998 resultados para Supremo


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Analizar la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de enseñanza durante los años 1931 y 1997. Se estudia la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de enseñanza durante la Segunda República, la Dictadura y la Democracia desde la promulgación de la Constitución hasta 1997. Es un estudio jurisprudencial pero con referencias doctrinales constantes atendiendo a las que han sido objeto de controversia. La jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de enseñanza durante el período republicano es practicamente inexistente. La confesionalidad del régimen franquista se proyecta sobre la regulación de la enseñanza al contener referencias más o menos explícitas a la inspiración católica de la enseñanza en todas las leyes educativas del momento. El Franquismo reconoce a nivel institucional el derecho a una educación básica pero no se constituye como un deber; y limita las libertades educativas por confesionalidad e ideologización de una enseñanza supeditada al principio fundamental del Estado. La constitución vigente recoge el derecho a la educación cuando regula la enseñanza básica gratuita y el acceso a niveles no obligatorios en condiciones no discriminatorias; y la libertad de enseñanza con la libertad de creación de centros docentes, el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral de acuerdo con sus propios convicciones, el derecho de libre alección del centro docente y la libertad de cátedra. EL Tribunal Supremo reconoce el deber de los poderes públicos a garantizar la calidad de la enseñanza; y el derecho de recibir enseñanza en la lengua materna respectiva pero dependiendo de la edad del alumno, de las posibilidades del centro y de la existencia de otros centros en que puedan cursarse las enseñanzas en la lengua elejida. Considera que la apertura y funcionamiento de los centros se sometan al principio de autorización administrativa que debe estar reglada; y que el establecer criterios prioritarios para el acceso a centros sostenidos con fondos públicos, no es inconstitucional y no supone trabas para la elección del centro docente pues refuerza tal derecho en los casos en que no es posible atender a todas las solicitudes. Habilita a todo docente el resistirse a cualquier mandato que les obligue a una determinada orientación ideológica. La libertad de cátedra incluye el derecho a fijar el programa de la asignatura. La administración no asume ninguna posición empresarial en el ámbito de la relación laboral existente entre el titular del centro y el profesor, su responsabilidad se limita al pago de salarios. Un profesor religioso no ostenta la cualidad de funcionario ya que su nombramiento depende de la autoridad eclesiástica, aunque su relación jurídica se establece con el Estado y no con la Conferencia Episcopal.

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Se trata el problema de la discriminación racial en el ámbito educativo de los Estados Unidos y lo que supone el Dictamen del Tribunal Supremo que declara anticonstitucional la separación escolar de blancos y negros. Se analiza cómo afecta la nueva declaración al sistema escolar estadounidense, en qué consiste, su alcance y los problemas a resolver.

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Estudiar el evolucionísmo, acercarse a la sociobiología, destacar algunas posturas conductistas para entender al hombre, su conducta, su relación con el ambiente, con lo genético. Al hombre hay que mirarlo siempre desde un punto de vista integral, simplemente porque el hombre es el ser único en la naturaleza que dotado de razón puede evolucionar, reflexionar, cambiar. El hombre es un ser racional, el hombre es un ser en crecimiento, un ser, nunca hecho del todo y que continuamente se está haciendo (ser dinámico), donde importa el impulso para el desarrollo de todas las potencialidades humanas. Un ser además dotado de instinto y sentimientos. La educación debe considerarse decisiva para la especie humana, y la educación permite al hombre manejar, es decir, ser el 'domador'. La cultura es la domesticación del instinto. La cultura eleva al hombre de su condición como mero elemento de la naturaleza. La labor de los pedagogos está justificada y reclamada, pues el hombre tiene sed de cultura.

