Las reformas judiciales impulsadas por el Banco Mundial en Bolivia y sus impactos en la consolidaci��n del Estado de Derecho (1994-2006)

El prop��sito de la presente tesis de Maestr��a consiste en dar a conocer las reformas judiciales que fueron impulsadas por el Banco Mundial en Bolivia en 1994, en lo que se refiere a la introducci��n de dos nuevas instituciones como son el Tribunal Constitucional y el Consejo de la Judicatura. El estudio principal de la investigaci��n, se basa en un rastreo de la evoluci��n de esas dos instituciones para sacar a la luz los logros que se obtuvieron con la creaci��n de las mismas, as�� como tambi��n las falencias que a��n persisten y que afectan al Estado de Derecho en Bolivia. Posteriormente se analizan las propuestas que diferentes partidos pol��ticos y el gobierno han hecho para la realizaci��n de la pr��xima Asamblea Constituyente, en cuanto se refiere a las modificaciones que se quieren implementar en el Tribunal Constitucional y en el Consejo de la Judicatura. Es as�� que estos tres aspectos se ven desarrollados en los tres cap��tulos que contiene esta investigaci��n. El primero de los cuales permite conocer las actividades y los estudios que efect��a el Banco Mundial en cuanto a la ayuda que presta para la realizaci��n de reformas judiciales. El segundo, establece el concepto de Estado de Derecho y los problemas que a��n persisten y que impiden su vigencia y consolidaci��n; para los cuales tambi��n se presentan algunas soluciones. Los contenidos de estos dos cap��tulos interact��an y se desarrollan a lo largo del ��ltimo cap��tulo, dando a conocer el proceso de reformas desde 1994 hasta el presente (2006).

El Tribunal Constitucional Ecuatoriano como legislador negativo y los derechos humanos

El prop��sito de esta investigaci��n titulada: ���El Tribunal Constitucional ecuatoriano como legislador negativo y los derechos humanos���, es identificar si, en algunos de sus fallos, el m��ximo ��rgano de control de constitucionalidad en el Ecuador ha actuado como legislador positivo. Para ello, adem��s del an��lisis de los fallos ecuatorianos, se examinan con una ��ptica comparada, fallos constitucionales de otros pa��ses como Colombia y Espa��a, fallos que, para evitar los vac��os jur��dicos, han adoptado un car��cter interpretativo, o han diferido la declaratoria de la nulidad, independientemente de observar la interpretaci��n en materia de derechos humanos aplicadas por esos jueces constitucionales. En el primer cap��tulo del trabajo se abordan aspectos generales sobre los efectos del control constitucional, la supremac��a constitucional, las nociones de anulaci��n, revocatoria e inaplicabilidad, la diferencia entre el control en abstracto y en concreto, los vicios constitucionales y legales de los actos normativos y administrativos, la inconstitucionalidad por el fondo y por la forma y la convalidaci��n, la inconstitucionalidad de tratados y las leyes y la irretroactividad de las decisiones del Tribunal Constitucional ecuatoriano. El segundo cap��tulo abarca dos partes: la primera comprende un an��lisis de las diferentes sentencias en materia de control de la constitucionalidad y una segunda parte, los principios de interpretaci��n en derechos humanos. En el tercer cap��tulo, se realiza una revisi��n jurisprudencial sobre la inconstitucionalidad de normas y la interpretaci��n de los derechos humanos, tanto en el Tribunal Constitucional ecuatoriano como en la jurisprudencia de Espa��a y Colombia. Finalmente se exponen las conclusiones de esta investigaci��n.

