1000 resultados para Sectores diferenciados


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El present treball pretén avaluar l’impacte de les activitats agràries sobre les aigües subterrànies, al Baix Empordà. La ramaderia intensiva genera uns residus que l’agricultura no és capaç d’assumir. Els excedents generats s’infiltren al subsòl, generalment en forma de nitrats (NO3-), provocant la contaminació de les aigües subterrànies. Aquesta pot provocar greus problemes ecològics en els sistemes aquàtics, i afectar a la salut humana. S’ha realitzat un balanç de nitrogen per a les zones agrícoles de l’àrea d’estudi, avaluant els diversos processos que incorporen o extreuen nitrogen al sòl. Paral·lelament, s’ha estudiat el consum d’aigua provocat pel diversos sectors presents a la zona d’estudi, per tal d’avaluar quantitativament la pressió que provoquen sobre els aqüífers. Els resultats obtinguts mostren que la majoria de municipis estudiats generen excedents de nitrogen, justificant la presència de nitrats al subsòl.

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La organización política de un país tiene importantes consecuencias sobre la política económica. El desarrollo de los distintos tipos de federalismo, en particular el federalismo asimétrico, tiene su traslación a diferencias en las políticas comerciales La organización política de un país tiene importantes consecuencias sobre la política económica. El desarrollo de los distintos tipos de federalismo, en particular el federalismo asimétrico, tiene su traslación a diferencias en las políticas comerciales implementadas entre los diversos territorios. Cabe preguntarse las consecuencias económicas de estas diferencias. El presente trabajo intentar aproximarse al problema, evaluando la posible existencia de efectos diferenciados sobre la estructura del comercio.

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Avui en dia la venda de productes, mitjançant les possibilitats que ens ofereix Internet, es troba en ple creixement. Aquest projecte pretén posar en funcionament una pàgina Web dedicada a la venda de fruita, concretament kiwis. Des de fa un temps, la població comença a ser conscient del desequilibri entre l'agent productor i l'agent comercial. Com passa també en altres sectors, el productor ven a un preu molt inferior respecte al que després es ficarà de cara al comprador final. En el cas de la fruita, el client acaba comprant un producte més car i normalment de menys qualitat. L'objectiu principal d'aquest projecte és promoure la venda online a partir d'una mercaderia de qualitat i més econòmica, aconseguint un major benefici tant per part del productor com del client.

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En este documento se presenta un estudio acerca de cómo variables de estructura económica y de estructura espacial afectan el crecimiento del empleo en 50 provincias españolas entre los años 1999 y 2004. Para ello, se realiza una estimación global que abarca los sectores de manufacturas y de servicios. Los resultados evidencian economías de urbanización, pero ambigüedad para las economías de localización. Además, variables de estructura espacial como los índices de centralización y concentración resultaron no ser significativos, mientras que el porcentaje de empleo disperso y en subcentros explican ampliamente el modelo además de alcanzar su signo esperado

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La investigación estima los requerimientos sectoriales de energía eléctrica en México. Se utilizan tres metodologías: 1) la que calcula los requerimientos de energía primaria a través de los balances energéticos; 2) las necesidades de energía eléctrica obtenido del modelo insumo-producto y 3) el uso del índice de Theil y una medida de concentración con vínculos hacia delante y hacia atrás que mide el grado de inter-conectividad. Los altos valores de las entropías confirman que la importancia creciente del uso de energía disponible para la producción de la economía mexicana se debe a la gran integración de sus sectores productivos.

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En el presente trabajo se desarrolla un estudio de las emisiones de CH4 relacionadas con el sector agroalimentario catalán a través de un análisis alternativo, o al menos complementario, de subsistemas input-output. Una herramienta de gran utilidad para estudiar la estructura productiva de los diferentes sectores que componen una economía. La aplicación de esta técnica permite las descomposición del subsistema en distintos efectos en función de los vínculos intersectoriales existentes con el conjunto de las ramas productivas de la economía, dentro y fuera del subsistema. De los resultados obtenidos destaca la importancia de las relaciones intrasectoriales del subsistema agroalimentario, que muestra una relevante autonomía en cuanto a este tipo de emisiones respecto al resto de la economía. Esta característica orienta el tipo de políticas medioambientales a implementar con el objetivo de reducir el impacto atmosférico de dicha actividad.

