990 resultados para Junta de Defensa
Resumo:
El veinte de julio de 1996 el presidente de la compañía Alusan S.A. citó a una reunión a su junta directiva con el fin de determinar la continuidad de las operaciones de una de las empresas del grupo, Aluncol S.A., la cual había sido adquirida hacía escasos dos años; esta citación dejó muy preocupados a quienes de alguna manera habían participado en las decisiones y operaciones del negocio. En abril de 1994, Aluncol S.A.-establecida en el mercado desde hace unos diez años, dedicada a la producción y comercialización de perfiles de aluminio, localizada en la ciudad de Manizales, con cobertura nacional a través de bodegas y oficinas de atención al cliente en las principales ciudades, unas ventas de ciento ochenta toneladas mensuales, con participación en el mercado del diez por ciento y un moderno equipo de extrusión - empieza a tener dificultades con sus clientes debido a retardos en las entregas; unido a esto existían problemas de recaudo que afectaban fuertemente la liquidez de la compañía; con estos antecedentes sus accionistas deciden ponerla en venta, y es así como en junio del mismo año es adquirida por Alusan S.A.
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Los medios de defensa existen para impugnar resoluciones emitidas por la Administración Tributaria, por lo que se han creado instituciones a las cuales los contribuyentes pueden recurrir para expresar sus inconformidades, entre ellas tenemos el Tribunal de apelaciones de los Impuestos Internos y Aduanas, al cual le compete conocer toda clase de actos definitivos de liquidación oficiosa e imposición de multas que emita la Dirección General de Impuestos Internos. En la ley de Organización y Funcionamiento del Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduanas se establece que el contribuyente cuanta con un plazo de quince días hábiles para interponer recurso de apelación, contados a partir de recibir la notificación de resolución de la Dirección General de Impuestos Internos ó Dirección General de Aduanas. Una vez se iniciado el proceso esta Institución cuenta con un plazo máximo de nueve meses para emitir y notificar resolución. Si el sujeto pasivo sigue presentando inconformidad con la resolución emitida, puede entablar demanda ante la Sala de lo Contencioso Administrativo en un plazo máximo de sesenta días hábiles contados a partir de recibida la notificación de resolución emitida por el Tribunal antes mencionado, dichos plazos están regulados por la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Vale la pena mencionar que la Sala de lo Contencioso Administrativo, no cuenta con un plazo definido para finiquitar el proceso de demanda.
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(Artículos periodísticos)
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Con base en el foro económico realizado por Corfinsura a finales de 1994, donde se analizaron los temas macroeconómicos de interés real por intermedio de prestantes personalidades del entorno económico colombiano, me refiero a los doctores: Eduardo Lora, Director Ejecutivo de Fedesarrollo; Hernando José Gómez R., miembro de la Junta Directiva del Banco de la Repú- blica, César González M., Presidente de la Asociación Bancaria.
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El último periodo de expansión urbanizadora en España, iniciado en los años 1990, ha provocado intensas y extensas transformaciones sobre el territorio, con implicaciones económicas y ambientales, además de una creciente preocupación ciudadana hacia las dinámicas observadas. El artículo propone el análisis del comportamiento ciudadano ante los rápidos e intensos cambios territoriales que se observa sobre un ámbito supramunicipal concreto en Alicante. La unidad básica de análisis son los colectivos cívicos que responden a un perfil de defensa del territorio. La observación directa de estos colectivos ayudará a comprender los principales problemas del territorio y la política territorial, así como a establecer propuestas para el diálogo entre los gestores territoriales y los agentes ciudadanos.
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Hasta hace poco existía una controversia entre el gobierno y la Junta Directiva del Banco de la República, en relación con las altas tasas de interés y su efecto en la economía colombiana. El gobierno decía que el culpable de las altas tasas de interés era el Banco de la República por su monetaria contraccionista (reducción de la cantidad de dinero en poder del público) y a su vez el Banco de la República decía que el culpable era el por su excesivo gasto público (política fiscal expansionista). Para comprender mejor esta controversia, los economistas (y en especial los académicos) usamos el modelo ISLM que relaciona tasas de interés con nivel de producción.