La flexibilidad laboral, su orientaci��n y repercusi��n en el Derecho Laboral Ecuatoriano actual

Esta investigaci��n surgi�� de la necesidad de analizar el proceso de flexibilidad laboral implementado en el Ecuador a partir de 1990 a trav��s de reformas legales orientadas a desregular el contrato de trabajo y eliminar el car��cter tuitivo del Derecho Laboral. En esta perspectiva, el Cap��tulo Primero tiende a ubicar los elementos que definen la globalizaci��n y el mercado mundial del trabajo y en ese escenario el planteamiento de flexibilidad laboral, su orientaci��n y repercusi��n en el Derecho Laboral Ecuatoriano. El Segundo Cap��tulo se encamina a ubicar la situaci��n actual del derecho colectivo e individual del trabajo en el Ecuador en el marco del debilitamiento del Derecho Laboral, para en el Cap��tulo Tercero establecer las consecuencias de este proceso y sobre esa realidad formular conclusiones y recomendaciones. Con el desarrollo de la investigaci��n, el estudio de casos y las muestras estad��sticas a nivel individual y colectivo se pone en evidencia que el Derecho Laboral luego de la promulgaci��n de la Ley 133 de noviembre de 1991 y que unida a otros instrumentos legales se ha desregulado el contrato de trabajo individual, introduciendo contratos ocasionales, temporales, de intermediaci��n y por horas en actividades habituales de las empresas que no gozan de estabilidad; y a nivel colectivo afectando el derecho de sindicaci��n, de contrataci��n colectiva y al derecho de huelga. Concepci��n que debe ser modificada y reemplazada por otra que genere un proceso de adaptaci��n del sistema actual de relaciones laborales a los nuevos condicionamientos que impone el desarrollo cient��fico tecnol��gico de esta nueva ��poca.

El derecho penal econ��mico en el Sistema Financiero Ecuatoriano, caso del Banco de los Andes.

El prop��sito de realizar este trabajo, a m��s de cumplir con el requisito previo establecido por la Universidad Andina para la obtenci��n del t��tulo de Magister en Derecho Econ��mico, fue el de establecer las premisas preliminares en los cuales se asienta una disciplina jur��dica en formaci��n: el Derecho Penal Econ��mico. El Derecho Penal Econ��mico, dentro del Derecho Penal contempor��neo, es una de las esferas que ha sido particularmente controversial para el reconocimiento cient��fico de una categor��a especial de infracciones. La pol��mica va desde la radical negaci��n de su existencia hasta un economicismo que absorbe infinidad de tipos delictivos. Esto puede deberse, entre otras muchas causas, a que esta disciplina jur��dica en ciernes, establece que hay delincuentes que salen de los estereotipos criminales, que pertenecen a las clases dirigentes de la sociedad, que sus acciones u omisiones delictivas no manchan las manos, las cuales ejecutan como parte de sus actividades l��citas y cuyos perjuicios, van en contra de la sociedad en su conjunto, es decir atentan contra un buen jur��dico supraindiviual. En el proceso formativo de esta rama del Derecho, mucho se discute respecto de la existencia de la responsabilidad penal de las personas morales y de la independencia de ella frente al Derecho Administrativo, en la fase de la imposici��n de sanciones. En este contexto, el prop��sito fue analizar la Ley General de Instituciones Financieras, a fin de establecer los elementos jur��dicos que esta nuevo cuerpo legal aporta para la formaci��n del Derecho Penal Econ��mico. As�� se han comentado algunas de sus instituciones m��s importantes, dentro de los par��metros doctrinarios que existen, a fin de establecer cuales de ellas podr��an enmarcarse dentro del Derecho Penal Econ��mico, que empieza a germinar en nuestro medio. El tema se presenta para una amplia discusi��n, de la que se podr��n sacar importantes conclusiones, respecto de la existencia o no del Derecho Penal Econ��mico, as�� como, si las normas contenidas en la Ley General de Instituciones Financieras, pueden ser parte o no de ella, o solo consisten en preceptos que podr��an ser abarcados por el Derecho Administrativo dentro de ellas, el presente trabajo no es m��s que modesta una opini��n dentro de un inmenso universo de versados criterios, para ir dando lugar al nacimiento, en nuestro pa��s, de esta disciplina jur��dica.