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La Real Compañía de Canalización del Ebro, sociedad anónima constituida en 1852 con un capital nominal de 31,5 millones de pesetas, que tenía como objetivo fundamental abrir el Ebro a la navegación a vapor en base a un proyecto técnico elaborado por ingenieros franceses, tuvo que recurrir a inversores europeos para levantar su capital. Se trataría, pues, de una empresa equiparable en muchos aspectos –inversión en comunicaciones, elevado capital, dependencia de técnicos e inversores europeos– a las grandes compañías ferroviarias constituidas en España a mediados del siglo XIX. El fracaso en la navegación reorientó su actividad hacia el riego, siendo la empresa encargada de construir y explotar hasta 1966 estas infraestructuras en el Delta del Ebro. En este texto, después de referirnos a los diferentes intentos de canalización del Ebro relacionados con la navegación hasta mediados de siglo XIX, analizaremos los motivos de su evolución y la diferente actitud mantenida ante las oportunidades de negocio por los dos grandes sectores de accionistas, el capital catalán y el capital francés, hasta la salida de este último ocurrida entre 1878 y 1904. Asimismo, intentaremos mostrar como el ritmo de la inversión en la canalización se ajusta al de la inversión francesa en España, que iniciada en el siglo XVIII, se paraliza con la crisis del Antiguo Régimen, se intensifica a partir de la década de 1840 orientándose mayoritariamente hacia los sectores ferroviario y minero, e inicia un cierto repliegue a partir de la última década del siglo XIX.

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El autotransporte es de los sectores más contaminantes en México, generando el 17% del total de emisiones de CO2. El consumo de gasolina y diesel son la principal fuente de estas emisiones. Este artículo analiza empíricamente la demanda de gasolinas del sector automotor en México durante el período 1960-2007. Las estimaciones de las elasticidades de corto y largo plazos del precio e ingreso fueron: -0.07, -0.17, 0.46 y 1.06. Lo que implica que la demanda de gasolinas es sensible a la trayectoria del ingreso e inelástica a los precios. Por tanto, un crecimiento económico continúo sin una adecuada política de precios generará un aumento en el consumo de gasolinas. Esta situación puede ser más grave al considerar los efectos del cambio climático atendiendo a una demanda relativamente onstante. Bajo estas circunstancias es necesario implementar diversas políticas públicas imultáneamente para frenar las consecuencias del consumo de gasolinas sobre el cambio climático.

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La Integración de la Políticas Ambientales (IPA) consiste en la incorporación de los objetivos ambientales en todos los estadios de elaboración e implementación de las políticas no ambientales (o sectoriales), con un reconocimiento específico de dicho objetivo como principio director de la programación y la puesta en práctica. Se complementa con la previsión de las consecuencias ambientales mediante una evaluación de conjunto de la política con objeto de minimizar las contradicciones entre las políticas ambientales y no ambientales dando prioridad a las primeras. La naturaleza transversal de la IPA no se ajusta a la forma tradicional de gobernanza jerárquica basada en la autoridad del Estado, la diferenciación sectorial, y los instrumentos típicos de dirección y control. Por ello, no es extraño que la IPA se encuentre a menudo asociada a los llamados "nuevos modos de gobernanza". Esta tesis propone analizar empíricamente el estado de la cuestión en España con respecto a la Integración de la política ambiental , tanto a nivel estatal como autonómico (Cataluña, País Vasco), yendo más allá de los compromisos políticos a favor de un mayor grado de integración de los factores ambientales en las demás políticas. En particular, los ámbitos de investigación seleccionados para esta finalidad son el de las políticas de mitigación de las causas y los efectos del cambio climático, y las políticas de desarrollo sostenible. En términos de ‘variable independiente’ La hipótesis que se quiere comprobar es que la acción llevada a cabo por la Unión Europea ha generado profundos cambios en las estructuras de las instituciones mencionadas y en los procesos de elaboración y implementación de determinadas políticas (energía y transporte) así como en las relaciones entre sectores de la administración pública y entre el sector público y el privado.

