964 resultados para Política de bienestar


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La violencia ha demostrado reiteradamente su fracaso como medio de resolución de conflictos o como instrumento en la búsqueda de la paz. Por su parte, la pasividad y el conformismo han terminado con frecuencia por contribuir apenas a la prolongación de situaciones conflictivas. Los efectos estériles de la pasividad y la sensación de impotencia y debilidad que acompaña al conformismo, producen desasosiego en el ánimo de sociedades que anhelan la solución de los conflictos que las agobian. Tal es el caso de la sociedad colombiana y de muchas otras que, en uno u otro continente, sufren a diario las consecuencias negativas de comportamientos tradicionales y resienten el estancamiento de crisis aparentemente sin solución. Todas ellas llevan en el fondo el anhelo de la paz y reclaman medios novedosos, activos y alternativos para conseguirla. La acción política no violenta representa uno de ellos.

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Si usted camina menos de 5 mil pasos diarios, clasifica como una persona sedentaria y tiene dos veces más riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular, diabetes de tipo II, obesidad, cáncer de colon, de próstata y de seno, hipertensión arterial, osteoporosis, depresión y hasta ansiedad. Esta perspectiva, poco saludable, es el reflejo fiel de un estilo de vida moderno que, debido a la tecnificación, no exige ningún esfuerzo físico y, en consecuencia, puede desencadenar a largo plazo enfermedades crónicas y riesgos que atentan contra el bienestar y la calidad de vida de la población. Los datos epidemiológicos en el mundo han alertado sobre el fenómeno del sedentarismo y el impacto de éste en la salud de los pueblos, por su evidente relación con la aparición de enfermedades crónicas degenerativas y no transmisibles y, además, por el costo que tiene atender a los usuarios y el monto de los recursos para brindar apoyo técnico-profesional especializado en los procesos de rehabilitación de esas personas. En el año 2001, las enfermedades no transmisibles fueron la causa de casi el 60% de las 56 millones de muertes al año, en el mundo. Entre los factores de riesgo identificados están: la falta de actividad física, la hipertensión arterial, hipercolesterolemia, escasa ingesta de frutas y hortalizas, obesidad y consumo de tabaco. Entre 1985 y 1995, estas patologías fueron consideradas como la causa de cerca del 30% de muertes en Colombia, es decir, una tercera parte del total. Frente a esta situación creciente, la prevención de las enfermedades no transmisibles constituye un gran desafío para la salud pública mundial. Por esta razón, es indispensable la comprensión del fenómeno del sedentarismo como un problema estructural que incide en la presencia de enfermedades no transmisibles.De igual forma, es urgente desarrollar unos lineamientos con el fin de disminuir los riesgos en salud, recapacitar acerca del individualismo generado por la misma sociedad –particularmente en los niños– y generar conciencia frente a la importancia de la actividad física. Para atender esta problemática y mirando al cuerpo desde una perspectiva diferente de algunos parámetros como el aumento de la productividad, la disminución de ausencias (esquema de salud ocupacional), el alivio de lesiones (esquema terapéutico) o la prevención de enfermedades (esquema patológico), la Universidad del Rosario, a través de su grupo de investigación en Actividad Física y Desarrollo Humano(...), está trabajando en proyectos orientados a investigar y promover la actividad física como una estrategia económica y efectiva para combatir el fenómeno del sedentarismo y, de esta manera, contribuir en la creación de una nueva dinámica social que busca compartir, recrear y, construir tejido social de una manera distinta, por salud, por bienestar físico, mental y colectivo. Esta labor implica una acción social más contundente, porque está en juego no solamente el movimiento de músculos y la activación del cuerpo, sino también, la relación social construida en la interacción, ya que muchas actividades se ejecutan por medios interactivos y, por esta razón, se aíslan los individuos. Así las cosas, el fomento a la actividad física involucra la idea de utilizar el tiempo libre de manera activa y facilitar la interacción social, pues a diferencia de un videojuego, que aísla, una caminata se puede realizar en compañía y es propicia para conversar. Y aunque en el imaginario colectivo se piensa en el gimnasio cuando se habla de actividad física, ésta no tiene que ser tan formal como un deporte, sino que intenta orientar a la persona, aparentemente saludable y sin patologías, para mantenerla en esa condición de salud y mejorar su calidad de vida. El hecho es que motivar a las personas para que realicen una actividad física determinada y regular, no es tarea fácil debido a factores culturales y conductas sociales e individuales proclives al sedentarismo, como el uso prolongado de Internet, los videojuegos, la falta de tiempo, el exceso de peso, los entornos inadecuados y la ausencia de escenarios aptos para estas prácticas. Tampoco ha sido fácil que los gobernantes se interesen en desarrollar la política y los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), según los cuales se requiere de un entorno adecuado. A diferencia de países como Estados Unidos o Canadá, en el presupuesto colombiano no existe un rubro específico para el fomento de la actividad física, desligado del deporte, de los gimnasios o el alto rendimiento. Por eso, más que un fin, este trabajo investigativo es el punto de partida para estudiar los patrones culturales y las variables sociales que limitan o favorecen la práctica de la actividad física. Adicionalmente, esta labor sirve como base para desarrollar una política pública que articule el sector oficial y no oficial, el público y el privado y, de esta manera, se sumen esfuerzos hacia el fomento de la actividad física porque el problema del sedentarismo está latente y es el detonante para disparar todos los índices epidemiológicos en el país

