La Inconstitucionalidad de la Ley Orgánica 1/2004 ¿Es posible combatir la violencia de género sin que se vea afectado el derecho a la igualdad?

En enero del año 2004, el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la Violencia de Género. Ningún partido con representación política en el año 2004 quiso quedarse fuera a la hora de apoyar una norma especialmente demandada por la ciudadanía ante la realidad social: 84 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas en el año 2004. Sin embargo, el tiempo ha demostrado que la Ley Integral no sólo no ha sido un elemento eficaz a la hora de acabar con las elevadas cifras de violencia de género en España, sino que además por el camino ha supuesto problemas jurídicos hasta el punto de convertirse en una norma cuya constitucionalidad se ha planteado en más de 180 ocasiones, por parte de los Jueces obligados a aplicarla, por suponer un conflicto con preceptos constitucionales como el Derecho a la Igualdad, la Presunción de Inocencia, o la Dignidad de la mujer. A través del presente estudio, comprobamos los problemas que ha supuesto la Ley Orgánica 1/2004, analizando para ello los antecedentes jurídicos que ha tenido la búsqueda de la igualdad entre géneros en España, denunciando los problemas que la aplicación de esta norma han tenido tanto a nivel de tutela penal como civil, profundizando en la doctrina jurisprudencial que avala su polémico encaje en el marco constitucional, y proponiendo posibles soluciones para no sólo evitar tener una Ley de medidas contra la Violencia de Género que vulnere derechos constitucionales, sino que además ofrezca garantías a un mayor número de mujeres, suponga una tutela judicial efectiva y no discriminatoria, y que, en definitiva, ayude a conseguir una igualdad real entre géneros que acabe definitivamente con la situación subordinada de la mujer en la sociedad.

Violencia de género en mujeres inmigrantes y españolas: magnitud, respuestas ante el problema y políticas existentes

Objetivo: Comparar la prevalencia de la violencia de género entre mujeres inmigrantes y españolas. Describir sus respuestas ante esta situación y posibles diferencias entre ellas. Identificar intervenciones ya existentes en España sobre prevención y atención sociosanitaria de violencia de género dirigidas a inmigrantes. Métodos: Estudio transversal mediante encuesta autoadministrada en 10.202 mujeres que acudieron a centros de atención primaria en España (2006-2007). Análisis de contenido del informe de seguimiento de la ley 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género remitido por las comunidades autónomas (CC.AA.) (2005) y las leyes y planes autonómicos más recientes. Resultados: La prevalencia de violencia de género en las españolas es del 14,3% y en las inmigrantes del 27,3%. La probabilidad de violencia de género en las inmigrantes es mayor (odds ratio ajustada: 2,06; intervalo de confianza del 95%: 1,61–2,64). Las inmigrantes dijeron haber denunciado a su pareja con más frecuencia, así como que no sabían resolver su situación. Algunas CC.AA. ya han emprendido intervenciones para superar las barreras de acceso a los servicios sociosanitarios, pero sólo tres facilitan el número de mujeres inmigrantes beneficiarias de ayudas económicas y laborales hasta 2005. Conclusiones: Existe una desigual distribución en la prevalencia de la violencia de género según el país de origen, afectando en mayor medida a las mujeres inmigrantes. Éstas denuncian con más frecuencia que las españolas, pero tal actuación no supone una garantía de resultados efectivos. Aunque se han identificado otras intervenciones específicas en algunas CC.AA., sería necesario evaluarlas para asegurar que las mujeres inmigrantes se están beneficiando.