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El objetivo de esta investigación es aportar evidencia sobre las fuentes de las economías de aglomeración para el caso español. De todas las maneras posibles que se han tomado en la literatura para medir las economías de aglomeración, nosotros lo analizamos a partir de las decisiones de localización de las empresas manufactureras. La literatura reciente ha puesto de relieve que el análisis basado en la disyuntiva localización / urbanización (relaciones dentro de un mismo sector) no es suficiente para entender las economías de aglomeración. Sin embargo, las relaciones entre los diferentes sectores sí resultan significativas al examinar por qué las empresas que pertenecen a diferentes sectores se localizan unas al lado de las otras. Con esto en mente, intentamos explicar que relaciones entre diferentes sectores pueden explicar coaglomeración. Para ello, nos centramos en aquellas relaciones entre sectores definidos a partir de los mecanismos de aglomeración de Marshall, es decir, labor market, input sharing y knowledge spillovers. Trabajamos con el labor market pooling en la medida en que los dos sectores utilizan los mismos trabajadores (clasificación de ocupaciones). Con el segundo mecanismo de Marshall, input sharing, introducimos cómo dos sectores tienen una relación de comprador / vendedor. Por último, nos referimos a dos sectores que utilizan las mismas tecnologías en cuanto a los knowledge spillovers. Con el fin de capturar todos los efectos de los mecanismos de aglomeracion en España, en esta investigación trabajamos con dos ámbitos geográficos, los municipios y los mercados de trabajo locales. La literatura existente nunca se ha puesto de acuerdo en cual es el ámbito geográfico en el que mejor trabajan los mecanismos Marshall, por lo que hemos cubierto todas las unidades geográficas potenciales.

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Desde que en los años 70 del siglo XX la cuestión de los archivos de empresa comenzara a tomar forma en España, varios han sido las empresas que han organizado su documentación y diversos los estudios que han tratado este tema. Aunque de manera mucho más tardía que otros países que presentan una muy superior tradición en este aspecto, tales como Alemania, Inglaterra, Francia, Italia o los Estados Unidos. En España la organización de estos archivos empresariales como centros de investigación histórica aún es escasa, y si analizamos los casos existentes comprobaremos que es una práctica que se circunscribe únicamente a empresas de gran tamaño localizadas en sectores determinados, tales como el público, bancario, minero-metalúrgico, energético, ferroviario, naval, algo del sector alimentario (tabacos, bodegas vinícolas jerezanas), etc.

