1000 resultados para Administración pública-Investigación


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Este artículo pretende mostrar el alcance y las limitaciones del indicador “Años de vida ajustados por discapacidad” (AVAD) pero no desde la perspectiva técnica que sustenta la validez y generalidad del indicador, sino desde el punto de vista de la atención y entendimiento de quienes usan este indicador para tomar decisiones. Este artículo se compone de tres secciones: en la primera revisaremos los conceptos teóricos que utilizaremos. En la segunda parte señalamos tres puntos: qué tipo de indicador son los AVAD, cómo sus atraen a audiencias no expertas y qué tan entendibles son los resultados que arroja este indicador para las audiencias no expertas. En las conclusiones, nos enfocamos a recomendar el uso de este indicador a las audiencias no expertas cuando éstas entienden el trasfondo de lo que los AVAD están midiendo.

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Elite ha sido una palabra que ha ido tomando una connotación negativa. Ha sido asociada con posiciones de derecha, con nociones de clasismo, con negaciones de democracia. Pero no, no lo es. Las élites siempre tienen que existir y no tienen relación alguna con privilegios de clase o con mayores o menores patrimonios económicos. Elite es quien por derecho adquirido, no heredado, dirige una sociedad; quien determina patrones; quien busca salidas en momentos de crisis; quien ve más allá; quien tiene noción de historia y por ende noción de futuro. Elite es quien es consciente de tener más responsabilidades que derechos. Las élites no son perversas, todo lo contrario. Por no haberlas tenido, o mejor, por haberlas perdido, es que estamos donde estamos. Hemos confundido elitismo con riqueza y son dos conceptos que poco o nada tienen que ver. Lo que pasa es que por aquí nos confundimos. Las carteritas con logos se compran. El derecho a ser élite no. Terminamos confundiendo elitismo con arribismo.

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Siguiendo la metodología de Marco Lógico, durante el proceso de formulación del proyecto, se pudo identificar como un problema central la poca voluntad que existe en amplios sectores de la población en materia de legalización de predios, convirtiéndose este un problema central, tanto para las administraciones territoriales, como para la población. Para las administraciones territoriales y entidades encargadas de llevar el registro de predios y sus mutaciones, esto es un asunto importante, ya que es con base en los registros de predios legalizados que se establecen buena parte de los ingresos tributarios y se orientan varios de los programas sociales, incluidos los de vivienda. Mientras que para los sectores de la población que se han abstenido de iniciar procesos, la no legalización de predios redunda en pérdida de beneficios o en la dificultad para acceder a ellos. La metodología de Marco Lógico, permitió evidenciar que las principales causas del problema son la desconfianza y el desconocimiento en la población, por lo cual en el presente trabajo se definió como alternativa de solución la del diseño de un servicio de asesoría personalizado que contribuya en la solución del problema, sensibilizando e informando a la población simultáneamente.

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Hasta Junio de 2014 la Administración Municipal de Itagüí contaba con una oficina de Recepción de Quejas y Reclamos encargada del relacionamiento entre los ciudadanos y las oficinas de gobierno a través de sus solicitudes. La incertidumbre acerca de la oportunidad en las respuestas y la falta del control fueron comunes en esta situación. El Servicio de Atención al Ciudadano en la Alcaldía de Itagüí, carece de estructura, fundamentos y funcionalidad tal como lo establece la Ley 1437 de 2011, CONPES 3649 de 2010, CONPES 3785 del 2013, Decreto 2573 de 2014 y el Manual 3.1 Gobierno en Línea; según el informe de Auditoría de ICONTEC para la Certificación en Calidad NTCGP:2009 del Municipio de Itagüí, en el año 2014 se evidenció la falta de institucionalidad para el tema de Atención al Ciudadano ya que se encuentra limitada por la estructura, personal y sistemas de recepción, seguimiento y monitoreo de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias-PQRDS, que ingresan a la Administración Municipal. La administración municipal se plantea un reto frente a las limitaciones en el cual se buscan estrategias que tienen como premisa principal ¿Cómo hacer posible que la Estrategia de Atención al Ciudadano del Municipio de Itagüí sea suficiente para lograr la satisfacción de los usuarios internos y externos desde el punto inicial de contacto hasta la resolución de la necesidad? Teniendo en cuenta el concepto de Gobierno al Ciudadano el trabajo pretende articular la Política Pública, los cambios institucionales (Procesos, Procedimientos, Formatos, Estrategias), la formulación del protocolo de la Atención al Ciudadano y los aspectos técnicos necesarios para garantizar la satisfacción de los usuarios; para lograr este cometido la Alcaldía de Itagüí encaminará sus acciones a implementar un modelo de gestión para el servicio a través del uso permanente de la Tecnología de la Información y la Comunicación-TIC y la capacitación del recurso humano enmarcado de los principios de calidez, amabilidad y eficiencia del servicio, teniendo como prioridad, el mejoramiento y fortalecimiento de los canales de Atención al Ciudadano con base en la normatividad TIC y en las buenas prácticas existentes en otras entidades a nivel nacional e internacional que permitan hacer del Protocolo de Atención al Ciudadano la carta de navegación para una administración incluyente, participativa y cercana al ciudadano que presta mejores servicios tal como lo establece la Estrategia de Gobierno en Línea (Decreto 2573 de 2014).

