El control judicial de la actividad discrecional de la administración pública en el Ecuador

Antiguamente se consideraba que la facultad discrecional de la administración estaba exenta de control, lo que constituía, sin lugar a dudas, un privilegio a favor de los gobernantes, quienes podían actuar de manera arbitraria y contra ley, sin resquemor alguno. Frente a esta situación de inseguridad jurídica y abuso del poder, la humanidad siempre luchó por evitar y disminuir el abuso del poder, y es así como llegamos al denominado Estado de Derecho, que propugna la sumisión de todas las actuaciones del Estado a la Constitución y la ley, es decir, nada puede quedar fuera o exento de control. Allí se concibió como necesaria la facultad discrecional de la administración para tomar decisiones oportunas, pero no como una antítesis de la facultad reglada, sino también como una prerrogativa legal. Este cambio de concepción de la facultad discrecional de la administración, lleva implícita otra consecuencia y dice relación a la pregunta de ¿cómo pueden los jueces hacer un control judicial pleno de las actividades derivadas de la potestad discrecional de la administración? El tema que se pone en la palestra para su discusión ha sido objeto de múltiples escritos, foros académicos, debates interminables y mucha tinta derramada, pero aún no existe una posición consolidada y unificada respecto de cómo hacer ese control, en lo único en que todos coinciden es en la circunstancia de que los actos administrativos dictados en ejercicio de una facultad discrecional de la administración, son perfectamente impugnables. Para lograr un control pleno de las actividades administrativas, se hace indispensable el reconocimiento de una jurisdicción contencioso administrativa plenaria y universal, integrada por jueces independientes, imparciales y competentes, que conciban su labor de control efectivo, sin escudarse en subterfugios, ya sea para dejar de resolver o negar demandas de manera sistemática en casos discrecionalidad. Tal situación resulta inconcebible con el actual marco constitucional en vigencia, que determina la obligación de fallar no solo sobre normas sino también sobre principios, lo que permite a los jueces ampliar sus fronteras, superar el criterio de que la jurisdicción contencioso administrativa es exclusivamente revisora e impide que se deje sin tutela judicial efectiva a ningún ciudadano.

El sistema de gestión de riesgos del Ecuador: un sistema de administración pública en busca de la ciudadanía deliberativa

La presente investigación se enmarcó dentro del estudio científico del campo de la Administración Pública. La atención recayó sobre el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos en Ecuador y la participación ciudadana dentro de sus procesos de toma de decisión en la elaboración, y posterior implementación, de políticas públicas para combatir diferentes posibilidades de desastre. Para el efecto de este estudio, el objetivo fue iluminar y explicar las falencias e incoherencias dentro del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos en Ecuador a través del uso de los conceptos aplicables al espacio de la Administración Pública. De hecho, se partió de la teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas, especialmente de su componente político de la ‘ciudadanía deliberativa’, y de los aportes investigativos en el campo de la gestión social de Fernando Tenório. Metodológicamente, se hizo uso del análisis del discurso para poder evidenciar y comprender cómo se define y ejerce el rol ciudadano dentro de este sistema, así como la importancia que la misma tiene en un sector en dónde la ciudadanía entra en relación con los representantes del componente científico-técnico y del político en la estructuración de planes comunitarios de acción contra el riesgo. Como resultado, puede evidenciarse que se dio un proceso de ordenamiento del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos a través de la introducción de ciertos principios operativos a partir de 2007: la descentralización operativa y decisional, la incorporación social de una cultura de prevención de riesgos, y la centralidad de la participación ciudadana. Pero, el reconocimiento formal de estos principios no aparece como condición suficiente para un ejercicio real de participación ciudadana por la conjunción con ciertos factores que influencian de manera negativa en el funcionamiento del sistema: por ejemplo, la falta de delimitación de competencias claras entre los diferentes actores y la escasez de recursos de diferente tipo. Por último, cabe recalcar la importancia de este tipo de estudios sobre los diversos sistemas de Administración Pública en el país, pues es de vital importancia para comprender las condicionantes que limitan, así como las potencialidades, de los procesos políticos en Ecuador.

La Asamblea Nacional Constituyente y la urgencia de fortalecer la educación pública del Ecuador, para potenciar la necesaria integración latinoamericana (Tema Central)

Plantea una somera revisión de los principales cambios constitucionales que se están impulsando en los diferentes países de la región, dentro de los cuales se incluye la propuesta del actual gobierno del Ecuador. Luego se explicitan los cambios radicales que en materia educativa se requiere impulsar, para mejorar la calidad de vida de los habitantes ecuatorianos y contribuir en el necesario proceso de integración latinoamericana.

