidad tanto en el diagnóstico como en la propuesta político criminal. Constituye una apuesta por construir un marco conceptual basado en experiencias de las dos últimas décadas de nuestro país, para abordar el problema que hoy más preocupa a nuestra sociedad: la criminalidad.

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El capítulo VIII de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General trata sobre los procedimientos, requisitos y documentos a suscribir para la formalización de las modificaciones que en la ejecución del Contrato Administrativo deba realizarse, con el fin de dar cumplimiento al objeto contractual. Entre las causas principales para la modificación de los Contratos Administrativos, se encuentran entre otras, las producidas por fuerza mayor o caso fortuito, imprevistos de orden técnico, económico. Las cláusulas exorbitantes con que cuenta el Contrato Administrativo otorga a la Administración, entre otras, la potestad de modificar unilateralmente las condiciones del contrato, dar directivas a su contratista, declarar extinguido el contrato por sí y ante sí, imponer sanciones contractuales. Los documentos accesorios que los contratantes suscriben para dejar constancia de las modificaciones realizadas en el Contrato Administrativo principal, son los denominados contratos complementarios, órdenes de cambio y órdenes de trabajo, los cuales deben reunir ciertos procedimientos y requisitos normados por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

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Antiguamente se consideraba que la facultad discrecional de la administración estaba exenta de control, lo que constituía, sin lugar a dudas, un privilegio a favor de los gobernantes, quienes podían actuar de manera arbitraria y contra ley, sin resquemor alguno. Frente a esta situación de inseguridad jurídica y abuso del poder, la humanidad siempre luchó por evitar y disminuir el abuso del poder, y es así como llegamos al denominado Estado de Derecho, que propugna la sumisión de todas las actuaciones del Estado a la Constitución y la ley, es decir, nada puede quedar fuera o exento de control. Allí se concibió como necesaria la facultad discrecional de la administración para tomar decisiones oportunas, pero no como una antítesis de la facultad reglada, sino también como una prerrogativa legal. Este cambio de concepción de la facultad discrecional de la administración, lleva implícita otra consecuencia y dice relación a la pregunta de ¿cómo pueden los jueces hacer un control judicial pleno de las actividades derivadas de la potestad discrecional de la administración? El tema que se pone en la palestra para su discusión ha sido objeto de múltiples escritos, foros académicos, debates interminables y mucha tinta derramada, pero aún no existe una posición consolidada y unificada respecto de cómo hacer ese control, en lo único en que todos coinciden es en la circunstancia de que los actos administrativos dictados en ejercicio de una facultad discrecional de la administración, son perfectamente impugnables. Para lograr un control pleno de las actividades administrativas, se hace indispensable el reconocimiento de una jurisdicción contencioso administrativa plenaria y universal, integrada por jueces independientes, imparciales y competentes, que conciban su labor de control efectivo, sin escudarse en subterfugios, ya sea para dejar de resolver o negar demandas de manera sistemática en casos discrecionalidad. Tal situación resulta inconcebible con el actual marco constitucional en vigencia, que determina la obligación de fallar no solo sobre normas sino también sobre principios, lo que permite a los jueces ampliar sus fronteras, superar el criterio de que la jurisdicción contencioso administrativa es exclusivamente revisora e impide que se deje sin tutela judicial efectiva a ningún ciudadano.

