Análisis de la competitividad del sub sector lechero de los pequeños y medianos productores frente al TLC con la Unión Europea

A través de los años y en busca de ser partícipes del fenómeno de la globalización y de la integración económica entre países, Colombia ha buscado establecer acuerdos comerciales estratégicamente adecuados para transformar la economía interna, expandirse a nivel internacional e intercambiar productos en los que no se es especializado. Ante esto, Colombia firmó el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea en Junio del 2012, que entró en vigencia en Agosto del 2013, y hasta el momento la situación del sector lechero ha sido crítica, pues carece del nivel de competitividad suficiente para garantizar la perdurabilidad de los pequeños y medianos productores de leche. El diagnóstico del sector lechero colombiano permite tener una visión más clara sobre las principales características de los sistemas de producción del país, es aquí donde se conocen las falencias que se presentan en el sector, pues la productividad es baja, los costos de producción son altos y los precios tienen una tendencia al alza, colocando a los productos nacionales en desventaja frente a la gran oferta internacional que invade el mercado interno con precios reducidos y con mejor calidad. Además, se identifica también que gran parte de los productores de leche son informales y por lo tanto es difícil consolidar la información referente al sector y convertirla en conocimiento para efectuar planes de cambio y transformación para mejorar la situación. Del lado contrario y actuando como principal competidor en este caso de estudio, se encuentra la Unión Europea. Su diagnóstico ubica esta zona geográfica en una posición indudablemente privilegiada: precios bajos, mejor calidad, alta productividad, entre otras características que hacen de la UE una verdadera amenaza para los pequeños y medianos productores colombianos. La sobreproducción que se presencia en esta asociación económica y política crea la necesidad de explorar otros mercados para poner a disposición dicha producción, y el Tratado de Libre Comercio con Colombia es una opción para compensar esa oferta con una demanda insatisfecha. Con el fin de conocer profundamente las implicaciones del TLC con la Unión Europea y cómo afecta este acuerdo a los pequeños y medianos productores de leche en Colombia, fue necesario abordar algunos puntos clave en la negociación establecida y a partir de estos determinar si este tratado es realmente una oportunidad para el campesino informal que se dedica a la producción de leche para el autoconsumo y/o la comercialización en veredas y pueblos, o por el contrario, es una plataforma que afecta negativamente a las 450 mil familias que viven de este oficio y que no tienen los niveles de competitividad exigidos para enfrentar una competencia extranjera tan fuerte como lo es la Unión Europea. Por último, el análisis DOFA permite crear estrategias coherentes y viables relacionando las fortalezas y debilidades de Colombia con las oportunidades y amenazas que implica tener un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Estas estrategias contribuyen a mejorar la competitividad del sector en busca de garantizar una mayor perdurabilidad de los pequeños y medianos productores de leche, y de esta manera se logrará no sólo aprovechar este acuerdo comercial, si no también conquistar otros mercados internacionales con un producto de mejor calidad.

Recomendaciones para la institucionalización de una política pública: diagnóstico de la naturaleza de las políticas en educación superior en Colombia. 1992-2011

Este trabajo busca, en primer lugar, por medio de una investigación diagnóstica, demostrar por qué las políticas de autonomía universitaria, financiación y calidad constituyeron desde 1992 hasta 2011 una política de Estado en materia de educación superior. Y, en segundo lugar, con base en ese diagnóstico, brindar algunas herramientas para la institucionalización de políticas públicas en esa materia sustentadas en la construcción participativa de las mismas. Para su desarrollo se tomaron como marco los conceptos de políticas públicas, políticas de Estado e institucionalización planteados por diferentes autores, lo que permitió realizar un estudio transversal e integrado de los contextos, actores e instrumentos de las precitadas políticas.

Poverty impacts of increased openness and fiscal policies in a dollarized economy: a CGE-micro approach for Ecuador

We quantify the effects on poverty and income distribution in Ecuador of bilateral trade liberalization with the US and a budget-neutral value added tax increase which seeks to compensate tariff revenue losses. We stress the study of fiscal policies that the government could tap in order to compensate for tariff revenue loss. This is a very important issue for Ecuador because this country adopted the US dollar as its currency in 2000, forgiving the use of important policy instruments. To study these issues we combine a reduced-form micro household income and occupational choice model (using 2005/6 data from the Ecuadorian LSMS) with a standard single-country computable general equilibrium model (employing a 2004 SAM). We follow a sequential approach that simulates the full distributional impact of trade and tax policies. We find that the impact of these policy changes on extreme poverty and income distribution is small but positive.