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La reunión mensual de la junta directiva de la “La Mancha” estaba resultando bastante acalorada, pues la revisión de los costos de producción arrojaba que el 13% de los costos por tonelada producida se causaban por la infraestructura de servicios, incluyendo el consumo de energía eléctrica. Los costos atribuibles a esta infraestructura ya superaban los 25 millones de dólares. Por otra parte, las continuas interrupciones del servicio influían directamente en la producción. Juan Bolaños, gerente de operación, sostenía que una de las causas fundamentales era la pobre infraestructura energética de la compañía, pues que los estándares industriales más eficientes del sector hablaban de un 8%, como costo energético por tonelada, y una autosuficiencia del 80%
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Objeto de estudio Definir el marco actual de las Emisoras Municipales en Andalucía como medios de alternativos de proximidad, en su contribución a la vertebración social y construcción democrática, y en el aprovechamiento del ecosistema mediático. Para cumplir nuestro objetivo principal, hemos concretado otros factores a tener en cuenta en el desarrollo de la investigación. Para entender este proceso, se han determinado los siguientes objetivos específicos. Objetivos específicos -Definición y análisis de los conceptos de comunicación/información, comunicación alternativa, derecho a la comunicación y la cultura; e incidencia de los modelos de desarrollo impuestos en la concentración de medios frente al pluralismo. -Realizar el estudio historiográfico de las Emisoras Municipales en la región, desde sus inicios en los años 70, a partir de las demandas sociales surgidas en los primeros ayuntamientos democráticos, hasta la actualidad. -Hacer un seguimiento a las políticas públicas de comunicación y legislación a lo largo del periodo de estudio. -Dar a conocer el Mapa de las Emisoras Municipales en Andalucía a fecha de 2014, a través del análisis del reparto de las licencias concedidas a los municipios por la Junta de Andalucía, y analizando en profundidad el funcionamiento real de las Emisoras Municipales y su incidencia en el territorio. -Estudiar y proponer herramientas para la medición de la rentabilidad social en los medios de proximidad, y en particular definir indicadores de Rentabilidad Social para las Emisoras Municipales, para comprobar su cumplimiento como medios públicos y ciudadanos. -Analizar y observar el uso que hacen las E.M. de Internet y de las redes sociales online desde el año 2002 en que se abrió la primera página web de una E.M. Estudiando las redes sociales online activas, el uso de la marca de E.M., los tipos de contenidos volcados en la red y la participación ciudadana en estos medios. -Plantear nuevos horizontes de actuación y pautas para el futuro en las Emisoras Municipales y de los organismos competentes en el sector para lograr su consolidación como medios de locales de proximidad y participativos. Todos los objetivos señalados deben enmarcarse en un contexto que enarbole la defensa de la comunicación de proximidad y participativa, de los medios públicos y de la rentabilidad social de los mismos y del derecho a la comunicación local de calidad. Se ha organizado la investigación en cinco capítulos. El primero desarrolla de forma breve el proceso de comunicación y los fundamentos teóricos en comunicación, haciendo especial hincapié en las conceptualizaciones de comunicación alternativa, que analizan desde una perspectiva crítica los medios de masas y resultan adecuadas para el diseño de la investigación. Después se ha valorado la perspectiva del derecho a la comunicación y el derecho a la cultura. Y también la complejidad problemática que provoca la concentración de los medios, pues limita el pluralismo informativo y las relaciones establecidas en la conceptualización entre comunicación y desarrollo. Por último, se señalan las propuestas de indicadores en el campo de las ciencias sociales. En un segundo capítulo planteamos el contexto en que se desarrollan las emisoras municipales y la incidencia de la convergencia tecnológica en los nuevos usos y hábitos que está adquiriendo la población en relación a los medios en Andalucía, lo que sugiere un cambio de la demanda y un nuevo espacio de actuación