Contenido m��nimo de los derechos humanos y neoconstitucionalismo: el caso del derecho al trabajo

El estudio de los derechos fundamentales y/o humanos se ha realizado desde el esquema tradicional del derecho privado, por tal raz��n, la teor��a del derecho utilizada para entenderlos no es suficiente para la actualidad, dadas las complejas relaciones sociales y de poder que determinan la mayor��a de las veces el rumbo de los derechos de las personas. Se requiere que el Derecho, como conjunto de normas jur��dicas pensadas para la convivencia sea el que regule en condiciones de igualdad y sin discriminaci��n dicha convivencia, no el mercado. Por ello cuando surge el neoconstitucionalismo como modelo de teor��a jur��dica, surgen m��ltiples soluciones, y tambi��n problemas, que permiten entender y abordar de mejor forma la estructura del Derecho en el siglo XXI. Entre otras, porque defiende a la Constituci��n como centro del sistema jur��dico y ello dado el contenido de las constituciones modernas supone el respeto y realizaci��n de los derechos humanos. Adem��s, porque permite entender en mejor forma los derechos sociales y reconocer su car��cter de fundamentales. En ese orden de ideas, se debe continuar reflexionando sobre los derechos humanos y su exigibilidad, por lo que la teor��a del contenido m��nimo que se propone en el presente texto resulta de gran utilidad para alimentar los postulados del neoconstitucionalismo. Esta teor��a plantea que existe un contenido m��nimo diferente del contenido esencial de los derechos fundamentales, que est�� dado por los instrumentos internacionales y que representa el est��ndar m��nimo en materia de derechos, del cual los Estados no pueden salirse bajo ninguna circunstancia, so pena de eliminar o anular el derecho mismo. El trabajo es un hecho social que merece especial protecci��n, por tal raz��n tiene la garant��a jur��dica de su positivaci��n, sin embargo, ha sido tal vez hasta el momento el derecho social m��s vulnerado y de m��s dif��cil cumplimiento por su compleja estructura y los constantes ataques que sufre desde las relaciones econ��micas. Por tal raz��n se requiere analizar su estructura jur��dica en aras de modernizar su concepci��n y con ello contribuir a mejorara su garant��a. En ese orden de ideas, la propuesta del contenido m��nimo resulta adecuada para tal fin, pues permite poner en conexi��n la normatividad interna de un pa��s y la internacional, adem��s de constituirse en s�� misma en una garant��a de derechos, pues el desconocimiento de los contenidos m��nimos del derecho al trabajo puede dar lugar a responsabilidad internacional de los Estados en el sistema regional de protecci��n de derechos humanos.

Desarrollo y miner��a en el Ecuador: un an��lisis del derecho de participaci��n en el Proyecto Mirador

Este trabajo tiene que prop��sito evidenciar las tensiones existentes en la vigencia de los derechos humanos, particulamente el de participaci��n, y las pol��ticas que se implementan en el marco de un modelo de desarrollo que se sustenta en la extracci��n de recursos naturales. A pesar del reconocimiento en la normativa nacional e internacional de mecanismos de participaci��n, como la consulta ambiental y la consulta previa libre e informada a los pueblos ind��genas, se evidencia que estos no est��n realmente dise��ados para influir en las decisiones que toma el Estado respecto a programas extractivos, y m��s bien se subordinan a los intereses del desarrollo, noci��n que aunque tome diversos nombres, sigue teniendo como sustento ideol��gico el crecimiento econ��mico y la mercantilizaci��n de la naturaleza. La actividad minera en el pa��s no ha sido hasta ahora relevante, sin embargo est�� tomando un gran impulso una vez que la actividad minera ha sido catalogada como estrat��gica para el pa��s. El primer proyecto minero a gran escala de explotaci��n de cobre y bajo la modalidad de cielo abierto, es el denominado Mirador, ubicado en la provincia de Zamora Chinchipe, que es objeto de estudio en esta tesis, y a partir del cual se pretende evidenciar los l��mites pr��cticos del derecho de participaci��n que se hace referencia en el p��rrafo anterior. La promulgaci��n de la Constituci��n del 2008, trajo consigo expectativas respecto al ejercicio de derechos, as�� como tambi��n en relaci��n a un progresivo cambio del paradigma de desarrollo, sin embargo la expedici��n de una nueva Ley de Miner��a, la demanda de inconstitucionalidad de la misma por parte de organizaciones ind��genas y ecologistas, y la respuesta que dio la Corte Constitucional, no presagian el mejor escenario para la vigencia de los derechos humanos de las personas y pueblos afectados por el proyecto Mirador, y otros proyectos mineros que ya se est��n promoviendo. El prop��sito de este trabajo es alentar un debate cr��tico de los derechos humanos, que a su vez propicien la generaci��n de propuestas y alternativas a la noci��n de desarrollo imperante.

