Elementos constitucionales relacionados con la prueba en el proceso civil

El presente trabajo de investigación se aproxima a realizar un análisis detallado de los elementos constitucionales y límites de la prueba, supuesto que establece los pilares sobre las cuales se apoya la tutela judicial efectiva, el debido proceso y por consiguiente, la seguridad jurídica, además, estos supuestos son la base de un Estado garantista que reconoce varias garantías, como una forma de materializar y guiar el poder de administrar justicia. En la actualidad el ámbito procesal civil presenta un problema en la praxis pues advierte falta de diligencia en la sustanciación de los procesos, a pretexto de coordinación entre funciones surge un escenario que supone injerencia en las decisiones judiciales en los procesos, generando inseguridad jurídica. Sin tratar de caer en reduccionismos la seguridad jurídica afianza la certeza del derecho que no es sino, además, la paz y el orden social en el marco jurídico. Ya los cauces que rigen el garantismo quedaron iniciados con la constitucionalización de la tutela judicial efectica, el debido proceso para la aplicación de las garantías o normas que más se ajusten a los derechos vigentes, sin embargo, queda mucho por hacer para alcanzar una efectiva materialización de la seguridad jurídica. Le corresponde a la legislación procesal civil realizar los cambios para una adecuada aplicación del derecho, precisando que ella es fundamental para el correcto funcionamiento del Estado Constitucional de Derechos y Justicia actual. Además constituye una precondición para la aplicación imparcial, formal y material del Derecho. El Sistema Jurídico vigente evidencia la supremacía constitucional como eje central de manera que existe una directa vinculación del juez a la misma. Este fenómeno jurídico judicial arroja consecuencias relevantes para la tutela judicial efectiva en un Estado garantista.

Ciudad, poder y resistencia. Modernización urbana de Quito, 1895-1932

A inicios del siglo XX Ecuador era un país eminentemente rural. Por lo tanto, abordar el tema de la modernización urbana de Quito de 1895 a 1932 exige un tratamiento que incluya necesariamente la realidad del campo. Un acercamiento a este hecho descubre a una fracción de la élite terrateniente que mantuvo un vínculo orgánico con los procesos de modernización urbana. Desde este punto de vista, la ciudad no solo era destino de la renta extraída en el sistema de la hacienda, sino que tenía importancia como espacio para la representación del poder. En ese contexto, nos parece lógico pensar en la posibilidad del desplazamiento y continuidad de los dispositivos de dominación del campo a la ciudad. Pero ¿cómo ocurre y cómo entender este desplazamiento? Pensamos que introducir el componente espacial en el análisis de las relaciones de poder nos permite evidenciar este proceso. Proceso que en este estudio está delimitado a una noción particular de «espacio público» marcado por el liberalismo y que tiene como correlato la construcción de un tipo ideal de ciudadano.

La letra pequeña del contrato social. Legitimidad del poder, resistencia popular y criminalización de la defensa de los derechos

«La soberanía reside en el pueblo». En este precepto descansa el sistema democrático; sin embargo, en sociedades con una elevada desigualdad social, la participación del pueblo en la toma de decisiones mediante canales institucionales es casi inexistente. Las acciones colectivas y los movimientos sociales surgen, en estos contextos, como la única oportunidad de quienes han sido excluidos del debate político para hacer escuchar su voz. La protesta social ha conseguido en Ecuador la inclusión o ampliación de derechos en la Constitución y la ley, detener la agenda neoliberal e inclusive revocar de facto el mandato a tres presidentes de la república. La participación popular no institucional en la conducción de los asuntos públicos fue reconocida en la Constitución mediante el derecho a la resistencia. Sin embargo, la otra cara es la criminalización de la protesta. Sucesivos gobiernos han utilizado al derecho penal como herramienta de amedrentamiento y desmovilización de los movimientos sociales. El presente trabajo analiza la interrelación del derecho a la resistencia y la criminalización. En él se defiende que la constitucionalización del derecho a la resistencia genera consecuencias jurídicas que alteran el sistema de fuentes del derecho, la aplicación del derecho penal e inclusive la forma en que se conciben los conceptos de participación política y democracia.

Truth commissions: a barrier to the provision of judicial assistance?

Truth commissions and criminal trials have come to be perceived as complementary transitional justice mechanisms. However, where effective prosecutions are dependent on the exchange of information and transfer of suspects between states under existing mutual legal assistance and extradition arrangements, the operation of a truth commission in the state of territoriality may act as an obstacle to international cooperation. At the same time, requests for assistance from a third state pursuing prosecutions may impact negatively on the truth commission process in the requested state by inhibiting those reluctant to become involved in criminal proceedings from offering testimony. This article demonstrates a practical discord between these bodies when they operate in different states and questions whether they can truly be considered “complementary”.

EU membership of the WTO: international trade disputes and judicial protection of individuals by EU Courts

The European Union (EU) is embedded in a pluralistic legal context because of the EU and its Member States’ treaty memberships and domestic laws. Where EU conduct has implications for both the EU’s international trade relations and the legal position of individual traders, it possibly affects EU and its Member States’ obligations under the law of the World Trade Organization (WTO law) as well as the Union’s own multi-layered constitutional legal order. The present paper analyses the way in which the European Court of Justice (ECJ) accommodates WTO and EU law in the context of international trade disputes triggered by the EU. Given the ECJ’s denial of direct effect of WTO law in principle, the paper focuses on the protection of rights and remedies conferred by EU law. It assesses the implications of the WTO Dispute Settlement Understanding (DSU) – which tolerates the acceptance of retaliatory measures constraining traders’ activities in sectors different from those subject to the original trade dispute (Bananas and Hormones cases) – for the protection of ‘retaliation victims’. The paper concludes that governmental discretion conferred by WTO law has not affected the applicability of EU constitutional law but possibly shapes the actual scope of EU rights and remedies where such discretion is exercised in the EU’s general interest.

The relevance of context in property law: a case for judicial restraint?

A distinction between the domestic and commercial context is commonly drawn in property law discourse and has been brought into focus by three recent House of Lords' decisions. The thesis of this paper is that while the distinction is a useful explanatory tool, it runs into difficulties when given legal effect by the courts. There is a definitional problem in understanding what is included within each context. Indeed, the distinction assumes the existence of a dichotomy when, in fact, the domestic and commercial spheres are better seen as a continuum. In Stack v Dowden, the majority of the House of Lords gave legal effect to context and considered that different rules should apply to determine ownership of the home. This paper locates its decision in the broader debate on judicial restraint and creativity. By analogy with current discussion of due deference in public law, it is suggested that, in light of the policy issues involved and the broader ramifications of the decision, insufficient justification was given for the approach adopted by the majority.