996 resultados para COMUNIDADES INDÍGENAS - DERECHOS POLÍTICOS Y CIVILES - COLOMBIA
Resumo:
Con el propsito de que los tres captulos de esta investigacin mantengan una secuencia coherente, el primero de ellos empieza sealando ciertos antecedentes histricos relativos a los derechos de autor que finalmente desembocaron en el Convenio de Berna de 1886. Posteriormente, procura establecer lneas de enlace entre el Convenio de Berna y la Convencin Universal de 1952 y las actuales normas interna y comunitaria sobre derechos de autor, as como con la ley interna de 1976, sin dejar de lado algunas consideraciones tericas acerca de la propiedad intelectual y de los derechos de autor. En el segundo captulo, la presente tesis se aproxima a las principales disposiciones internacionales sobre derechos de autor como las siguientes: la Convencin de Washington de 1946, la Convencin de Roma de 1961, el Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor de 1996 y el ADPIC, en lo relativo a derechos de autor. El tercer y ltimo captulo se adentra en el objetivo primordial de este trabajo investigativo que es el anlisis comparativo entre la Ley de Derechos de Autor de 1976 y las normas interna y comunitaria sobre esta misma materia actualmente en vigencia. Para este cometido se formularn precisiones de los posibles cambios, en unos casos, y la incorporacin, en otros, que se han sucedido en temas tales como el mbito de proteccin, la ausencia de formalidades, el objeto y los titulares de los derechos de autor, los derechos morales y patrimoniales, los programas de ordenador, las sociedades de gestin colectiva y las acciones y procedimientos.
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Este trabajo tiene como propsito general, en primer lugar, indagar acerca de la efectividad de la concepcin de derechos humanos -ofrecida por el rgimen internacional de derechos- para lograr vigencia real de derechos para todos. En segundo lugar, revisar la manera como se est incluyendo el tema de los derechos humanos en la formacin escolar en Amrica Latina, con base en el proyecto Democracia y Educacin, con el objetivo de avanzar hacia la vigencia efectiva de los derechos humanos en la cotidianidad de nuestros contextos. El trabajo se centra en el tema de los derechos humanos, no en el de la educacin, puesto que, de hecho abordar el tema de la educacin en Amrica Latina es una tarea que sobrepasa los lmites de este trabajo. Para suplir este propsito general en la primera parte del trabajo se hace una revisin breve de las tensiones o nudos problemticos entre la teora y la prctica de los derechos humanos, con miras a lograr visibilizar algunos de los temas importantes que habra que considerar en el propsito de avanzar hacia la vigencia de los derechos humanos. En la segunda parte, se revisa la propuesta del proyecto Democracia y Educacin, en lo que respecta a los derechos humamos y se contrasta dicha tendencia con las realidades de nuestros contextos. Como apoyo a esta segunda parte del trabajo, teniendo en cuenta que dicho proyecto concibe al docente como un actor primordial en la formacin y promocin de derechos en la formacin escolar, se realiz un acercamiento con algunos de los/as docentes de Quito, orientado a explorar de manera general la idea de derechos humanos que tienen los y las docentes. Esta experiencia se considera un primer acercamiento al tema de los derechos humanos con los y las docentes, por lo mismo, no pretende ser exhaustiva ni acabada respecto al tema. En esta experiencia participaron 8 colegios y 140 docentes.
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Esta tesis es un estudio de carcter exploratorio y comparativo que articula los enfoques de gnero y derechos humanos para ubicar los condicionantes de gnero que intervienen en la experiencia migratoria de mujeres colombianas, peruanas y chinas que viajan y permanecen en Ecuador. Surge a partir de la preocupacin por el incremento de la presencia de mujeres inmigrantes registrado en la ltima dcada en Ecuador; los limitados estudios que existen sobre su situacin; y las carencias de las polticas migratorias vigentes para incorporar el enfoque de gnero y de derechos humanos. Se desarrolla a travs de cuatro captulos en los cuales se busca brindar una aproximacin sobre la forma en que las teoras de las migraciones, feminista y de derechos humanos ha venido analizando la migracin de las mujeres; el marco normativo y de poltica migratoria vigente en relacin a mujeres no nacionales; la magnitud y principales caractersticas de su presencia; y, a partir de la palabra de las mujeres, los condicionantes de gnero que se activan durante la experiencia migratoria y las repercusiones que ellos tienen para la vigencia de los derechos humanos Teniendo en consideracin los principales hallazgos encontrados se formulan algunas recomendaciones para la definicin de una poltica pblica sobre movilidad humana que articule el enfoque de gnero y el de derechos humanos.