El Estado boliviano como Estado Social de Derecho

A partir del concepto de "Estado Social y Democr��tico de Derecho, este trabajo investigativo pretende establecer cuales son las caracter��sticas, funciones y perfiles constitucionales de esta f��rmula encargada de articular las instituciones, normas y pol��ticas de un Estado que se auto define como social, con este fm luego de un breve an��lisis hist��rico del concepto de Estado, se pasa a establecer las diferencias existentes entre el Estado Liberal y el Estado Social, con sus correspondientes y particulares perfiles, para encarar despu��s el an��lisis del Estado Social y Democr��tico de Derecho como la f��rmula constitucional acogida por la Constituci��n del2004 en Bolivia. Partiendo de una clara exposici��n del r��gimen econ��mico dentro del cual se desarrollo y se desarrolla Bolivia, el r��gimen social y sus contradicciones y la diversidad ��tnica y cultural, este trabajo estudia el contexto hist��rico-pol��tico y econ��mico de Bolivia desde sus origines republicanos, precisando el an��lisis desde el a��o 1982, a��o en el que se reinstauro la democracia en Bolivia, pasando por los sucesos de Febrero y Octubre del 2003, las hist��ricas elecciones del 2005 y la asunci��n al poder en enero del 2006 del primer presidente ind��gena, el aymara Evo Morales Ayma. Los importantes sucesos pol��ticos y constitucionales que llevaron a la construcci��n del nuevo mapa pol��tico-constitucional de la actual Bolivia, demuestran que tambi��n resulta indispensable realizar un an��lisis hist��rico de las reformas constitucionales�� mas importantes realizadas en Bolivia, partiendo desde su primera constituci��n la "Constituci��n Bolivariana" hasta llegar a las ��ltimas reformas, para terminar haciendo un recorrido a lo largo del actual proceso constituyente boliviano, visualizando adem��s las perspectivas y propuestas de transformaci��n radical del modelo de Estado en Bolivia.

Principios constitucionales del derecho del trabajo y flexibilidad laboral en el Ecuador

El presente trabajo tiene por finalidad evidenciar la ruptura existente entre los principios, derechos y garant��as relativos al trabajo que consagra tanto la Constituci��n Pol��tica de la Rep��blica, como acuerdos y convenios internacionales, por una parte; y, por otra, la legislaci��n secundaria que ha sido expedida en el Ecuador desde inicios de los a��os 90, a espaldas de la Constituci��n y, que en la pr��ctica restringen derechos y garant��as laborales, por lo cual, en muchos casos han sido declaradas inconstitucionales. Este proceso de reducci��n de derechos y garant��as laborales se justifica, seg��n su defensores, en el supuesto de que el trabajo es un bien escaso que debe ser distribuirlo mejor manera; y, que es necesario reformar el r��gido esquema laboral para poder agilitar la contrataci��n y despido de la mano de obra, dejando que operen las fuerzas del mercado, pues, seg��n ellos, los principios de tutela y continuidad de la relaci��n laboral son un ��bice en la generaci��n de empleo y para atraer inversi��n extranjera; pretendiendo, de esta forma, volver m��s competitiva a la producci��n nacional, para que el Pa��s se inserte en la econom��a mundial globalizada. Sin embrago, se ha podido evidenciar que la reducci��n de derechos y garant��as laborales no genera estos efectos, por el contrario, agudiza la brecha entre pobres y ricos, pudiendo generar estallidos sociales.

