998 resultados para Derechos humanos -- Congresos
Resumo:
La presente investigación exploró las opiniones de una muestra de la población de 5 países latinoamericanos (N= 4900) respecto a cómo abordar el pasado político referido a las violaciones de los derechos humanos. En general, se constata un amplio acuerdo en términos de la necesidad de recordar el pasado, siendo este acuerdo mayor en las víctimas y las personas de izquierda, quienes, además, manifiestan más necesidad de compartir socialmente sobre los hechos y quienes mejor valoran las medidas de justicia transicional implementadas. Aunque las disculpas son evaluadas de forma crítica en general, una visión más positiva de las disculpas se asoció con una mejor percepción del clima emocional. Mientras en Argentina y Paraguay la sinceridad y eficacia percibida en las disculpas son mayores entre las víctimas y las personas de izquierda, en el caso chileno la relación es inversa. Los resultados se discuten en el marco de las representaciones sociales del pasado.
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Desde hace unos años que en la gestión empresarial no es suficiente alcanzar el máximo beneficio económico. La sociedad demanda, cada vez más, un comportamiento ético a las empresas, que tengan en cuenta el crecimiento sostenible, los impactos de las actividades empresariales sobre la sociedad y el medioambiente y que respeten los derechos humanos, etc. La empresa pasa de ser un ente aislado, que hace y deshace a su libre albedrío, a estar relacionada con diversos grupos de interés, llamados stakeholders, que influyen en la empresa y que a su vez son influidos por ella. La empresa debe ahora satisfacer los intereses propios de los accionistas (shareholders) y además los intereses, a veces encontrados, de todos estos grupos de interés. Para ello, las empresas, tratan de desarrollar un ethos corporativo que les permita lograr este objetivo. La herramienta de gestión más utilizada para lograrlo es la llamada Responsabilidad Social Corporativa (RSC), que se traduce en prácticas de ética empresarial como el buen gobierno, los códigos de conducta y las memorias de responsabilidad social, entre otras
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La Estrategia de Seguridad Nacional de cada país se basa en el análisis de los valores, intereses y amenazas contra la seguridad interna y externa. Los intereses de Georgia y Europa con respecto al tema de seguridad coinciden plenamente uno con el otro, según se sostiene en este trabajo. La evolución de los últimos años confirma que es necesario tener grandes dosis de diálogo para construir el sistema de la seguridad europea. Para que Europa tenga una lógica común hay que trabajar para construir una seguridad unificada. Europeizar el llamado "Concepto de la Seguridad Nacional de Georgia" requiere la consolidación democrática. El respeto a los Derechos Humanos, la garantía de las libertades civiles y políticas, así como la libertad de expresión son algunas de las dimensiones de la democracia, que, a pesar de los problemas y tensiones, se han fortalecido desde que Georgia declaró su lealtad a la integración Euro-atlántica. Ahora corresponde llevar a cabo el salto cualitativo hacia la consolidación de la democracia. Desde este punto de vista, entendemos que la "europeización" es algo paralelo y tan importante como la democracia
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Una de las cuestiones más controvertidas en la problemática de la justicia de transición es la relativa a las Comisiones de la Verdad. En este artículo se analizan estos órganos de investigación desde el prisma de la obligación de proveer justicia ante las graves violaciones de derechos humanos y se plantea en qué condiciones una fórmula basada en la verdad y la reparación puede servir a los fines de la justicia penal.
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La aprobación en junio de 2008 por el Parlamento Europeo de la Directiva de retorno —denominada también Directiva de la infamia o Directiva de expulsión— consolida el proceso de involución que sobre los derechos humanos se viene produciendo en la Unión Europea desde que el miedo a la inmigración irregular se incardinó en sus instituciones. Si bien las legislaciones de extranjería de los años ochenta contenían normas que regulaban el internamiento y la expulsión no es hasta la Directiva 2001/40/CE que comienza a tomar forma una política comunitaria centrada en la inmigración irregular y las expulsiones de migrantes. Las medidas de retorno son, dice la Comisión europea, “una piedra angular de la política de migración de la UE”. Desde entonces, la barbarie de los centros de retención e internamiento, el socavamiento de los derechos y la exclusión y criminalización de los migrantes extranjeros se han convertido en el caballo de batalla de las asociaciones defensoras de los derechos humanos. La erosión que las legislaciones y medidas de expulsión están provocado en los derechos y libertades y en las instituciones del Estado de derecho es inmensa. El retroceso y la erosión en los derechos y libertades es tan grande que ya no es posible continuar hablando sin más de Estados de derecho en la UE, sino más bien de máquinas administrativas para el internamiento y la expulsión, de “Estados expulsores” (1), donde las personas extranjeras son tratadas como semipersonas (2) e incluso como “no-personas” (3).
