Responsabilidad de dar cuenta del desempeño de la función jurisdiccional (Tema Central)

En esta presentación abordaré tres asuntos, fundamentalmente. la primera cuestión a la que quisiera referirme es la de por qué dar cuenta, que en ocasiones puede considerarse obvia pero no lo es tanto, el segundo punto enfocará los contenidos respecto a los cuales quien ejerce una función jurisdiccional debe dar cuenta, finalmente, abordaré el asunto de la trascendencia o relevancia que socialmente alcanzan el cumplir y el incumplir con esta responsabilidad. Una puntualización aclaratoria: cuando me refiero a quienes ejercen función jurisdiccional, incluyo en ello tanto a jueces como a fiscales. Aunque en esta reunión se enfoca específicamente el caso de los jueces, dado que los integrantes del Ministerio Público también ejercen función jurisdiccional –especialmente en el caso de aquellos países donde se ha introducido el proceso penal reformado–, el abordaje del tema que propongo también los comprende.

Sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador sobre la constitucionalidad de la obligación del afianzamiento tributario (Jurisprudencia)

Los sujetos pasivos que impugnen ante la vía judicial un acto administrativo mediante el cual se pretenda determinar o recaudar tributos, deben rendir una caución equivalente al 10% de la cuantía de su demanda, de no presentársela en el término de quince días, el acto impugnado queda ejecutoriado y los jueces deben ordenar el archivo del proceso. Nuestra Corte Constitucional para el Período de Transición considera que no se vulnera derecho alguno en ese caso, siempre y cuando se exija rendir la caución después de calificada la demanda. Estudiaremos los fundamentos que tuvo la Corte Constitucional para llegar a esa conclusión. Pretenderemos analizarlos y cuestionarlos objetivamente, para así demostrar por qué su falta de coherencia y de sustento permite concluir que su análisis pecó por falto de imparcialidad, y por qué es razonable suponer que sus móviles no fueron jurídicos en lo absoluto, sin perjuicio de que, a la par, demos nuestro parecer al respecto. Independientemente de la trascendencia jurídica que puedan o no tener en nuestro ordenamiento, esperamos se entienda por qué creemos que estos precedentes deben ser considerados como un capítulo funesto en la historia de la jurisprudencia constitucional ecuatoriana.

Las Juntas Neogranadinas y el constitucionalismo criollo pregaditano (Debates)

Este artículo plantea cómo las juntas de gobierno establecidas en el Nuevo Reino de Granada (Colombia), desengañadas por la posición de las Cortes de Cádiz frente a la representación y las aspiraciones criollas, y al mismo tiempo recelosas de las pretensiones hegemónicas de la capital virreinal, optaron por desarrollar un temprano y disperso proceso constituyente que dio origen a varias constituciones que antecedieron en el tiempo, y en más de una ocasión superaron en su concepción de la ciudadanía, el Estado y la sociedad a la Constitución de Cádiz en marzo de 1812.

Las sanciones en materia tributaria en el Ecuador (Tema Central)

El régimen sancionatorio en materia tributaria es manifestación del ius puniendi estatal, en el que discurre la sanción como la consecuencia de la realización de un supuesto de hecho calificado jurídicamente como infracción, de allí la pertinencia del análisis de esta figura que devele la naturaleza, fines, tipología y las competencias de los órganos administrativos y jurisdiccionales llamados a imponerla, con remisión constitucional y legal a la realidad ecuatoriana, que examine también los principios que informan a este régimen y a ser observados en los procedimientos e imposición de sanciones tributarias.