Violencia estructural: una ilustración del concepto

El término violencia estructural es aplicable en aquellas situaciones en las que se produce un daño en la satisfacción de las necesidades humanas básicas (supervivencia, bienestar, identidad o libertad) como resultado de los procesos de estratificación social, es decir, sin necesidad de formas de violencia directa. El término violencia estructural remite a la existencia de un conflicto entre dos o más grupos de una sociedad (normalmente caracterizados en términos de género, etnia, clase, nacionalidad, edad u otros) en el que el reparto, acceso o posibilidad de uso de los recursos es resuelto sistemáticamente a favor de alguna de las partes y en perjuicio de las demás, debido a los mecanismos de estratificación social. La utilidad del término violencia estructural radica en el reconocimiento de la existencia de conflicto en el uso de los recursos materiales y sociales y, como tal, es útil para entender y relacionarlo con manifestaciones de violencia directa (cuando alguno de los grupos quiere cambiar o reforzar su posición en la situación conflictiva por la vía de la fuerza) o de violencia cultural (legitimizaciones de las otras dos formas de violencia, como, por ejemplo, el racismo, sexismo, clasismo o eurocentrismo).

Comunicación de masas y violencia estructural

Este trabajo conecta dos dimensiones de la violencia que están presentes en los estudios sobre Investigación para la Paz. A partir de la conocida clasificación de Galtung, en este ensayo abordamos dos tipos de violencia: la estructural (exclusión, desigualdad) y la cultural (o legitimación de la violencia). Del cruce entre tres ámbitos de exclusión comunicativa y los tres modelos que abordan la desigualdad en la comunicación, se obtienen las líneas de investigación que se proponen para el estudio de la desigualdad en el ámbito comunicativo. Es una reflexión teórica que atiende a las diferentes metodologías empleadas en el estudio del fenómeno comunicativo y que pueden ser productivas para el estudio de la desigualdad en el ámbito cultural.

Pràctica 7: Penalty. Impacte de la violencia familiar en el desenvolupament

El desenvolupament integral dels xiquets i les xiquetes depèn en gran mesura de les experiències viscudes en l’entorn familiar. La cura, l’afecte i, per tant, la inclinació mantinguda entre els pares i mares i el xiquet o xiqueta generen vincles afectius fonamentals que repercuteixen directament sobre el benestar i desenvolupament del menor. No obstant això, i per desgràcia, la desprotecció infantil (maltractament i negligència) continua sent un flagell per a la nostra societat que també es troba present a les aules d’educació infantil. En aquest context, és fonamental que els futurs mestres siguen capaços de detectar i manejar eficaçment possibles casos de maltractament o negligència infantil dins de la família, amb la finalitat de minimitzar l’impacte que tenen en el desenvolupament del xiquet o xiqueta. En aquesta pràctica se sensibilitzarà l’estudiant i es farà visible la problemàtica del maltractament a la llar i les eines que té com a docent per a intervenir en casos de desprotecció infantil.

Un modelo ecológico integrado para comprender la violencia contra las mujeres

Referencia del artículo comentado: Heise, Lory L. «Violence against women: An integrated, ecological framework». Violence against Women 1998; 4: 262-290.

Comprender los conceptos de los refugiados sobre violencia sexual y de género

Las campañas de prevención de la violencia sexual y de género que incorporen la comprensión de la sensibilidad cultural tendrán más posibilidades de derribar las barreras para el acceso a los servicios.

¿Existe violencia escolar en Educación Infantil y Primaria? Una propuesta para su evaluación y gestión

La tradición investigadora de la violencia escolar se ha centrado fundamentalmente en los últimos ciclos de Educación Primaria y en la Educación Secundaria Obligatoria, abordándose muy poco la presencia, características, evaluación e intervención de los problemas interpersonales en edades tempranas. El objetivo del presente estudio es la construcción y validación de un cuestionario que identifique el inicio y las formas más frecuentes de violencia escolar en los primeros años de escolarización para diseñar programas de prevención eficaces. Los participantes fueron 195 niños/as del último curso de educación infantil y primer ciclo de educación primaria. La investigación realizada ha mostrado que el instrumento denominado Cuestionario de Evaluación de Violencia Escolar en Infantil y Primaria (CEVEIP) presenta adecuadas propiedades psicométricas. El instrumento consta de 27 ítems en formato de autoinforme que evalúa siete tipologías de violencia que se dan en el contexto escolar en edades tempranas desde tres perspectivas: violencia observada, vivida y realizada. Los resulta-dos ponen de manifiesto que el comportamiento violento está presente desde los primeros años de escolarización, siendo éste de baja o moderada frecuencia e intensidad. Estos niveles de violencia podrían ser aprovechados en el ámbito educativo para una gestión más positiva en el desarrollo personal del alumno/a.