ante el desafío de Internet. Proponemos recuperar en el tercer capítulo los factores que han configurado históricamente el ámbito de las E.M. en la región. Haremos un recorrido por la historia y la evolución del crecimiento de las E.M. en Andalucía durante el periodo citado, en paralelo a una revisión del contexto político, social y económico de este tramo temporal. La constitución de la Autonomía andaluza en 1982 y la nueva configuración territorial supusieron el traspaso de competencias en el sector audiovisual. Así que también revisamos la legislación en materia audiovisual, tanto en el plano nacional como en el autonómico, ya que las circunstancias políticas dieron lugar a una variada normativa en la región que retrasó el reconocimiento de estás emisoras hasta 1991. Terminamos esta primera parte con la propuesta en trámite parlamentario de la nueva Ley Audiovisual de Andalucía. Tras examinar la situación de las E.M. en el periodo 1979-1998, se aborda la siguiente etapa, en el capítulo cuarto, en el que se analiza exhaustivamente el estado de las licencias otorgadas por la Junta de Andalucía desde el año 1992. El estudio de las licencias y el funcionamiento actual de las mismas nos desvela el Mapa de las Emisoras Municipales en Andalucía que estudiaremos desde diferentes perspectivas: poblacional, comarcal y por gobiernos corporativos, deteniéndonos en el estado de aquellas emisoras que en la actualidad no cumplen la normativa. La actualización del Mapa, finalmente, ha permitido realizar un recorrido completo de las emisoras en funcionamiento desde sus inicios. El estudio de las experiencias de los indicadores desarrollados en el campo de las ciencias sociales y los resultados recogidos en el capítulo anterior fueron el punto de partida en el diseño del Índice de Rentabilidad Social en Comunicación (IRSCOM) que presentamos en el capítulo 5. Se trata de indicadores basados en consideraciones éticas, legales y de responsabilidad, pues tenemos presente que estos medios de proximidad persiguen tener una mayor influencia social y contribuir al déficit informativo y comunicacional en la región. Y, para acabar, estimamos ineludible analizar los cambios que se están produciendo en las E.M. en la actual situación de convergencia tecnológica y el uso que hacen de Internet.
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El sector cooperativo de ahorro y crédito es reconocido como un pilar importante de progreso en el sistema financiero de un país, son instituciones donde los miembros que la constituyen aportan capital inicial que ayude a la institución al movimiento de activos que producen ganancias tanto financieras como culturales entre sus asociados, a través del otorgamiento de créditos y la recepción de sus ahorros, los asociados pueden llevar a cabo sus propósitos o solventar alguna obligación. Las tasas de interés son más accesibles a comparación de la banca externa debido a que como principio cooperativo la solidaridad y sobretodo ayuda mutua debe prevalecer entre sus miembros. Debido a los conflictos generados por las diversas economías y sociedades y poniendo en práctica la legislación vigente sobre el riesgo del delito de lavado de dinero y activos, el sector cooperativo debe velar por el cumplimiento diseñando las herramientas necesarias para su prevención como procedimientos, programas y normas internas que ayuden a evitar la ejecución de este delito. Además estas organizaciones deben contar preferiblemente con un departamento de auditoría interna que asegure y evalúe el cumplimiento de la Ley de lavado de dinero y activos. Por todo lo descrito anteriormente, el presente trabajo de investigación pretende definir una planeación específica de auditoría implementando un programa de cumplimiento, aplicable al área de atención al asociado del sector cooperativo, además que se debe considerar al momento de desarrollar la auditoría interna de los programas de prevención de lavado de dinero y otros activos. Para poder llevar a cabo dicha planeación se incorpora un elemento novedoso el modelo de la tercera línea de defensa que posee gran relevancia para el buen funcionamiento de estas organizaciones por la relación que tiene con el consejo de administración y/o gobierno corporativo en conjunto con las gerencias en las áreas de aseguramiento y asesoramiento. En el ámbito