Lidiando con la diferencia. Respuestas desde la justicia constitucional ecuatoriana y colombiana (Tema Central)

Este artículo asume que uno de los problemas contemporáneos más acuciantes es la enorme dificultad de relacionarnos con la diferencia, cualquiera que esta sea, y de construir formas de convivencia que superen las visiones dominantes basadas en las jerarquizaciones. el derecho no es ajeno a esta interpelación. En cada sentencia encontramos una disputa para dar sentido y significado a los derechos que están en juego en el caso concreto, tal disputa está ligada a las creencias, ideologías, formas de entender el mundo de quienes juzgan. es así que en este estudio analizo sentencias emitidas por las cortes constitucionales de ecuador y Colombia, para ensayar contestaciones a la interrogante: ¿Cómo responde la justicia constitucional ecuatoriana y colombiana en los casos que afronta la diferencia?

Criterios de interpretación en la nueva Constitución de Bolivia. Voluntad del constituyente vs. jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Tema Central)

En este artículo se analizará la posibilidad del Tribunal Constitucional Plurinacional de aplicar, como criterio de interpretación, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de forma preferente a la voluntad del constituyente boliviano como otro criterio de interpretación dispuesto expresamente, a ese efecto se tendrá en cuenta el rol de la interpretación constitucional y su relación con las normas internacionales de derechos humanos, el análisis de la posición jurídica de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el sistema jurídico boliviano, el efecto de la jurisprudencia de la Corte en la protección de derechos humanos, y el análisis de esta jurisprudencia en relación con la voluntad del constituyente como criterios de interpretación.

El legado de Cádiz: ciudadanía y cultura política en la Gobernación de Cuenca, 1812-1814 (Estudios)

Este trabajo analiza el legado de las Cortes de Cádiz y de la Constitución de 1812 en Cuenca entre 1812 y 1814. Estudia los principales cambios políticos relacionados con los derechos de diversos actores sociales, así como el rompimiento de antiguas formas de relación social. Los cambios políticos se relacionaron con la introducción de nuevos conceptos y prácticas como ciudadanía, soberanía, elección y representación, tanto en el mundo criollomestizo como en el indígena (población cañari) de la provincia. Se analiza la abolición del tributo indígena, el servicio personal y la mita, además se estudian algunos cambios administrativopolíticos como la creación de los ayuntamientos constitucionales, las diputaciones provinciales y nacionales.

Commission v. Gazprom: The antitrust clash of the decade? CEPS Policy Brief No. 285, 31 October 2012

This new CEPS Policy Brief boldly asserts that the antitrust case launched by DG Competition against Gazprom on September 4th will turn out to be the landmark antitrust case of this decade, in much the same way that Microsoft v. Commission was the defining antitrust lawsuit of the last decade. The paper argues that, for a host of political and economic reasons, this case is likely to be hard fought by both sides to a final prohibition decision and then onwards into the EU courts. In the process, the European gas market and the powers of DG Competition in the energy field are likely to be transformed.

The French Constitutional Council as the Rottweiler of the Republican Ideal in the Language Field: Does Jurisprudence Really Reflect Reality? EDAP 03/2012, 2012

France is known for being a champion of individual rights as well as for its overt hostility to any form of group rights. Linguistic pluralism in the public sphere is rejected for fear of babelization and Balkanization of the country. Over recent decades the Conseil Constitutionnel (CC) has, together with the Conseil d’État, remained arguably the strongest defender of this Jacobin ideal in France. In this article, I will discuss the role of France’s restrictive language policy through the prism of the CC’s jurisprudence. Overall, I will argue that the CC made reference to the (Jacobin) state-nation concept, a concept that is discussed in the first part of the paper, in order to fight the revival of regional languages in France over recent decades. The clause making French the official language in 1992 was functional to this policy. The intriguing aspect is that in France the CC managed to standardise France’s policy vis-à-vis regional and minority languages through its jurisprudence; an issue discussed in the second part of the paper. But in those regions with a stronger tradition of identity, particularly in the French overseas territories, the third part of the paper argues, normative reality has increasingly become under pressure. Therefore, a discrepancy between the ‘law in courts’ and the compliance with these decisions (‘law in action’) has been emerging over recent years. Amid some signs of opening of France to minorities, this contradiction delineates a trend that might well continue in future.