El derecho de patente de invenci��n como posici��n de dominio en el mercado y su ejercicio abusivo mediante la negativa a conceder licencias voluntarias

El presente trabajo de investigaci��n estudia una de las intersecciones entre dos ramas jur��dicas de actualidad, el derecho de la propiedad intelectual y el de la competencia econ��mica. En concreto, es objeto de tratamiento el derecho de patente de invenci��n como fuente de una posici��n de dominio en un determinado mercado relevante y la negativa a licenciar como ejercicio abusivo de dicha posici��n. Dos son las principales conclusiones arribadas. En primer lugar, un derecho de patente de invenci��n ���de manera similar a otros derechos de propiedad intelectual- puede conferir a su titular el poder de mercado suficiente para configurar una posici��n dominante en un mercado relevante. Mas, ello no es una situaci��n invariable, motivo por el cual no existe ecuaci��n entre derecho de patente y posici��n de dominio ���o monop��lica-. De otro lado, bajo ciertos respectos, cabe considerar a la negativa a conceder licencias por parte del patentado como un comportamiento contrario a la competencia. Mas, en este punto, debe buscarse un equilibrio entre los derechos del patentado y las prescripciones del r��gimen de la competencia econ��mica a fin de no privar a alguno de ellos del cumplimiento de sus objetivos. Por tanto, proponemos como soluci��n, la excepcionalidad de la calificaci��n de ilicitud de la negativa a licenciar. Dadas la complejidad y novedad de la tem��tica, el presente es un estudio introductorio. Esperamos que sirva de aporte para trabajos posteriores.

El componente intangible asociado a la biodiversidad en las sociedades ind��genas amaz��nicas y el objeto jur��dico de la propiedad industrial en el derecho moderno

La presente tesis trata sobre los conocimientos y t��cnicas tradicionales cura ti vas de los pueblos ind��genas amaz��nicos, asociados a la biodiversidad y la factibilidad de que se constituyan en objeto jur��dico de la propiedad industrial en el r��gimen de las invenciones. Dicho r��gimen tiene como objeto jur��dico el hallazgo inventivo aplicable industrialmente, novedoso y no evidente. Los conocimientos y t��cnicas tradicionales conforman un objeto jur��dico, el denominado componente intangible, en tanto que la biodiversidad, a la que se asocian, forma un distinto objeto jur��dico, sin embargo las caracter��sticas de ambos imposibilitan el que puedan regularse en el ��mbito de la propiedad industrial inventiva. Los componentes intangibles como las pr��cticas cura ti vas no pueden enmarcarse dentro del r��gimen inventivo industrial por ser un conjunto de constataciones de hechos que se dan en la naturaleza circundante y que es utilizado por medio de t��cnicas determinadas por la cosmogon��a de cada grupo ��tnico pero compartidas ampliamente, caracteriz��ndose dichas t��cnicas por aprovechar la biodiversidad sin afectar cualitativamente su estado efectivo. Sin embargo los componentes intangibles son un objeto jur��dico sobre el cual existen derechos y obligaciones de los cuales las comunidades son los titulares. Se recomienda por lo tanto un sistema contractual que permita a comunidades y empresas interesadas en sus conocimientos negociar en un marco jur��dico en que se prevea la protecci��n y justa compensaci��n para los proveedores de intangibles. La biodiversidad, producto de naturales procesos biol��gicos, es un recurso y toca al Estado su administraci��n.