Violencia criminal y desplazamiento en México

La descontrolada violencia criminal empuja de distintas formas a la gente a trasladarse a otros lugares, desde la coacción directa y las amenazas físicas a la erosión de la calidad de vida y las oportunidades laborales. No todas las personas que se desplazan forzadamente tienen el mismo acceso a la protección o el asilo.

No ciudadanos atrapados en situaciones de conflicto, violencia y desastres

Cuando los no ciudadanos quedan atrapados en crisis humanitarias, pueden ser tan vulnerables a los desplazamientos y sufrir sus consecuencias tan agudamente como los ciudadanos. Sin embargo, faltan marcos y capacidades para su asistencia y protección.

Medidas de protección de las víctimas de violencia de género según las desigualdades de género de la comunidad de residencia. ¿Una justicia inversa?

Antecedentes/Objetivos: La Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género de 2004, se centra en una función de la Salud Pública: Proteger la salud. Su impacto debe notarse gradualmente. Objetivo: Analizar denuncias y mortalidad por violencia del compañero íntimo (VCI), y medidas judiciales de protección de las víctimas, según desigualdades de género de Comunidades Autónomas (CCAA) de España, 2006 y 2011. Métodos: Estudio ecológico de la relación del índice de desigualdad de género (IDG) de las CCAA con las variables dependientes: muertes y denuncias de mujeres por VCI, y frecuencia de medidas judiciales civiles (salida del domicilio, suspensión del régimen de visitas, suspensión guarda y custodia y prestación de alimentos) y penales (privativas de libertad, orden de alejamiento, prohibición de comunicación y suspensión tenencia y uso de armas) con/sin orden de protección (OP) por VCI (2006 y 2011). Fuentes: Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, INE, Informes Estadísticos anuales Poder Judicial. Agrupación de CCAA según IDG España en 2006: 0,104 y 2011: 0,082 (por encima: > desigualdad de género, por debajo: > igualdad). Cálculo de tasas de mortalidad de mujeres > 14 años y de denuncias para las CCAA con IDGalto y bajo, del coeficiente de determinación entre las variables dependientes y el IDG, y del riesgo de aplicación de medidas judiciales, con/sin OP, en las CCAA según su IDG. Contraste entre 2006 y 2011. Resultados: En España se realizaron 8.315.202 denuncias en 2006 y 11.417.799 en 2011 por VCI. A > desigualdad de género de las CCAA > riesgo de denunciar por VCI, en 2006: R2 = 34% (p = 0,01), y 2011: R2 = 27,9% (p = 0,03). No se detectan diferencias en el riesgo de morir por VCI de las mujeres que viven en CCAA con diferentes IDG; pero se observa una disminución de la pendiente de la recta en 2011, al aumentar las muertes en las CCAA con > igualdad de género y disminuir en las desiguales. En 2006, la probabilidad de todas las medidas civiles es probabilidad en las CCAA más igualitarias. Las OP acompañantes a las medidas civiles y penales son adoptadas con > probabilidad en las CCAA con más igualdad de género. Conclusiones: Paradójicamente, con el mayor número de denuncias en las CCAA con mayor desigualdad, la adopción de medidas judiciales penales y civiles, con y sin orden de protección de las víctimas de VCI, es menos frecuente.