Estudio del principio de igualdad en la contratación pública y su relación con la contratación preferente en los procedimientos precontractuales establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública

El presente trabajo investigativo, tiene como objetivo principal analizar la aplicabilidad del principio de igualdad en los procedimientos precontractuales establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, al incorporar la institución jurídica de la contratación preferente, y realizar un estudio comparado respecto de las contrataciones preferentes en otras legislaciones. El principio de igualdad, uno de los más importantes en el ámbito de la contratación pública, exige que todos quienes se hallen aptos para concurrir a un proceso de contratación reciban igual trato sin discriminación alguna. Las entidades contratantes deben establecer condiciones que permitan una participación igualitaria, sin incluir requisitos que limiten o sitúen a determinados oferentes en una posición de superioridad o de preferencia. La incorporación de la institución jurídica de la contratación preferente, al parecer, quebrantaría el principio de igualdad; por ello, se pretende analizar su aplicabilidad en los procedimientos precontractuales, con énfasis en la cotización y menor cuantía, e identificar como opera este principio al incluirse márgenes de preferencia a favor de actores de economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas empresas, y si tal preferencia, convierte a estos procedimientos en incluyentes y excluyentes a la vez, por las características establecidas en cada uno de ellos. La investigación que consta de tres capítulos, se desarrolla desde la óptica del Derecho administrativo, se aborda el principio de igualdad como equidad, lo que permite identificar la importancia del mismo en los procedimientos precontractuales, a través del análisis jurídico comparativo, histórico y jurídico constitucional, así como el legal actual, que establece ciertas excepciones que relativizan al principio de igualdad; permitiendo despejar las dudas respecto de su aplicabilidad.

El principio de interdicción de la arbitrariedad, en la emisión de actos administrativos de la administración pública, a la luz de la Constitución de la República 2008

La presente investigación académica procura demostrar que el principio jurídico de interdicción de la arbitrariedad, está contenido implícitamente en la Constitución de la República vigente en el Ecuador, misma que es de directa e inmediata aplicación por las autoridades de la Administración Pública, al momento de emitir actos administrativos. Para ello, en el primer capítulo se presenta un estudio inicial sobre el principio de interdicción de la arbitrariedad referido, su definición, historia, referencia normativa y jurisprudencial. Posteriormente, se estudia al nuevo marco constitucional ecuatoriano, así como la vinculación que existe entre el Derecho Administrativo y el Derecho Constitucional conforme la nueva Ley Suprema. Se aborda el tema de las potestades y competencias como medio que permite la actuación de las autoridades públicas, y también se estudia al instrumento que sirve para expresar la voluntad de la Administración Pública, me refiero, al acto administrativo. En un segundo capítulo, se enfatiza y explora a los derechos y garantías constitucionales que en el Ecuador contribuyen a que exista la prohibición de la arbitrariedad en la emisión de actos administrativos, me refiero a la motivación, legalidad actual juridicidad, respeto al debido proceso y tutela judicial efectiva. Por último en el tercer capítulo, el bagaje teórico expuesto será aplicado en el estudio de la arbitrariedad con temas como el desvío de poder, la discrecionalidad, la razonabilidad y sobretodo como el tema central de este trabajo de investigación que es la prohibición constitucional de arbitrariedad en la emisión de actos administrativos. Al final, se anotan las conclusiones generadas como resultado de la investigación jurídica realizada.

La televisión pública del Ecuador, hacia el modelo ideal: un diagnóstico de la televisión pública en cuanto al modelo ideal de lo público de la UNESCO

A través de esta investigación descriptiva se mide cuán pública es Ecuador TV de acuerdo a los principios de universalidad, independencia, diversidad y diferenciación establecidos por la UNESCO como básicos. Un tema fundamental a la hora de contribuir a la comprensión y consolidación de un modelo de televisión público y ciudadano. Los resultados obtenidos en esta investigación reflejan que, considerando su corta existencia, Ecuador Tv ha avanzado considerablemente en la dirección correcta, de ahí el promedio de 50% obtenido para cada principio de la UNESCO; sin embargo, lo que resta por hacer es quizá lo esencial si se quiere consolidar un medio público legítimo. En este sentido, fundamental es la revisión de la Ley Orgánica de Comunicación o la creación de una Ley de Medios Públicos que permita un tratamiento específico para este tipo de medios, de tal manera que, por ejemplo, la televisión pública del Ecuador no dependa de un directorio proveniente completamente del gobierno, sino que se conforme un Consejo al más alto nivel, que determine las políticas esenciales. Así mismo, se vio la necesidad urgente de establecer una política editorial precisa para toda la programación que permita establecer una clara diferenciación de los otros tipos de televisión.

