994 resultados para ORDENAMIENTO TERRITORIAL - COLOMBIA - 2000-2007


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Civilians constitute a large share of casualties in civil wars across the world. They are targeted to create fear and punish allegiance with the enemy. This maximizes collaboration with the perpetrator and strengthens the support network necessary to consolidate control over contested regions. I develop a model of the magnitude and structure of civilian killings in civil wars involving two armed groups who Öght over territorial control. Armies secure compliance through a combination of carrots and sticks. In turn, civilians di§er from each other in their intrinsic preference towards one group. I explore the e§ect of the empowerment of one of the groups in the civilian death toll. There are two e§ects that go in opposite directions. While a direct e§ect makes the powerful group more lethal, there is an indirect e§ect by which the number of civilians who align with that group increases, leaving less enemy supporters to kill. I study the conditions under which there is one dominant e§ect and illustrate the predictions using sub-national longitudinal data for Colombiaís civil war.

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En este trabajo se explora, desde el punto de vista empírico, el comportamiento de la profundización, apertura y cierre de mercados de exportación a nivel sectorial para Colombia durante el periodo 1997- 2010, con énfasis en los dos periodos de recesión que presenta la economía durante el mismo. Para ello se emplea una metodología de descomposición de los cambios registrados por el comercio, en sus márgenes intensivo y extensivo, que permite la identificación de estos fenómenos y su observación tanto a lo largo del tiempo como a nivel transversal. Los resultados indican que, en el corto plazo, el margen intensivo del comercio explica la mayor parte de las variaciones en las exportaciones, en tanto que en el mediano plazo se encuentra una importante contribución del margen extensivo a éstas. Adicionalmente, desde el punto de vista sectorial, la crisis de 1997-1999 no presenta un patrón homogéneo en términos del comportamiento de los márgenes del comercio, en tanto que la de 2008- 2009 se caracteriza por presentar un patrón más homogéneo a través de los distintos sectores de la actividad económica.

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En este artículo se estudia la posibilidad de introducir seguros de desempleo en Colombia. En una primera parte, se propone una revisión de literatura de los seguros de desempleo en la cual se exponen las ventajas generadas por una cobertura contra este riesgo, así como sus inconvenientes. En una segunda parte, se estudian varios escenarios para introducir seguros de desempleo en Colombia. Después de haber presentado el contexto del mercado laboral y de las normas que lo vigilan, se proponen varios diseños que abordan la gestión y la administración del riesgo de desempleo en Colombia. Igualmente se presentan algunas consideraciones teóricas para la valoración del costo del aseguramiento, las cuales incorporan los efectos del riesgo moral sobre la duración y la incidencia del desempleo.

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This paper uses Colombian household survey data collected over the period 1984-2005 to estimate Gini coe¢ cients along with their corresponding standard errors. We Önd a statistically signiÖcant increase in wage income inequality following the adoption of the liberalisation measures of the early 1990s, and mixed evidence during the recovery years that followed the economic recession of the late 1990s. We also Önd that in several cases the observed di§erences in the Gini coe¢ cients across cities have not been statistically signiÖcant.

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Se analizan diferentes alternativas para la financiación de la educación superior, teniendo en cuenta que la presencia de fallas de mercado -tanto por el lado de la demanda como por el de la oferta- hace de éste un sector muy particular. Las primeras se relacionan con las decisiones privadas en términos de educación de la población estudiantil, y las segundas con las asimetrías de información que caracterizan el lado de la oferta en el financiamiento de la educación. El documento hace una revisión de literatura académica y de algunas experiencias internacionales sobre las diferentes fuentes de financiación en este sector, así como sus potenciales efectos sobre ciertas variables. Así, esta revisión arroja luces sobre las alternativas para el caso Colombiano.

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Las causas y los efectos de la asociación sindical han sido ampliamente estudiados por la literatura económica; no obstante en el caso colombiano existe un claro sesgo hacia el estudio de los efectos sobre el salario. Este documento presenta un estudio de los determinantes estructurales de la tasa de densidad sindical para Colombia incluyendo algunos aspectos particulares como los efectos regionales y sectoriales utilizando la Gran Encuesta Integrada de Hogares 2007. Se encuentra que la densidad sindical está determinada por factores semejantes a los de otros mercados de trabajo con patrones similares de negociación sindical, como los reportados por Johnson (2005). Finalmente, dadas sus cifras de asesinato de sindicalistas, consideramos que los determinantes de la afiliación sindical para el caso Colombiano son más complejos que los de otros países latinoamericanos

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Este documento se concentra en el estudio de las diferencias salariales mediante la comparación de las distribuciones de los salarios para las siete principales ciudades colombianas en el periodo 2001-2005 con datos de la Encuesta Continua de Hogares. Se detectan diferencias significativas que se explican a la luz de la teoría del capital humano y de segmentación laboral; mediante la estimación de ecuaciones de salarios a partir de las características socioeconómicas de los trabajadores junto con efectos particulares para región y rama de actividad económica que resultan significativos dando evidencia de segmentación del mercado laboralen Colombia. El componente de los salarios que es particular a la región y a la actividad económica se explica a partir de variables macroeconómicas como el crecimiento económico, la dotación sectorial de factores, el costo de vida y el desempleo a nivel regional.

