El 'metagrafo' entre los mentefactos y los mapas mentales: una estrategia para el aprendizaje de la toma de decisiones profesionales en fisioterapia

El presente texto corresponde a un producto teórico-práctico de la cátedra de Patokinesiología, una asignatura de formación básica del plan de estudios del programa de Fisioterapia de la Universidad del Rosario que cumple la función de ser el cimiento de la toma de decisiones disciplinares, aspecto relevante en la formación profesional. Dicho proceso requiere del aprendizaje y puesta en marcha de procedimientos cognitivos formales y categoriales constituidos a lo largo de la formación académica, y da cuenta del talento para retar problemas, asumir posiciones y elaborar acciones de participación e interacción en los campos susceptibles de intervención de la profesión. Adicionalmente, la asignatura se articula con las cadenas cognitivas construidas por los campos de formación y por tanto en la medida en que el estudiante transita por cada cadena logra aprehender las situaciones que debe enfrentar durante su formación.

El Pacífico Colombiano : problemática regional e intervención del Gobierno Nacional en los últimos veinte años. 1987-2007

El Pacífico al que nos referimos en este documento corresponde a una región colombiana que ocupa la tercera parte de la totalidad de las costas del país y el 6% del territorio nacional. Se extiende desde la Cordillera Occidental hasta el mar, en una extensión de cerca de 71 000 kilómetros cuadrados, que comprende parte de los departamentos de Cauca, Nariño y Chocó, un municipio del Valle del Cauca y una franja de superficie marina de 400 000 kilómetros cuadrados. En razón a su historia y su geografía, esta región ha permanecido desarticulada del modelo de desarrollo prevaleciente en el resto del país. Este factor, aunado al entorno ecológico y poblacional, le da al territorio características especiales que sugieren pensar en alternativas distintas al desarrollismo para su intervención. Es una región desintegrada y deprimida, con bajos niveles de cobertura en los servicios básicos y con indicadores de pobreza por encima del promedio nacional. En contraste, cuenta con un gran potencial ambiental y cultural y con una localización estratégica para el futuro desarrollo nacional, en el contexto internacional hacia la Cuenca Pacífica del mundo. En las últimas dos décadas esta región ha estado sometida a un intenso proceso de colonización, que irrumpe conflictivamente en la zona y que empieza a arrasar no solamente con sus recursos naturales en general, sino con el legado cultural. Este fenómeno va acompañado de una creciente violencia político-social, provocada por la presencia de grupos de guerrilla y paramilitares, quienes, en los últimos años, han generado frecuentes violaciones a los derechos humanos y desplazamientos masivos de población. A lo anterior se suma la fuerte presión que ejercen empresarios palmeros sobre las tierras, las cuales fueron tituladas colectivamente a las comunidades negras, en cumplimiento de la Ley 70. Dichas tierras, al ser sustraídas de la esfera comercial, quedaron excluidas de la libre compra y venta, razón por la cual varios empresarios han intervenido en la región, a través de mecanismos de presión, acompañados de medios violentos de expropiación del territorio, desplazamiento forzado y apropiación indebida de vastas zonas. Por su parte, la clase dirigente del Pacífico ha carecido de una visión global de la región, sus problemas y potencialidades. Su gestión ha estado marcada por los patrones tradicionales, apegados al clientelismo, con alcaldes elegidos popularmente, pero ausentes y desentendidos de sus municipios, al igual que los demás representantes políticos. Las comunidades, si bien con un gran legado de acción cooperativa y colectiva, no han logrado articular formas de organización efectivas, que les permita el despliegue de acciones que sirvan de puente para articular los intereses de los individuos y de las comunidades, con el Estado y el resto de la sociedad civil. De esta forma, los escasos recursos de inversión que se canalizan hacia la zona, además de insuficientes frente a las necesidades históricas acumuladas, terminan concentrándose en una élite local y regional, insensible frente a la pobreza y la marginalidad, que le da prioridad a los intereses particulares o de orden político externo a la región. La incredulidad, apatía y deslegitimación de la acción estatal es común en el Pacífico colombiano. Romper este círculo vicioso requiere de trabajo continuo con nuevas instituciones, que respondan efectivamente, y no coyunturalmente, al reto que se les plantea. En cuanto a su potencial, la región cuenta con un envidiable contexto étnico cultural, basado en la prevalencia de las comunidades negras e indígenas que, por tradición, historia y cultura, han logrado desarrollar formas de cooperación basadas en el concepto de familia extensa y en la relación cultura-territorio, aspectos importantes para una gestión conducente a nuevos esquemas de desarrollo, que combinen lo endógeno con el desarrollo humano sostenible. Los anteriores aspectos se constituyen en los referentes clave de la caracterización de la región, los cuales se retomarán al final del presente documento con el fin de analizar los posibles cambios producidos por la aplicación de las políticas gubernamentales. Con este propósito, a continuación se analizan los Planes de Desarrollo Nacionales planteados en los períodos de gobierno que van desde la presidencia de Virgilio Barco Vargas, hasta el segundo mandato del presidente Álvaro Uribe Vélez.

