996 resultados para INDÍGENAS DE COLOMBIA - DERECHOS POLÍTICOS Y CIVILES
Resumo:
En el presente documento se presenta un anlisis de la sentencia No. 009-13-SEPCC adoptada por la Corte Constitucional del Ecuador. El documento aborda criterios respecto de las formalidades establecidas para el acceso a los recursos, particularmente del recurso de casacin, el derecho a la motivacin de la sentencia, el tratamiento que se debe dar a un contrato de trabajo en su relacin con los derechos laborales y la eficacia de los derechos fundamentales entre particulares, y, finalmente, el esbozo de algunas ideas sobre la cultura de un juez constitucional para la supremaca de los derechos.
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El presente trabajo de investigacin tiene por objetivo establecer si existe en Bolivia una estructura poltico legal- constitucional que vincule la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos como ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en relacin a las desapariciones forzadas como elemento garantista y de proteccin a los derechos humanos. En este sentido se determinar si a partir de los lineamientos jurisprudenciales de casos emblemticos bolivianos, la Constitucin Poltica del Estado, la normativa boliviana y las instancias estatales de Bolivia, aseguran la eficacia y cumplimiento de la proteccin de los derechos humanos consagrados en dichos lineamientos con relacin a desapariciones forzadas. As, se establecer un anlisis crtico con relacin a establecer si en Bolivia existe una estructura constitucional de polticas pblicas y normativa que garantice un programa de reparaciones que cumpla los dictmenes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de los varios Instrumentos Internacionales suscritos por el Estado Plurinacional de Bolivia. En ese orden de ideas se realizar un diagnstico de la situacin de las desapariciones forzadas, determinando cuales son los principales mecanismos del estado boliviano para esclarecer, reparar y restablecer los derechos de las vctimas.
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Desarrollar un balance crtico del impacto del Convenio 169 de la OIT y sus repercusiones en el mbito del pluralismo jurdico y la justicia comunitaria en Amrica Latina constituye un desafo complejo. Durante buena parte del siglo XX, muchos pases ni siquiera reconocan que a lo interno de sus territorios existan pueblos indgenas u originarios. La huella y la herida colonial simplemente estaban vigentes. La poca en que se aprueba el Convenio 169 de la OIT coincide con el auge neoliberal y el multiculturalismo en la regin, pero tambin con la emergencia a la escena poltica de un vigoroso movimiento indgena. Ha cambiado la situacin de los pueblos indgenas desde entonces hasta ahora? Se han reconocido su condicin de pueblos y culturas diferenciadas, y junto con ello, de sus instituciones, autoridades y prcticas de administracin de justicia? Ha sido suficiente impulsar cambios en el campo jurdico para afectar una matriz colonial de poder que excluye, invisibiliza y controla al mismo tiempo? Sin duda respuestas a fondo a estas y otras interrogantes rebasan por completo los alcances del presente texto. Apenas se pretende desarrollar un primer esbozo de la situacin, a manera de un balance urgente. Hay algunos trabajos y estudios (algunos de ellos citados) que muestran de manera ms especfica el camino recorrido. La interrogante central que anima estas lneas gira en torno a, cules son los principales avances y dificultades existentes en torno a la justicia comunitaria y el pluralismo jurdico a raz de la ratificacin y vigencia del Convenio 1609 de la OIT en algunos pases de Amrica Latina? Para responder a esta pregunta, el texto presenta una panormica y retrospectiva, y est organizado en cinco tems centrales: a) situacin de los pueblos indgenas antes de la aprobacin del Convenio 169 de 1989; b) los (principales) efectos y repercusiones generadas por la aprobacin del Convenio 169 en el mbito de la justicia comunitaria; c) las reformas constitucionales y legales, especialmente en relacin al pluralismo jurdico y la justicia comunitaria; d) un repaso de algunas de la agenda de polticas pblicas en torno a tema; y finalmente e) la situacin de las mujeres indgenas y la justicia comunitaria.
