1000 resultados para EXPLOTACIÓN PETROLERA


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Ecuador’s total population numbers some 15,682,792 inhabitants, and includes 14 nationalities accounting for around 1,100,000 people, all joined together in a series of local, regional and national organisations. 60.3% of the Andean Kichwa live in six provinces in the Central-North Mountains; 24.1% live in the Amazon region and belong to ten nationalities; 7.3% live in the Southern Mountains; and the remaining 8.3% live in the Coastal region and the Galapagos Islands. 78.5% still live in rural areas and 21.5% in urban areas. The current Constitution of the Republic recognises the country as a “…constitutional state of law and social justice, democratic, sovereign, independent, unitary, intercultural, multinational and secular”. Over the last five years, the country has undergone a series of political and institutional reforms. At the same time, however, enforcing and guaranteeing the collective rights recognised in the Constitution has become a challenge to the process, and a permanent point of disagreement between the government, headed by the economist Rafael Correa, and the indigenous social organisations. The government’s economic action has been largely marked by an opening up of the extractive industries - oil, copper and gold - to foreign investment, either of Chinese or Belarussian origin, or from other Latin American countries such as Brazil, Chile or Argentina. This has resulted in risk to and impacts on the territorial and cultural integrity of various indigenous peoples, and an uncertainty created around the true validity of the broad collective rights enshrined in the Constitution.

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En Ecuador, la población total es de 15.682.792 habitantes, donde existen 14 nacionalidades que suman cerca de 1 millón 100 mil habitantes y están aglutinadas en un conjunto de organizaciones locales, regionales y nacionales. El 60,3 % de los Kichwa andinos vive en 6 provincias de la Sierra Centro-Norte; el 24,1% habita en la Amazonía y comprende 10 nacionalidades; el 7,3% de los Kichwa andinos habita la Sierra Sur; y el 8,3% restante habita en la región Costa y las Islas Galápagos. El 78,5% habita aún en el sector rural y el 21,5% en el sector urbano. La Constitución de la República vigente reconoce al país como un “… Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico”. Durante el último quinquenio, el país ha vivido un conjunto de reformas políticas e institucionales aunque, al mismo tiempo, la vigencia y garantía de los derechos colectivos reconocidos en la Carta Magna se han convertido en un desafío para el proceso y en un punto de permanente desencuentro entre el gobierno, encabezado por el economista Rafael Correa, y el conjunto de organizaciones sociales indígenas. La apertura a capitales ligados a las industrias extractivas, de petróleo, cobre u oro -sean de origen chino, bielorruso o de otros países latinoamericanos como Brasil, Chile o Argentina-, ha marcado buena parte del accionar económico del gobierno, con el consiguiente riesgo e impactos a la integridad territorial y cultural de varios pueblos indígenas, y a la incertidumbre generada en torno a la vigencia real de los amplios derechos colectivos consagrados en la Constitución.