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En el presente informe se realiza un análisis crítico del sistema español de financiación territorial y se avanzan una serie de recomendaciones para su reforma. La principal conclusión del trabajo es que el modelo actual no se adecua satisfactoriamente a los principios de igualdad, autonomía, responsabilidad y transparencia que deberían orientar su diseño y puede dificultar el cumplimiento de los objetivos básicos de la política macroeconómica. La solución de estos problemas exigiría una reforma en profundidad del sistema actual en la línea que se esboza en la parte final del documento. En el análisis se distingue entre el subsistema de régimen común en el que se integran la mayoría de las comunidades autónomas y el subsistema foral que se aplica en el País Vasco y Navarra. El sistema de régimen común ha sido objeto recientemente de una reforma que ha introducido novedades importantes en su estructura y filosofía. En el lado positivo, la nueva ley se ha traducido en una distribución más equitativa de los recursos asignados a las regiones, reduciendo de forma apreciable la dispersión de la financiación por unidad de necesidad en relación con el sistema anterior. Otra mejora significativa ha sido la creación del Fondo de Garantía, un instrumento que, por primera vez en la historia del sistema, permite ir adaptando la financiación a las cambiantes circunstancias regionales, ofreciendo así a las comunidades autónomas un seguro parcial contra los riesgos ligados a la evolución de sus ingresos y sus necesidades de gasto. A pesar de que éstas son mejoras importantes, el balance global de la reforma no es positivo. El nuevo acuerdo no resuelve satisfactoriamente los problemas que obligaron a la reforma de su antecesor, es bastante más complejo y opaco que éste, introduce un mecanismo de nivelación parcial de dudoso encaje constitucional, opta por un reparto inicial incierto que podría ser difícilmente aceptable ex-post para algunas regiones, y no ha abordado otros problemas estructurales del sistema, incluyendo su excesiva sensibilidad al ciclo económico. El sistema foral tampoco está libre de problemas. Tal como se ha implementado en la práctica, el modelo vasco-navarro de concierto o convenio supone una violación flagrante de la prohibición constitucional de que los regímenes autonómicos comporten privilegios económicos o sociales y constituye una fuente permanente de inestabilidad para el sistema de régimen común al ser percibido como un agravio comparativo en las regiones no forales de mayor renta, y en particular, en Cataluña. Según mis cálculos, la financiación por habitante del País Vasco es superior en un 60% a la media de las regiones de régimen común a igualdad de competencias y la situación no es muy distinta en Navarra. El origen de esta anomalía está en las leyes quinquenales del Cupo, donde los principios y procedimientos de valoración establecidos en la ley del Concierto se concretan de una forma muy discutible. Los problemas fundamentales que se detectan son dos. Primero, la valoración de las competencias estatales no asumidas por el País Vasco que se recoge en los anexos de las leyes quinquenales está fuertemente sesgada a la baja. Y segundo, el ajuste por IVA se realiza utilizando valores desfasados de los coeficientes que recogen el peso del País Vasco en el consumo nacional y en la base del impuesto. El efecto conjunto de ambos factores ha sido el de rebajar la contribución vasca a los gastos del Estado en 2.800 millones de euros en 2002 y en casi 4.500 millones en 2007, lo que supone respectivamente un 6,21% y un 6,89% del PIB del País Vasco. Dado todo esto, resulta difícil evitar la conclusión de que el diseño del sistema de financiación regional sigue siendo un problema abierto que no tardará mucho en volver a ocupar un lugar preferente en la