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El artículo busca entender la manera en que el cambio en la conceptualización del examen del ICFES, a partir del 2000, afectó la importancia de la escuela en la predicción del logro del estudiante. El artículo muestra que la importancia bruta de la escuela, que entre 1997 y 1999 se situaba en niveles similares (entre el 27% y el 37%), se reduce considerablemente con el nuevo examen, ubicándose entre el 10% y el 27% para el 2000. Así, el poder discriminatorio a nivel de los colegios del nuevo examen, se reduce significativamente en las pruebas del núcleo común. Ello es igualmente cierto cuando se aborda la importancia neta del colegio, la cual oscilaba entre el 13% y el 20% en 1999 mientras que en el año 2000 el intervalo en que se movía iba del 6% al 11%.

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La lucha por el control de las fuentes del derecho es una de las preocupaciones centrales de la teoría jurídica contemporánea. Esta lucha ha dividido a los juristas en dos grandes escuelas. Por una parte, están aquellos doctrinantes que consideran al imperio de la ley como el valor fundamental de un ordenamiento jurídico. La seguridad jurídica, la paz social y legalidad de las decisiones judiciales serían ideales mucho más importantes para que la supremacía constitucional o la homogeneidad de la jurisprudencia. Por otra parte, están aquellos juristas que consideran a la jurisprudencia, la costumbre y la doctrina constitucional como valores fundamentales de un ordenamiento jurídico legítimo.En Colombia, los fallos de la Corte Constitucional han suscitado una de las controversias más interesantes en la ya clásica discusión sobre las fuentes de derecho. En especial, el fenómeno conocido como constitucionalización del derecho ha traído consigo numerosas modificaciones, principalmente, en en el campo del derecho civil y comercial (muchas de ellas sumamente polémicas). Sin duda, este libro constituye uno de los más serios intentos por analizar críticamente los efectos de la intervención de la Corte Constitucional en el derecho colombiano.

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La corrupción sigue siendo uno de los principales problemas del Estado de Derecho en el siglo XXI. Su incidencia reduce la eficacia de la inversión, aumenta el valor de los bienes y servicios, reduce la competitividad de las empresas, vulnera la confianza de los ciudadanos en el ordenamiento jurídico y sobre todo condena a la miseria a quienes deben ser destinatarios de las políticas públicas.Sin embrago, la lucha que han realizado muchos gobiernos y funcionarios judiciales contra este fenómeno ha modificado sus formas de aparición, pues es cada vez menos frecuente la apropiación directa de los caudales públicos o la entrega de sobornos a los funcionarios, prefiriéndose métodos mucho más sutiles como los sobrecostos, la subcontratación masiva o la constitución de complicadas sociedades, en las cuales tienen participación los funcionarios públicos o sus familias.Este libro constituye un esfuerzo por el estudio jurídico y criminológico de la corrupción y los delitos contra la administración pública en Europa y Latinoamérica y reúne la selección de los temas penales más relevantes de la tesis doctoral del profesor Carlos Guillermo Castro Cuenca, denominada Aproximación a la Corrupción en la contratación pública y defendida en la universidad de Salamanca en febrero de 2008, con lo cual obtuvo la calificación de sobresaliente por unanimidad.