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El respeto a la dignidad del ser humano pasa por el reconocimiento, el cumplimiento y el ejercicio de sus derechos, asumidos como una obligación primordial de los Estados bajo una comprensión integral y que considere los criterios de diversidades, equidad y justicia. Horizonte de los derechos humanos. Ecuador 2012, expone y analiza temáticas relevantes de 2012, como son: la reforma a la administración de justicia; la caracterización de la conflictividad; el caso Los diez de Luluncoto; la sentencia sobre el caso La Hora; sobre casos graves de violación a derechos humanos, los estados de excepción; la política petrolera y las nuevas concesiones; el caso Texaco; el caso Sarayacu; el extractivismo minero; la participación ciudadana; los procesos de consulta previa y prelegislativa; la movilidad humana y el caso Assange; el femi[ci]dio; mujeres privadas de la libertad; el acceso a la educación y la discriminación; el derecho a la alimentación; el derecho al trabajo; derechos lingüísticos; y sobre la importancia de discutir la relación entre salud, producción abusiva y la judicialización. También se incorporan los dos artículos presentados por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y el Ministerio Coordinador de la Política Interna y Externa. Sin duda, este libro constituye un aporte importante para la reflexión sobre la situación de los derechos humanos. Reúne las reflexiones de diversas organizaciones, colectivos y académicos; realizadas por docentes, profesionales y activistas que trabajan en el campo de los derechos humanos y de la naturaleza en diferentes áreas. Desde una lectura crítica y propositiva, se plantean aportar en la construcción de un Estado y sociedad basados en el respeto, garantía, protección y el desarrollo progresivo de los derechos humanos. La esperanza va más allá de las hojas de papel, los sueños rebasan las páginas de la Constitución. Respetar la dignidad de las personas y colectivos, y lograr una convivencia respetuosa o al menos caminar hacia ella, es imprescindible y mucho depende de lo que hagamos como sociedad y de lo que el Estado haga para habilitar ese camino, para proyectar aquello que se requiere transformar, a partir del goce de los derechos y de las demandas expresadas, sentidas por cada grupo humano que convive en el país y de la población nacional que se encuentra fuera de él. Este ejercicio de investigar para informar que cada autor y autora de los artículos ha realizado, nos hace reconocer lo olvidado y negado; reorientar el conocimiento; afirmar la unidad de lo fragmentado y permite que expresemos lo impensable del horror del miedo a la exclusión (Piedad Vásquez Andrade). Les invitamos entonces a explorar y sentir estos textos, despejar este sendero y caminar hacia el horizonte de lo soñado.

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Entre 1964 y 1990 la compañía petrolera Texaco causó un grave desastre ambiental y humano en el nororiente del Ecuador, por lo que las comunidades indígenas y campesinas presentaron en 1993 una acción en su contra en las cortes de Nueva York. Durante casi 10 años la petrolera luchó para que estas cortes desestimen la causa y la envíen al Ecuador, alegando que era esta la jurisdicción donde debía resolverse el caso. En 2002 las cortes norteamericanas desestimaron la causa por forum non conveniens y en 2003 se presentó una acción contra Chevron Corporation (en adelante Chevron), que en 2001 se había fusionado con Texaco, ante la Corte Provincial de Sucumbíos. Después de 56 inspecciones judiciales, 118 informes periciales, cerca de 64.000 resultados de laboratorio y alrededor de 215.000 páginas de expediente, el 14 de febrero de 2011 el Presidente de la Corte Provincial de Sucumbíos emitió sentencia condenatoria contra Chevron, estableciendo la obligación de pago por medidas de reparación: principales, complementarias y de mitigación que suman un total de US $ 19.021’552.000

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La invisibilidad de las colectividades diferenciadas, hizo de los indígenas víctimas de discriminación. El Estado ecuatoriano los consideró meros ciudadanos, y a sus territorios zonas de expansión poblacional y explotación de yacimientos petroleros, que por más de cuatro décadas gravita en el desarrollo nacional. La organización y movilización de los pueblos indígenas, así como la protección en la normativa internacional, confluye en el reconocimiento de sus derechos colectivos, entre ellos la consulta previa sobre explotación de recursos no renovables, y medidas legislativas o administrativas que puedan afectarlos. Más como las actividades extractivas y desarrollistas excluyentes, en nombre del interés mayoritario, no tienen límites y se ejecutan sin el consentimiento; la consulta previa, de gran legitimación social y que debe cumplirse sin restricciones bajo estándares internacionales, no pasa de la retórica; su omisión vulnera otros derechos fundamentales de los sujetos, y así la confrontación persiste. En este escenario, al que se suman los proyectos de minería en gran escala, se legitima la tutela judicial efectiva de la consulta previa en el régimen de la plurinacionalidad y del sumak kawsay. Pero para ello requerimos regularla sin restricciones, desde la perspectiva procesal, sin violar la reserva de ley, con la participación de sus sujetos, y además defenderla con acciones procesales concretas. Así la justicia que ha definido líneas para su implementación ante falta de configuración legal, está en el centro de la controversia, y llamada a protegerla con fallos ponderados en función de los demás derechos amenazados por su omisión.