La respuesta sanitaria a la violencia de género. ¿Adaptar el sistema o medicalizar la violencia? estudio cualitativo

Antecedentes/Objetivos: El sistema sanitario puede jugar un papel clave en la prevención y atención de la violencia de género (VG), debido a las consecuencias para la salud de la violencia y al hecho de que las mujeres afectadas acceden a los servicios de salud con mayor frecuencia que a otros servicios públicos. El objetivo de este estudio es analizar cómo entienden los profesionales encargados de la coordinación de los programas de VG en los servicios regionales de salud la integración de la respuesta sanitaria a este problema en el Sistema Nacional de Salud español. Métodos: Estudio cualitativo en el que se realizaron 26 entrevistas individuales a informantes clave del nivel gerencial, 23 de las 17 comunidades autónomas y 3 del nivel nacional, entre julio de 2012 a marzo de 2013. Las transcripciones se importaron al software informático Atlas.ti-5 y se analizaron de acuerdo al método de la Teoría Fundamentada. Resultados: Se desarrolló un modelo conceptual que explica los esfuerzos y retos cuando se intenta integrar la respuesta a la VG en el sistema sanitario, que permanece fuertemente biomedicalizado. Emergieron una categoría central: Integrando respuestas a problemas no biomédicos en sistemas de salud biomédicos, el caso de la VG; y 4 categorías relacionadas con la central: La VG es un problema complejo que genera resistencia o activismo; El mandato para integrar una respuesta sanitaria a la violencia: una prioridad no siempre priorizada; El sistema sanitario español, respetuoso con la autonomía de los profesionales, biomédico y familiarista; y Desarrollando respuestas a la integración de la violencia: adaptar el sistema de salud o medicalizar la violencia. Conclusiones: Integrar el abordaje de la VG en un sistema de salud biomédico es un reto. Los hallazgos sugieren que la motivación individual puede compensar las deficiencias en el sistema existente, en términos de ser más centrada en la persona y, por lo tanto, fomentar una fuerte relación de confianza. Sin embargo, la sostenibilidad de los procesos dependientes en la motivación e interés individual es difícil si no hay una estructura organizativa que los respalde.

Estudio cualitativo sobre la sostenibilidad de los programas de violencia de género en el sistema sanitario español durante la crisis

Antecedentes/Objetivos: La Ley 1/2004 de atención a la integral a la violencia de género institucionaliza la respuesta sanitaria a este problema. En la actualidad, los servicios sanitarios se están viendo afectados por las políticas de austeridad del gobierno como respuesta a la crisis financiera, lo que puede afectar negativamente a la atención de la violencia de género. El objetivo de este estudio es explorar las percepciones de profesionales sanitarios del nivel gerencial sobre el impacto de la crisis económica en la respuesta sanitaria a la violencia de género en España. Métodos: Estudio cualitativo con 26 entrevistas individuales a informantes clave del nivel gerencial, 23 de las 17 Comunidades Autónomas y 3 del nivel nacional, entre julio de 2012 a marzo de 2013. Las transcripciones se importaron al software informático Atlas.ti-5 y se realizó un análisis de contenido cualitativo. Resultados: Se identificaron 4 categorías que explican las consecuencias de las políticas de austeridad en la atención sanitaria de la violencia de género. Tres de ellas hacen referencia a los efectos negativos: Desmotivación y pesimismo para avanzar en la integración de la respuesta a la violencia; Un sistema desbordado por los recortes y presión asistencial; y Necesidad de una mayor implicación por parte del personal sanitario para suplir las carencias del sistema. Una cuarta categoría concibe la crisis como oportunidad: El desafío es mantener y no desmantelar, una visión optimista de la crisis como un reto para afianzar lo que hay. Las personas implicadas luchan para mantener el abordaje de la violencia en las agendas, movidas por su motivación personal, pero sienten que es luchar contra un muro o ir contracorriente porque no se ha producido una integración oficial en la práctica sino sólo en la teoría, a raíz de la ley 1/2004 y las políticas de igualdad impulsadas por el anterior gobierno. Todo ello se ve dificultado por la desaparición de las subvenciones estatales para la formación y sensibilización, implantación de protocolos o creación de sistemas de información, junto a que no está en la cartera de servicios de las comunidades. Conclusiones: Continuar con la integración del abordaje de la violencia de género en el sistema de salud en época de crisis no es una prioridad. Los hallazgos sugieren que la motivación individual trata de compensar las deficiencias en el sistema existente, pero que el voluntarismo de las personas individuales no es suficiente sin estructuras organizativas que les respalden, lo que se ve especialmente dificultado en tiempos de crisis.