agenda política nacional. Es de esperar que la próxima reforma del modelo sea algo más meditada que la aprobada el pasado diciembre y sirva realmente para dotar de un diseño razonable a uno de los elementos más críticos de nuestra arquitectura legal. Para alcanzar este objetivo, será necesario realizar una serie de reformas que pueden agruparse en tres grandes líneas de actuación: garantizar el cumplimiento efectivo del principio de igualdad, reforzar la responsabilidad fiscal de los gobiernos regionales y asegurar que el sistema contribuye a alcanzar los objetivos fundamentales de la política macroeconómica, o al menos que no dificulta su cumplimiento. Entre las medidas recomendadas cabría destacar las siguientes: - Corregir gradualmente el fuerte sesgo a la baja que existe actualmente en el cálculo de la aportación de los territorios forales a la hacienda central. Para ello no hace falta modificar las leyes del Concierto vasco y el Convenio navarro. Bastaría con que en las correspondientes leyes quinquenales se realizase una valoración razonable de las competencias que permanecen en manos del Estado, entre las que habría de incluirse la nivelación interregional, y se actualizasen los coeficientes que se utilizan para calcular el ajuste por IVA. - Recuperar la garantía de igualdad de acceso de todos los ciudadanos al conjunto de los servicios públicos como principio básico orientador del diseño del sistema de financiación y asegurar su aplicación efectiva en la práctica. Con este fin, sería aconsejable eliminar el Fondo de Suficiencia (excepto como vehículo para la financiación de las competencias singulares) y los Fondos de Convergencia para repartir el conjunto de los recursos del sistema de acuerdo con la fórmula de necesidades de gasto que actualmente se aplica sólo a la dotación del Fondo de Garantía. Con el fin de evitar la necesidad de fuertes recortes en la financiación de algunas comunidades, convendría hacer una transición suave desde la asignación actual hasta la derivada de la fórmula. - Introducir ciertos retoques en la actual fórmula de necesidades de gasto, incluyendo la recuperación de una partida que permita sufragar los costes fijos ligados a las instituciones de autogobierno y a ciertos servicios autonómicos así como la introducción de una corrección por diferencias en niveles de precios entre regiones. - Desdoblar el IRPF, el IVA y los Impuestos Especiales en un tramo estatal y otro autonómico claramente diferenciados, abandonando los actuales porcentajes de cesión. Los dos tramos serían regulados de forma independiente, aunque manteniendo en manos del Estado la determinación de la base imponible y la gestión del impuesto. - Dotar a las comunidades autónomas de competencias normativas sobre un tramo de los principales tributos indirectos y sobre los elementos de copago en sanidad, educación y otros servicios. Dada la oposición de la Comisión Europea a cualquier cambio normativo que pueda abrir la puerta a la existencia de tipos impositivos diferenciados regionalmente, el poder de decisión sobre el tramo autonómico del IVA y los Impuestos Especiales deberá ejercerse de forma colegiada por el conjunto de las comunidades autónomas, que habrán de fijar tipos uniformes en todo el territorio nacional. - Establecer un Fondo de Estabilización Presupuestaria, que se nutriría con el 'exceso' de recudación tributaria que se genera en la parte alta del ciclo económico y serviría para complementar los ingresos autonómicos en la parte baja del mismo. - Reformar la legislación sobre estabilidad presupuestaria para fijar a las comunidades autónomas un objetivo de equilibrio presupuestario año a año similar al que ya tienen las corporaciones locales y para concretar las medidas extraordinarias que el Estado podrá imponer a las administraciones territoriales en situaciones de 'emergencia presupuestaria'.

