999 resultados para POLITICA TURISTICA
Resumo:
Los giros de la fortuna, con la reivindicación que significó la amnistía propiciada por el presidente Rafael Caldera, y la persistencia en un proyecto político que había concebido con tiempo suficiente, le permitieron a Hugo Chávez aparecer en los siguientes comicios como candidato abanderado de un proyecto alternativo, añorado quizás por muchos venezolanos. Puesto en el ejercicio del poder por la vía electoral mayoritaria, el presidente Chávez dio inicio a un proyecto político en el que las Ffuerzas Armadas cambiarían, bajo su liderazgo personal, la función que se les había atribuido en el Pacto de Punto Fijo. Conforme al nuevo esquema, éstas se convertirían en la principal organización con capacidad para adelantar los objetivos estratégicos de la Revolución Bolivariana. Los cambios constitucionales de la proclamada Quinta República se orientaron en esa dirección. >De acuerdo con la Constitución de 1999 (...), el tema de la Seguridad de la Nación (Cap. VII) adquirió por primera vez rango constitucional. Se incorporaron dos nuevos conceptos: “seguridad y defensa integral” y se estableció el principio de corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil para la defensa de la seguridad de la nación. Una Ley Orgánica de la Seguridad de la Nación (2002)(...) , vino a definir los conceptos de “seguridad de la nación, defensa integral y desarrollo integral”, que son los principales componentes de la actual visión venezolana sobre la seguridad. Sus campos de aplicación son múltiples: económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar, dando a entender que los principales ámbitos de la vida social conciernen al tema de la seguridad y que el accionar de los militares se amplía por ese mismo conducto a las demás esferas. Conforme al nuevo esquema, desapareció el carácter plural de las Fuerzas Armadas Nacionales, separadas en fuerzas diferentes bajo el esquema anterior, para ser reemplazado por el singular de una Fuerza Armada Nacional, bajo el concepto de unidad en el mando. Dentro de las atribuciones del presidente se incluyó la de promover oficiales a partir de un cierto grado, poniendo fin a una atribución que le correspondía al Senado y que respondía al ejercicio del control civil. Se estableció, así mismo, el derecho al voto de los militares y se eliminaron diferentes características que permitían calificar a la institución militar como “apolítica” y “no deliberante”, para sustituir su carácter por el de una organización “sin militancia política”. Los conceptos, las estrategias y las definiciones anteriores han puesto en marcha un nuevo pensamiento militar que –al decir de su propio inspirador– se debe fundar en unas nuevas relaciones cívico-militares, y tener una orientación anti-imperialista, ésto es destinada a resistir a la influencia tradicional de los Estados Unidos como potencia continental. El desarrollo del proyecto implica el seguimiento de tres líneas estratégicas: el fortalecimiento del poder militar de la nación, la consolidación y profundización de la unión cívico-militar en diferentes actividades y la participación popular en las tareas de defensa nacional. Ésta es la línea de pensamiento que da origen a la condición cívico-militar del Gobierno, así como a la insistencia en la preparación generalizada contra una eventual intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela. El proclamado carácter cívico-militar del régimen venezolano encuentra, entre otros, asidero institucional en la existencia de dos nuevas figuras llamadas Cuerpos Especiales, que se suman a los componentes tradicionales del Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional, y que se denominan Reserva Nacional y Guardia Territorial (...). La creación de estos dos últimos cuerpos tiene profunda significación en el propósito de involucrar a la población civil en actividades complementarias del papel que corresponde a la Fuerza Armada Nacional. En la medida que la orientación del conjunto corresponde al propio Presidente de la República, se consolida un mecanismo que hace coincidir los propósitos de las fuerzas militares tradicionales con los de un pueblo en armas desde la civilidad, siempre al servicio de un propósito político controlado por el Ejecutivo, que a su vez, es el conductor supremo de la llamada Revolución Bolivariana. El presidente Chávez se refiere a la actual Fuerza Armada Nacional como un “ejército libertador”, agente y protagonista de los cambios que anuncia hacia el futuro, en unión de los sectores civiles que incorpora al mismo propósito. Ésta es la Venezuela dirigida por un esquema cívico-militar que de alguna manera se nutre, en el siglo XXI, de tradiciones y experiencias históricas que marcaron la vida nacional. El seguimiento del curso de acción de esa alianza resulta de gran importancia para Colombia, en la medida que la marcha de nuestros procesos sociales, políticos y económicos no se puede desligar de la del país vecino. Las credenciales democráticas del presidente Chávez, en cuanto al origen de su mandato, le confieren una legitimidad que, a su vez, le da un amplio margen de maniobra, tanto nacional como internacional. La orientación que en ambos escenarios tome su gobierno en desarrollo de sus estrategias, o ante circunstancias particulares, debe ser objeto de la mayor atención y análisis de parte nuestra. En todo caso, conviene tener en cuenta el propósito de combinación de lo civil y de lo militar, bajo su inspiración, porque de ello se pueden derivar consecuencias esencialmente diferentes de las correspondientes a un sistema de la índole del nuestro.