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Este trabajo tiene que propsito evidenciar las tensiones existentes en la vigencia de los derechos humanos, particulamente el de participacin, y las polticas que se implementan en el marco de un modelo de desarrollo que se sustenta en la extraccin de recursos naturales. A pesar del reconocimiento en la normativa nacional e internacional de mecanismos de participacin, como la consulta ambiental y la consulta previa libre e informada a los pueblos indgenas, se evidencia que estos no estn realmente diseados para influir en las decisiones que toma el Estado respecto a programas extractivos, y ms bien se subordinan a los intereses del desarrollo, nocin que aunque tome diversos nombres, sigue teniendo como sustento ideolgico el crecimiento econmico y la mercantilizacin de la naturaleza. La actividad minera en el pas no ha sido hasta ahora relevante, sin embargo est tomando un gran impulso una vez que la actividad minera ha sido catalogada como estratgica para el pas. El primer proyecto minero a gran escala de explotacin de cobre y bajo la modalidad de cielo abierto, es el denominado Mirador, ubicado en la provincia de Zamora Chinchipe, que es objeto de estudio en esta tesis, y a partir del cual se pretende evidenciar los lmites prcticos del derecho de participacin que se hace referencia en el prrafo anterior. La promulgacin de la Constitucin del 2008, trajo consigo expectativas respecto al ejercicio de derechos, as como tambin en relacin a un progresivo cambio del paradigma de desarrollo, sin embargo la expedicin de una nueva Ley de Minera, la demanda de inconstitucionalidad de la misma por parte de organizaciones indgenas y ecologistas, y la respuesta que dio la Corte Constitucional, no presagian el mejor escenario para la vigencia de los derechos humanos de las personas y pueblos afectados por el proyecto Mirador, y otros proyectos mineros que ya se estn promoviendo. El propsito de este trabajo es alentar un debate crtico de los derechos humanos, que a su vez propicien la generacin de propuestas y alternativas a la nocin de desarrollo imperante.
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El presente trabajo de investigacin, responde a la inquietud sentida por las autoridades comunitarias y personas que anhelamos poner en prctica los derechos colectivos de los pueblos indgenas: los jueces y fiscales, respetan o no las resoluciones de las autoridades de los pueblos indgenas que han sido dictadas aplicando normas y procedimientos propios, tal como lo ordena el inciso cuarto del Art. 191 de la Constitucin Poltica?, y consiguientemente si respetan las disposiciones constitucionales e instrumentos internacionales debidamente ratificados por ei Ecuador y sus causas. Para cumplir con nuestro objetivo, partimos del anlisis del significado e implicaciones del principio de "multetnicidad" y "pluriculturalidad", que permite el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indgenas, entre ellos, el derecho a conservar y desarrollar sus formas tradicionales de convivencia y organizacin social, de generacin y ejercicio de autoridad y a "Mantener, desarrollar y fortalecer su identidad y tradiciones en lo espiritual, cultural, lingstico, social, poltico y econmico" contemplados en el Art. 84 numeral 7 y 1 de la Constitucin, como consecuencia de ello el reconocimiento del pluralismo jurdico del Art. 191 inciso cuarto de la Carta Magna. Seguidamente analizamos en forma pormenorizado la jurisdiccin especial indgena, las autoridades indgenas que administran justicia, sus competencias, normas y procedimientos propios y ios elementos de la jurisdiccin indgena, lo cual nos permite diferenciara de la "justicia por mano propia" y "linchamiento", figuras con las cuales pretenden asimilar al Derecho Indgena, especialmente por los medios de comunicacin, as mismo nos permite demostrar que el Derecho Indgena est vigente y vivo. A base de ese marco terico, analizamos la relacin entre el jurisdiccin especial indgena con el Ministerio Pblico y la Funcin Judicial, cuando de por medio existe una resolucin en tirme de la autoridad indgena, donde tomamos como referencia cinco casos concretos y otros que son considerados a lo largo del anlisis, con los cuales se demuestra que los jueces y fiscales sin ningn fundamento constitucional y doctrinario violentan normas constitucionales, entre ellos el inciso cuarto del Art. 191 de la Constitucin, el debido proceso y otros principios. Actitud que demuestra desconocimiento del alcance de los principios de pluriculturalidad, multicmicidad, pluralismo jurdico, la Constitucin como norma, principios elementales del Derecho Indgena, etc. El anlisis de los principios que rige el Derecho Indgena y sus caractersticas suplen a lo que en el Derecho estatal se conoce como garantas del debido proceso. y nos permite salir de la dogmtica jurdica tradicional y obliga a desarrollar mtodos interculturales, interdisciplinarios para analizar los derechos humanos y los principios del debidos proceso.