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Este tomo numero II, nos presenta documentos oficiales, datos e informes de las obras realizadas durante la administración del señor presidente Alfonso Quiñónez-Molina. Da al lector una idea exacta y un concepto claro de la magna obra de progreso, organización y de cultura nacional que realizo en los años de su administración. En este trabajo se presenta información sobre: El Ramo de la Agricultura, Ramo de la Sanidad, Ramo de Relaciones Exteriores, Ramo de Justicia, Ramo de Instrucción Pública, Ramo de Guerra y Marina, Ramo de Hacienda y Crédito Público, entre otros

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Contiene: Temas fundamentales para el Valle del Cauca y Cali 2008-2011 - Fragmentación partidaria y gobierno dividido estabilidad política? Cali 2008-2011 - Mercado de trabajo e inquietudes de género Cali 1990-2007 - Epidemiología del VIH/SIDA en Cali: Una problemática de Salud Pública

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Tesis (Maestría en Gestión Documental y Administración de Archivos).-- Universidad de La Salle. Maestría en Gestión Documental y Administración de Archivos, 2014

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El establecimiento de los medios idóneos para asegurar la eficacia práctica de las decisiones judiciales es una exigencia del buen funcionamiento de la Administración de Justicia. En ello juega un rol esencial la tutela cautelar. Durante los últimos años, tanto la doctrina como varios de los ordenamientos jurídicos de Europa y Latinoamérica han avanzado en la construcción de amplios y sólidos regímenes cautelares en el proceso administrativo, superando la visión tradicional del contencioso que limitaba la tutela cautelar a una única medida posible: la suspensión de la ejecución de los actos administrativos. Sin embargo, ello no ocurre así en Cuba, cuyo derecho procesal continúa descansando en la técnica de suspensión del acto y en la exacerbación del privilegio de autotutela ejecutiva de la Administración. El presente trabajo se propone demostrar la necesidad de creación de un nuevo régimen de tutela cautelar en el contencioso administrativo cubano, que sea capaz de garantizar una justicia administrativa eficaz en su misión de proteger los derechos de los ciudadanos y del interés general frente a cualquier comportamiento de la Administración Pública que los vulnere.

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Antecedentes históricos de la ética y del funcionario público – La ética pública, su relación con la administración pública y su desarrollo – Análisis doctrinal de la función pública, la ética pública y el manejo de los fondos públicos en la municipalidad de San Salvador en el periodo comprendido de 2009-2012 – La ética pública en el derecho extranjero y en el derecho internacional y su implementación jurídica en El Salvador

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La auditoría de gestión tiene como propósito verificar la eficiencia, eficacia y economía de la gestión financiera, operativa y administrativa de una institución, programa, función, proyecto o actividad; a través de una evaluación objetiva, constructiva, sistémica y profesional de los métodos y políticas de gestión de una entidad gubernamental en la administración y el uso de los recursos, con la finalidad de conocer su nivel de desempeño y determinar el grado de cada uno de los indicadores en el logro de sus resultados; es por ello, que aunque existen otros tipos de auditorías que se pueden realizar en las municipalidades, la auditoría de gestión proporciona mayor aseguramiento en el cumplimiento de sus objetivos y le ayuda a identificar oportunidades de mejora. Las municipalidades que poseen un ingreso igual o mayor a cinco millones de dólares, están obligadas a contar con una unidad de auditoría interna, las cuales, a partir del año 2014, estarán reguladas por las Normas de Auditoría Interna para el Sector Gubernamental (NAIG), debido a que dichas unidades también forman parte integrante del Sistema Nacional de Control y Auditoría de la Gestión Pública. Así mismo, otra de las finalidades de dichas Normas es establecer parámetros en la práctica profesional de la misma, para las que se proporcionan lineamientos técnicos tanto para la fase de planificación así como también para la ejecución e informe. Para poder comprender el ambiente actual de las entidades gubernamentales, se encuestó a los auditores internos de cada una de las alcaldías municipales que forman parte del área metropolitana de San Salvador. Dicho instrumento se utilizó para elaborar un diagnóstico según los resultados obtenidos, formando un vínculo entre las variables establecidas previamente como dependiente e independiente, permitiendo así, conocer el funcionamiento de cada unidad y desempeño de los profesionales encargados de ejercerla. Con la auditoría operacional o de gestión se pretende examinar y valorar los métodos y políticas de administración, así como también el desempeño de todas las áreas; por lo que en el presente trabajo sólo se desarrollará auditoría de gestión para el proceso de compra, realizado por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI). Dicho proceso se encuentra regulado principalmente por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (RELACAP) y el Manual de Procedimientos para el Ciclo de Gestión de Adquisiciones y Contrataciones de las Instituciones de la Administración Pública. La aplicación de este tipo de auditoría en las unidades internas de las municipalidades, ofrece beneficios como la ayuda primordial en la administración al evaluar relativamente independiente los sistemas de organización y administración, valoración global y objetiva de los problemas de la entidad, que generalmente suelen ser interpretados de una manera parcial por los departamentos afectados; así como también, favorece la protección de los intereses y bienes de la misma. Cabe mencionar que en esta clase de auditoría, la evaluación es pertinente cuando se cuenta con los criterios adecuados para medir la cantidad, calidad y costo de los recursos, las ejecuciones, los resultados y el impacto.