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La aprobación en junio de 2008 por el Parlamento Europeo de la Directiva de retorno —denominada también Directiva de la infamia o Directiva de expulsión— consolida el proceso de involución que sobre los derechos humanos se viene produciendo en la Unión Europea desde que el miedo a la inmigración irregular se incardinó en sus instituciones. Si bien las legislaciones de extranjería de los años ochenta contenían normas que regulaban el internamiento y la expulsión no es hasta la Directiva 2001/40/CE que comienza a tomar forma una política comunitaria centrada en la inmigración irregular y las expulsiones de migrantes. Las medidas de retorno son, dice la Comisión europea, “una piedra angular de la política de migración de la UE”. Desde entonces, la barbarie de los centros de retención e internamiento, el socavamiento de los derechos y la exclusión y criminalización de los migrantes extranjeros se han convertido en el caballo de batalla de las asociaciones defensoras de los derechos humanos. La erosión que las legislaciones y medidas de expulsión están provocado en los derechos y libertades y en las instituciones del Estado de derecho es inmensa. El retroceso y la erosión en los derechos y libertades es tan grande que ya no es posible continuar hablando sin más de Estados de derecho en la UE, sino más bien de máquinas administrativas para el internamiento y la expulsión, de “Estados expulsores”(1), donde las personas extranjeras son tratadas como semipersonas (2) e incluso como“no-personas” (3).
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Desde mediados de los años ochenta del siglo pasado los países del sur del Mediterráneo, como España, Italia, Grecia y Portugal, comenzaron a recibir importantes flujos migratorios procedentes del sur y este europeo. Ello determinó la necesidad de disponer de nuevas legislaciones para regular la entrada y la residencia en el territorio, el acceso al mercado de trabajo y la integración de miles de personas procedentes del resto del mundo.
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El eje de este artículo es el estudio sobre el valor formativo de una experiencia de prácticas de cooperación educativa en Guatemala como expresión de una pedagogía del compromiso con los derechos humanos: aprender a cooperar y cooperar para transformar. En el trabajo se plantea la responsabilidad que les cabe a las universidades en un mundo global y se reflexiona sobre la necesidad de insertar la dimensión ética en los planes de formación inicial. El ejercicio de la autonomía universitaria y el énfasis en el desarrollo de competencias, asociados a la adquisición de contenidos más significativos, abiertos y flexibles, favorece el despliegue de proyectos pedagógicos que adoptan miradas más holísticas y multidimensionales, más transversales y pluridisciplinares que, en la línea de las aportaciones sobre educación para el desarrollo, sobre cooperación y aprendizaje-servicio, promueven el derecho a la educación y la vivencia de valores que son fundamento y fin de una ciudadanía inclusiva.
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El pasado 17 de abril de 2012, el director del Centro de Internamiento de Extranjeros de Barcelona, a instancias de la Delegada del Gobierno en Cataluña, impidió al Síndic de Greuges (ombudsman) de Catalunya la entrada en esta instalación. Los argumentos legalistas y competenciales utilizados esconden una clara vocación de mantener la opacidad en una institución, la de los CIEs, que se ha revelado como una de las más atentatorias contra los derechos humanos fundamentales del Reino de España. Vamos a poner en contexto este incidente y lo que representa en un país que presume de modélico en el respeto de los derechos humanos.
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El objetivo general de este trabajo es discutir la imagen de China en los diarios españoles a través del análisis de las noticias sobre China de los dos diarios representantes,La Vanguardia y ABC,especialmente en el período en que se celebran los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. La imagen de China en la prensa española es "comunismo","el desarrollo de la economía","falta de derechos humanos","falta la libertad","una técnica avanzada" y "un país con mucha historia y cultura". Y después de la celebración de los Juegos Olímpicos , ha agregada una nueva imagen "el éxito de la celebración de los Juegos Olímpicos"
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Aquest treball pretén analitzar l’evolució del marc jurídic de la gestió de la cooperació i vigilància de les fronteres exteriors de la Unió Europea (UE) des de la perspectiva de les operacions a les fronteres marítimes. La pràctica de Frontex des dels seus inicis no ha estat mancada de crítiques, fet que ha comportat la necessitat de trobar nous mecanismes per aconseguir l’efectivitat de les seves operacions. És per aquest motiu que, com veurem en aquest treball, l’objectiu final de les reformes de l’Agència busquen assegurar la seguretat a l’espai interior del territori Schengen, sense deixar de banda el degut respecte als drets humans.