Efectividad estimada de algunos de los principales instrumentos de política agrícola en Colombia

Algunos cambios recientes en la política agrícola en Colombia se han orientado hacia la implementación de medidas de apoyo directo a los productores, con el fin de proteger su ingreso y fomentar una mayor competitividad del sector. No obstante, estimaciones acerca del impacto esperado de este tipo de instrumentos, medido en té rminos de cambios en el valor agregado, indican que este es reducido. Como quiera que la política emplea diferentes instrumentos para el logro de sus objetivos, surge la pregunta de cuál es el grado de dependencia que los resultados esperados presentan respecto a la forma como los recursos son asignados a dichos instrumentos. Este estudio utiliza un modelo de equilibrio general computable para explorar este problema, para un conjunto de tres de los principales instrumentos de política utilizados en la actualidad, en un contexto de corto plazo. Los resultados indican que, en presencia de rigideces de corto plazo y, en particular, de inmovilidad del capital entre actividades productivas, todos los instrumentos de política llevan a la obtención de resultados modestos y que, en un escenario de mediano y largo plazo, el comportamiento de la inversión parece ser crítico para la obtención de impactos más significativos y para el logro de los objetivos de política buscados.

Which economic model for a water-efficient Europe? Report of a CEPS Task Force. CEPS Task Force Report, 27 November 2012

This CEPS Task Force Report focuses on how to improve water efficiency in Europe, notably in public supply, households, agriculture, energy and manufacturing as well as across sectors. It presents a number of recommendations on how to make better use of economic policy instruments to sustainably manage the EU’s water resources. Published in the run-up to the European Commission’s “Blueprint to Safeguard Europe’s Waters”, the report contributes to the policy deliberations in two ways. First, by assessing the viability of economic policy instruments, it addresses a major shortcoming that has so far prevented the 2000 EU Water Framework Directive (WFD) from becoming fully effective in practice: the lack of appropriate, coherent and effective instruments in (some) member states. Second, as the Task Force report is the result of an interactive process involving a variety of stakeholders, it is able to point to the key differences in interpreting and applying WFD principles that have led to a lack of policy coherence across the EU and to offer some pragmatic advice on moving forward.

Biosecurity in agriculture: an economic analysis of coexistence of professional and hobby production

One component of biosecurity is protection against invasive alien species, which are one of the most important threats worldwide to native biodiversity and economic profitability in various sectors, including agriculture. However, agricultural producers are not homogeneous. They may have different objectives and priorities, use different technologies, and occupy heterogeneous parcels of land. If the producers differ in terms of their attitude towards invasive pests and the damages they cause, there are probably external effects in the form of pest spread impacts and subsequent damages caused. We study such impacts in the case of two producer types: profit-seeking professional producers and utility-seeking hobby producers. We show that the hobby producer, having first set a breeding ground for the pest, under-invests in pest control. We also discuss potential policy instruments to correct this market failure and highlight the importance of considering different stakeholders and their heterogeneous incentives when designing policies to control invasive alien species.

The use of a multiple criteria decision analysis to evaluate the effectiveness of landscape and habitat enhancement mechanisms: an example from the South Downs

A range of funding schemes and policy instruments exist to effect enhancement of the landscapes and habitats of the UK. While a number of assessments of these mechanisms have been conducted, little research has been undertaken to compare both quantitatively and qualitatively their relative effectiveness across a range of criteria. It is argued that few tools are available for such a multi-faceted evaluation of effectiveness. A form of Multiple Criteria Decision Analysis (MCDA) is justified and utilized as a framework in which to evaluate the effectiveness of nine mechanisms in relation to the protection of existing areas of chalk grassland and the creation of new areas in the South Downs of England. These include established schemes, such as the Countryside Stewardship and Environmentally Sensitive Area Schemes, along with other less common mechanisms, for example, land purchase and tender schemes. The steps involved in applying an MCDA to evaluate such mechanisms are identified and the process is described. Quantitative results from the comparison of the effectiveness of different mechanisms are presented, although the broader aim of the paper is that of demonstrating the performance of MCDA as a tool for measuring the effectiveness of mechanisms aimed at landscape and habitat enhancement.

Effect of field margins on moths depends on species mobility: Field-based evidence for landscape-scale conservation

Agri-environment schemes (AES) are widely used policy instruments intended to combat widespread biodiversity declines across agricultural landscapes. Here, using a light trapping and mark-release-recapture study at a field-scale on nine common and widespread larger moth species, we investigate the effect of wide field margins (a popular current scheme option) and the presence of hedgerow trees (a potential scheme option in England) on moth abundance. Of these, we show that wide field margins positively affected abundances, although species did not all respond in the same way. We demonstrate that this variation can be attributed to species-specific mobility characteristics. Those species for which the effect of wide margins was strongest covered shorter distances, and were more frequently recaptured at their site of first capture. This demonstrates that the standard, field-scale uptake of AES may be effective only for less mobile species. We discuss that a landscape-scale approach, in contrast, could deliver significant biodiversity gains, as our results indicate that such an approach (perhaps delivered through targeting farmers to join AES) would be effective for the majority of wider countryside species, irrespective of their mobility level. (C) 2008 Elsevier B.V. All rights reserved.