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El ltimo tramo de la historia ecuatoriana evidencia la confrontacin abierta entre dos mundos, vinculando dialcticamente al oprimido y al opresor: los pueblos y nacionalidades indgenas y los afrodescendientes frente a una sociedad mestiza dominante. No se trata solo de un problema de exclusin y asimetras, sino tambin del desconocimiento sobre cmo superar la triple agresin de la que son vctimas los primeros: el despojo, la discriminacin y el desprecio. La cultura dominante ha propugnado por la integracin de los pueblos indgenas, para que estos asuman los cdigos de conducta, de consumo y de inteleccin del mundo propios de la sociedad occidental. Aunque muchos indgenas van acogiendo tales patrones por una dinmica de sobrevivencia, en general se resisten a la asimilacin cultural y a la prdida de sus respectivas identidades. Ello se puso de presente con el levantamiento de junio de 1990, que marc el inicio de un proceso orientado a la liberacin de los pueblos indgenas. En el campo de las percepciones sociales, ese acontecimiento representa el inicio del trnsito de una visin racializada de lo indgena, al reconocimiento de la existencia de culturas diferentes. En efecto, la lucha del movimiento indgena en las ltimas dcadas se desarrolla en el marco de la recuperacin o reafirmacin de sus identidades y para ello, construy formas complejas de organizacin y de interpelacin al proyecto de configuracin del Estado-nacin. Estas formas de interpelacin le dan sentido y constituyen el eje en torno al cual gira toda la trama de relaciones entre el Estado y las nacionalidades indgenas del Ecuador, frecuentemente tensas y conflictivas (Guerrero, 2000; Bretn, 2001; Carroll, 2002; Beck y Mijeski, 2001).
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En este libro se analizan los primeros aos del VIH/sida en Cartagena de Indias (Colombia) y la manera en que la prensa enfoc la epidemia, constituyndose en una nueva forma de control sobre el cuerpo y la sexualidad, en especial sobre la homosexualidad masculina. El texto revisa las diversas representaciones sociales que sobre el VIH/ sido realiza la prensa de la poca y los imaginarios que comienzan a circular sobre los hombres homosexuales. Imaginarios ligados a la promiscuidad, pecado y corporalidad de estas personas que deban ubicarse en los mrgenes del gnero y de la sociedad. Se intenta, adems, entender el impacto de dichas representaciones en la construccin de subjetividades de los hombres homosexuales de aquella poca. Para lograr tales objetivos, se realiz una revisin minuciosa de la prensa local y nacional de los aos 1981 a 1989, y entrevistas a profundidad a tres personajes claves para la reconstruccin de dicho perodo. Este libro es un dilogo inicial que tiende puentes entre las realidades actuales de una epidemia que sigue cobrando vidas y un pasado que abre interrogantes sobre cmo fue manejada la pandemia y el modo en que esta termin significando un nuevo espacio de exclusin y discriminacin para los hombres homosexuales.
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El Programa Andino de Derechos Humanos (PADH) de la Universidad Andina Simn Bolvar, Sede Ecuador, inici en 2009 la publicacin anual de un informe sobre derechos humanos como una contribucin a la reflexin y observancia de su cumplimiento. Tom como referencia el nuevo marco constitucional, adoptado a finales de 2008, el cual plantea nuevos desafos al Estado ecuatoriano y al conjunto del pas en el fortalecimiento del catlogo de derechos y de garantas y sus principios, entre ellos integralidad, interdependencia, pro homine, aplicacin directa y progresividad. Cada nueva entrega del Informe fue sujeta a una evaluacin y fue incorporando ajustes y modificaciones. El correspondiente al ao 2011, publicado el ao pasado, tuvo gran impacto nacional e internacional. En muchos sectores fue muy bien recibido, pero provoc el rechazo del Gobierno. La Universidad y el PADH explicaron ante la opinin pblica el contenido y alcances de la publicacin, pero se gener un conflicto pblico. Ante ello, el presidente del Consejo Superior, de acuerdo con el rector de la sede ecuatoriana, en ejercicio de la autonoma universitaria, consult a los miembros de ese organismo sobre la posibilidad de que se designara una comisin internacional para que estudiara el Informe y presentara sus observaciones y sugerencias. La respuesta de los miembros del Consejo Superior fue afirmativa y la comisin internacional fue designada. As se lo comunic a la comunidad universitaria y a las autoridades de la Repblica del Ecuador. La comisin, integrada por el Dr. Enrique Bernales Ballesteros (Per) y la parlamentaria andina Gloria Florez Schneider (Colombia), trabaj