Aproximación a un marco conceptual y teórico sobre la interculturalidad de los negocios internacionales

En este mundo globalizado los encuentros interculturales son, hoy más que nunca, una realidad para todas aquellas personas que por negocios, migración, viajes de turismo, intercambios estudiantiles, entre otros, han tenido un acercamiento con alguien de una cultura diferente. Así, el mundo empresarial no se ha quedado por fuera de ésta dinámica y debido a sus necesidades comerciales ha tenido que interactuar con otras culturas como parte de su estrategia de internacionalización. Todo proceso de internacionalización empresarial busca en general: 1. Obtener economías de escala, 2. Adquirir recursos para implementar alta tecnología, 3. Diversificar los riesgos de operar en un solo mercado y 4) Ser competitivos. Estos objetivos se desarrollan a través de estrategias de penetración de mercados como las exportaciones (por medio de subsidiarias de exportación, filiales de venta, agentes exportadores), importaciones, alianzas estratégicas, fusiones, joint ventures y más recientemente, la cooperación a empresas extranjeras.1 Pese a las estrategias de entrada y de operación que las empresas diseñan en pro de su proceso de internacionalización, hay un aspecto que se escatima y que en algunas oportunidades se convierte en el obstáculo central del resultado poco exitoso de una negociación internacional. El factor cultural es el aspecto marginal de las negociaciones que sólo cobra importancia en el momento en que en medio de la negociación surgen dificultades basadas, no siempre, en las diferencias sobre los aspectos técnicos del acuerdo, sino en los malentendidos que se dan por el natural choque cultural. Las relaciones interculturales en las negociaciones internacionales son ineludibles, sin embargo, los intereses de tipo económico, tienden a dejar de lado esta materia que ha demostrado ser uno de los instrumentos de éxito utilizado por los países asiáticos en todo su proceso de internacionalización empresarial. Aunque la motivación inicial para entrar en contacto con algún empresario extranjero sea el deseo de darle proyección al negocio, de imprimirle nuevas herramientas de producción, de ampliar el mercado, de conseguir más clientes, de diversificar el riesgo, de hacerle frente a la competencia extranjera que llega a apoderarse de mercados locales, se debe, ante todo, situar el factor intercultural como uno de los puntos transversales de la agenda a negociar. La interculturalidad también se negocia y si el proceso resulta exitoso todos los aspectos disímiles en cuestiones técnicas se conciliaran de manera mucho más ágil y eficiente que si, por el contrario, no se hubiera llegado a un previo entendimiento cultural entre las partes. De esta manera, esta investigación pretende determinar los elementos necesarios para el éxito de las negociaciones interculturales de las empresas colombianas. Para esto se identificarán los factores socio-culturales que han dificultado las incursiones de éstas en mercados extranjeros, para así proponer opciones que mejoren el proceso. A la vez, se determinará si éstas características siguen inamovibles en los empresarios, respecto a estudios anteriores, o si por el contrario, su estilo negociador ha sufrido algún tipo de evolución gracias a las exigencias de la dinámica económica Finalmente, este trabajo pretende dar apoyo al proceso docente y de consultoría ofreciendo al empresario colombiano elementos prácticos sobre la interculturalidad que le ayuden al conocimiento de su organización, tales como: guías prácticas sobre como ir del manual intercultural a la competencia intercultural, así como una metodología para negociar con determinados socios comerciales, que ayude a responder competitivamente en los mercados libres e interdependientes de hoy.