El derecho a la vivienda un problema nacional per��odo 1988 1994: caso Distrito Metropolitano de Quito

El derecho a la vivienda es un principio de car��cter universal, previsto en nuestro ordenamiento jur��dico y garantizado por el estado. Sin embargo, el d��ficit de vivienda afecta a un segmento cada vez m��s representativo de la poblaci��n, que incentivada por los modelos de desarrolle vigentes en el pais, ha ocasionado la expansi��n y concentraci��n urbana, con los consiguientes problemas habitacionales que ello conlleva, afectando especialmente a las familias de bajos recursos econ��micos, que se ven precisados a vivir en precarias condiciones, en viviendas inadecuadas y carentes de servicios b��sicos. Ante esta situaci��n, las pol��ticas nacionales no han dado una respuesta apropiada a esta demanda mayoritaria, lo que ha permitido que en los ��ltimos a��os se acent��e el d��ficit habitacional, lo que se confirma con la presente investigaci��n, basada en los enunciados de los gobiernos que se han sucedido y la variaci��n de legislaci��n sobre vivienda de inter��s social y sus mecanismos de financiamiento, dictados en el periodo 1988 - 1994. Esta circunstancia ha derivado en el ensanchamiento de la marginalidad e informalidad de la vivienda por la aplicaci��n de un marco legal inconsulto y disperso, que requiere de urgente revisi��n, actualilaci��n y simplificaci��n para que sea din��mico, flexible y sea un conductor para la provisi��n de vivienda hacia los estratos de menos recursos econ��micos.

La responsabilidad del Estado por la prestaci��n deficiente de servicios p��blicos o por los actos de sus funcionarios y el ejercicio del derecho de repetici��n

El tema materia de esta tesis comprende cuatro partes: (i) La realizaci��n de un an��lisis conceptual, doctrinario y jur��dico del servicio p��blico, las condiciones para su prestaci��n y sus caracter��sticas principales. (ii) La responsabilidad del Estado frente a los particulares en la dotaci��n de servicios p��blicos: regulaci��n, control y vigilancia; y, la obligaci��n indemnizatoria del Estado por la prestaci��n deficiente de servicios p��blicos. (iii) La acci��n de repetici��n, dificultad legal para ejercerla y el an��lisis del proyecto de Ley presentado al Congreso Nacional. (iiii) El an��lisis comparativo con legislaciones extranjeras y, finalmente, el resultado de la investigaci��n de los fallos que sobre la materia han expedido los tribunales de justicia de la Rep��blica. Si bien la pregunta central de este estudio se remite a la dificultad de ejercer el derecho de repetici��n previsto en la Constituci��n por la ausencia de un marco legal procedimental, considero necesario se��alar que el enfoque general del estudio del derecho de repetici��n en el Ecuador, as�� como el an��lisis del proyecto de Ley presentado por iniciativa del Procurador General del Estado al Congreso Nacional, y el ensayo sobre legislaci��n comparada; constituyen un trabajo in��dito sobre esta materia; por tanto, reviste singular importancia desde el punto de vista acad��mico, debiendo resaltar que complementariamente a la investigaci��n positivista, el trabajo se respalda doctrinariamente, recurriendo al aporte te��rico sustentado por varios connotados tratadistas como Bielsa, Garc��a de Enterr��a, Diez, Marienhoff y otros que se se��alan en la bibliograf��a.

Naturaleza jur��dica de la negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda en el proceso civil