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El nuevo escenario internacional, caracterizado por el fin de la guerra fra y el auge de la globalizacin, no hizo realidad el anhelo de alcanzar una paz estable y duradera, y dio lugar a un orden fracturado en lo poltico y lo social, en el cual las principales potencias compiten por afianzar sus reas de influencia y lograr una mayor supremaca poltica y un mayor poder econmico. Frente a esta dinmica de atraccin la respuesta de los cinco pases andinos, vulnerables, dependientes y con escaso margen de maniobra para intentar de manera individual respuestas propias a sus necesidades, fue agruparse para participar de la manera ms beneficiosa posible en el nuevo contexto internacional. La integracin surge como la "opcin estratgica" de Bolivia, Colombia, Ecuador, Per y Venezuela, que a travs de la Comunidad Andina decidieron establecer vnculos externos fuertes para adquirir mayor autonoma interna y compensar la relacin dependiente con la potencia del norte. El nuevo mpetu de la integracin fue recogido por el Protocolo de Trujillo, adoptado en la reunin presidencial celebrada en la mencionada ciudad peruana en marzo de 1996 que incorpor jurdicamente la dimensin poltica de la integracin, mediante el establecimiento de dos rganos responsables de llevarla adelante: el Consejo Presidencial, responsable de definir la poltica de laintegracin andina; y el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, encargado de formular la Poltica Exterior Comn. El fundamento de la Poltica Exterior Comn sera dotar de sentido a la integracin, que superando el mbito econmico y comercial, identificar una agenda propia como "base para la definicin de una estrategia comunitaria que permita la proyeccin de la Comunidad Andina en el contexto internacional". La instrumentacin de la Poltica Exterior Comn fue recogida por la Decisin 458, que estableci sus lineamientos a partir de la identificacin de acciones concretas de cooperacin entre los pases miembros que permitan definir una accin concertada para "la lucha contra el problema de la droga y la corrupcin, el fortalecimiento de la seguridad, el fomento de la confianza y el impulso de la vigencia de los derechos humanos y la profundizacin de la democracia en la Subregin andina". Desde entonces la Secretara General de la Comunidad Andina ha comprometido sus esfuerzos por impulsar la integracin poltica, que hasta entonces se haba mantenido a la zaga de la integracin econmica. Si analizamos los resultados de los esfuerzos de la Comunidad Andina en trminos de declaraciones, stos sern alentadores, sin embargo a la luz del contexto andino actual se hace evidente que la estrategia integracionista impone grandes desafos a las polticas nacionales de cada una de las partes y la adopcin de una estrategia en la que converjan factores econmicos, polticos y sociales. La Poltica Exterior Comn Andina debera constituirse en el instrumento esencial de la integracin que enfrente a lo que Aldo Ferrer llama "los cuatropecados capitales";5 la dependencia; la pobreza y la exclusin social; las asimetras en las estrategias nacionales; y las divergencias en la insercin internacional. El presente trabajo aspira analizar descriptivamente las posibilidades y limitaciones de la Poltica Exterior Comn Andina como elemento dinamizador de la integracin en la Subregin y sus perspectivas en la evolucin del sistema internacional.
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El propsito de la investigacin que contiene esta tesis es aportar al conocimiento de la nueva jurisdiccin especializada en materia electoral, que la Constitucin del ao 2008 cre como parte de la Funcin Electoral, y analizar la posibilidad, real o no, de realizar un control de constitucionalidad sobre sus resoluciones, como una de las garantas para la proteccin y el ejercicio de los derechos polticos. Hacia ese objetivo, el trabajo parte de un contexto general al explicar los distintos sistemas contenciosos electorales que se aplican en la Regin Andina y en dos sistemas prestigiosos de Derecho Electoral. De igual manera sobre estos mismos casos se explicar la forma en la que se realiza el control de constitucionalidad sobre las resoluciones de la jurisdiccin contenciosa electoral. Luego pasaremos a tratar el caso ecuatoriano, explicando la naturaleza jurdica del recin creado Tribunal Contencioso Electoral y la nueva legislacin ecuatoriana en materia electoral. Finalmente se analizar la posibilidad, real o no, de realizar un control de constitucionalidad sobre las resoluciones de la jurisdiccin contenciosa electoral. Para lo cual se analizar dos fallos del Tribunal Contencioso Electoral y una sentencia emblemtica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De esta manera partiremos de un contexto general descendiendo al estudio de un caso especfico (la jurisdiccin contenciosa electoral y el control de constitucionalidad sobre dicha jurisdiccin especializada).