Estructura, funcionamiento y actuaciones del GAP: nueve años de avance en educación legal clínica

Debido a las transformaciones sociales y económicas del mundo por causa de la tecnología, el desarrollo acelerado de los países capitalistas, la guerra constante, el aumento de la pobreza, el deterioro ambiental, entre otros factores que han ocasionado un impacto negativo en la mayoría de los países del mundo, la noción de derecho colectivo ha cobrado gran importancia por su trascendencia en la vida social. Como respuesta a esta nueva problemática que viene surgiendo en torno a lo vulneración y afectación de los derechos colectivos, se consagra en la Constitución Política de 1991 la Acción Popular, como el mecanismo idóneo para la protección y amparo de estos derechos. En ese orden de ideas surgen las Clínicas de Interés Público, con el fi n de promover el uso de estas acciones, fortalecer la investigación en el manejo de estos casos y ayudar a la población menos favorecida y más afectada en la vulneración de sus derechos colectivos, tal es el caso del Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario (GAP). El presente borrador de investigación pretende exponer de manera sencilla la estructura, integración, reglamento, funcionamiento del Grupo de Acciones Públicas, así como los criterios utilizados para determinar la viabilidad o inviabilidad de un caso al interior del grupo –estas son las etapas que los estudiantes deben agotar previa la adopción de una estrategia jurídica para la defensa del derecho colectivo–. De la misma manera, se exponen las estadísticas del número de acciones constitucionales interpuestas (acción de Tutela, de Grupo, de Inconstitucionalidad, Popular y de Cumplimiento) con el correspondiente resultado, y un análisis de las sentencias favorables obtenidas por el GAP en la interposición de acciones populares, teniendo como instrumento de análisis el método francés y, por último, un breve glosario que contiene las palabras más empleadas al interior del grupo en desarrollo de sus funciones. El Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario, como Clínica de Interés Público, gracias a la trayectoria y esfuerzo constante de su coordinador, supervisores y estudiantes, se ha venido fortaleciendo con óptimos y valiosos resultados no sólo en la interposición de acciones, que como se verá a continuación han sido positivas y hasta la fecha se ha logrado la protección efi ciente y efi caz de muchos derechos colectivos vulnerados a varias comunidades, sino también, en relación con su estructura y funcionamiento, que gracias a la investigación, el contacto e interrelación con clínicas de interés público de otros países de mayor trayectoria como Argentina1, Chile2 y Estados Unidos, se ha venido enriqueciendo al punto que –como se ve a lo largo de este escrito– existe ya toda una metodología investigativa para la recepción, análisis y determinación de viabilidad de los casos que serán adelantados por el GAP, con el fi n de obtener así los resultados anhelados. Los casos son elegidos teniendo en cuenta el impacto social, el interés que se busca proteger, y sólo en la medida en que de la defensa del mismo, (haciendo uso del aparato jurisdiccional y de las herramientas que la Constitución Política y el ordenamiento jurídico tienen a nuestra disposición) pueda derivar consecuencias con incidencia en la modifi cación de las circunstancias que alteraron, vulneraron o amenazan con vulnerar el derecho colectivo, y con ello la estabilidad de la comunidad, el caso es asumido por el grupo. Por ello, los casos son asumidos con una perspectiva estratégica que permite enfocar el estudio y la investigación de los casos en torno a dos puntos importantes: la del cliente y la del interés público. El trabajo de la Clínica en la defensa del interés público y de los derechos colectivos, se ha estructurado bajo cinco líneas de trabajo: i) defensa de casos de interés público, ii) desarrollo de investigaciones y trabajos de campo, iii) control y supervisión permanente del caso por parte de los estudiantes integrantes del grupo, iv) participación en encuentros nacionales e internacionales, v) difusión de las actividades de la Clínica. Los casos asumidos por el GAP son utilizados para el trabajo académico con los alumnos de 9° y 10° semestre de Derecho en la Clínica Jurídica; así, además del carácter altruista y el sentido social que se imparte al interior del grupo, se logra que a partir de la defensa de casos concretos y la perspectiva del interés público, los estudiantes apliquen los conocimientos aprendidos durante la carrera mediante la formulación de estrategias jurídicas, investigación, el desarrollo de una argumentación jurídica orientada a emplear y reformular las nociones y categorías de derecho (en muchos casos inservibles por sí solas), y desarrollar una nueva manera de articular el derecho y el uso de la jurisprudencia –como interpretación de las normas que constituyen nuestro ordenamiento jurídico–, para logar así la realización de los principios constitucionales que caracterizan a nuestro Estado como Estado Social de Derecho.