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La regulación jurídica es contradictoria respecto de la validez de la jurisprudencia como fuente del derecho. Sin embargo, los cambios constitucionales que se vienen dando desde las reformas de 1992 y 1996, y la Constitución de 1998, abren la posibilidad de la construcción, a través del diseño legislativo o judicial, de lo que se ha denominado “precedente constitucional”. En este trabajo se busca explicar la naturaleza de este precedente respecto de las sentencias de amparo constitucional; evidenciar los modelos de regulación y determinar dentro de cuál está o debería estar el caso ecuatoriano; determinar cuáles son los fines que se buscan con su aplicación a los casos concretos. Las grandes líneas de abordaje de este trabajo son la interpretación constitucional, el análisis de la jurisprudencia y las legislaciones comparadas, y el nuevo rol que los jueces tienen como creadores de derecho. El objeto principal de este estudio será el análisis de la problemática del precedente constitucional para dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿cómo se aplica el precedente de manera general y cómo debe aplicárselo a las sentencias de amparo constitucional?; y, ¿cómo esta aplicación puede fortalecer la justicia constitucional y al Tribunal Constitucional como intérprete supremo de la Constitución? En definitiva, esta obra retoma la cuestión discutida entre Kelsen y Schmit: quién debe ser el defensor de la Constitución?, Pregunta reformulada frente a la nueva realidad constitucional: “¿Quién debe ser el intérprete supremo de la Constitución?: el precedente constitucional en la acción de amparo en el Ecuador.”

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partir de algunas afinidades entre el relato “El inmortal” (J. L. Borges, 1947) y la novela Yo el Supremo (A. Roa Bastos, 1974) la autora indaga sobre el modo cómo estos textos desestabilizan simultáneamente las concepciones y prácticas tradicionales del discurso historiográfico y de la ficción narrativa, minando los procedimientos fundamentales y las convenciones propias de estos géneros discursivos, al menos en dos órdenes: la construcción de la figura de autor y la cita –arbitraria, irónica y paródica– de fuentes documentales, procedimientos ambos señalados por Foucault como condición para la producción discursiva de la verdad. Como consecuencia de estas transgresiones ambos textos introducen un cuestionamiento radical a la noción de una verdad histórica original, unívoca e incuestionable.

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Este trabalho objetiva demonstrar a impossibilidade estrutural de democratização do Supremo Tribunal Federal (STF) a partir da participação social nas audiências públicas jurisdicionais. Para tanto, o trabalho divide-se em três partes. Na primeira, são abordados dois fenômenos macrossociais, a crise do Estado de bem estar e a globalização econômica, com a finalidade de resgatar as principais interpretações sobre a emergência do Judiciário e identificar os projetos normativos de reforma originados. Dentre eles, destaca-se a perspectiva de Vianna e Burgos (2002), pois seu conteúdo é verificado nos discursos oficiais que interpretam as audiências públicas como instrumentos democratizantes do STF. No segundo capítulo, pretende-se questionar a possibilidade de democratização participativa do STF a partir da teoria política de Poulantzas (2000). Para esta matriz conceitual, o direito, na formação social capitalista, organiza interesses e unifica o consentimento de forma a moldar o corpo social de acordo com as prioridades das classes posicionadas no bloco do poder dominante. Prevê a concessão de direitos e sua retirada conforme os movimentos políticos das classes, que estão em contínua disputa no interior de um Estado de características materiais e permeado por fissuras. Nesse sentido, as audiências públicas, são interpretadas como procedimentos que sofisticam o formalismo tradicional dos tribunais, ocultando o exercício do controle por mecanismos que aparentemente concederiam espaço para participação popular e igualariam as oportunidades de intervenção de agentes de diferentes grupos sociais. Estas características sugerem a impossibilidade de democratização de suas estruturas. Por fim, no terceiro capítulo, o estudo de caso das cinco audiências realizadas evidencia a reprodução da disposição litigiosa do processo jurídico nestes eventos, uma vez que os ministros pouco participam, dispõem os participantes em lados opostos como se estivessem exercendo o contraditório e somente utilizam os pronunciamentos das audiências em seus votos para reforçar argumentos de seu interesse. De acordo com as informações sistematizadas, o presente estudo sugere que as audiências públicas não provocam impactos democratizantes nas estruturas do STF. Ao contrário, sofisticam os procedimentos existentes para reproduzir o tradicional papel de controle dos aparelhos judiciais no interior do capitalismo.