Por a��os hemos sido testigos por mor de la costumbre y sin detenernos a pensar mucho en ello, los abogados litigantes al contestar una demanda propuesta en contra de nuestros clientes, colocamos como primera -y a veces hasta ��nica- ���excepci��n��� a la negativa simple y llana de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, ya que ha sido corriente considerar que esta aseveraci��n engloba a todas las posibles excepciones o defensas que un caso pueda tener. Se ha considerado entonces y se sigue haci��ndolo actualmente, que la negativa simple y llana de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda constituye una ���excepci��n madre��� que engloba a todas las dem��s excepciones. Tanto es as�� que consignarla en el libelo de contestaci��n a la demanda implica que el juzgador tenga presente que el demandado niega las pretensiones de la demanda y que al actor le corresponde justificarla en todos sus aspectos. En base a este criterio, bastar��a con incluir ��nicamente dicha ��nica ���excepci��n��� para que el juzgador pueda revisar todas los posibles argumentos o pruebas que se presenten en un caso concreto con las que se pudiera desvirtuar la demanda, aunque el demandado no los hubiere consignado e incluso supuesto o siquiera advertido. Sin embargo, tendencias procesalistas contempor��neas propugnan precisamente todo lo contrario, esto es, determinan que la naturaleza jur��dica de la simple negativa no corresponde a una excepci��n y, m��s bien, consiste en un mero enunciado que -para los m��s extremos- ni siquiera deber��a existir, ya que no incluye ninguna defensa jur��dicamente apropiada. En tal virtud, el hecho de que la litis se haya trabado con la negativa simple de los fundamentos de la demanda no podr��a obligar al juzgador, bajo pena de que su fallo sea considerado incongruente, a revisar todos los ���argumentos��� de las posibles defensas. Antes, contra todo anterior presupuesto, se determina que si s��lo se hace tal negaci��n, la defensa ser�� est��ril. Incluso, el Proyecto de C��digo de Procedimiento Civil ecuatoriano adopta este criterio, con el que concordamos, y equipara el guardar silencio o consignar excepciones ambiguas o evasivas a un t��cito allanamiento a las pretensiones del actor. El presente trabajo logra especificar el alcance procesal que la negativa simple y llana de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda deber��a tener y, de la consecuencia l��gica que su aplicaci��n deber��a conferir, de modo que los profesionales del derecho conozcamos los par��metros espec��ficos de su enunciado, contestado la demanda con una estrategia defensiva que realmente favorezca al cliente, tendiendo, en ��ltimo t��rmino, a brindar la seguridad jur��dica anhelada que busca la uniformidad de los fallos que los jueces pronuncien respecto de su consideraci��n.

El control de constitucionalidad en la jurisdicci��n contenciosa electoral: la relaci��n entre el Derecho Constitucional y la justicia electoral en el Ecuador

El prop��sito de la investigaci��n que contiene esta tesis es aportar al conocimiento de la nueva jurisdicci��n especializada en materia electoral, que la Constituci��n del a��o 2008 cre�� como parte de la Funci��n Electoral, y analizar la posibilidad, real o no, de realizar un control de constitucionalidad sobre sus resoluciones, como una de las garant��as para la protecci��n y el ejercicio de los derechos pol��ticos. Hacia ese objetivo, el trabajo parte de un contexto general al explicar los distintos sistemas contenciosos electorales que se aplican en la Regi��n Andina y en dos sistemas prestigiosos de Derecho Electoral. De igual manera sobre estos mismos casos se explicar�� la forma en la que se realiza el control de constitucionalidad sobre las resoluciones de la jurisdicci��n contenciosa electoral. Luego pasaremos a tratar el caso ecuatoriano, explicando la naturaleza jur��dica del reci��n creado Tribunal Contencioso Electoral y la nueva legislaci��n ecuatoriana en materia electoral. Finalmente se analizar�� la posibilidad, real o no, de realizar un control de constitucionalidad sobre las resoluciones de la jurisdicci��n contenciosa electoral. Para lo cual se analizar�� dos fallos del Tribunal Contencioso Electoral y una sentencia emblem��tica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De esta manera partiremos de un contexto general descendiendo al estudio de un caso espec��fico (la jurisdicci��n contenciosa electoral y el control de constitucionalidad sobre dicha jurisdicci��n especializada).

Foro: revista de derecho. 13 (Recensiones)

Presenta las rese��as de los siguientes libros: Patricio Cordero Ord����ez, El silencio administrativo, Quito, Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca/ El Conejo, 2009. -- Jorge Zavala Egas, Derecho constitucional, neoconstitucionalismo y argumentaci��n jur��dica, Guayaquil, Edilex, 2010, 525 pp. -- Elena Dur��n, Los recursos contencioso administrativos en el Ecuador, Quito, Universidad Andina Sim��n Bol��var/ Abya-Yala/Corporaci��n Editora Nacional, 2010.