918 resultados para Security Council


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El propósito principal de esta monografía es ofrecer una perspectiva crítica sobre el conflicto latente en la Península Coreana, haciendo un acercamiento al mismo desde un marco teórico asentado en el realismo estructural de Kenneth Waltz. De este modo, se busca responder a cuestiones sobre los intereses estatales como fundamento básico de las estrategias de mantenimiento de la Estructura en regiones geopolíticamente sensibles. Al final, se llega a la conclusión afirmando que la Estructura ejerce una serie de funciones para garantizar su preservación mediante una acción de convergencia en la conducta de los Estados. Esta realidad ha mantenido a la Península Coreana sin un conflicto bélico en los últimos 50 años, muy a pesar de estar al borde del mismo en varias ocasiones, ya que de llegarse a presentar se rompería la estabilidad de la región, y por ende el Equilibrio de Poderes estaría en grave riesgo.

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Este estudio de caso se centra en los esfuerzos de China por reanudar los Six Party Talks o Diálogos a Seis Bandas que son considerados como la opción más viable para tratar la situación nuclear en la península coreana.

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El objetivo de este trabajo es analizar el fenómeno de la participación de las ONG en el marco de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y las implicaciones del mismo en las dinámicas de la gobernanza global. Se explican los conceptos principales para el análisis y posteriormente se hace una revisión de los antecedentes que permitieron el desarrollo de dicho fenómeno dentro de la organización y fuera de ella. Luego se centra el análisis en la incidencia de las ONG en la ONU y para la gobernanza global; se concluye con una reflexión sobre lo que puede esperarse de esta incidencia para el futuro de la organización.

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El objetivo central de este Estudio de Caso, consiste en investigar en qué sentido la proximidad geográfica y el hecho de que la región del Sahel constituya una zona de tránsito, influyen a que el crecimiento del terrorismo islámico en Malí comprenda una amenaza tanto para la seguridad nacional, como para la estabilidad de España. Se avanzará posteriormente con la descripción de herramientas específicas, tanto judiciales como de cooperación que el gobierno español ha buscado apoyar a nivel global y local, con el fin de repeler los desafíos que se generan como consecuencia del terrorismo; especial énfasis se hará, en aquellas medidas que este Estado europeo ha implementado con el propósito de enfrentar particularmente las amenazas que se generan hacia su territorio como resultado de la crisis terrorista en Malí.

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El presente estudio de caso tiene como objetivo mostrar el vínculo que hay entre las multinacionales petroleras y las decisiones que tomaron los cinco miembros permantes del Consejo de Seguridad de la ONU (China, Rusia, Francia, Estados Unidos y Reino Unido) a comienzos del año 2003. Para ello se comparara las posiciones que tomó cada Estado, respecto al proyecto de resolución de la guerra contra Irak, con los intereses de sus multinacionales petroleras. Lo anterior, con el fin de comprobar que debido al gran poder económico que tienen las petroleras, éstas ejercen influencia en las decisiones políticas que toma el Estado y, no solo influyen estatalmente sino que logran permear otros escenarios como el Consejo de Seguridad. Por ello se evaluara el papel que cumple la facultad de veto en la aprobación de resoluciones concernientes a la guerra de Irak.

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El presente caso de estudio tiene como objetivo explicar el rol de la cooperación internacional para el desarrollo en Tanzania, Mozambique, Nigeria para la consolidación del liderazgo político internacional de Japón. El interés de realizar esta investigación es la ampliación del conocimiento sobre el uso del poder blando, para alcanzar los objetivos de política exterior japonesa. Por eso, se llevara a cabo una revisión bibliográfica para el análisis de documentos oficiales y artículos académicos para la consolidación de información. A partir de ello, se pretende demostrar que la cooperación al desarrollo es una herramienta de política exterior japonesa para consolidarse como líder, en la medida en que el uso de herramientas propias de la cooperación y el presupuesto destinada a la ejecución de éstas tienen incidencia en los votos de estos Estados africanos para las iniciativas japonesas en las Naciones Unidas.

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La década de 1950 fue determinante en el establecimiento y póstumo desarrollo del sistema de política exterior de la República Popular China. Al respecto, es de vital importancia realizar un análisis exhaustivo sobre esta primera etapa en donde actores externos a la nación tuvieron un papel determinante. Se busca, entonces, analizar la incidencia que tuvo el discurso de Estados Unidos en la política exterior China a través de un profundo análisis cualitativo que tendrá como base elementos propios de la historiografía. Mediante aproximaciones constructivistas, se pretende demostrar que las creencias pre-existentes de ambos actores (así como la intersubjetividad entre los mismos), determinó la identidad construida a través de la percepción mutua. Lo anterior, impulsó las relaciones predominantemente agresivas entre Estados Unidos y la China Maoísta de principios de la Guerra Fría.