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Desde mediados de los años ochenta del siglo pasado los países del sur del Mediterráneo, como España, Italia, Grecia y Portugal, comenzaron a recibir importantes flujos migratorios procedentes del sur y este europeo. Ello determinó la necesidad de disponer de nuevas legislaciones para regular la entrada y la residencia en el territorio, el acceso al mercado de trabajo y la integración de miles de personas procedentes del resto del mundo.
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La aprobación en junio de 2008 por el Parlamento Europeo de la Directiva de retorno denominada también Directiva de la infamia o Directiva de expulsión consolida el proceso de involución que sobre los derechos humanos se viene produciendo en la Unión Europea desde que el miedo a la inmigración irregular se incardinó en sus instituciones. Si bien las legislaciones de extranjería de los años ochenta contenían normas que regulaban el internamiento y la expulsión no es hasta la Directiva 2001/40/CE que comienza a tomar forma una política comunitaria centrada en la inmigración irregular y las expulsiones de migrantes. Las medidas de retorno son, dice la Comisión europea,"una piedra angular de la política de migración de la UE". Desde entonces, la barbarie de los centros de retención e internamiento, el socavamiento de los derechos y la exclusión y criminalización de los migrantes extranjeros se han convertido en el caballo de batalla de las asociaciones defensoras de los derechos humanos. La erosión que las legislaciones y medidas de expulsión están provocado en los derechos y libertades y en las instituciones del Estado de derecho es inmensa. El retroceso y la erosión en los derechos y libertades es tan grande que ya no es posible continuar hablando sin más de Estados de derecho en la UE, sino más bien de máquinas administrativas para el internamiento y la expulsión, de"Estados expulsores"(1), donde las personas extranjeras son tratadas como semipersonas (2) e incluso como"no-personas" (3).
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Puesto que el título elegido para este artículo es poco preciso, conviene advertir al lector qué se encontrará en las siguientes páginas. Lo que sigue forma parte de un estudio en curso sobre la experiencia contemporánea del sufrimiento. De los distintos aspectos de dicho estudio se han seleccionado aquí dos cuestiones: la distribución social del sufrimiento y la construcción de la experiencia del sufrimiento en las sociedades tardocapitalistas. La razón última de la combinación de estas dos cuestiones es explicar la percepción que hoy se tiene del sufrimiento ajeno y, también, del sufrimiento propio.
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Curral Velho es una comunitat tradicional, situada al nord-est de Brasil, que manté una relació directa amb els ecosistemes que la envolten. La comunitat depèn del estat de conservació del medi natura, ja que obtenen diferents serveis ecositemics. En aquest territori es desenvolupen dos tipus d’economies amb unes bases molt diferents. Una economia tradicional, desenvolupada per la pròpia comunitat, que es basa en la propietat col·lectiva del territori i en optimitzar a llarg termini els beneficis que s’obtenen del medi; y un altre com la camaronicultura, la base de la qual es la obtenció de beneficis a curt termini i amb un territori de propietat privada. Aquesta superposició de models de producció genera impactes ambientals, i un conflicte socio-ambiental entre la comunitat i els que desenvolupen la camaronicultura. L’objectiu es realitzar un estudi econòmic de la pesca artesanal de Curral Velho caracteritzant manera de viure, creant una base de dades sobre pesca artesanal i elaborant indicador de beneficis econòmics generats per la pesca artesanal. Per contextualitzar els resultats es va fer un anàlisis de les dos economies existents a la comunitat. Els resultats obtinguts en primer lloc són que l’economia d’explotació intensiva aporta més guanys per les persones de la comunitat que tenen un relació directa que les que es dediquen a la pesca artesanal, però es important no aturar-se aquí: s’ha de realitzar un anàlisis més profund. Com a conclusió, la activitat pesquera es més rentable a llarg termini ja que els recursos extrets de manera sostenible i així són il·limitats y accessibles a tota la comunitat. A diferència de la camaronicultura, la pesca artesanal no genera desigualtats socials ni vulneracions dels drets humans. Tot el contrari, genera forts vincles entre els individus de la comunitat basats en el treball en equip i l’aprenentatge vivencial e intergeneracional.