por varios meses y visit Quito, entre enero y febrero de este ao. La comisin internacional delimit su labor a examinar la metodologa del informe y a establecer recomendaciones para su fortalecimiento. Present su informe en abril y su versin final estuvo lista para publicacin en junio. El contenido completo del documento ha sido publicado, por disposicin del Presidente del Consejo Superior, en la pgina web de la Universidad: http://www.uasb.edu.ec/ padh_contenido.php?cd=1158&pagpath=1&swpath=infb&cd_centro=5&ug=ac. Desde mediados de 2012, el PADH continu con las actividades necesarias para realizar el Informe correspondiente a 2012, pero a inicios de 2013 se resolvi esperar el informe de la comisin internacional para concluirlo y publicarlo. Una vez que lo conoci, el equipo de PADH procur recoger las observaciones y recomendaciones. Es as como se han realizado algunos ajustes. El principal fue una divisin entre el Informe propiamente dicho, que prepara el PADH en forma institucional, y las contribuciones, bajo la modalidad de artculos, de la sociedad civil, docentes y entidades del Estado. Por ello, desde este ao, aparecern dos publicaciones. Por un lado el Informe sobre Derechos Humanos, un balance preparado por el equipo responsable. Por otro lado, una publicacin colectiva titulada Horizontes de los derechos humanos que analiza varios casos y temticas relevantes de 2012, con la contribucin de varios representantes de organizaciones de la sociedad civil y docentes. Tambin se incorporan los dos artculos presentados por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y por el Ministerio Coordinador de la Poltica Interna y Externa.
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Las tres ediciones anteriores del Informe de derechos humanos del Programa Andino de Derechos Humanos (PADH) incluyeron artculos especficos sobre movilidad humana, los cuales profundizan en los derechos de las personas inmigrantes y refugiadas. Estos tres artculos previos, identifican limitaciones recurrentes en el ejercicio de los derechos de las personas inmigrantes y refugiadas que viven en Ecuador, las mismas que pueden sintetizarse en tres nudos crticos persistentes a los que se da seguimiento en 2012: a) Inadecuacin de la normativa y la institucionalidad sobre movilidad humana a los principios y derechos constitucionales y de instrumentos internacionales; b) Prcticas de control migratorio que contradicen la prohibicin de criminalizacin de la migracin; y c) Discriminacin en el ejercicio de derechos econmicos y sociales y limitaciones en la integracin de la poblacin inmigrante y refugiada.
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El presente trabajo explora el desarrollo y los desafos que tienen las intervenciones psicolgicas o psicosociales en casos de violaciones severas de derechos humanos y en el marco de procesos de justicia nacional, internacional y transicional, as como la necesidad de implementarlas para precautelar el bienestar integral de las vctimas y sobrevivientes y proteger sus derechos en dichos procesos. Se analizan algunos paradigmas que existen en cuanto a las intervenciones de trauma en contextos polticos y se proponen algunas vertientes tericas que alimentan el trabajo de investigacin y atencin de este tipo de situaciones traumticas. Por ltimo, se revisan brevemente algunas experiencias en las que las intervenciones psicosociales han tenido un papel importante como la Corte Penal Internacional (CPI), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y la Comisin de la Verdad de Ecuador (CVE).
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El trabajo en Derechos Humanos generalmente est asociado a situaciones de alta complejidad, con una transmisin permanente de historias de vida con un agudo impacto emocional. Este contexto promueve acciones de equipos psico-socio-jurdicos y ponen a prueba su capacidad de recuperacin. Estos equipos de trabajo se insertan en instituciones que presentan limitaciones para proteger su salud mental y se acompaa de un sistema administrativo-judicial que, en ocasiones, dificulta una resolucin eficiente de las situaciones de vulneracin. Esto va generando diversos efectos psicosociales en profesionales y equipos, los que, generalmente, no son afrontados. La Psicologa ha prestado atencin a los procesos de cuidado y recuperacin en el contexto laboral, en las conceptualizaciones sobre el estrs laboral, y primordialmente, en los efectos de desgaste y agotamiento (burnout) que ocurren en los equipos de trabajo. El presente trabajo se centra en describir los factores que inciden en el desgaste y/o agotamiento en equipos que trabajan temas de derechos humanos y se discuten propuestas sobre mecanismos de recuperacin.
