997 resultados para DERECHOS HUMANOS - CHINA
Resumo:
La Estrategia de Seguridad Nacional de cada país se basa en el análisis de los valores, intereses y amenazas contra la seguridad interna y externa. Los intereses de Georgia y Europa con respecto al tema de seguridad coinciden plenamente uno con el otro, según se sostiene en este trabajo. La evolución de los últimos años confirma que es necesario tener grandes dosis de diálogo para construir el sistema de la seguridad europea. Para que Europa tenga una lógica común hay que trabajar para construir una seguridad unificada. Europeizar el llamado "Concepto de la Seguridad Nacional de Georgia" requiere la consolidación democrática. El respeto a los Derechos Humanos, la garantía de las libertades civiles y políticas, así como la libertad de expresión son algunas de las dimensiones de la democracia, que, a pesar de los problemas y tensiones, se han fortalecido desde que Georgia declaró su lealtad a la integración Euro-atlántica. Ahora corresponde llevar a cabo el salto cualitativo hacia la consolidación de la democracia. Desde este punto de vista, entendemos que la "europeización" es algo paralelo y tan importante como la democracia
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Una de las cuestiones más controvertidas en la problemática de la justicia de transición es la relativa a las Comisiones de la Verdad. En este artículo se analizan estos órganos de investigación desde el prisma de la obligación de proveer justicia ante las graves violaciones de derechos humanos y se plantea en qué condiciones una fórmula basada en la verdad y la reparación puede servir a los fines de la justicia penal.
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La aprobación en junio de 2008 por el Parlamento Europeo de la Directiva de retorno —denominada también Directiva de la infamia o Directiva de expulsión— consolida el proceso de involución que sobre los derechos humanos se viene produciendo en la Unión Europea desde que el miedo a la inmigración irregular se incardinó en sus instituciones. Si bien las legislaciones de extranjería de los años ochenta contenían normas que regulaban el internamiento y la expulsión no es hasta la Directiva 2001/40/CE que comienza a tomar forma una política comunitaria centrada en la inmigración irregular y las expulsiones de migrantes. Las medidas de retorno son, dice la Comisión europea, “una piedra angular de la política de migración de la UE”. Desde entonces, la barbarie de los centros de retención e internamiento, el socavamiento de los derechos y la exclusión y criminalización de los migrantes extranjeros se han convertido en el caballo de batalla de las asociaciones defensoras de los derechos humanos. La erosión que las legislaciones y medidas de expulsión están provocado en los derechos y libertades y en las instituciones del Estado de derecho es inmensa. El retroceso y la erosión en los derechos y libertades es tan grande que ya no es posible continuar hablando sin más de Estados de derecho en la UE, sino más bien de máquinas administrativas para el internamiento y la expulsión, de “Estados expulsores” (1), donde las personas extranjeras son tratadas como semipersonas (2) e incluso como “no-personas” (3).
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La aprobación en junio de 2008 por el Parlamento Europeo de la Directiva de retorno —denominada también Directiva de la infamia o Directiva de expulsión— consolida el proceso de involución que sobre los derechos humanos se viene produciendo en la Unión Europea desde que el miedo a la inmigración irregular se incardinó en sus instituciones. Si bien las legislaciones de extranjería de los años ochenta contenían normas que regulaban el internamiento y la expulsión no es hasta la Directiva 2001/40/CE que comienza a tomar forma una política comunitaria centrada en la inmigración irregular y las expulsiones de migrantes. Las medidas de retorno son, dice la Comisión europea, “una piedra angular de la política de migración de la UE”. Desde entonces, la barbarie de los centros de retención e internamiento, el socavamiento de los derechos y la exclusión y criminalización de los migrantes extranjeros se han convertido en el caballo de batalla de las asociaciones defensoras de los derechos humanos. La erosión que las legislaciones y medidas de expulsión están provocado en los derechos y libertades y en las instituciones del Estado de derecho es inmensa. El retroceso y la erosión en los derechos y libertades es tan grande que ya no es posible continuar hablando sin más de Estados de derecho en la UE, sino más bien de máquinas administrativas para el internamiento y la expulsión, de “Estados expulsores”(1), donde las personas extranjeras son tratadas como semipersonas (2) e incluso como“no-personas” (3).