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Este artículo hace un recorrido por los principales acontecimientos, previos y posteriores, generados en torno al ataque de Estados Unidos y los aliados al Iraq. También se analiza la posición de Estados Unidos frente al Consejo de Seguridad de la ONU y se propone un debate al interior de esta organización para definir su papel en el nuevo contexto internacional. Finalmente, el autor explora la situación de Medio Oriente, se estudian las posibilidades de éxito de la "Hoja de Ruta" acordada y se pasa revista a los principales acontecimientos de América Latina.

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Este ensayo, de carácter analítico-descriptivo, pretende transitar entre las grandes líneas de la política exterior brasileña a lo largo de la primera década del siglo XXI, más específicamente durante los dos mandatos de Luiz Inácio Lula Da Silva (2003-2006 y 2007-2010), a fin de identificar en qué medida la agenda internacional brasileña fue afectada desde su categorización como potencia emergente bajo el acrónimo de BRIC (Brasil, Rusia, India y China) en el año 2003. El análisis parte de la premisa de que la política exterior brasileña, a lo largo de la primera década del siglo XXI, está más que nunca, imBRICada. Más allá de un simple juego de palabras, im“BRIC”ar significa dejar en evidencia la forma compleja en la que interactúan las diversas prioridades de la agenda internacional de un país emergente como Brasil, a veces convergiendo, a veces discrepando.

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In Resolution 1556, the Security Council, with the conflict in Darfur clearly in mind, determined that the ‘situation in Sudan constitutes a threat to international peace and security and to stability in the region’. This article focuses on the response by the United Nations, in particular the Security Council, and the African Union to the Darfur conflict. It begins by exploring the role of peacekeeping operations and regional arrangements or agencies in the overarching architecture of international peace and security. Having laid this frame of reference, it then looks at the modalities of peacekeeping in Darfur. These operations began with the African Union acting in isolation but have transitioned to an increasingly important role being played by the United Nations and a hybrid peacekeeping presence. Finally, this article asks whether, assuming that a legally dispositive conclusion can be drawn that genocide has taken place in Darfur since the outbreak of hostilities there in 2003, there exists a legal justification, or even obligation, for non-compliance by states with the sanctions regime established by Security Council Resolutions 1556 and 1591. This regime of sanctions has played an important part in the Security Council's approach to Darfur but has been, unfortunately, left largely unexamined from the standpoint of international legality.

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This article examines one legal criterion for the exercise of the right of self-defense that has been significantly overlooked by commentators: the so-called “reporting requirement.” Article 51 of the United Nations (UN) Charter provides, inter alia, that “[m]easures taken by members in the exercise of this right of self-defense shall be immediately reported to the Security Council.” Although the requirement to report all self-defense actions to the Council is clearly set out in Article 51, the Charter offers no further guidance with regard to this obligation. Reference to the practice of states since the UN’s inception in 1945 is therefore essential to understanding the scope and nature of the reporting requirement. As such, this article is underpinned by an extensive original dataset of reporting practice covering the period from January 1, 1998 to December 31, 2013. We know from Article 51 that states “shall” report, but do they, and—if so—in what manner? What are the various implications of reporting, of failing to report, and of the way in which states report? How are reports used, and by whom? Most importantly, this article questions the ultimate value of states reporting their self-defense actions to the Security Council in modern interstate relations.

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Reflecting on the strategic commitment outlined in the Plan of Action for Gender Equality (2005-2015) and the priority issues of the Commonwealth Women’s Forum, this article assesses the extent to which the Commonwealth as an institution is supporting troop and police-contributing member states in addressing the gender imbalance in peacekeeping operations. Drawing on desk-based research, interviews with international policymakers and a statistical analysis of the International Peace Institute Peacekeeping Database, the article first outlines the Commonwealth’s gender and security policy perspective before examining data sets to determine the success of Commonwealth member states in integrating women into uniformed peacekeeping contingencies between 2009 and 2015. The article observes that, in spite of a renewed optimism and drive to propel women into leadership positions in politics, the judiciary, public bodies and private companies, security sector reform and the implementation of pillar one of the UN Security Council Resolution 1325, is notably absent from the Commonwealth’s gender agenda. It is argued that this policy gap suggests that national and international security architecture is regarded as an accepted domain of masculine privilege. A lack of political will among Commonwealth Heads of Government to mainstream gender equality and facilitate structural transformation of national security organs, and a chronically under resourced Commonwealth Secretariat limits the influence of the institution to that of arms-length promoter of international norms on women, peace and security.

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Since World War II, however, the term has increasingly referred to law enforcement operations, as a means to enforce trade sanctions, to prevent the movement of weapons of mass destruction (WMDs), and particularly in the Caribbean Sea, to prevent the smuggling of illicit drugs. Such ambiguity should allow flexibility when deciding whom should be targeted, as well as allowing states with veto powers in the UN Security Council, which may legitimately ship nuclear weapons and materials, to avoid being targeted as long as they do not export WMDs to rogue states or non-state groups or individuals.2 The ISPS Code was created under the auspices of the International Maritime Organization (IMO) and is part of the 1974 Safety of Life at Sea Convention (SOLAS) concerning the safety of merchant ships.