999 resultados para revistas "La Galera"
Resumo:
El artículo presenta una aproximación a la figura de la amnistía desde la perspectiva del derecho internacional. Con este fin, se parte de la identificación de casos en los sistemas interamericano, europeo y africano, en los que se han promulgado leyes de amnistía dentro de ordenamientos nacionales. Posteriormente se revisa el tratamiento a partir de instrumentos internacionales y se estudian decisiones de tribunales sobre este tipo de normativas. Este trabajo constituye una herramienta para conocer, desde la responsabilidad colectiva de los Estados y la responsabilidad internacional del individuo, el tratamiento que se da a la figura de la amnistía.
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En este artículo se hace un análisis comparativo de los diseños institucionales que regulan la participación de las víctimas en Colombia antes y después de la Ley 1448 de 2012, con el fin de identificar factores que limitan la incidencia que estos ciudadanos buscan tener en escenarios institucionales de participación creados por el Estado. Concluyo que, si bien con esta ley se introducen reglas de juego para hacer de la participación de las víctimas un proceso más incluyente y democrático, persisten determinados diseños de política pública que hacen de esta un ejercicio separado de las instancias de decisión en lo programático y lo presupuestal, con enormes abismos de articulación entre el complejo y disperso entramado institucional encargado de atender y reparar a las víctimas, y que generan nuevos problemas de acción colectiva. Lo anterior, sumado a la incapacidad estatal de garantizar la seguridad de las víctimas y de sus líderes en lo local, dificulta a todas luces su incidencia en escenarios de toma de decisiones y establece enormes retos que debería tener en cuenta el Estado colombiano para replantear diseños de política y garantizar una participación efectiva.
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El presente artículo realiza una crítica a la regulación actual del trabajo doméstico y a la últimareforma legal sobre la materia, que incluyó la economía del cuidado en las cuentas nacionales.La autora argumenta que el derecho crea los incentivos suficientes para producir a lasmujeres como actores ineficientes del mercado, utilizando mecanismos legales que disponenlas obligaciones femeninas como prestaciones naturales asociadas con la maternidad y elcuidado del hogar. Los costos que socialmente pagamos por sostener la opresión femeninaestán externalizados en esquemas como el sistema de salud, el diseño pensional y la brechade igualdad salarial para las mujeres. El artículo concluye mostrando cómo la contingenciade la regulación actual del trabajo doméstico y el costo social asociado a ella puede alterarsecon reformas incrementales que aumenten el posicionamiento social de las mujeres entérminos de poder y recursos.
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La formulación de política pública en materia de derechos humanos es una necesidad urgente en las agendas políticas del mundo pero sobre todo en los países de América Latina. En nuestro país más concretamente, la crítica situación humanitaria padecida en muchas circunstancias de la vida nacional plantea la necesidad de construir esquemas y planes de acción con un fuerte componente en derechos humanos que mitiguen, pongan remedio a la preocupante situación y creen espacios para la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, los cuales vienen siendo conculcados a la población que padece el flagelo del desplazamiento forzado. El presente escrito tiene por objeto examinar de una manera muy breve el estado de la política pública de atención a la población desplazada en Colombia en sus diferentes niveles(nacional, distrital y local), rescatando el caso de la localidad de Usme como eje central, toda vez que en ella existe un interesante planteamiento por parte de la comunidad para contribuir en alguna medida a la solución de la problemática.
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Este artículo pretende mostrar una nueva facultad que se le quiere asignar a la Corte Constitucional. Esta es la de suspender provisionalmente las leyes que hayan sido demandadas por inconstitucionalidad. En el trabajo se comprueba que esta función existe en el derecho público colombiano desde la Colonia y que tuvo un amplio desarrollo en el siglo XIX en cabeza de la Corte Suprema de Justicia.
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La propuesta teórica del federalismo competitivo se realiza en Estados Unidos a finales del siglo XX. Ésta sugería devolver competencias a los gobiernos regionales y locales con las cuales tuvieran mayor libertad para tomar decisiones, formular políticas públicas e innovar en la solución de problemas públicos. Con ello, se les brindaría herramientas para poder competir entre sí en una economía globalizada. No obstante, en momentos de dificultades económicas y de seguridad, el gobierno federal tiende a centralizar el poder para dar soluciones uniformes a estas problemáticas. En este contexto, el presente artículo se propone determinar en qué consiste el federalismo competitivo, y responde al interrogante sobre qué elementos de la competencia sobrevive la actual centralización del poder. A la luz de dichos conceptos se describen los rasgos competitivos que presenta el actual régimen local español. Se concluye que sólo a través de la inclusión de los elementos competitivos se puede lograr un equilibrio entre el poder estatal, el regional y el local.
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La justicia transicional debe enfrentar la negación de las atrocidades. A pesar de la sofisticación del marco de derechos humanos presente en el sistema legal colombiano, el campo de la justicia transicional en Colombia adolece de un significativo grado de indeterminación normativa, como si dicho campo aconteciera en un vacío constitucional”. Como consecuencia, ha sido objeto de uso estratégico por parte de distintos actores políticos dotados de intencionalidad en la fijación del sentido del arreglo institucional de la llamada justicia transicional. El uso estratégico gravita entre el acatamiento pleno del marco de derechos humanos o su elusión en distintos grados. La elusión niega las atrocidades. Para que el discurso de la justicia transicional en Colombia contribuya a hacer justicia por las atrocidades, debe dar viabilidad práctica a los derechos de las víctimas, no reducir esos estándares. Para ello, son necesarios dos requisitos: desde el punto de vista sustantivo, debe acatar las obligaciones en materia de verdad, justicia y reparación, que son parámetro de constitucionalidad, y respetar el núcleo esencial de tales derechos, sin perjuicio de la libertad de configuración legislativa y de la ponderación judicial. Desde el punto de vista procedimental, debe adoptar como metodología un enfoque contextualizado de análisis comparado que evite el trasplante acrítico de experiencias internacionales inaplicables.
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