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Desde mediados de los años ochenta del siglo pasado los países del sur del Mediterráneo, como España, Italia, Grecia y Portugal, comenzaron a recibir importantes flujos migratorios procedentes del sur y este europeo. Ello determinó la necesidad de disponer de nuevas legislaciones para regular la entrada y la residencia en el territorio, el acceso al mercado de trabajo y la integración de miles de personas procedentes del resto del mundo.
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El eje de este artículo es el estudio sobre el valor formativo de una experiencia de prácticas de cooperación educativa en Guatemala como expresión de una pedagogía del compromiso con los derechos humanos: aprender a cooperar y cooperar para transformar. En el trabajo se plantea la responsabilidad que les cabe a las universidades en un mundo global y se reflexiona sobre la necesidad de insertar la dimensión ética en los planes de formación inicial. El ejercicio de la autonomía universitaria y el énfasis en el desarrollo de competencias, asociados a la adquisición de contenidos más significativos, abiertos y flexibles, favorece el despliegue de proyectos pedagógicos que adoptan miradas más holísticas y multidimensionales, más transversales y pluridisciplinares que, en la línea de las aportaciones sobre educación para el desarrollo, sobre cooperación y aprendizaje-servicio, promueven el derecho a la educación y la vivencia de valores que son fundamento y fin de una ciudadanía inclusiva.
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El pasado 17 de abril de 2012, el director del Centro de Internamiento de Extranjeros de Barcelona, a instancias de la Delegada del Gobierno en Cataluña, impidió al Síndic de Greuges (ombudsman) de Catalunya la entrada en esta instalación. Los argumentos legalistas y competenciales utilizados esconden una clara vocación de mantener la opacidad en una institución, la de los CIEs, que se ha revelado como una de las más atentatorias contra los derechos humanos fundamentales del Reino de España. Vamos a poner en contexto este incidente y lo que representa en un país que presume de modélico en el respeto de los derechos humanos.
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Aquest treball pretén analitzar l’evolució del marc jurídic de la gestió de la cooperació i vigilància de les fronteres exteriors de la Unió Europea (UE) des de la perspectiva de les operacions a les fronteres marítimes. La pràctica de Frontex des dels seus inicis no ha estat mancada de crítiques, fet que ha comportat la necessitat de trobar nous mecanismes per aconseguir l’efectivitat de les seves operacions. És per aquest motiu que, com veurem en aquest treball, l’objectiu final de les reformes de l’Agència busquen assegurar la seguretat a l’espai interior del territori Schengen, sense deixar de banda el degut respecte als drets humans.
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Desde mediados de los años ochenta del siglo pasado los países del sur del Mediterráneo, como España, Italia, Grecia y Portugal, comenzaron a recibir importantes flujos migratorios procedentes del sur y este europeo. Ello determinó la necesidad de disponer de nuevas legislaciones para regular la entrada y la residencia en el territorio, el acceso al mercado de trabajo y la integración de miles de personas procedentes del resto del mundo.