El régimen de los grupos en el derecho societario argentino

.

Documento marco de la línea de investigación en derecho penal económico

Hace 37 años, aproximadamente desde el 13 de mayo de 1970, fecha en la que el profesor Claus Roxin leyó su ponencia titulada “Política criminal y sistema de derecho penal”, la ciencia del derecho penal ha experimentado un profundo cambio en su método y en su objeto. El antiguo paradigma de que el derecho penal debía ser la barrera infranqueable del derecho penal, vigente desde los tiempos en que Franz von Liszt pronunció su conocido “Programa de Marburgo”, fue sustituido por una nueva perspectiva en la que la dogmática jurídico-penal sólo adquiere su verdadera dimensión de sentido, cuando se la elabora en función de la realización de los fines político-criminales que a la ley penal le atribuye la Constitución. La doctrina penal actualmente dominante, en consecuencia, ha abandonado por completo el método lógico-deductivo de los tiempos del positivismo, y el método teleológico-valorativo impuesto por el neokantismo, para adoptar como método para la elaboración y determinación del derecho penal uno con orientación teleológica hacia la realización de la política criminal del Estado. Hoy la doctrina general, casi de forma unánime, toma como punto de partida la idea de que la Constitución Política reconoce positivamente un conjunto de valores éticosociales,cuya preservación explica desde sus fundamentos el ius puniendi. Si se toma realmente en serio el carácter de Estado social y democrático de derecho, esa potestad con la que cuenta el Estado para crear delitos y para imponer penas, sólo puede fundamentarse como contrapartida del deber que le asiste de actualizar esos valores positivamente reconocidos en la Constitución. La Carta Política, depositaria de ese acuerdo sobre lo fundamental al que supo llegar el constituyente primario, determina con exactitud cuáles son esos valores sobre los que ha de erigirse el Estado; valores que luego se encarnan en las libertades civiles y en los bienes jurídicos fundamentales, y que habrán de servir como límite y fundamento del derecho penal. Si por política criminal entendemos el conjunto de principios que orientan, enmarcan, limitan y fundamentan el uso del ius puniendi que, legítimamente, puede hacer el Estado en orden a prevenir la realización de conductas que afecten las libertades y los bienes jurídicos básicos, entonces no queda duda de que ella se encuentra ya delineada en sus trazos más fundamentales en la Constitución Política, y que la ley penal no es más que la concreción de la política criminal del Estado en su más pura expresión. Muchos son los valores dignos de protección, y por ellos son muchos también los bienes que tradicionalmente han gozado de alguna forma de tutela jurídico-penal: la vida, la libertad individual, la libertad y el pudor sexual, la honra y el buen nombre, el patrimonio o la administración pública, son sólo algunos ejemplos de ellos. No obstante,junto a esos bienes jurídicos tradicionales, que desde mediados del siglo XVIII integran lo que actualmente se suele conocer como el derecho penal clásico o nuclear, han empezado a surgir otros que reclaman también protección penal. Se trata, en general, de bienes jurídicos que se aglutinan en lo que hoy se conoce como el derecho penal moderno o accesorio, y cuya protección se garantizaba anteriormente apelando a la legislación mercantil o administrativa. Y me refiero, en particular, a bienes jurídicos que, como la propiedad industrial, los derechos patrimoniales de autor, el medio ambiente o los recursos naturales, han pasado recientemente a disfrutar de un indiscutible estatus de protección penal del que antes no gozaban. Uno de esos bienes jurídicos que han pasado recientemente a disfrutar de la tutela jurídico-penal, es el orden económico y social, y es en el estudio de las conductas por medio de las cuales se le lesiona o pone en riesgo, donde se centra nuestra principal preocupación académica.