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El trabajo realizado se divide en dos bloques bien diferenciados, ambos relacionados con el análisis de microarrays. El primer bloque consiste en agrupar las condiciones muestrales de todos los genes en grupos o clústers. Estas agrupaciones se obtienen al aplicar directamente sobre la microarray los siguientes algoritmos de agrupación: SOM,PAM,SOTA,HC y al aplicar sobre la microarray escalada con PC y MDS los siguientes algoritmos: SOM,PAM,SOTA,HC y K-MEANS. El segundo bloque consiste en realizar una búsqueda de genes basada en los intervalos de confianza de cada clúster de la agrupación activa. Las condiciones de búsqueda ajustadas por el usuario se validan para cada clúster respecto el valor basal 0 y respecto el resto de clústers, para estas validaciones se usan los intervalos de confianza. Estos dos bloques se integran en una aplicación web ya existente, el applet PCOPGene, alojada en el servidor: http://revolutionresearch.uab.es.

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La incorporación de los adolescentes inmigrados latinoamericanos al sistema educativo español se da en un escenario complejo en el que se presentan diversos componentes. Un ámbito específico corresponde al impacto de la experiencia migratoria en adolescentes y niños inmigrados; enfrentar un sistema educativo desconocido –cuyas reglas han de irse descubriendo paulatina y, a veces, traumáticamente– pone a prueba las bases de la seguridad emocional e intelectual. En este trabajo se presenta algunos hallazgos de un estudio acerca de las formas que adopta la inserción de los adolescentes latinoamericanos en la sociedad española, llevado a cabo con adolescentes entre los 12 y 17 años de edad que asistían a la Educación Secundaria Obligatoria, en el curso 2005-2006, en centros educativos públicos y concertados en Madrid, Murcia y Valladolid. El trabajo muestra, primero, algunos elementos del contexto migratorio en el que ocurren las vivencias de los adolescentes, constituidos en inmigrantes involuntarios; y, en segundo lugar, examina algunas de las experiencias a las que los adolescentes se hallan expuestos en el ámbito educativo y social, que asignan rasgos particulares al proceso de construcción de la identidad. Integrarse en el sistema educativo es uno de los primeros retos que enfrentan chicos y chicas latinos que asisten a la ESO, dado que la escuela constituye para ellos el espacio en el cual se sientan las bases para determinada socialización en la vida española. En esta cobran expresión las dificultades que, en parte provenientes de su origen nacional y familiar, encaran los adolescentes latinoamericanos durante el proceso de inserción social y educativa. Todas las dificultades afloran a través de las formas que adoptan los intercambios con la sociedad de acogida. Y dentro de esos intercambios importan significativamente las condiciones que el alumnado de origen extranjero encuentra en la sociedad y en las escuelas españolas. De una parte, la sociedad española vive con particular sensibilidad la irrupción migratoria y, en algunos sectores de ella, el fenómeno es respondido con manifestaciones de racismo y xenofobia que, en cierta medida, repercuten en la escuela. De otra parte, en el sistema educativo se experimentan desafíos no resueltos, provenientes del intenso cambio social de las últimas décadas, a los que se suma la llegada del contingente de jóvenes inmigrados, para quienes no se ha desarrollado mecanismos de adaptación específicos. Desde una y otra vertiente proceden tensiones que recaen en el proceso de construcción del joven latinoamericano inmigrado, que este trabajo esboza.

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La presente comunicación pretende poner de relieve los procesos sociales que han llevado a que durante el desarrollo de Chile como Estado Nación, haya cristalizado una cierta imagen de uniformidad social como forma de integración comunitaria, marginando en ello a diferentes grupos que se apartaban de los parámetros considerados de normalidad (principalmente los referentes indígenas y sectores populares de la vida política y social). A partir de estos procesos, surgirá una cierta idea de “identidad chilena”, noción grupal cerrada, hegemónica y afiliada a caracteres nacionalistas, que se reproducirá socialmente a través de las diversas instituciones y discursos oficiales. En ese contexto, la escuela siempre fue utilizada como un instrumento útil para promover la anulación de las manifestaciones que no calzaban con los patrones ya establecidos, con aquello que se alejaba de la norma: maestros que sólo hablaran castellano en escuelas con presencia de niños indígenas, imitación de modelos europeos, entrega de contenidos que no guardaban relación con las particularidades del contexto o las culturas locales y una oferta curricular homogénea, fueron estrategias oficiales utilizadas prácticamente hasta la década del noventa del siglo pasado. La homogenización a través de la educación permitía así consolidar la construcción de un “ciudadano tipo” dentro del grupo social, excluyendo o normativizando otras autoidentificaciones que se alejaran de los propósitos de la construcción nacional. La “asimilación” pasó a ser la tónica de las diversas políticas públicas, configurando un discurso ideológico respecto de lo que se consideraba ser un/a “buen/a chileno/a”. Este complejo escenario que se ha configurado en la construcción del estado nacional chileno a través del tiempo, es el que han encontrado algunos grupos migrados que han llegado a este país, especialmente peruanos, transformándose actualmente en la figura de subalternidad y alteridad por excelencia. Y si bien en diversos momentos de su historia social, el país impulsó políticas de inmigración, cabe destacar que siempre se caracterizaron, aunque no explícitamente, por una cierta priorización de origen nacional: los procesos de recepción de inmigrados europeos y las facilidades para adquirir los mismos derechos ciudadanos que cualquier nacional, resultan evidentes. El Estado no sólo ha actuado por razones económicas, sino que también ha planteado criterios de selección cultural e incluso a veces racial que han influido considerablemente en el conjunto de las relaciones interpersonales.