Le processus de contestation d’une inscription au rôle d’évaluation foncière

Le financement des municipalités québécoises repose en majeure partie sur des revenus autonomes, dont la principale source découle de leur pouvoir de taxer la richesse foncière. Par conséquent, le législateur, voulant assurer la stabilité financière des municipalités, a strictement encadré le processus de confection et de révision des évaluations foncières par plusieurs lois et règlements. Ceci n’a tout de même pas empêché l’augmentation des demandes de contestations à chaque nouveau rôle. Débutant par une demande de révision administrative, à l’aide d’un simple formulaire, le litige entre la municipalité et le contribuable peut se poursuivre devant le Tribunal administratif du Québec et même la Cour du Québec, la Cour supérieure et la Cour d’appel, où la procédure devient de plus en plus exigeante. La transition du processus administratif à judiciaire crée parfois une certaine friction au sein de la jurisprudence, notamment au niveau de la déférence à accorder à l’instance spécialisée, ou encore à l’égard de la souplesse des règles de preuve applicables devant cette dernière. Par une étude positiviste du droit, nous analysons tout d’abord la procédure de confection du rôle foncier, en exposant les acteurs et leurs responsabilités, ainsi que les concepts fondamentaux dans l’établissement de la valeur réelle des immeubles. Ensuite, nous retraçons chacune des étapes de la contestation d’une inscription au rôle, en y recensant les diverses règles de compétence, de preuve et de procédure applicables à chaque instance. À l’aide de nombreux exemples jurisprudentiels, nous tentons de mettre en lumière les différentes interprétations que font les tribunaux de la Loi sur la fiscalité municipale et autres législations connexes.

La institucionalización de la lucha contra el terrorismo transnacional a través del derecho internacional

Hasta hace casi una década, la guerra contra el terrorismo fue una lucha solitaria de los Estados. Actualmente y debido a las implicaciones globales de este fenómeno, las acciones contra este flagelo han adquirido connotación internacional. Gran parte de los países miembros de las Naciones Unidas han acogido esta guerra –contra un enemigo común, pero indefinido- como un compromiso político en favor de la paz y seguridad internacional. La producción constante de instrumentos internacionales que condenan el terrorismo y que exigen tomar medidas para combatirlo, demuestran que esa intención política originaria se ha decantado en el ordenamiento internacional como una obligación autónoma, de carácter consuetudinario; que hace que actualmente no haya país en el mundo que pueda excusarse de combatir al terrorismo (interno o transnacional) independientemente de las justificaciones que se puedan aludir para el no cumplimiento.

Incidencia de la gestión de Frontex y el gobierno italiano en la acentuación de la crisis humanitaria de la Isla de Lampedusa entre 2011 y 2015

El presente estudio de caso busca examinar la incidencia de las medidas migratorias de control fronterizo implementadas por el Frontex y el gobierno Italiano en las condiciones mínimas de supervivencia de los migrantes irregulares, económicos y solicitantes de asilo en la Isla de Lampedusa, en el periodo 2011-2015. De esta manera, se identifican las medidas migratorias de control fronterizo implementadas por Frontex y el gobierno Italiano. Se examina la situación de la seguridad humana en la crisis migratoria de la Isla, y se analiza la relación entre las medidas migratorias de control fronterizo y las condiciones mínimas de supervivencia de los migrantes. El resultado de la investigación permite plasmar, las consecuencias negativas que han tenido las medidas migratorias en cuanto a las condiciones mínimas de supervivencia, lo que ha desembocado en una crisis humanitaria.

Implicaciones humanitarias de la contratación de empresas militares privadas (PMC) por parte de los Estados. Estudio de caso; Estados Unidos y Blackwater en Irak (2003-2007)

La presente investigación tiene como finalidad analizar las implicaciones humanitarias de la participación de las Compañías Militares Privadas (PMC) contratadas por los Estados en escenarios de conflicto, a partir del caso de Blackwater y Estados Unidos en Irak (2003-2007), con el fin de mostrar a través de algunos hechos específicos como el acaecido en la plaza Al Nisour los vacíos existentes en la regulación de sus actividades. Frente a estos hechos se muestra como la Comunidad Internacional ha tratado de avanzar en la creación de un régimen internacional que las controle, sin embargo, como se evidencia a lo largo de este escrito la falta de compromiso por parte de los Estados ha hecho que esta tarea se vea obstaculizada y por lo tanto la actuación de estas compañías se encuentra aún en una zona jurídica gris.