Definición de los lineamientos generales de una política pública para el fomento del emprendimiento en el Ecuador

La presente investigación presenta una propuesta de lineamientos generales de política pública para el Ecuador. Parte del análisis teórico del emprendimiento, por lo cual, busca contextualizarlo como una actitud de vida, aprovechada especialmente a la rama de creación de empresas, a pesar que, su aplicabilidad es transversal a cualquier actividad cotidiana. El análisis parte de un diagnóstico del ecosistema emprendedor a nivel nacional, identificando las fortalezas y debilidades existentes en los aspectos macroeconómicos, productivos, financieros, culturales, de innovación, tecnológicos, jurídicos y académicos, e intenta caracterizar dichos componentes durante el ciclo de vida de una empresa recientemente creada o en proceso de creación. Adicionalmente, se realiza una identificación y caracterización de los principales programas o proyectos públicos, privados y del tercer sector, que han sido creados en el país para apoyar a emprendedores, y que se encuentran promoviendo esfuerzos aislados con objetivos particulares. Posteriormente, se hace una comparación con los avances generados por los países de la región, para evidenciar la realidad ecuatoriana con mayor precisión. Para finalizar, la investigación considera la propuesta de lineamientos de política pública en sí, enfocándose en los elementos productivos, financieros, culturales, de innovación, jurídico, académico y un elemento ecosistémico que corre de manera transversal en todos los temas explicados. Dichas propuestas buscan expresar herramientas prácticas, mecanismos y decisiones requeridas a efectos del fortalecimiento del ecosistema emprendedor ecuatoriano, aspecto fundamental para el cambio de la matriz productiva nacional, que se encuentra en una situación de riesgo debido a su desarticulación, deficiencia de estrategias especializadas en emprendedores e informalidad en la atención a este grupo objetivo.

Los actos, hechos y contratos administrativos en las empresas públicas ecuatorianas, en la construcción de obra pública e infraestructura y en su giro ordinario del negocio

La Constitución del Ecuador (2008) otorga al Estado la potestad de planificar el desarrollo del país y ejercer un rol protagónico como agente dinamizador de la economía. Uno de los instrumentos con los que cuenta el Estado para intervenir en la economía es la creación de empresas públicas como instrumentos de política.1 Para lograr estos cometidos, el Estado tiene en sus manos –a través de estas personas jurídicas- la responsabilidad de ejercer como prestador de servicios públicos y ejecutor de obra pública. También está habilitado para intervenir en el desarrollo de otras actividades económicas, generalmente de tipo comercial, sobre las cuales la doctrina y academia ecuatoriana muy poco se han referido. La Ley Orgánica de Empresas Públicas prescribe cuál es la naturaleza jurídica de las empresas públicas, pero deja de ser tan explícita cuando se refiere a la determinación de los actos, hechos y contratos que aquellas expiden, ejecutan o celebran, cuando no estén relacionados con la construcción de obra pública e infraestructura. Estimamos que esta indeterminación, efectivamente, puede producir inseguridad jurídica o violaciones al derecho a la tutela judicial efectiva de los administrados. El análisis al giro específico del negocio de las empresas públicas nos permite entender el régimen particular de los actos, hechos y contratos que se deriva de la actividad que realiza el Estado cuando asume el rol de proveedor de bienes y servicios de carácter comercial. Este análisis admite que existe una cierta oscuridad en la actual legislación sobre estos regímenes de contratación. El estudio abordará una breve reseña histórica que distingue los diferentes tipos jurídicos que precedieron a las hoy denominadas empresas públicas (EP) en el Ecuador, procurando identificar los momentos político-económicos que dieron origen a dichas figuras jurídicas. Finalmente, examinaremos el régimen de solución de controversias aplicable, en el giro ordinario y específico del negocio de las EP, en consideración a que el administrado debe contar con las herramientas jurídicas que posibiliten hacer efectiva la garantía de sus derechos constitucionales, especialmente, los derechos a la seguridad jurídica, de impugnación y de la tutela judicial efectiva.

Los errores de forma en las ofertas presentadas en los procesos de contratación pública en el Ecuador y la solicitud de convalidación

En el desarrollo de la presente investigación se analizará “los errores de forma y su convalidación en los procesos de contratación pública en el Ecuador”, enfocándose en los siguientes aspectos: Alcance de las disposiciones contenidas en la legislación ecuatoriana en relación a los errores de forma de las ofertas presentadas en los procesos de contratación pública, así como su comparación con otras de carácter internacional. Descripción y análisis del procedimiento aplicable para la convalidación de errores de forma de las ofertas presentadas en la contratación pública, como la motivación para solicitar su convalidación y la posible discrecionalidad de los funcionarios que integran la comisión técnica que la requiere. Para el efecto, se centrará el análisis en la evolución de esta figura legal, el tratamiento de la misma en las diferentes legislaciones que en materia de contratación pública han regido en el país, el surgimiento de esta medida y su efectividad o desacierto en la búsqueda de brindar una seguridad en el cumplimiento de las obligaciones contractuales.