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Sumario: Introduccin. I. La teora neoconstitucional: aspectos generales y aclaraciones metodolgicas. 1. Las precisiones metodolgicas y la perspectiva crtica. 2. El neoconstitucionalismo como nominacin y teora. 3. Los tericos del neoconstitucionalismo transformador. 4. La estratsfera acadmica y el rol de la teora. II. La teora de la norma: los principios, las reglas y los derechos. 5. Los principios y las reglas. 6. La funcin de los principios y la interrelacin con las reglas. 7. Los principios, las normas penales y civiles, y la seguridad jurdica. 8. El rol de los jueces y los derechos. 9. El liberalismo, los derechos individuales y colectivos. 10. La constitucionalizacin del derecho privado. III. El neoconstitucionalismo y el estado. 11. El estado de derechos. 12. Puede el estado ser titular de derechos? 13. Rol del estado estado mnimo o fuerte? 14. Las polticas pblicas. 15. La Constitucin de Montecristi y la desinstitucionaliacin del estado. 16. El hipepresidencialismo, el caudillismo y la plurinacionalidad. IV. La utopia andina 17. La utopa constitucional y la realidad. 18. Reflexiones finales: el saber indgena y la utopa andina. Bibliografa.
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El presente tiene como propsitos analizar el cambio de modelo de Estado que trajo la Constitucin del 2008, (Estado Constitucional de Derechos y Justicia), a diferencia de lo que estableci la Constitucin de 1998, (Estado Social de Derecho), y en funcin de la transformacin de este principio rector, evidenciar los avances en materia de derechos constitucionales, sus principios de aplicacin, as como la proteccin judicial de los mismos, dando especial nfasis en los derechos sociales y su justiciabilidad. El estudio abarca un examen comparativo terico-normativo de los dos regmenes constitucionales en lo que respecta al contenido, alcances, denominacin y garanta judicial de los derechos sociales, y en esta perspectiva la tarea de los jueces frente a una nueva realidad constitucional en lo atinente a la interpretacin, rol creador de derechos y guardin del Estado Constitucional de Derechos. Se incluyen tambin algunos datos relevantes referentes a la utilizacin de la accin de proteccin como mecanismo idneo para tutelar derechos del buen vivir, as como una breve referencia al problema de la residualidad como caracterstica asignada a dicha accin, lo que se ha constituido en un fuerte obstculo para obtener una garanta jurisdiccional efectiva de los derechos constitucionales, incluidos los sociales. Por ltimo se estudia resoluciones y sentencias concretas de acciones de amparo (Constitucin 1998) y de acciones de proteccin (Constitucin del 2008), con la finalidad de evidenciar si el cambio constitucional ha tenido eficacia en la realidad jurisprudencial, llegando a concluir que pese a la mutacin de modelo, no se refleja en la realidad judicial un cambio considerable en relacin a la proteccin eficaz de los derechos sociales.
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En este trabajo se hace un anlisis de los primeros aos del VIH/Sida en Cartagena (Colombia) y la manera en que esta se constituy en una nueva forma de control sobre el cuerpo y la sexualidad, en especial sobre la homosexualidad masculina. A travs de la revisin de la prensa de la dcada de 1980 evidenciamos las fuertes representaciones e imaginarios que vincularon al Sida con la homosexualidad, y la manera en que esto gener nuevas formas de discriminacin y exclusin para este grupo poblacional, toda vez que se estableci la heterosexualidad como la nica posibilidad de protegerse de la avanzada del VIH/Sida. Con las entrevistas realizadas a hombres homosexuales que vivieron este periodo, se pudo conocer el impacto de estas representaciones e imaginarios en sus subjetividades. El testimonio de las personas de carne y hueso que vivieron estos aos revelan que el andamiaje meditico sobre el Sida se naturaliz y lleg a hacer parte de la cotidianidad; el estigma y el miedo que rondaba a los hombres homosexuales en los 80s hizo que el ocultamiento y la vergenza fuera la primera respuesta ante el boom meditico del Sida. Solamente muchos aos despus estos hombres tomaran la palabra, llevando la problemtica del Sida a la esfera de lo pblico y desde una perspectiva de derechos en la ciudad.