¿Tiene efectos negativos el TLC sobre los precios de los medicamentos y la salud de los colombianos?

Un análisis a propósito de dos estudios sobre el impacto del TLC en los precios de los medicamentos en Colombia.

La institucionalización de la violencia en Colombia

En el presente ensayo se examinan algunos antecedentes históricos –los factores institucionales en particular– que contribuyeron al surgimiento del conflicto armado en Colombia. En este sentido, se intenta explorar en qué medida la incapacidad de las instituciones del Estado para resolver los conflictos por los derechos de propiedad y distribución de la tierra, hizo que algunos actores sociales, campesinos sin tierra y que las ocupaban ilegalmente, aparceros y trabajadores migrantes de las haciendas, así como terratenientes, crearan instituciones violentas paralelas en la contienda para lograr sus objetivos antagónicos.

Política exterior y globalización. Comentarios a la Visión Colombia II Centenario: 2019

De manera propositiva el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez presentó a los colombianos el 7 de agosto de 2005 un ejercicio prospectivo de planeación denominado 2019 Visión Colombia II Centenario. El objetivo de este ejercicio era “servir como punto de partida para pensar el país que todos los colombianos quisiéramos tener, para el momento de la conmemoración del segundo centenario de vida política independiente, a celebrarse el 7 de agosto de 2019”.1 El Departamento Nacional de Planeación asumió la responsabilidad de plasmar la visión que surgía al interior del estamento público, esencialmente ministerios y departamentos administrativos. Se esperaba que esta propuesta preliminar fuera enriquecida a través de un proceso de discusión y concertación con los diferentes estamentos de la sociedad en un diálogo profundo y constructivo entre los colombianos en el que fuera posible sumar voces en torno a una misma idea de país.2

El SIDA: incidencias en el mercado asegurador desde una perspectiva financiera y de tutela a los derechos humanos

Debe propugnarse por la existencia de un equilibrio entre la libertad contractual y viabilidad financiera de la industria aseguradora, y los derechos humanos de las personas viviendo con el VIH/SIDA, entre estos se debe encontrar la posibilidad de acceder a seguros de salud y vida. Los aseguradores deben colaborar, junto con el resto de estamentos de la sociedad, en la activa prevención de la pandemia, con base en un principio de solidaridad e interés general, pero también como parte de una estrategia acorde con su actividad.

Formación de la deuda pública en Colombia (1821-1873)

El presente documento es una revisión detallada de la formación y cambios de la deuda pública colombiana desde la Constitución de Cúcuta hasta 1821, cuando se reconvierte toda la deuda pública externa bajo la ley de 21 de mayo de 1873. Este documento busca señalar los componentes de la deuda a lo largo del periodo señalando cambios importantes por causas externas (guerras) o causas internas (insolvencia y necesidad de recomponer la deuda y sus pagos). Este documento está principalmente basado en la codifi cación nacional de todas las leyes de Colombia a partir del año 1821 y la revisión de otras fuentes secundarias.