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Aunque en las últimas dos décadas Colombia ha realizado los cambios institucionales y normativos necesarios para garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a una vivienda digna y, a pesar de que el Gobierno Nacional ha ubicado la construcción y la adquisición de vivienda como políticas relevantes para el desarrollo social y económico, el país aún mantiene una enorme brecha frente a las necesidades de la población. Así lo indica el Grupo de Investigaciones de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, que reconoce, sin embargo, que la política de vivienda nacional ha dado un giro importante desde el año 2002, con el objetivo de incrementar el número de hogares propietarios. Para el Instituto Colombiano de Ahorro y Vivienda (ICAV) (...), el diseño de políticas encaminadas a facilitar el acceso de la población a la vivienda, constituye una preocupación central de todas las naciones, independientemente de que se trate de países desarrollados o en vía de desarrollo. Es decir, existe un interés en promover la política de vivienda para transformar el esquema de tenencia y para dinamizar otros sectores de la economía, especialmente los ligados a la construcción y el empleo, haciendo eco de los planteamientos desarrollistas del profesor Lauchlin Currie en los años setenta(*).

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Durante el último siglo, el país ha planteado alternativas para la configuración institucional y estructural del campo, y para lograr que la tierra sea más productiva y equitativa, pero no lo ha logrado. Al contrario, pareciera que este largo periodo ha significado para el campo el deterioro de cualquier institucionalidad que fomente la permanencia, la productividad y una tenencia pacífica. Varias razones pueden contarse para este penoso resultado en las políticas de tierra. Algunos expertos advierten una discrepancia entre las políticas, el arreglo institucional vigente y la perspectiva de país que se tenía en mente. El corto plazo alentó la formulación de políticas públicas de tierra bajo un esquema institucional excluyente y cargado de tensiones y poderes políticos. Ante esta situación, el éxito de la reforma agraria hubiese sido una coincidencia prácticamente imposible. Es decir, el país ha alcanzado lo que ha podido, dado el panorama institucional. Juanita Villaveces Niño, profesora de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, plantea que la política de tierras y la reforma agraria sean revisadas desde una perspectiva dinámica, en la cual se incluyan no sólo las estrategias de política, sino el entorno institucional, el bagaje cultural de los actores que intervienen directa e indirectamente en la política y el peso de la historia. De acuerdo con este esquema, la profesora Villaveces propone una revisión a la lógica detrás de la política de tierra en Colombia y subraya que sus múltiples enfoques pueden ser percibidos de distinta manera por los hacedores de políticas públicas. En el país se han implementado políticas de tierra, distribución y uso, con la intención aparente con la intención de crear una organización rural compuesta por pequeños y grandes propietarios con miras a fomentar la producción agrícola y la industria; sin embargo, los resultados de los distintos intentos no parecen ser los esperados. Algunos expertos señalan que se han ensayado prácticamente todos los modelos de reforma agraria en Colombia, pero no se ha contado con la organización institucional adecuada ni se ha puesto la voluntad política indispensable para hacerlas efectivas.