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El Estado Colombiano en los últimos años ha venido sufriendo múltiples condenas por la privación injusta de la libertad, de la que han sido víctimas miles de ciudadanos que luego de pasar varios años en la cárcel son absueltos, conllevando esto a que se presenten una serie de demandas de reparación directa contra el Estado para que sean reparados patrimonialmente por este error, afectando de manera notoria e impactante ocasionando un perjuicio fiscal , pues las demandas por esta causal son las más costosas contra el Estado, según la Agencia Nacional de Defensa Judicial estas demandas a 2013 acumulan aproximadamente 20 billones de pesos en pretensiones. De acuerdo con el preámbulo anterior, se plantea y se responde el siguiente interrogante: ¿Hasta dónde llega la carga de un ciudadano por la privación injusta de la libertad, y cómo debe ser esta reparada administrativamente por el Estado en Colombia? En 5 capítulos, en donde se desglosa el tema y se analizan cada uno de los componentes relacionados con la privación injusta de la libertad se da respuesta al interrogante planteado; En el primer capítulo se inicia dando una visión global de la privación de la libertad en Colombia, sus normas generales y normatividad internacional; en el segundo capítulo se trata sobre los regímenes de la privación injusta de la libertad, posturas por parte de la Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado al respecto, incluyendo la carga de un ciudadano por la privación de manera injusta de su libertad; continuando el análisis, en el tercer capítulo se habla sobre la aplicación del principio de in dubio pro reo y cuando hay lugar a declarar la responsabilidad del Estado por una absolución con base en este principio; en el cuarto capítulo se trata sobre los regímenes de responsabilidad y como se configura la responsabilidad del estado frente a los mismo; y el último capítulo trata sobre la cuantía de las condenas en el momento que el estado debe indemnizar por la privación injusta de la libertad y su diferente evolución presentado las sentencias de unificación sobre la reparación de daños, topes indemnizatorios, entre otros. La jurisprudencia que sobre el régimen de responsabilidad por privación injusta de la libertad avala en la actualidad el Consejo de Estado, establece que es ilegítimo para un Estado Social de Derecho como el nuestro, exigir a los asociados, la asunción de la carga de soportar una investigación penal y la privación de la libertad, bajo el argumento de conservación del interés y seguridad general de la comunidad, en la investigación y sanción de los delitos. La tesis expuesta se sustenta en el carácter fundamental del derecho a la libertad, que obliga al Estado a su cuidadosa protección y defensa, por tanto, cualquier restricción, por corta que sea, siempre que no encuentre justificación, configura un daño antijurídico que debe ser resarcido, análisis que debe realizar en cada caso concreto el juzgador, pues no se trata de condenar al Estado por todas las investigaciones penales en las que se absuelva al sindicado. La responsabilidad del Estado puede originarse en dos fuentes: la falla del servicio o la responsabilidad objetiva por el daño especial, cuando aún sin que se presente falla en el servicio, el Estado deba responder por el daño antijurídico causado por un agente suyo. La privación de la libertad puede ser legal o ilegal; será legal cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenida legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga; además, dicha privación de la libertad, debe tener como fin evitar la obstrucción de la justicia y asegurar: 1º) La comparecencia del imputado al proceso, 2º) La protección de la comunidad y de las víctimas y 3º) El cumplimiento de la pena. Dicha privación legal de la libertad se puede presentar de tres maneras a saber: 1º) En virtud de orden judicial, la cual consiste en orden escrita proferida por un juez de control de garantía con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. 2º) Sin orden judicial, la cual tendrá lugar cuando no sea posible obtener inmediatamente orden judicial y por los motivos previstos en la ley y 3º) Por captura en flagrancia. (Arts. 296, 297, 300, 301 y 308 de la ley 906 de 2004 C.P.P.); o será ilegal cuando no se cumplan los requisitos anteriormente descritos. La responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad a un ciudadano no depende del tiempo qué este permanezca en tal situación, sólo basta con demostrar los supuestos o los requisitos que la legislación y la jurisprudencia han determinado para que opere. El Estado debe responder por la legal privación injusta de la libertad a título de desequilibrar las cargas públicas, ya que con ello ocasiona un daño especial al privado legal e injustamente de su libertad, lo especial de dicho daño es que el Estado responda por sus actuaciones ajustadas al ordenamiento jurídico, debiéndose desarrollar este bajo el régimen de responsabilidad objetivo, en el que, el elemento culpabilidad no es tenido en cuenta y lo fundamental para endilgar responsabilidad al Estado es únicamente el daño y su antijuridicidad. El ser privado de la libertad, siendo inocente - así sea que dicha privación se de con apego al ordenamiento jurídico - no es una carga que las personas estén obligadas jurídicamente a soportar; por lo cual los daños producto de tal privación son antijurídicos, naciendo con ellos una responsabilidad para el Estado. Es decir, tal como lo ha reiterado el Consejo de Estado, los ciudadanos no están en la obligación de soportar que estos errores de procedimiento afecten su derecho a la libertad, sin compensación alguna, por el solo hecho de vivir en sociedad; por tanto, cualquier restricción, por corta que sea, siempre que no encuentre justificación, configura un daño antijurídico que debe ser resarcido. La detención preventiva, debe ser concebida, como una medida excepcional que se debe aplicar sólo en circunstancias extremas, pero no como procedimiento regular. Las millonarias indemnizaciones que podrían generarse por estos errores de la Fiscalía hacen de este tema, sin duda, un asunto prioritario para la entidad y para el Estado en general