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Este documento de investigación hace parte de un estudio comparativo de los procesos de descentralización en las ciudades de Bogotá, México D.F., Lima y Santiago de Chile, en el marco del desarrollo del Convenio Nº 1429 de 2009 suscrito entre la Universidad del Rosario y la Secretaría de Gobierno Distrital. Para el caso bogotano, se tomaron como punto de referencia los hechos sucedidos desde mediados del siglo XX –cuando, debido a varios factores que se explicarán en este documento, la ciudad empieza a tener un gran crecimiento y se hace necesario tomar medidas para afrontar esta nueva configuración, las cuales incluyen la modernización del gobierno de la ciudad a tal punto que pueda gobernar de una manera efectiva y eficaz en una metrópoli de las características actuales de Bogotá– y hasta la actualidad.
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El caso de la descentralización en el Área Metropolitana de Lima constituye un objeto de estudio del mayor interés para quienes se interesen por los procesos de construcción de ciudadanía en el plano local en las ciudades de Latinoamérica. Desde el restablecimiento democrático, la democracia peruana ha enfrentado serias vicisitudes que han minado considerablemente el Estado de derecho y algunos mecanismos de participación popular. Como resulta obvio, ambos procesos han hecho mella sobre la descentralización nacional y en la del Área Metropolitana de Lima. A pesar de estas dificultades, especialmente durante el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000), se ha dado una restructuración que ha logrado rescatar algunos de los propósitos iniciales del proceso. Luego de los gobiernos de Valentín Paniagua (2000-2001) y Alejandro Toledo (2001-2006) el Estado experimentó una normalización de la política que irrigó múltiples campos de acción estatal, entre ellos el de la descentralización, fenómeno que se había visto afectado por el régimen fujimorista y las restricciones a las autonomías de los territorios bajo el argumento de la garantía de la seguridad.
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Para poder entender el proceso descentralizador en Chile y en este caso en especial el de la Región Metropolitana de Santiago, es necesario entender que este proceso presenta una serie de singularidades que se generan a partir del carácter centralista y de Estado Unitario de Chile, situación que se ha venido reconfigurando a partir del proceso de regionalización. El proceso de regionalización fue el primero que se dio con el fin de hacer de Chile un Estado descentralizado, siendo importante enmarcar el inicio de la regionalización durante el Gobierno Militar, teniendo como principal logro un reordenamiento espacial con el fin de obtener un desarrollo de las diferentes unidades territoriales, adquiriendo inicialmente una forma de desconcentración administrativa. Sin embargo, éste no ha sido el único proceso ya que también se ha venido llevando a cabo una desconcentración y una descentralización.
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Durante el último siglo, el país ha planteado alternativas para la configuración institucional y estructural del campo, y para lograr que la tierra sea más productiva y equitativa, pero no lo ha logrado. Al contrario, pareciera que este largo periodo ha significado para el campo el deterioro de cualquier institucionalidad que fomente la permanencia, la productividad y una tenencia pacífica. Varias razones pueden contarse para este penoso resultado en las políticas de tierra. Algunos expertos advierten una discrepancia entre las políticas, el arreglo institucional vigente y la perspectiva de país que se tenía en mente. El corto plazo alentó la formulación de políticas públicas de tierra bajo un esquema institucional excluyente y cargado de tensiones y poderes políticos. Ante esta situación, el éxito de la reforma agraria hubiese sido una coincidencia prácticamente imposible. Es decir, el país ha alcanzado lo que ha podido, dado el panorama institucional. Juanita Villaveces Niño, profesora de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, plantea que la política de tierras y la reforma agraria sean revisadas desde una perspectiva dinámica, en la cual se incluyan no sólo las estrategias de política, sino el entorno institucional, el bagaje cultural de los actores que intervienen directa e indirectamente en la política y el peso de la historia. De acuerdo con este esquema, la profesora Villaveces propone una revisión a la lógica detrás de la política de tierra en Colombia y subraya que sus múltiples enfoques pueden ser percibidos de distinta manera por los hacedores de políticas públicas. En el país se han implementado políticas de tierra, distribución y uso, con la intención aparente con la intención de crear una organización rural compuesta por pequeños y grandes propietarios con miras a fomentar la producción agrícola y la industria; sin embargo, los resultados de los distintos intentos no parecen ser los esperados. Algunos expertos señalan que se han ensayado prácticamente todos los modelos de reforma agraria en Colombia, pero no se ha contado con la organización institucional adecuada ni se ha puesto la voluntad política indispensable para hacerlas efectivas.
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Decreto rectoral, promover el desarrollo de nuevos programas docentes a nivel pregrado y postgrado.
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Generación de nuevos programas académicos que resulten adecuados para la realidad del país y se constituyan en fuentes de soluciones y desarrollos innovadores para el avance y crecimiento de la nación colombiana programa de Pregrado en Antropología
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Promover el desarrollo de nuevos programas docentes a nivel pregrado y postgrado
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Extensión de la Especialización en Gerencia y Gestión Cultural en convenio con la Universidad Nacional sede Manizales
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Extender a otros lugares del país los programas de Especialización.
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Promover el desarrollo de nuevos programas docentes a nivel de postgrado, Programa de Maestria en filosofía
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Promover el desarrollo de nuevos programas docentes a nivel pregrado y postgrado, Creación del programa de Artes Liberales con énfasis en Ciencias Sociales
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Promover el desarrollo de nuevos programas docentes a nivel pregrado y postgrado.