financiero se coloca al sector cooperativo como vulnerable frente al riesgo como lo es el de lavado de dinero y activos. Esto plantea la necesidad de identificar cuáles son los retos a los que debe enfrentarse la profesión para continuar siendo parte importante dentro del gobierno de las entidades. Por lo tanto, se presenta el trabajo de investigación, identificando que el auditor dentro de su formación, necesita adquirir suficiente competencia para el desempeño de la labor, para poder mejorar los enfoques de riesgos y cumplimiento de una entidad y poder proporcionar la información útil. Asimismo, contiene la delimitación, el período de tiempo de la información a revisar, las personas hacia quienes está dirigida la investigación y la justificación, señalando el aporte de la temática y metodología a desarrollar. En tal sentido, se recomienda tomar como base la planeación específica de auditoría interna con enfoque al área ambiente de control y la debida diligencia por medio del programa de auditoría de cumplimiento, que se plantea en el presente trabajo, a fin de facilitar al auditor interno la verificación de los procesos como parte de su gestión en prevención de riesgos de lavado de dinero y activos.
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La presente obra se divide en tres capítulos: El primero hace un planteo general sobre el derecho de propiedad de los particulares con anotaciones históricas sobre su significación económica y las teorías que lo explican y justifican. Trata igualmente las notas distintivas especiales del derecho de propiedad de los particulares, esto es, su carácter absoluto, perpetuo, exclusivo, abstracto y elástico, precisando cuáles de ellas son esenciales. La obra se ocupa de los elementos definitorios de la propiedad en el derecho común, su clasificación contratación con otros tipos de propiedad. El capítulo segundo desarrolla los límites y limitaciones al derecho de propiedad, señalando las diferencias entre ambos conceptos, para lo cual acude a nociones tales como el contenido propio del derecho real de propiedad, la buena fe, la teoría de los propios actos, el abuso del derecho, los limites horizontales y verticales, institucionales o estructurales, el deber general de abstención, la extinción de dominio y la confiscación, las limitaciones a la propiedad privada en interés público o general, la diferencia entre limitación a la propiedad en interés privado y en interés público, las servidumbres administrativas, la expropiación por utilidad pública, las diferencias entre expropiación, confiscación, decomiso, requisa o requisición, servidumbre y ocupación temporánea, lo mismo que la limitación del derecho real de propiedad por el derecho ajeno en eventos tales como la propiedad fiduciaria, el usufructo, el uso, la habitación y las servidumbres del derecho privado. Finalmente, el capítulo tercero examina la defensa del derecho real de propiedad para lo cual distingue entre medios directos indirectos, tales como las acciones reivindicatoria, negatoria, posesorias especiales de denuncia de obra nueva y de obra ruinosa, entre otras.
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El presente estudio denominado, el derecho de propiedad del estado, consta de seis capítulos, estructurados sobre los cuatro elementos de la titularidad estatal: subjetivo, finalístico, normativo y objetivo del dominio público. El Primer capítulo, relativo al elemento Subjetivo o del titular de la propiedad estatal, aborda la significación del concepto, el surgimiento de las nociones de Estado y de su contenido patrimonial y extra patrimonial. Igualmente, relaciona las tesis sobre dicha titularidad y su similitud o diferencia con la propiedad de los particulares. El Segundo capítulo, denominado elemento, finalístico, examina el uso de los bienes y efectúa una clasificación en uso común, general, anónimo o no reglado, especial, individualizado, segmentado o reglado, precisando su significación y sus implicaciones en relación con el uso colectivo. Estudia el deber de intervención administrativa en el condicionamiento del uso de dichos bienes. Finalmente, emprende el desarrollo de las clases de uso especial y las implicaciones y requisitos de la llamada afectación de bienes, entre otros aspectos.
Resumo:
Español
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