Roles in construction projects: analysis and terminology

Standard form contracts are typically developed through a negotiated consensus, unless they are proffered by one specific interest group. Previously published plans of work and other descriptions of the processes in construction projects tend to focus on operational issues, or they tend to be prepared from the point of view of one or other of the dominant interest groups. Legal practice in the UK permits those who draft contracts to define their terms as they choose. There are no definitive rulings from the courts that give an indication as to the detailed responsibilities of project participants. The science of terminology offers useful guidance for discovering and describing terms and their meanings in their practical context, but has never been used for defining terms for responsibilities of participants in the construction project management process. Organizational analysis enables the management task to be deconstructed into its elemental parts in order that effective organizational structures can be developed. Organizational mapping offers a useful technique for reducing text-based descriptions of project management roles and responsibilities to a comparable basis. Research was carried out by means of a desk study, detailed analysis of nine plans of work and focus groups representing all aspects of the construction industry. No published plan of work offers definitive guidance. There is an enormous amount of variety in the way that terms are used for identifying responsibilities of project participants. A catalogue of concepts and terms (a “Terminology”) has been compiled and indexed to enable those who draft contracts to choose the most appropriate titles for project participants. The purpose of this terminology is to enable the selection and justification of appropriate terms in order to help define roles. The terminology brings an unprecedented clarity to the description of roles and responsibilities in construction projects and, as such, will be helpful for anyone seeking to assemble a team and specify roles for project participants.

Commercial property loan valuations in the UK : the changing landscape of practice and liability

This paper is the first of two which aim to examine the major legal liability implications of changes to the commercial property loan valuation process caused by the recession in the UK property market and to make recommendations to valuers and their professional institutions to improve the quality of the process and the result. This paper identifies the market background to commercial property lending and discusses the implications of the falls in value for lenders and valuers. These include two major strands; first, the outcome of discussions between the representative bodies of these two groups and, second, the increasing litigation caused by lenders suing valuers for professional negligence. The discussions between representative groups have driven a debate on the valuation process leading to a number of reports and guidance notes. This paper discusses the outcomes paying particular attention to the basis of valuation for loan purposes and the provision of additional information in valuation reports. This paper also reviews the legal framework which influences the relationship between the lenders and valuers and discusses the duty of care. The role of instructions in the valuation process, the significance of the identity of the person to be advised and the possibility of a conflict of interest arising are all considered. The paper also addresses the issue of the standards required of a commercial loan valuer, including how this is interpreted by the courts and the legal status of professional guidance notes. The paper concludes by identifying potential areas for dispute within the loan valuation process and raising a number of research questions concerning the operation of this process which are addressed in a following paper.

Offensive advertising, public policy, and the law: the rulings on the Zagorka case

This paper examines the case of a controversial beer advertisement which was promulgated in Bulgaria in 2001, and which provoked eight lawsuits against the brewery, its advertising agency, and the Bulgarian National Television. The case set a precedent in Bulgaria and generated considerable public interest and debate. To the best of the authors’ knowledge this is the first case in Eastern Europe when individuals have challenged companies in the courts of law because of offence caused by an advertisement. The present study discusses how the public bodies responsible for protecting consumer interests and the courts of first instance assessed the advertisement in the context of Bulgarian public policy regarding offensive advertising.

The vulnerable subject of negligence law

The approach taken by English courts to the duty of care question in negligence has been subject to harsh criticism in recent years. This article examines this fundamental issue in tort law, drawing upon Canadian and Australian jurisprudence by way of comparison. From this analysis, the concept of vulnerability is developed as a productive means of understanding the duty of care. Vulnerability is of increasing interest in legal and political theory and it is of particular relevance to the law of negligence. In addition to aiding doctrinal coherence, vulnerability – with its focus on relationships and care – has the potential to broaden the way in which the subject of tort law is conceived because it challenges dominant assumptions about autonomy as being prior to the relationships on which it is dependent.