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As Constituições surgiram como um instrumento apto a constituir e legitimar o governo vinculado à vontade soberana do povo. Atualmente, as Constituições são também garantidoras de direitos políticos, sociais, econômicos, culturais e difusos. A proposta constitucionalista é fundada na ideia de supremacia da Constituição e, deste ideal, decorre o controle de constitucionalidade das leis. Após meados do século XX, o controle de constitucionalidade foi expressamente incorporado a diversos ordenamentos jurídicos. Existe, no entanto, uma forte objeção democrática ao controle judicial de constitucionalidade, sob o argumento de que os juízes não são eleitos pelo voto popular e, por isso, não poderiam controlar normas editadas por aqueles a quem o povo delegou o exercício do poder político. Nesse debate, é possível identificar três posições: uma mais radical, que defende o self restraint judicial, e outras duas que defendem a legitimação da jurisdição constitucional pelo procedimento (para preservar a integridade do processo democrático) ou pela substância (para assegurar direitos morais dos indivíduos, voltados para o bem-estar coletivo). Apesar de tal discussão, a possibilidade de controle judicial de constitucionalidade está positivada no ordenamento jurídico brasileiro desde a Constituição de 1891. Nos termos da Constituição de 1988, a tarefa de “guardião da Constituição” cabe ao Supremo Tribunal Federal, que a realiza tanto por meio de controle concentrado ou quando analisa, em última instância, questões constitucionais levantadas em sede de controle difuso. Cumpre observar que o STF não se distancia da sua função de proteger a Constituição, mesmo quando exerce outras funções que lhe foram conferidas pelo texto constitucional. A partir do estudo de decisões do STF proferidas em casos difíceis relacionados ao sistema político-representativo, o presente trabalho visa a perquirir como o STF compreende seu papel institucional na definição de questões políticas e, em que medida, a jurisdição constitucional contribui para o amadurecimento do regime democrático brasileiro.

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No presente trabalho discorremos sobre o fenômeno que o mundo tem testemunhado nas últimas décadas, a judicialização da política, em que as cortes têm, cada vez mais, fortalecido o seu poder. Nesse novo cenário, a judicialização vem sendo acompanhada pelo constitucionalismo e pelo “judicial review”. As abordagens teóricas sobre o tema, por sua vez, não estão aptas a servir como modelo de justificativa para toda e qualquer judicialização, mas cada uma delas serve para explicar de que maneira ela vem acontecendo em um determinado país. Aqui no Brasil, um importante termo para designar tal ascensão do Judiciário é conhecido como supremocracia e uma das abordagens teóricas relaciona-se justamente a sua origem, qual seja, ao processo de entrada dos Ministros na mais alta corte, o STF, por meio do processo de sabatina, realizada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. É na análise desse processo empírico que se detém o presente estudo, a fim de verificar a dinâmica política e jurídica do recrutamento dos Ministros para a nossa corte superior.

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Nosso propósito neste trabalho é focalizar o comportamento do Supremo Tribunal Federal dentro de urna época ainda não estudada pela escassa literatura sobre a mais Alta Corte de Justiça brasileira a fase histórica 1964/1975. Fixa-se ele mais dentro do campo da Ciência política e referir-se-a a fatos, relações, tipos de pressões, de apoio , de solicitação que originem as deliberações, crises e reações do Supremo Tribunal Federal enfim, a mecânica extrínseca e intrínseca de seu funcionamento, ao sabor do amaranhado de um sistema político, do qual faz parte, influenciando-o e sendo por ele influenciado.

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O projeto de pesquisa ora apresentado à banca de qualificação da Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getúlio Vargas, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Poder Judiciário, situa-se na área de concentração das práticas jurisdicionais de fim. O problema de pesquisa é o processo decisório do Supremo Tribunal Federal, com o objetivo específico de estudar a influência exercida por atores externos ao Tribunal nas decisões de seus Ministros. Dentro desta problemática, o recorte escolhido foi a análise da influência exercida por agentes que participam formalmente dos processos sob a jurisdição do Supremo, atuando como amici curiae nas ações diretas de inconstitucionalidade. A dissertação está estruturada em está estruturado em 3 (três) seções, da seguinte forma: a primeira seção faz uma introdução da problemática escolhida e da metodologia utilizada, assim como os indicadores para a realização da análise da existência ou não da influência dos argumentos trazidos pelo amicus curiae. A segunda seção traz breve descrição acerca do controle concentrado de constitucionalidade e o papel do amicus curiae na ação direta de inconstitucionalidade. Traz, ainda, o estudo feito por Damares Medina, a diferença deste trabalho com relação ao primeiro e as ADI estudadas. A terceira seção traz uma análise do processo decisório nos tribunais e a influência exercida pelo amicus curiae nas decisões majoritárias do Supremo Tribunal Federal, em especial, o caso das ações direta de inconstitucionalidade, bem como a análise dos dados encontrados nas 53 (cinqüenta e três) ADI estudadas. Por fim, tem-se a conclusão deste trabalho.