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Las recientemente promulgadas constituciones ecuatoriana y boliviana imponen nuevos paradigmas en lo que concierne a la interpretacin y aplicacin de los derechos fundamentales, y como no poda ser de otra manera, lo hacen igualmente con respecto a las garantas que los tutelan. Este artculo analiza las tensiones que se generan en la denominada aplicacin directa de la Constitucin y sus significaciones en el plano operativo (obligaciones para jueces y dems autoridades y funcionarios pblicos), realiza un estudio de las garantas jurisdiccionales en Ecuador en comparacin con las previstas en Bolivia, y advierte de los peligros que implica una interpretacin errada de la naturaleza de estas acciones.
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La evolucin de los derechos fundamentales en el constitucionalismo ecuatoriano se puede apreciar desde distintas perspectivas. Una de ellas desde el carcter ideolgico, que est vinculado a las luchas y reivindicaciones sociales, y otra desde la estructura del Estado, que tiene relacin con el tratamiento de los derechos y la organizacin poltica. Desde la primera perspectiva, podemos encontrar una tendencia liberal-conservadora, durante todo el siglo XIX, que reconoci bsicamente los derechos de libertad y los derechos polticos desde una perspectiva extremadamente restringida. Desde la Constitucin de 1929 hasta la de 1967 encontramos una segunda tendencia, influenciada por el movimiento obrero y por los partidos y movimientos vinculados al socialismo, en la que se reconocen los derechos sociales, labores, econmicos y culturales. Finalmente, tenemos una tendencia, que comienza con la constitucin de 1998 y se refuerza con la Constitucin del 2008, en la que es notable el reconocimiento de la diversidad cultural y reconocimiento de la colonialidad. Desde la segunda perspectiva, el Estado ha ido reconociendo progresivamente garantas. Sin embargo, la prctica y la estructura del Estado, basada en un sistema presidencialista, sigue siendo un obstculo para su efectiva vigencia.
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Este artculo asume que uno de los problemas contemporneos ms acuciantes es la enorme dificultad de relacionarnos con la diferencia, cualquiera que esta sea, y de construir formas de convivencia que superen las visiones dominantes basadas en las jerarquizaciones. el derecho no es ajeno a esta interpelacin. En cada sentencia encontramos una disputa para dar sentido y significado a los derechos que estn en juego en el caso concreto, tal disputa est ligada a las creencias, ideologas, formas de entender el mundo de quienes juzgan. es as que en este estudio analizo sentencias emitidas por las cortes constitucionales de ecuador y Colombia, para ensayar contestaciones a la interrogante: Cmo responde la justicia constitucional ecuatoriana y colombiana en los casos que afronta la diferencia?
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Analiza la brecha entre la Constitucin garantista de derechos, las resoluciones de la Asamblea Constituyente de amnistas a defensores de derechos humanos y de la naturaleza y la poltica de criminalizacin de acciones de resistencia. Presenta los mbitos en que se manifiesta la criminalizacin, y la configuracin de un patrn de represin y criminalizacin desde el Estado y/o empresas o personas particulares ante la profundizacin del modelo extractivista de la naturaleza.
Resumo:
El trabajo que se expone contiene cuatro captulos y conclusiones finales. En el primer captulo se aborda la educacin popular desde su concepcin terica, incluyendo sus principios polticos-pedaggicos y el enfoque metodolgico. Este captulo contiene todo lo relacionado al fundamento de la educacin popular que se propone sea utilizado para educar en materia de derechos humanos. El segundo captulo presenta la aplicacin del debate terico al contexto de Puerto Rico, en lo relacionado a educacin popular, derechos humanos y educacin en derechos humanos. En este captulo se establece la relacin directa entre los conceptos y se profundiza en la propuesta de aplicar el fundamento de la educacin popular a la educacin en derechos humanos. En el tercer captulo se presentan y analizan los resultados de un proceso de consulta que pretendi auscultar entre grupos, organizaciones e instituciones sociales no gubernamentales, la posibilidad de utilizar como fundamento la educacin popular para educar en derechos humanos. Ya en el cuarto y ltimo captulo, se identifican las posibles implicaciones que pudiera representar para Puerto Rico, la elaboracin de un plan nacional de educacin en derechos humanos.