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A continuación apuesto por la metodología de lectura histórica marxista propuesta por Frederic Jameson basada en una “reescritura fuerte” (Jameson 1989, 48). Del texto sobre las clases oprimidas (Mömer 1992, 28), y sus tres marcos concéntricos (Jameson 1989, 61-72): a) Historia política, b) Sociedad y tensión constitutiva entre la lucha de clases, c) Historia constitutiva de los modos de producción y el devenir de las formaciones sociales humanas. La Recopilación de las leyes de los reinos de las Indias (De Paredes 1973, 1), emitidas por el Rey Carlos II de España y su Corte, fueron compiladas por primera vez en 1681. Su importancia para la presente investigación radica en las disposiciones emitidas para las clases dominadas por la Corona Española mediante el discurso de “condición racial inferior” y exclusión social establecidas por el poder monárquico, durante la época de la esclavitud en los reinos americanos del siglo XVI, cuando se estipulan castigos para “vagabundos, gitanos, mulatos, negros, berberiscos (norteafricanos) e indios” (De Paredes 1973, 285- 295), quienes sobrevivían en la América de esas fechas. Estos documentos retratan las ideologías dominadoras, el castigo sobre el cuerpo, los intereses del orden imperial frente al auge económico y las formas de explotación y crueldad a las cuales fueron sometidos estos grupos étnicos.

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Este trabajo tiene como objetivo principal identificar la existencia de un nuevo escenario geopolítico en la región latinoamericana a través del análisis de la creación de la Alianza del Pacífico y su relación con otros procesos de integración en la región- UNASUR, MERCOSUR y ALBA-. Es así que desde el marco teórico del realismo y de la interdependencia compleja, se explica la creación de la Alianza del Pacífico- cuyos miembros son Colombia, Chile, Perú y México- con el fin de consolidar nuevas relaciones que ayuden su desarrollo. Esta necesidad de cooperación responde al interés común de los Estados por optar una nueva estrategia que incluya la explotación óptima de sus recursos en entorno pacífico y de cooperación favorable a la expansión de una red de comercio que incluya a todos los Estados. En ese contexto, la consolidación de estos objetivos puede influenciar directamente e indirectamente en toda la región latinoamericana.

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The mineral sector has an extreme strategic relevance for the social and economic development of any country. Therefore, proper management of existing mineral resources in a given area is closely linked to the full exercise of sovereignty. Thus, in pretending to guarantee efficient control of resources, the majority of the countries classify mineral resources as state property; however, because of the high cost and the risk involved, the economic exploitation of these resources is more efficient when driven by private initiative. Hence, the basic resource exploitation model is a modern legal concept in which the control over resources belongs to the State, but the direct economic exploitation of this heritage belongs to some individuals according to law and by offering the necessary social and economic counterparts.