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La aprobación en junio de 2008 por el Parlamento Europeo de la Directiva de retorno denominada también Directiva de la infamia o Directiva de expulsión consolida el proceso de involución que sobre los derechos humanos se viene produciendo en la Unión Europea desde que el miedo a la inmigración irregular se incardinó en sus instituciones. Si bien las legislaciones de extranjería de los años ochenta contenían normas que regulaban el internamiento y la expulsión no es hasta la Directiva 2001/40/CE que comienza a tomar forma una política comunitaria centrada en la inmigración irregular y las expulsiones de migrantes. Las medidas de retorno son, dice la Comisión europea,"una piedra angular de la política de migración de la UE". Desde entonces, la barbarie de los centros de retención e internamiento, el socavamiento de los derechos y la exclusión y criminalización de los migrantes extranjeros se han convertido en el caballo de batalla de las asociaciones defensoras de los derechos humanos. La erosión que las legislaciones y medidas de expulsión están provocado en los derechos y libertades y en las instituciones del Estado de derecho es inmensa. El retroceso y la erosión en los derechos y libertades es tan grande que ya no es posible continuar hablando sin más de Estados de derecho en la UE, sino más bien de máquinas administrativas para el internamiento y la expulsión, de"Estados expulsores"(1), donde las personas extranjeras son tratadas como semipersonas (2) e incluso como"no-personas" (3).
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Puesto que el título elegido para este artículo es poco preciso, conviene advertir al lector qué se encontrará en las siguientes páginas. Lo que sigue forma parte de un estudio en curso sobre la experiencia contemporánea del sufrimiento. De los distintos aspectos de dicho estudio se han seleccionado aquí dos cuestiones: la distribución social del sufrimiento y la construcción de la experiencia del sufrimiento en las sociedades tardocapitalistas. La razón última de la combinación de estas dos cuestiones es explicar la percepción que hoy se tiene del sufrimiento ajeno y, también, del sufrimiento propio.
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Curral Velho es una comunitat tradicional, situada al nord-est de Brasil, que manté una relació directa amb els ecosistemes que la envolten. La comunitat depèn del estat de conservació del medi natura, ja que obtenen diferents serveis ecositemics. En aquest territori es desenvolupen dos tipus d’economies amb unes bases molt diferents. Una economia tradicional, desenvolupada per la pròpia comunitat, que es basa en la propietat col·lectiva del territori i en optimitzar a llarg termini els beneficis que s’obtenen del medi; y un altre com la camaronicultura, la base de la qual es la obtenció de beneficis a curt termini i amb un territori de propietat privada. Aquesta superposició de models de producció genera impactes ambientals, i un conflicte socio-ambiental entre la comunitat i els que desenvolupen la camaronicultura. L’objectiu es realitzar un estudi econòmic de la pesca artesanal de Curral Velho caracteritzant manera de viure, creant una base de dades sobre pesca artesanal i elaborant indicador de beneficis econòmics generats per la pesca artesanal. Per contextualitzar els resultats es va fer un anàlisis de les dos economies existents a la comunitat. Els resultats obtinguts en primer lloc són que l’economia d’explotació intensiva aporta més guanys per les persones de la comunitat que tenen un relació directa que les que es dediquen a la pesca artesanal, però es important no aturar-se aquí: s’ha de realitzar un anàlisis més profund. Com a conclusió, la activitat pesquera es més rentable a llarg termini ja que els recursos extrets de manera sostenible i així són il·limitats y accessibles a tota la comunitat. A diferència de la camaronicultura, la pesca artesanal no genera desigualtats socials ni vulneracions dels drets humans. Tot el contrari, genera forts vincles entre els individus de la comunitat basats en el treball en equip i l’aprenentatge vivencial e intergeneracional.
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La dynamique démographique ayant cours au sein de la région des Caraïbes est très particulière, notamment par la rapidité avec laquelle la population vieillit, un rythme des plus élevés par rapport aux autres régions du monde. Les enjeux cruciaux que sont ceux d’assurer la qualité de vie des aînés d’aujourd’hui et de demain ainsi qu’une gestion efficace de ces sociétés vieillissantes se doivent d’être abordés et pris en compte. Le présent mémoire diffuse les résultats d'une analyse ciblée des caractéristiques sociodémographiques des personnes âgées de quatre États des Caraïbes (Antigua-et-Barbuda, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines et Trinité-et-Tobago) à partir des données de leur plus récent recensement. Ce portrait met une emphase particulière sur les conditions de vie, la santé et la participation sur le marché du travail des personnes âgées, soit sur les grands thèmes des trois objectifs du Plan d’action international sur le vieillissement de Madrid. Par ailleurs, un regard est posé sur les effets des cinq premières années en vigueur du Plan de Madrid sur les populations caribéennes. Les informations obtenues à la suite d’interviews effectués auprès de personnes contacts de quelques pays caribéens sont synthétisées et identifient les efforts déployés principalement par les gouvernements pour inclure les objectifs du Plan de Madrid et autres enjeux du vieillissement démographique dans les mécanismes et les politiques de développement social et économique ainsi que ceux de respect des droits humains.
