La cooperación internacional para el desarrollo como herramienta de política exterior japonesa en África Subsahariana

El presente caso de estudio tiene como objetivo explicar el rol de la cooperación internacional para el desarrollo en Tanzania, Mozambique, Nigeria para la consolidación del liderazgo político internacional de Japón. El interés de realizar esta investigación es la ampliación del conocimiento sobre el uso del poder blando, para alcanzar los objetivos de política exterior japonesa. Por eso, se llevara a cabo una revisión bibliográfica para el análisis de documentos oficiales y artículos académicos para la consolidación de información. A partir de ello, se pretende demostrar que la cooperación al desarrollo es una herramienta de política exterior japonesa para consolidarse como líder, en la medida en que el uso de herramientas propias de la cooperación y el presupuesto destinada a la ejecución de éstas tienen incidencia en los votos de estos Estados africanos para las iniciativas japonesas en las Naciones Unidas.

The rasch approach to 'objective measurement' in the presence of subjective evaluation from judges. 'Aproximación al modelo de 'medición objetiva' de rasch en presentación de la evaluación subjetiva por jueces'.

Resumen tomado de la publicación. Monográfico titulado: economía de la educación

Party and Law : una experiencia evaluadora.

Resumen tomado de la publicación

Campus virtuales y enseñanza del Derecho : la experiencia del Proyecto Lefis (Law&ITC Shared Virtual Campus).

Resumen tomado de la publicación

The citizen and the law.

Esta serie presenta un contenido adaptado a la materia de Educación para la Ciudadanía para alumnos de más de catorce años y está concebida para fomentar en las escuelas la cultura política, la responsabilidad social y moral y, la participación en la vida comunitaria. En concreto, este texto proporciona al estudiante información actualizada sobre las leyes y sobre el funcionamiento de los tribunales de justicia, la policía y los servicios penitenciarios en Gran Bretaña. Se acompaña de un material-recurso para el profesor.

Teacher's resources. Democracy in action ; Global concerns ; Media matters ; The citizen and the law ; Human rights.

Este recurso ayuda al profesor a explicar el contenido de la materia de Educación para la Ciudadanía a los alumnos de la etapa 4 del curriculo nacional inglés (key stage 4) y del General Certificate Secondary Education (GCSE). Dispone de actividades fotocopiables que apoyan y complementan a los cinco libros del estudiante; también incorpora fuentes adicionales de información para fomentar en los estudiantes habilidades de investigación.

Meeting of minds : islamic encounters c. 570 to 1750.

Ayuda a los alumnos a entender la mentalidad de las personas que integraban el mundo islámico y de aquellas otras con las que se encontraron en su expansión. Para ello, se estudian las condiciones sociales, políticas, religiosas y culturales del mundo preislámico e islámico hasta 1750. Cada sección se estructura como una investigación histórica, para que cada estudiante seleccione, ordene y clasifique la información y aprenda a relacionar las cuestiones clave. Su contenido se adapta al curriculum nacional inglés.

Approaching the distributive law with young pupils. 'Aproximación a la propiedad distributiva con estudiantes jóvenes'.

Resumen basado en el de la publicación

La ejecución de las sentencias urbanísticas

El Estado español tiene más de 100.000 construcciones ilegales. En la actualidad, la ejecución de las sentencias en materia urbanística no es eficaz. Existe, por tanto, una situación de inejecución de las sentencias urbanísticas. Un ciudadano puede construir una casa al amparo de una licencia. Sin embargo, a veces, esta licencia es ilegal porque infringe el plan urbanístico aplicable y incluso la propia ley de urbanismo. La consecuencia jurídica de la ilegal es la obligatoriedad del derribo de lo ilegalmente construido. Lo mismo sucede ante la declaración de ilegalidad de un plan urbanístico. En este caso, el juez o tribunal estimará la ilegalidad del plan y el fallo deberá ser ejecutado. La solución no es un fácil porque la demolición o derribo de la construcción ilegal trae consigo el pago de una indemnización a los propietarios que han edificado al amparo de una licencia ilegal.El derecho a la ejecución de sentencias es prescrito por el artículo 24 de la Constitución española. Este artículo 24 garantiza el derecho de todos ciudadanos a una tutela judicial efectiva. El Tribunal Constitucional español en sus sentencias número 67/1984 y 28/1989, reconocieron que el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales deriva del propio derecho a la tutela judicial efectiva. La justicia administrativa está regulada por la Ley 29/1998, del 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. En su artículo 103.1 de la Ley 29/1998, establece que los jueces y los tribunales de la jurisdicción administrativa son los competentes para hacer ejecutar las sentencias. Por otro lado, el artículo 117.3 de la Constitución Española otorga la competencia en exclusiva a los jueces y tribunales para hacer ejecutar las sentencias, como manifestación del principio de división de poderes.En último lugar, los valores que la legislación urbanística española incorpora, tales como, el desarrollo sostenible, urbanismo sostenible y la cohesión social, quedan inaplicados si las sentencias urbanísticas no se ejecutan.

Como constroem os juízes a decisão de casos difíceis? R. Posner e o Direito como uma Área Aberta. Algumas reflexões

In “How Judges Think” R. Posner’s main purpose is to develop a “cogent, unified, realist and appropriately eclectic account of how judges arrive to their decisions in nonroutine cases”. Because “law” is unnable to generate acceptable answers to all legal questions there’s an open area in which judges have decisional discretion. This article focuses on that concept of “open area” and in how judges behave when they are judging in the open area.

¿Pueden los juzgadores penales inaplicar el Código Penal? (Tema Central)

¿Un juez penal puede inaplicar una disposición del código penal o del procedimiento penal? En general, por el principio de legalidad, no. Sin embargo, la jurisprudencia y la doctrina han demostrado que sí se puede inaplicar normas penales, cuando éstas no están adecuadas a los principios constitucionales. El desarrollo del derecho constitucional ha modificado sustancialmente los presupuestos de la teoría del derecho. Entre otros, el juez crea derecho y puede, interpretativamente, inobservar normas legales. Este poder, que se llama control difuso y tiene que ser utilizado de forma prudente y de acuerdo a preceptos de argumentación jurídica. En este ensayo se describen estos preceptos y se presentan y comentan algunos casos en que principios de la Constitución (derechos humanos) han prevalecido sobre tipos penales, cuando la aplicación de la ley penal lleva a un resultado injusto.

El juez de garantías. Experiencia en el austro (Tema Central)

Uno de los pilares básicos del sistema acusatorio oral, es la figura del juez de garantías. En la primera época ha costado que este actor asuma el papel de custodio de los derechos de los involucrados. De manera inicial en Cuenca y en la última época, en un sector importante de la zona austral, se ha generalizado la aplicación de la metodología oral en la etapa investigativa, modelo que ha creado un nuevo escenario, donde este actor potencia su presencia, consigue hacer efectivos los principios del debido proceso e influye en algunos de los retos centrales del sistema penal: control de la legalidad en la detención, cumplimiento de la garantía de las 24 horas para ser puesto a órdenes del juez, control del abuso de la prisión preventiva, potenciación del uso de las medidas no privativas de libertad y aplicación de vías alternativas al juicio oral.