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El Ecuador se ha caracterizado por tener un mercado de exportación basado en la producción del sector agropecuario, entre esos productos el café; situación que se ha mantenido desde la época colonial hasta la presente fecha. Este sector, al igual que la explotación de recursos no renovables como el petróleo ha conllevado al país a ser netamente exportador de productos primarios. Pero, debido a políticas estatales ineficientes, en especial en el tema cafetalero, hizo que la producción nacional de café se vaya a pique, llevando a la pobreza a los pequeños productores, siendo necesario buscar alternativas que permitan a esta población superar esta situación. El presente trabajo promueve la construcción de una alternativa, por intermedio de la Denominación de Origen para el café arábigo, considerando que “denominación de origen” es un tipo de Protección Industrial aplicada a ciertos productos agrícolas o alimenticios, cuya calidad o particularidad se debe principal y exclusivamente al medio geográfico en donde se produce, transforma y elabora. Para lograr este fin, se vio necesario analizar en dos capítulos la pertinencia de la construcción de una denominación de origen en café para nuestro país. En la primera se revisa el marco conceptual de Propiedad Intelectual, en donde se estudia el funcionamiento de las denominaciones de origen de acuerdo a las normativas tanto nacionales como internacionales, así como su historia. En la segunda fase se analiza la historia, la producción y el comercio tanto nacional como internacional del café, en dónde se identifica las ventajas y limitaciones para obtener una denominación de origen. El presente estudio finaliza con conclusiones y recomendaciones. Se utilizó fuentes primarias como entrevistas e investigaciones de campo, además de fuentes secundarias como la investigación bibliográfica; permitiendo concluir que todos los esfuerzos que se están efectuando en el Ecuador no solo permiten la construcción de una Denominación de Origen, si no que conlleva a la construcción de varias denominaciones de origen en café, siendo la principal el Café de Galápagos.

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En el contexto global, los países del norte y del sur han implementado diversos modelos de desarrollo para lograr el crecimiento de sus economías, siendo la tendencia de la región latinoamericana, aprovechar su riqueza natural para impulsar modelos extractivistas. La contraposición entre el modelo extractivista y el desarrollo sustentable, se pone de manifiesto en las acciones que han emprendido los Estados, orientadas a la explotación de los recursos naturales sin considerar los límites de la naturaleza y de la sociedad. Los consecuentes impactos ambientales y sociales resultantes de la actividad extractiva minera, han desembocado en conflictos socioambientales, evidenciándose la incapacidad de respuestas asertivas por parte del aparato estatal, a las demandas sociales de la población. Complementariamente, las actividades mineras al estar reguladas por una normativa débil y permisiva, han facilitado a las empresas mineras la ejecución de proyectos mineros. A fin de aportar elementos para el análisis, en la presente investigación se revisa el proyecto minero Llurimagua, ubicado en la cordillera de Toisán; destacándose cómo la institucionalidad estatal relacionada con la actividad minera brinda las facilidades para la gestión de estos proyectos, que mayoritariamente favorecen a los intereses empresariales; así como, la alta conflictividad generada a causa de los impactos ambientales y sociales derivados de la actividad minera. En el proyecto Llurimagua, se describe la problemática de la resistencia minera de la zona de Intag, en los ámbitos institucionales y normativos, considerando para el análisis aspectos ambientales, sociales y económicos; se identifican los actores involucrados y el rol que han jugado en el proyecto, poniendo énfasis en el aparato estatal en sus distintos niveles de gobierno. Adicionalmente, se han identificado los impactos sociales y ambientales que desde el inicio de la actividad minera se han generado en la zona, y se ha efectuado una aproximación de los potenciales impactos ambientales y sociales que pueden resultar de la exploración avanzada, en curso.

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Los sistemas de inteligencia de negocios asisten y potencian los procesos de toma de decisiones, a través de los datos acumulados que las empresas disponen y cuya explotación inadecuada genera inconsistencias, múltiples versiones de la verdad y un desperdicio de tiempo y recursos. El presente trabajo de investigación plantea el diseño de un sistema de información, bajo el enfoque de inteligencia de negocios, el cual mide, dimensiona e interrelaciona los datos que Diafoot dispone y requiere convertir en información de utilidad para medir el desempeño de la empresa de acuerdo a sus objetivos organizacionales. El diseño planteado está plasmado en un modelo de información, elaborado en base a datos que provienen del sistema administrativo, contable y de punto de venta que Diafoot utiliza en la actualidad. Mediante el análisis y diagnóstico de la madurez tecnológica y cultural de la empresa Diafoot se han analizado las particularidades del uso de herramientas tecnológicas y de los procesos de toma de decisiones existentes para así determinarse el nivel de madurez de la empresa en base al modelo de madurez de analíticas de datos de la empresa TDWI. El diseño del sistema de información que se propone en el presente trabajo de investigación tiene como principal objetivo contribuir a la medición de cumplimiento de los objetivos organizacionales, en base a indicadores de desempeño generados a partir de los valores o indicadores de medida de negocio que Diafoot almacena en sus fuentes de información y que reflejan la operatividad diaria de la empresa. Finalmente, se han establecido sugerencias o consideraciones para aplicar el diseño propuesto a través de la implementación de un sistema de analítica de datos o Business Intelligence, manejándose buenas prácticas en la explotación adecuada de datos, en la medición de mejoras alcanzadas, y seleccionando la herramienta adecuada entre las alternativas y soluciones existentes en el mercado considerando el presupuesto y el alcance del proyecto.