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Constituye una investigacin que comprende en primer lugar un recuento histrico de lo que ha sido esta institucin desde su creacin hace ms de doscientos aos en Suecia y su posterior expansin en casi toda Europa, hasta llegar a Espaa. Es desde este pas, Espaa, donde comenz a trasladarse la idea de instituir la Defensora del Pueblo en algunos pases latinoamericanos, pero de forma diferente a como haba sido concebida en sus inicios: el Defensor del Pueblo es entendido como un garante de los Derechos Humanos, es ms, hasta se convierte en s mismo en una garanta constitucional reconocida en muchas legislaciones y constituciones. Por medio de un estudio comparativo de las experiencias de la Defensoras del Pueblo en pases como Argentina, Bolivia, Venezuela, Per y Colombia, se aborda el tema central de esta investigacin que es precisamente evaluar y comparar el funcionamiento de esta institucin en nuestro pas luego de ms de diecisiete aos de reconocimiento constitucional. Finalmente, se realizar, a modo de conclusin, una evaluacin de la misin de la Defensora del Pueblo del Ecuador, como garante de los derechos humanos y como garanta constitucional. Igualmente, se incluirn los desafos que tiene la Defensora del Pueblo dentro de un Estado Constitucional de Derechos y Justicia.
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Recoge un estudio de carcter exploratorio y comparativo sobre los condicionantes de gnero que intervienen en la experiencia migratoria de mujeres colombianas, peruanas y chinas que viajan y permanecen en Ecuador. Surge del incremento de la presencia de mujeres inmigrantes registrado en la ltima dcada en Ecuador; de las limitaciones existentes en la normativa y polticas pblicas migratorias para incorporar el enfoque de gnero y de derechos humanos, y de los escasos estudios sobre este tema en el pas. Se brinda una aproximacin a la forma en que las teoras de las migraciones, feminista y de derechos humanos analizan la migracin femenina; presenta el marco normativo y de poltica migratoria vigente en Ecuador sobre mujeres no nacionales; analiza la magnitud y principales caractersticas de su presencia, y, a partir de la palabra de las mujeres inmigrantes, ubica los principales condicionantes de gnero que se activan durante la experiencia migratoria y sus repercusiones en la vigencia de los derechos humanos. Con base en los hallazgos encontrados, se formula algunas recomendaciones para la definicin de una poltica pblica sobre movilidad humana que articule el enfoque de gnero y el de derechos humanos.
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En Bolivia, la promulgacin de la Constitucin del ao 2009 marca un hito importante respecto a la modificacin de la estructura estatal del pas a partir de la convocatoria de la Asamblea Constituyente. Parte del trabajo de esta Magna Asamblea, fue la reestructuracin del sistema de garantas constitucionales y la consolidacin del sistema de control de constitucionalidad concentrado (instaurado por primera vez en la Constitucin de 1994), preponderando por el cumplimiento efectivo de los derechos individuales y colectivos, a fin de garantizar la primaca y supremaca constitucional. La modificacin de los recursos constitucionales por las acciones de defensa, permiti el replanteamiento de la accin de inconstitucionalidad como un sistema inclusivo de participacin ciudadana dentro del control de constitucionalidad de las normas a partir del control abstracto de constitucionalidad. Sin embargo, el procedimiento constitucional restringe esta participacin ciudadana, limitando la legitimacin activa dentro del control de constitucionalidad concreto y la existencia de un caso en particular. Por lo que, a partir del anlisis terico y el desarrollo conceptual, buscar determinar: el alcance y la finalidad de la accin de inconstitucionalidad, a fin de establecer la importancia de la participacin de la ciudadana dentro del control de constitucionalidad de las normas, como una facultad constituyente derivada de la titularidad de la soberana. Y a partir del estudio comparativo de la realidad jurdica de los pases de la Comunidad Andina (Colombia, Ecuador y Per), como referentes de participacin ciudadana dentro de sus estructuras de control, sustentar cules son los principios normativos que facultan a las personas el poder recurrir de forma directa al rgano encargado de control de constitucionalidad y cul la importancia de esta participacin ciudadana.