La Ley del mercado de valores: análisis de sus posibles consecuencias sobre las corporaciones en Colombia

La Ley 964 de 2005 modifica la regulación del manejo, el aprovechamiento y la inversión de los recursos que hacen parte del mercado de valores colombiano. En este trabajo se busca llamar la atención sobre las posibles consecuencias que esta ley puede traer sobre las corporaciones en Colombia. Se analizan algunas reformas anteriores del mercado y, separadamente, se describe la configuración de propiedad de las corporaciones colombianas a la luz de ciertos enfoques metodológicos desarrollados en los últimos años (incluyendo la agenda de investigación de La Porta, López-de-Silanes, Shleifer y Vishny). Se concluye que, dadas las particularidades del mercado colombiano, la nueva Ley del Mercado de Valores puede favorecer el crecimiento de los fondos de inversión extranjera decididos a incluir a Colombia en su portafolio, pero también puede llegar a transformar el esquema de incentivos de las corporaciones colombianas.

Construcción de una matriz de contabilidad social para el análisis de políticas de seguridad social en salud

La introducción del nuevo sistema de seguridad social en 1993 trajo cambios en las relaciones existentes entre las instituciones colombianas. En el sector salud, el nuevo sistema conllevó a la creación de agentes intermediarios, quienes han desarrollado un papel de importancia en la determinación de los flujos económicos del sector y sus participantes. Hasta el momento, pocas investigaciones han establecido estas interacciones, lo que motivó a este estudio. En este documento se propone una primera aproximación a la construcción de estas relaciones en una síntesis de la economía colombiana, esto es, una matriz de contabilidad social.

Ventajas competitivas ilegales, el desarrollo de la industria de drogas ilegales y el fracaso de las políticas contra las drogas en Afganistán y Colombia

En 1970 Colombia no era conocida por su producción de coca o drogas ilegales, y Afganistán era y había sido por mucho tiempo un productor menor de opio. De hecho, “en Afganistán el opio no había sido una cosecha ‘tradicional’ y antes de los años noventa solamente se había cultivado en pocos lugares de ese país. A diferencia de la mayoría de los países de la región, Afganistán tenía una ‘cultura de opio’ débil. Por consiguiente, el consumo de opio hasta hace poco ha sido relativamente bajo” (UNODC, 2002: 87-88). En esa época, ninguno de estos dos países era un productor importante de coca u opio, o un actor importante en los mercados internacionales de drogas ilícitas. Hoy, sin embargo, son los países dominantes en las dos ramas de origen vegetal más importantes de la industria ilegal: cocacocaína y amapola-opio-heroína. Así, Afganistán y Colombia producen respectivamente más del 70% de la heroína y la cocaína ilícitas en el mundo.

El desarrollo alternativo en Colombia: sustracciones del informe “Desarrollo Aternativo y Medios de Vida Legítimos de la Junta Internacional para la Fiscalización de estupefacientes (JIFE) 2005”

A comienzos de 2006 la Junta Internacional para la Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) publicó su último informe titulado “Desarrollo Alternativo y Medios de Vida Legítimos”. El informe se divide en cuatro partes. Un primer capítulo define, evalúa y reformula la experiencia internacional en materia de desarrollo alternativo. El segundo capítulo expone las diferentes regulaciones internacionales que determinan la tarea de fiscalización de drogas por parte de los Estados. El tercer capítulo se dedica a proporcionar un panorama detallado de la situación mundial y regional de fiscalización de drogas; en este capítulo se identifican los convenios de cooperación existentes entre los Estados y se evidencia los avances regionales, principalmente los policivos en la lucha contra las drogas ilegales. El informe finaliza con una serie de recomendaciones a los gobiernos y a algunas organizaciones internacionales. Dado que el tema central del informe 2005 de la JIFE es un análisis de la experiencia internacional de desarrollo alternativo, este documento tiene como objetivo sustraer lo concerniente a Colombia; con el fin de informar sobre el estado actual de la política en el país y sus perspectivas a futuro. A manera de introducción el documento describirá la naturaleza de la Junta, sus fines y sus medios. Seguidamente se concentrará en el desarrollo alternativo desde la perspectiva que ofrece el informe para Colombia se concluye con algunas observaciones y comentarios respecto del informe.