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En la provincia de Zamora Chinchipe se implementa el primer proyecto minero de explotación de cobre a gran escala, bajo la modalidad de cielo abierto, en Ecuador, al que se lo ha denominado «Mirador». A partir de este caso se realiza un análisis crítico del alcance y vigencia del derecho de participación de pueblos y comunidades en el marco de un modelo económico extractivista y primario exportador. En este contexto se evidencia que tanto la consulta ambiental y la consulta previa libre e informada a los pueblos indígenas, a pesar de estar reconocidos como derechos, no son mecanismos reales de participación, ni están diseñados para influir en las decisiones relacionadas con políticas extractivistas, pues más bien se subordinan a los intereses del desarrollo, noción que, aunque tome diversos nombres, sigue teniendo como sustento ideológico el crecimiento económico y la mercantilización de la naturaleza. El propósito de este trabajo es alentar el debate crítico alrededor del tema de los derechos humanos, que permita su análisis desde una mirada integral que trascienda el ámbito jurídico.

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CARVALHO, Andréa Vasconcelos . Comunidades virtuales y producción de inteligencia económica y competitiva. Inteligencia y Seguridad: revista de análisis y prospectiva, v. 3, p. 13-45, 2007

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La llamada Iniciativa para la Integración de Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) es un acuerdo multinacional celebrado entre los 12 países de América del Sur desde el año 2000, materializado a través de 10 ejes de comercialización orientados a la construcción de varios proyectos de infraestructura, que incluye la construcción de una enorme red de energía, de comunicación y transporte. Estos proyectos han sido financiados principalmente por los organismos multilaterales (BID, CAF, FONPLATA) profundizando la dependencia económica y política de los países involucrados, en especial mediante el aumento de la deuda externa, las empresas transnacionales garantizarán la infraestructura necesaria para la explotación más acentuada de nuestros recursos naturales y de la mano de obra barata, asegurando el abastecimiento de sus mercados. En este sentido, el discurso de crecimiento económico regional creará los mecanismos necesarios para la reproducción ampliada del sistema capitalista, mediante la promoción de la liberalización de los mercados internacionales, tales como intenta los Estados Unidos a través del Área de Libre Comercio de las Américas. En realidad, es un Desarrollo Regional de los países del Norte, un plan estratégico de ordenamiento territorial construido por transnacionales y dictado por el imperialismo de Norteamérica. Bajo la dirección del gobierno de Brasil ha sido implementado sigilosamente, para que los jefes de Estado, sin nombrarlo, ejecuten sus planes de desarrollo como parte de esta tan evidente estrategia de saqueo, entusiasmados y convencidos de que serán generosamente recompensados. Proclaman e inauguran proyectos de infraestructura que las empresas multinacionales y transnacionales consideran indispensables para el saqueo de los recursos naturales que aún quedan, después de cinco siglos de explotación continua de América Latina. En este sentido, nuestra investigación se volvió hacia el análisis de lo sector energético de lo Eje Perú-Brasil-Bolivia, por considerarlo de suma importancia para el mantenimiento de la explotación y consolidación hegemónica de las corporaciones multinacionales en América Latina

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