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La Constitucin de Montecristi de 2008 signific una ruptura con los paradigmas constitucionales y econmicos clsicos predominantes en el mundo al crear y disear nuevos paradigmas de entender el sistema econmico, basados en valores ticos y sociales, el papel del Estado, la centralidad de los derechos constitucionales en el accionar pblico y, sobre todo, la interconexin e interdependencia entre derechos constitucionales, Estado y sistema econmico orientados a lograr el buen vivir. Sin lugar a dudas, los aspectos ms significativos en los campos jurdico-institucional y econmico de la Constitucin de Montecristi son el haber establecido el Sistema Econmico Social y Solidario (Art.283) y el Estado de derechos y justicia (Art.1), los cuales constituyen una estructura interdependiente orientada a la consecucin de los derechos constitucionales y el buen vivir no solo de los ciudadanos, sino tambin de la naturaleza. El Estado constitucional de derechos y justicia y el sistema econmico social y solidario, constituyen nuevos paradigmas basados en el principio de centralidad de derechos y la solidaridad democrtica, donde las necesidades y deseos legtimos aseguran el bienestar y la existencia de todas las personas y la naturaleza; en el cual existen diversos actores econmicos (pblicos, privados, mixtos, populares y solidarios) que interactan bajo principios de solidaridad, justicia y responsabilidad en el mercado, que es el punto de encuentro de los mismos, ms no su ente regulador. Este nuevo modelo econmico requiere de un renovado paradigma de Estado, es as que el Estado constitucional de derechos y justicia, el cual tiene como elementos de interdependencia al buen vivir como la filosofa comn que sustenta y justifica al nuevo modelo de Estado y economa, un sistema normativo que responde a la centralidad de derechos y una institucionalidad orientada a aplicar el buen vivir.
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El profundizar desde el Ecuador en el poco explorado campo de la justicia transicional y el derecho penal internacional es una labor necesaria, actual y relevante, partiendo de la problemtica a la cual se enfrentan una gran cantidad de pases del globo al intentar brindar verdad, justicia y reparacin a las numerosas vctimas de violaciones de derechos humanos sufridas durante dictaduras y regmenes autoritarios. En este contexto, la expedicin en Ecuador de una Constitucin garantista en 2008, la labor de la Comisin de la Verdad Ecuador con su Informe Final presentado en 2010, y la reciente actividad judicial emprendida por la Fiscala General del Estado marcan un hito en el mbito nacional en cuanto al respeto y garanta de los derechos humanos. Pese a lo anterior, estos avances son apenas los primeros pasos de un largo y arduo camino. Este libro pretende contribuir de forma crtica, con elementos tericos y prcticos, al debate doctrinario sobre las comisiones de la verdad, la judicializacin de las graves violaciones de derechos humanos y los crmenes de lesa humanidad, con especial referencia a la experiencia ecuatoriana, sin dejar de lado los valiosos aportes de otros pases.
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El presente trabajo discute la Educacin para la Ciudadana en la Educacin Superior, destacando los desafos y las potencialidades de la Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN); que organiza su accin poltica y pedaggica conforme a las exigencias de la actual poltica educacional para este nivel de educacin. Analiza la relacin de sta con la Educacin Bsica a partir del estudio del Proyecto Pedaggico del Curso de Ciencias Sociales discutiendo la educacin para la ciudadana y la formacin ciudadana de los futuros profesores de la educacin bsica en consonancia con la LDB 9.394/96, con las Directrices Curriculares Nacionales para los cursos de Docencia y adems para programas y polticas de orientacin para la educacin superior que resultaron de la conquistas de los movimientos sociales y que son propuestos por medio de las siguientes secretaras: Secretaria de Educao Continuada, Alfabetizao e Diversidade (SECAD) y Secretaria de Educao Superior (SESu). La reflexin incluye el estudio de tales temticas en el eje de temas emergentes que organizan el debate educacional, sobretodo en Amrica Latina, y los desafos de las universidades que actan en el contexto de la periferia en la desconstruccin del dominio simblico del colonialismo cultural y la construccin de la globalizacin alternativa y contra hegemnica a la globalizacin neoliberal. El estudio evidencia que la idea de ciudadana en la sociabilizacin contempornea presenta una ambigedad poltica consecuente de los procesos de globalizacin creciente siendo necesario que la perspectiva de la educacin para la ciudadana adoptada en la formacin de los profesionales de a educacin sea re politizada a partir de la nocin de ciudadana colectiva y multicultural apoyada en los principios de democracia y justicia social, construida en las interfaces de la educacin escolar y prcticas educativas en lo entorno social, y en los espacios polticos de organizacin y movilizacin colectiva en torno de las conquistas por los derechos civiles, sociales, polticos y culturales, y la inclusin de temas y valores emergentes en la educacin que interligados e interdependientes, garanticen su efectividad