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Artículo publicado en el n. 2609 del 'Boletín ICE Económico. Información Comercial Española' del Ministerio de Economía y Hacienda, en marzo de 1999. El resumen es copia de la traducción al castellano del artículo, publicada en las páginas finales de la revista

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La “seguridad democrática” ha sucitado una profunda discusión en el páis. Aunque dicha discusión es vital para la construcción de la democracia, el hehco de que algunos de sus críticos y defensores no ofrecerian suficientes razones y evidencias para respaldar sus afirmaciones contribuyó en cierto modo a polarizar la sociedad colombiana. Fundamentada en algunas consideraciones conceptuales y luego de explicar otros esquemas de seguridad democrática en América Latina, esta investigación sostiene que el enfoque de la política de seguridad democrática del gobierno del ex presidente Álvaro Uribe respondió a conceptos de seguridad y democracia restingidos. En efecto, esta política se limitó a identificar amenazas militares asociadas a los Grupos de Margen de la Ley (GAML), en especial las Frac, y les concedió a los ciudadanos un rol limitado en construcción.

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Participacion del decano de la facultad de Relaciones Internacionales y de Ciencias Política y Gobierno en la quinta versión del Foro Mundial Urbano a realizarse en Río de Janeiro, Brasil.

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Decano de las Facultades de Relaciones Internacionales y de Ciencia Política y Gobierno participará en el International Council for Canadian Studies, en Montreal, Canadá

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Decano de las Facultades de Relaciones Internacionales y de Ciencia Política y Gobierno participará, como Director General en la Gira Académica a China.

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Decano de las Facultades de Relaciones Internacionales y de Ciencia Política y Gobierno participará, en la conferencia anual sobre Administración Pública que organiza el Institute of Public Administration of Canada en Ottawa.

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Decano de las Facultades de Relaciones Internacionales y de Ciencia Política y Gobierno participará, ent, como moderador principal del World Justice Project Latin America and Caribbean (LAC) Rule of Law Conference en la ciudad de Lima, Perú.

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Que es necesario aclarar la interpretación y alcance de algunos de los artículos del Reglamento Académico de Pregrado, Que es necesario modificar la Política del programa de Estudios Profesionales,

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Por el cual se determina la Política de reconocimiento de asignaturas de Educación Media en los programas de pregrado.

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Una apuesta importante del actual Gobierno es el campo y el tema rural. Vuelven a la agenda política la tierra, la propiedad, los derechos de los poseedores, la restitución y el agro como estrategias desarrollo y construcción de paz. El predial, como impuesto sobre la propiedad, es un asunto fundamental y complementario de cualquier estrategia que se implemente; sin embargo, ha sido el gran ausente en los estudios y políticas sobre el uso de la tierra en Colombia. Por ello, una mirada al desempeño del predial rural abre nuevas ventanas para entender la manera integral la problemática de la tierra en Colombia. En particular, la investigación adelantada por economistas del a Universidad del Rosario busca saber si existen razones políticas que determinen la desactualización catastral, el bajo recaudo y las bajas tarifas del predial rural. Pretende. Igualmente analizar el comportamiento de este impuesto a la luz de la política local, que pueda afectarlo positiva o negativamente.

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Uno de los objetivos perseguidos en los Consejos Comunales de Gobierno, celebrados por la administración de Álvaro Uribe Vélez en Colombia (2002-2010), fue la promoción de la participación ciudadana. Partiendo de la ambigüedad de lo que este objetivo puede significar o perseguir, nos propusimos hacer una revisión inicial de estudios que han analizado y avanzado en la teorización de diversos ejercicios de participación ciudadana en Colombia y en el mundo, así como del concepto de ciudadanía activa, el cual ha sido desarrollado por diversas tradiciones de pensamiento en contextos diversos, incluidos los escenarios de participación ciudadana. Para el análisis de los Consejos Comunales de Gobierno -ejemplo del tipo de participación que se promovió por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez-, nos concentramos en tres aspectos: una exposición general de la institucionalidad desarrollada para la participación ciudadana en Colombia; la caracterización del gobierno bajo el que se promovieron estos consejos; y el análisis del diseño institucional particular a estos. Teniendo en cuenta el carácter de la política de participación impulsada por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, la tradición institucional para la participación en Colombia, y el particular desarrollo de éstos consejos, se formulan al final unas reflexiones y recomendaciones con respecto a las iniciativas de gobierno para la participación ciudadana.