998 resultados para Política de preços
Resumo:
El presente artículo pretende identificar situaciones-tipo en las que el poder judicial ha asumido la tarea de verificar estándares jurídicos en el diseño y ejecución de políticas públicas relacionadas con la garantía de derechos económicos, sociales y culturales, y derechos civiles y políticos. A partir del estudio de sentencias proferidas por tribunales nacionales e internacionales, se establecen cuatro posibles tipos de intervención de los jueces en este campo. Por último, se analiza la intervención judicial para garantizar la participación de grupos y movimientos sociales en el diseño y toma de decisiones relacionadas con dichas políticas.
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La forma en que se reduce o se limita la entrada de personas para la distribución de recursos parece ser lo que queda de la posibilidad de acceso a derechos luego de transitar por lo que se ha llamado la ruta1 para la Atención a la población en situación de desplazamiento. El conjunto de traducciones propuesto por quienes implementan la política, disponiendo para el acceso a los recursos trámites o acciones no determinados y que exceden los requisitos iniciales, determina un resultado: el sistema que conocen las personas que pretenden acceder a él.
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La formulación de política pública en materia de derechos humanos es una necesidad urgente en las agendas políticas del mundo pero sobre todo en los países de América Latina. En nuestro país más concretamente, la crítica situación humanitaria padecida en muchas circunstancias de la vida nacional plantea la necesidad de construir esquemas y planes de acción con un fuerte componente en derechos humanos que mitiguen, pongan remedio a la preocupante situación y creen espacios para la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, los cuales vienen siendo conculcados a la población que padece el flagelo del desplazamiento forzado. El presente escrito tiene por objeto examinar de una manera muy breve el estado de la política pública de atención a la población desplazada en Colombia en sus diferentes niveles(nacional, distrital y local), rescatando el caso de la localidad de Usme como eje central, toda vez que en ella existe un interesante planteamiento por parte de la comunidad para contribuir en alguna medida a la solución de la problemática.
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El desplazamiento forzado es un fenómeno urgente de nuevas lecturas que permitan arribar a soluciones adecuadas. Desde la perspectiva jurídica, es posible plantearlo a partir de un examen de la responsabilidad estatal por falla del servicio en el diseño e implementación de la política pública, entendiendo por falla aquel evento de atribución de perjuicios por omisión en el cumplimiento –posible– de un deber jurídico. Sin embargo, la revisión del proceso de la política, antes y después de la declaratoria de estado de cosas inconstitucional, muestra los cortos alcances de la institución de la responsabilidad patrimonial, por lo que es necesario habilitar esta vía de exigibilidad de derechos haciendo uso de nuevos aparatos conceptuales.
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El proceso político y jurídico que dio origen al capítulo sobre restitución de tierras de la Ley 1448, o Ley de Víctimas, ha tenido una trayectoria amplia y compleja, en la que se produce una evolución de gran magnitud puesto que se pasa de la idea original de protección a la de restitución. En el presente artículo nos proponemos tres objetivos: reconstruir la trayectoria institucional del Proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio para la población desplazada, como un caso particular dentro de la institucionalidad y como gestor de la política de restitución de tierras; en segundo término, buscamos mostrar los avances técnicos que posibilitaron esa evolución desde la idea de protección hasta la de restitución y, finalmente, analizar las lógicas gubernamentales que orientaron este proceso. Todo lo anterior desde un marco conceptual de la sociología y antropología política, mostrando la interacción entre diferentes actores e intereses, con lógicas de gobierno que superan al Estado (este primer estudio se sustenta en los archivos y documentos producidos y publicados por el proyecto).
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Este artículo intenta explorar los intereses estratégicos y éticos de la política exterior y de seguridad canadiense. La investigación sugiere que no solo la relación estratégica con los Estados Unidos sino también la necesidad de consolidar su liderazgo internacional, junto con sus preocupaciones liberales, sustentan la naturaleza de la agenda de seguridad internacional de Canadá. Estos intereses han sido explicados a la luz de los respectivos “mapas de ru-ta” que les imprimen sentido. Por un lado, se han explicado los intereses estratégicos canadienses conforme a la concepción realista de la seguridad nacional que ha conducido al país a actuar de manera racional, en relación con la identificación de los medios e instrumentos necesarios para cumplir sus objetivos. Por otro lado, se han esbozado los intereses éticos de Canadá en la construcción de la seguridad y la paz internacionales con base en los principios del internacionalismo liberal que han configurado su preocupación por los países del Tercer Mundo.
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En una muestra representativa de la ciudad de Lima (N = 634) se analizó la influencia de la ideología sobre los niveles de deliberación política convencional y deliberación política en Internet. Además, se analiza el efecto que producen estos dos tipos de deliberación sobre los niveles de participación política convencional y participación política online. Como medidas ideológicas se utilizaron escalas de autoritarismo de ala derecha (RWA) y justificación de la inequidad. Dos modelos de ecuaciones estructurales proponen que mayores niveles de autoritarismo y una tendencia hacia la justificación de la inequidad ejercen una influencia negativa de magnitud pequeña sobre los niveles de deliberación política. Asimismo, mayores niveles de deliberación política tienen un efecto positivo de magnitud mediana sobre el grado de participación política.