Predicting microbial pollution concentrations in UK rivers in response to land use change

The Water Framework Directive has caused a paradigm shift towards the integrated management of recreational water quality through the development of drainage basin-wide programmes of measures. This has increased the need for a cost-effective diagnostic tool capable of accurately predicting riverine faecal indicator organism (FIO) concentrations. This paper outlines the application of models developed to fulfil this need, which represent the first transferrable generic FIO models to be developed for the UK to incorporate direct measures of key FIO sources (namely human and livestock population data) as predictor variables. We apply a recently developed transfer methodology, which enables the quantification of geometric mean presumptive faecal coliforms and presumptive intestinal enterococci concentrations for base- and high-flow during the summer bathing season in unmonitored UK watercourses, to predict FIO concentrations in the Humber river basin district. Because the FIO models incorporate explanatory variables which allow the effects of policy measures which influence livestock stocking rates to be assessed, we carry out empirical analysis of the differential effects of seven land use management and policy instruments (fiscal constraint, production constraint, cost intervention, area intervention, demand-side constraint, input constraint, and micro-level land use management) all of which can be used to reduce riverine FIO concentrations. This research provides insights into FIO source apportionment, explores a selection of pollution remediation strategies and the spatial differentiation of land use policies which could be implemented to deliver river quality improvements. All of the policy tools we model reduce FIO concentrations in rivers but our research suggests that the installation of streamside fencing in intensive milk producing areas may be the single most effective land management strategy to reduce riverine microbial pollution.

Community mix, affordable housing and metropolitan planning strategy in Melbourne

Income segregation across Melbourne’s residential communities is widening, and at a pace faster than in some other Australian cities. The widening gap between Melbourne’s rich and poor communities raises fears about concentrations of poverty and social exclusion, particularly if the geography of these communities is such that they and their residents are increasingly isolated from urban services and employment centres. Social exclusion in our metropolitan areas and the government responses to it are commonly thought to be the proper domain of social and economic policy. The role of urban planning is typically neglected, yet it helps shape the economic opportunities available to communities in its attempts to influence the geographical location of urban services, infrastructure and jobs. Under the current metropolitan strategy ‘Melbourne 2030’ urban services and transport infrastructure are to be concentrated within Principal Activity Centres spread throughout the metropolitan area and it is the intention that lower-income households should have ready access to these activity centres. However, the Victorian state government has few housing policy instruments to achieve this goal and there are fears that community mix may suffer as house prices and rents are bid up in the vicinity of Principal Activity Centres, and lower-income households are displaced. But are these fears justified by the changing geography of house prices in the metropolitan region? This is the key research question addressed in this paper which examines whether the Victorian practice of placing reliance on the market to deliver affordable housing, while intervening to promote a more compact pattern of urban settlement, is effective.

Hillslope scale surface runoff, sediment, and nutrient losses associated with tramline wheelings

Research on arable sandy loam and silty clay loam soils on 4° slopes in England has shown that tramlines (i.e. the unseeded wheeling areas used to facilitate spraying operations in cereal crops) can represent the most important pathway for phosphorus and sediment loss from moderately sloping fields. Detailed monitoring over the October–March period in winters 2005–2006 and 2006–2007 included event-based sampling of surface runoff, suspended and particulate sediment, and dissolved and particulate phosphorus from hillslope segments (each ∼300–800 m2) established in a randomized block design with four replicates of each treatment at each of two sites on lighter and heavier soils. Experimental treatments assessed losses from the cropped area without tramlines, and from the uncropped tramline area, and were compared to losses from tramlines which had been disrupted once in the autumn with a shallow tine. On the lighter soil, the effects of removal or shallow incorporation of straw residues was also determined. Research on both sandy and silty clay loam soils across two winters showed that tramline wheelings represented the dominant pathway for surface runoff and transport of sediment, phosphorus and nitrogen from cereal crops on moderate slopes. Results indicated 5·5–15·8% of rainfall lost as runoff, and losses of 0·8–2·9 kg TP ha−1 and 0·3–4·8 t ha−1 sediment in tramline treatments, compared to only 0·2–1·7% rainfall lost as runoff, and losses of 0·0–0·2 kg TP ha−1 and 0·003–0·3 t ha−1 sediment from treatments without tramlines or those where tramlines had been disrupted. The novel shallow disruption of tramline wheelings using a tine once following the autumn spray operation consistently and dramatically reduced (p < 0·001) surface runoff and loads of sediment, total nitrogen and total phosphorus to levels similar to those measured in cropped areas between tramlines. Results suggest that options for managing tramline wheelings warrant further refinement and evaluation with a view to incorporating them into spatially-targeted farm-level management planning using national or catchment-based agri-environment policy instruments aimed at reducing diffuse pollution from land to surface water systems. Copyright © 2010 John Wiley & Sons, Ltd.