Legitimidad del régimen de estampillas departamentales en Colombia

Análisis de la dinámica legitimadora de la Corte Constitucional en el tributo de estampillas, considerado desde la jurisdicción departamental, en el Estado colombiano.

Avances e inconsistencias en el concepto de reparación integral a raíz de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Consejo de Estado Colombiano

Resumen El concepto de reparación integral en Colombia está mediado en gran parte por las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ello ha propiciado algunos avances en materia de ampliar el espectro de las reparaciones económicas; en la posibilidad de reabrir investigaciones antes cobijadas por la intangibilidad de la cosa juzgada; en la participación de las víctimas en los procesos penales y disciplinarios, y en algunas formas de reparación simbólica. Sin embargo, en general hay carencia de verdadera voluntad política y de mecanismos jurídicos que posibiliten que la reparación integral sea una realidad.Además, el cruce de decisiones de la Corte Interamericana con las decisiones del Consejo de Estado colombiano, ha originado situaciones absurdas que, aunque teóricamente se ven como un avance, en términos reales son un retroceso frente a los derechos de las víctimas. Ello se debe a la aparente similitud de las competencias de ambos tribunales; a una equivocada lectura del Consejo de Estado sobre los límites y posibilidades reales de su jurisdicción, y finalmente, a que la Corte no ha adoptado criterios claros en relación con las reparaciones económicas y en relación con la coherencia en el cumplimiento de sus sentencias. Palabras clave: reparación, Colombia, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Consejo de Estado. Abstract The concept of integral reparation in Colombia is mediated largely by the decisions of the Inter-American Court of Human Rights. This has led to some progress in broadening the spectrum of economic reparations; in the possibility of reopening investigations sheltered by the intangibility for defendants; in the participation of victims in criminal and disciplinary proceedings, besides in some symbolic forms of reparation. However, there is general lack of real political will and legal mechanisms that enable that comprehensive reparation be a reality. Furthermore, crossing inter-American court decisions with the decisions of the Colombian State Council has created absurd situations that, although theoretically are seen as a breakthrough, in real terms are a retreat from the rights of victims. This is due to the apparent similarity in the competencies of both courts; a mistaken reading of the State Council on the limits and real possibilities of their jurisdiction, and finally, the Court has not adopted clear criteria regarding economic reparations and in relation to consistent com­pliance with its sentences.Keywords: repair, Colombia, Interamerican Court of Human rights, State Council.   

The Impact of Cooperation on Defendants' Rights before the ICC: A Contextual Approach

The present study locates the challenges faced by defendants during cooperation proceedings in the context of the unique structural system of the Court, and the inherent tensions and limitations that characterize the ICC’s functioning. The study is divided into two parts. The first part sets out the institutional and jurisdictional context in which cooperation plays out at the ICC. Chapter 2 addresses the ICC dependence on cooperation from an institutional, a political and a normative dimension, showing that compliance with requests for cooperation is ultimately tied to State political willingness and international political pressure; Chapter 3 delves into the connection between cooperation and the complementary jurisdiction of the Court, criticising the ‘positive approach’ to complementarity endorsed by the Prosecutor in order to enhance states cooperation. The second part of the study addresses the impact that cooperation occurring in the above-explained context has on the right to liberty of defendants and on equality of arms. Chapter 4 and 5 analyse the ICC’s law protecting the selected rights, as well as the practice regarding allegations of violations of these rights brought forward by some defendants. It concludes that, so far, the organs of the Court (i.e., the Prosecutor and the judges) have failed to engage with the structural tensions and limitations of the Court with a view of protecting the rights of suspects and accused.