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Objetivo: Determinar la distribución por percentiles de la circunferencia de cintura en una población escolar de Bogotá, Colombia, pertenecientes al estudio FUPRECOL. Métodos: Estudio transversal, realizado en 3.005 niños y 2.916 adolescentes de entre 9 y 17,9 años de edad, de Bogotá, Colombia. Se tomaron medidas de peso, talla, circunferencia de cintura, circunferencia de cadera y estado de maduración sexual por auto-reporte. Se calcularon los percentiles (P3, P10, P25, P50, P75, P90 y P97) y curvas centiles según sexo y edad. Se realizó una comparación entre los valores de la circunferencia de cintura observados con estándares internacionales. Resultados: De la población general (n=5.921), el 57,0% eran chicas (promedio de edad 12,7±2,3 años). En la mayoría de los grupos etáreos la circunferencia de cintura de las chicas fue inferior a la de los chicos. El aumento entre el P50-P97 de la circunferencia de cintura , por edad, fue mínimo de 15,7 cm en chicos de 9-9.9 años y de 16,0 cm en las chicas de 11-11.9 años. Al comparar los resultados de este estudio, por grupos de edad y sexo, con trabajos internacionales de niños y adolescentes, el P50 fue inferior al reportado en Perú e Inglaterra a excepción de los trabajos de la India, Venezuela (Mérida), Estados Unidos y España. Conclusiones: Se presentan percentiles de la circunferencia de cintura según edad y sexo que podrán ser usados de referencia en la evaluación del estado nutricional y en la predicción del riesgo cardiovascular desde edades tempranas.

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El tema de este texto es la elusión constitucional. Esta es una forma de manipulación constitucional que consiste en adoptar un texto normativo concreto (usualmente un decreto reglamentario o cualquier otra clase de decreto administrativo, un acto legislativo o un acuerdo simplificado) y usarlo de modo tal, que se contengan dentro de él enunciados que logran escapar al control constitucional. El asunto consiste en hacer una mímesis o "camuflaje": se expide una norma con nombre de decreto administrativo, usualmente un decreto reglamentario (esa su apariencia o "camuflaje") y se le dan contenidos con reserva de ley. De esta manera se logran varios efectos perversos: se usurpan las reservas legales (que son verdaderas garantías para el ciudadano); se suprime el debate democrático a la vez que se diluye la división de poderes, para dejarlo todo en la voluntad del presidente; y se evita el control constitucional, pues al usarse el "camuflaje" de un decreto de contenido administrativo, la competencia para su "control" pasa al Consejo de Estado, que como se sabe, es un órgano judicial que se comporta con frecuencia como cumpliendo funciones notariales al presidente.

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Los principales aeropuertos del mundo han cambiado radicalmente su vocación de simples máquinas de transporte aéreo para integrarse a los territorios y ser ejes de engranajes productivos, que impulsan la economía de las ciudades contemporáneas. En ese sentido, la presente investigación busca examinar cómo ha sido el modelo de planificación desarrollado para el Aeropuerto Internacional El Dorado (AIED) y cuál es el rol que juega su entorno inmediato en dicho modelo. ¿Se ha concebido el AIED como un espacio físico que cohesiona el territorio y cataliza encadenamientos productivos y actividades económicas supraregionales? Este trabajo de grado intentará demostrar a través de un análisis cualitativo y cuantitativo, que a diferencia de las tendencias globales, el modelo de planificación del AIED aún se basa en la visión tradicional y sectorial, lo que genera un impacto económico negativo en el desarrollo económico de la ciudad de Bogotá y su área metropolitana.

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Este texto busca presentar a la comunidad académica nacional e internacional uno de los productos del trabajo de investigación aplicada, desarrollado por las Facultades de Ciencia Política y Gobierno, de Relaciones Internacionales y de Jurisprudencia, realizado con el apoyo del Instituto Rosarista de Acción Social (SERES). Debido a esto se consagran los productos académicos del trabajo del proyecto "Escuela de formación en diplomacia indígena y solución de conflictos: Tribunales internacionales y análisis de casos". Sus páginas ponen a disposición del lector un conocimiento sustantivo, fundado en investigaciones sociales, sobre la participación de representantes indígenas y especialistas en derecho de los pueblos indígenas en la promoción de causas relativas a los derechos humanos de estos pueblos. Este libro está dividido en dos grandes partes.