Economic rationale for interventions to control livestock disease

Disease in farm animals has significant economic impacts on livestock production and incurs substantial costs for societies. Impacts affect not only livestock farms and the livestock industries but also sectors outside of farming. Important negative externalities of livestock disease include impacts on the health of other producers’ livestock, on human health, and on animal welfare. Good disease risk management/biosecurity and good animal welfare are public goods. Not taking account of these externality and public good aspects can lead to a misallocation of resources for livestock disease control. In such instances, there may be a strong case for government or other authority to intervene to ensure a better use of resources. There are a number of policy instruments that can be implemented for this purpose. One potential instrument is a Farm Animal Health and Welfare Stewardship Scheme funded under Pillar II of the CAP. A number of countries have public–private partnership cost-sharing schemes that aim to share appropriately both responsibilities and costs of epidemic livestock disease. There is a strong future agenda for appropriate intervention by governments in the management of livestock disease risks, including responsibility and cost sharing for livestock disease control, within the European Union and elsewhere.

Transfers, contracts and regulation: a new institutional economics perspective on the changing provision of social housing in Britain

Social housing policy in the UK mirrors wider processes Associated with shifts in broad welfare regimes. Social housing has moved from dominance by state housing provision to the funding of new investment through voluntary sector housing associations to what is now a greater focus on the regulation and private financing of these not-for-profit bodies. If these trends run their course, we are likely to see a range of not-for-profit bodies providing non-market housing in a highly regulated quasi-market. This paper examines these issues through the lens of new institutional economics, which it is believed can provide important insights into the fundamental contractual and regulatory relationships that are coming to dominate social housing from the perspective of the key actors in the sector (not-for-profit housing organisations, their tenants, private lenders and the regulatory state). The paper draws on evidence recently collected from a study evaluating more than 100 stock transfer organisations that inherited ex-public housing in Scotland, including 12 detailed case studies. The paper concludes that social housing stakeholders need to be aware of the risks (and their management) faced across the sector and that the state needs to have clear objectives for social housing and coherent policy instruments to achieve those ends.

Assessing the ability of rural agrarian areas to provide Cultural Ecosystem Services (CES): a Multi Scale Social Indicator Framework (MSIF)

Assessing the ways in which rural agrarian areas provide Cultural Ecosystem Services (CES) is proving difficult to achieve. This research has developed an innovative methodological approach named as Multi Scale Indicator Framework (MSIF) for capturing the CES embedded into the rural agrarian areas. This framework reconciles a literature review with a trans-disciplinary participatory workshop. Both of these sources reveal that societal preferences diverge upon judgemental criteria which in turn relate to different visual concepts that can be drawn from analysing attributes, elements, features and characteristics of rural areas. We contend that it is now possible to list a group of possible multi scale indicators for stewardship, diversity and aesthetics. These results might also be of use for improving any existing European indicators frameworks by also including CES. This research carries major implications for policy at different levels of governance, as it makes possible to target and monitor policy instruments to the physical rural settings so that cultural dimensions are adequately considered. There is still work to be developed on regional specific values and thresholds for each criteria and its indicator set. In practical terms, by developing the conceptual design within a common framework as described in this paper, a considerable step forward towards the inclusion of the cultural dimension in European wide assessments can be made.

New community governance in small rural towns: the Australian experience

State and federal governments in Australia have developed a range of policy instruments for rural areas in Australia that are infused with a new sense of ‘community’, employing leading concepts like social capital, social enterprise, community development, partnerships and community building. This has encouraged local people and organisations to play a greater role in the provision of their local services and has led to the development of a variety of ‘community’ organisations aimed at stemming social and economic decline. In Victoria, local decision-making, before municipal amalgamations, gave small towns some sense of autonomy and some discretion over their affairs. However, following municipal amalgamations these small towns lost many of the resources—legal, financial, political, informational and organisational—associated with their former municipal status. This left a vacuum in these communities and the outcome was the emergence of local development groups. Some of these groups are new but many of them are organisations that have been reconstituted as groups with a broader community focus. The outcomes have varied from place to place but overall there has been a significant shift in governance processes at community level. This paper looks at the processes of ‘community governance’ and how it applies in a number of case studies in Victoria.