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Este trabajo investigativo pretende evidenciar el recorrido reivindicatorio de los indígenas en el País, muestra, de manera cronológica, su proceso organizativo que se fundamentó desde la figura de comuna, posterior a ello y gracias a levantamientos se proclamó las Reformas Agrarias, una conquista importante para el pueblo indígena puesto que así logró su reivindicación y regular la tenencia de tierras, esto significó fortalecer la organización política hasta consolidar un Movimiento, lo que permitió visibilizar y protagonizar espacios públicos. Con la presencia del Movimiento en Cotopaxi, nuevos retos se presentaron, gracias al proceso evangelizador de Radio Latacunga y su programa de “cabinas populares” el indígena tiene mayor visibilización y una inclinación por el tema comunicacional, posterior a ello, en una asamblea del movimiento consideran contar con su propio medio de comunicación y deciden apuntar por la televisión, después de lograr armar el aparataje tecnológico y contar con el personal humano TV MICC realiza la primera transmisión en el año 2009. Pero ahora el desafío es aún mayor, siendo un canal que representa una plataforma comunicacional para el Movimiento debe sobrevivir en el mundo televisivo de la localidad y competir con las prácticas tradicionales de los medios comerciales, el canal tiene una particularidad, trabaja en torno al tema indígena y su cosmovisión, su cobertura es sobre temas alusivos a los suyos y la política de la misma organización, hacen énfasis en la revitalización del idioma quichua y muestra a través de productos audiovisuales la vida y el trabajo de personajes y sus comunidades. Sin embargo, debe luchar con la poca aceptación que mantiene ante el sector rural y la casi nula en la ciudad pese a que sus intentos esperan reconocer a los indígenas y que ellos se sientan representados con el trabajo de la televisora, compiten constantemente con la modernidad y las practicas diferentes que los jóvenes han desarrollado debido a la migración, la finalidad TV MICC se ve arriesgada.

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El presente trabajo tiene como objetivo indagar la masculinidad vigente en el cuerpo de un pequeño grupo de hombres y mujeres, usando como herramienta la técnica de improvisación teatral. Se trata de una indagación que se realizó en dos talleres de improvisación teatral y masculinidades que se dictó en las ciudades de Quito y Bogotá. Los talleres culminaron con una reflexión, desde el cuerpo en escena, sobre lo que significa llevar una masculinidad hegemónica que propone un determinado modelo de hombre a ser legitimado. El terreno teatral permitió desnudar la masculinidad hegemónica, cuestionarla y dejar abiertas las puertas para posibles ensayos de una masculinidad distinta. En el escenario se estableció un diálogo entre lo teatral y la masculinidad, el mismo que permitió a los participantes reflexionar sobre el modelo de hombre hegemónico.

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Los regímenes impositivos simplificados son un medio alternativo cuya finalidad es dotar al régimen fiscal de agilidad y eficiencia para evitar o disminuir la evasión fiscal. Los Estados contemporáneos han instaurado mecanismos ágiles y prácticos para la liquidación de impuestos sin dejar de lado los principios de generalidad, legalidad, progresividad, equidad y eficiencia, siendo el tributo una herramienta en la política económica y fiscal, que alcanza recursos económicos, sociedades más equitativas y culturización ciudadana. Es necesaria una reforma legal al RISE que contribuya a optimizar la eficiencia recaudatoria de la administración, mediante el aumento de contribuyentes, por ello se ha realizado un estudio comparativo con similares regímenes impositivos y obtener las mejores prácticas aplicables al Ecuador. Mediante las reformas planteadas se procura aumentar la masa de contribuyentes materializando la cultura tributaria con el pago de impuestos. Las reformas están ligadas al ámbito tributario, pretenden una reforma integral que afecte tanto a la Ley de Seguridad Social como a la Ley de Régimen Tributario Interno. Aunque la mayoría de países de América Latina tienen regímenes comparables al RISE, el análisis se centró en Argentina y Perú. En función de las cuantificaciones emitidas por el SRI los niveles recaudatorios y los contribuyentes adheridos no superan las expectativas de la realidad del país. La presente investigación se fundamenta en el método analítico, descriptivo, comparativo y propositivo, además del método cuantitativo para evaluar los informes de recaudación de Perú, Argentina y Ecuador. Al evaluar todos los aspectos se llegó a la conclusión de que el RISE debe mejorar normativamente para que el sistema fiscal vigente se fortalezca involucrando a todos los individuos a la tributación y mejorando sus condiciones mediante cambios estructurales en el ámbito fiscal, social, laboral y constitucional. Esta reforma va encaminada al aseguramiento social universal.