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Cette thèse analyse les négociations interculturelles des Gens du Centre (groupe amazonien multi-ethnique) avec les discours universels de droits humains et de développement mobilisés par l’État colombien. L’analyse se concentre sur le Plan de sauvegarde ethnique Witoto chapitre Leticia (ESP), qui est un des 73 plans formulés et implémentés par l’État colombien pour reconnaître les droits des peuples autochtones en danger par le déplacement forcé causé par les conflits armés internes. J’analyse l’ESP à travers la notion de friction (Tsing, 2005) qui fait référence aux caractéristiques complexes, inégalitaires et changeantes des rencontres contemporaines entre les différences des savoirs locaux et globaux. Mon analyse se base aussi sur des approches foucaldiennes et/ou subalternes de pouvoir comme la recherche anticoloniale et de la décolonisation, les perspectives critiques et contre-hégémoniques des droits humains, le post-développement, et les critiques du féminisme au développement. L’objectif de la thèse est d’analyser les savoirs (concepts de loi, de justice et de développement); les logiques de pensée (pratiques, épistémologies, rôles et espaces pour partager et produire des savoirs); et les relations de pouvoir (formes de leadership, associations, réseaux, et formes d’empowerment et disempowerment) produits et recréés par les Gens du Centre au sein des frictions avec les discours de droits humains et du développement. La thèse introduit comment la région habitée par les Gens du Centre (le Milieu Amazone transfrontalier) a été historiquement connectée aux relations inégalitaires de pouvoir qui influencent les luttes actuelles de ce groupe autochtone pour la reconnaissance de leurs droits à travers l’ESP. L’analyse se base à la fois sur une recherche documentaire et sur deux terrains ethnographiques, réalisés selon une perspective critique et autoréflexive. Ma réflexion méthodologique explore comment la position des chercheurs sur le terrain influence le savoir ethnographique et peut contribuer à la création des relations interculturelles inclusives, flexibles et connectées aux besoins des groupes locaux. La section analytique se concentre sur comment le pouvoir circule simultanément à travers des échelles nationale, régionale et locale dans l’ESP. J’y analyse comment ces formes de pouvoir produisent des sujets individuels et collectifs et s’articulent à des savoirs globaux ou locaux pour donner lieu à de nouvelles formes d’exclusion ou d’émancipation des autochtones déplacés. Les résultats de la recherche suggèrent que les Gens du Centre approchent le discours des droits humains à travers leurs savoirs autochtones sur la « loi de l’origine ». Cette loi établit leur différence culturelle comme étant à la base du processus de reconnaissance de leurs droits comme peuple déplacé. D’ailleurs, les Gens du Centre approprient les discours et les projets de développement à travers la notion d’abondance qui, comprise comme une habileté collective qui connecte la spiritualité, les valeurs culturelles, et les rôles de genre, contribue à assurer l’existence physique et culturelle des groupes autochtones. Ma thèse soutient que, même si ces savoirs et logiques de pensée autochtones sont liés à des inégalités et à formes de pouvoir local, ils peuvent contribuer à des pratiques de droits humains et de développement plurielles, égalitaires et inclusives.
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Monográfico con el título: 'Competencias Educativas'. Resumen basado en el de la publicación