1000 resultados para Política energetica -- Unió Europea


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Desde finales de los 80 se produce un aumento significativo y rápido de los programas de asistencia financiados por la Unión y que incluyen medidas destinadas a la protección y promoción de los derechos humanos. Sin embargo, este aspecto positivo de promoción encuentra su anverso en una serie de medidas que la UE introduce en sus acuerdos con terceros y que permiten, en caso de que se produzcan violaciones en este campo que la Unión pueda dar por terminado, o bien suspender, el acuerdo en cuestión. Este tipo de medidas son las llamadas cláusulas de condicionalidad democrática o de condicionalidad negativa, objeto de estudio del presente working paper. Dichas cláusulas establecen que los derechos humanos y los principios democráticos se consideren elementos esenciales en la relación con la Unión, lo que permite que en caso de incumplimiento se pueda llegar a la terminación del acuerdo. Si bien inicialmente los criterios que se tenían en cuenta para condicionar créditos o ayudas eran los económicos, con el tiempo vemos como crece la importancia que van adquiriendo los derechos humanos y la democracia como requisitos indispensables en base a los cuales se condicionan las ayudas económicas o la celebración de acuerdos internacionales, y un medio en manos de la UE para mostrar su disconformidad ante determinadas situaciones, y para presionar a los gobiernos infractores y que deseen establecer relaciones con la comunidad. En el presente working paper se analizará el origen y la posterior consolidación como práctica habitual en las relaciones con la UE. Asimismo, se dará un repaso a la tipología utilizada en el clausulado de los Tratados con países terceros

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El presente volumen es una nueva contribución del Observatorio de Política Exterior Europea (Obs) al análisis de la interacción entre la política exterior española y la acción exterior de la Unión Europea. En esta ocasión, el lector se encuentra frente a un ejercicio de balance de la Presidencia española de la Unión Europea del primer semestre de 2010, una presidencia única, que sus mismos protagonistas han definido como presidencia de transición. Una transición entre el viejo y el nuevo modelo, impuesto por el Tratado de Lisboa, que entró en vigor poco antes del inicio de la presidencia rotatoria de España. El volumen se compone de más de 20 capítulos, que abordan de manera sistematizada y sucinta los temas fundamentales para entender cuál ha sido el cometido de España a la hora de gestionar el papel de Europa en el mundo. El Obs ya ha realizado este tipo de ejercicio en tres ocasiones desde 2002. De ahí que este “Entre la irrelevancia internacional y el aprendizaje institucional: La presidencia española de la Unión Europea (2010)” deba ser entendido como un balance de la presidencia española al frente de la agenda exterior de la UE, pero también como un referente para los estudiosos de la política europea de España, por un lado, o de la acción exterior de la UE, por el otro, que se suma a la línea de análisis seguida por el Obs a lo largo de casi una década de trabajo.

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Desde el Acta Única Europea de 1987, las sucesivas reformas de la Unión Europea se han realizado con el doble lema de mejorar tanto la eficacia de las políticas de la Unión como la transparencia y posibilidades de control democrático en el proceso decisorio europeo. La consolidación del doble lema eficacia-democracia ha evidenciado la necesidad de la UE de satisfacer las dos vertientes de la legitimidad clásicas de las democracias liberales: por un lado, la legitimidad asentada en los resultados (output legitimacy), es decir, que las instituciones funcionen eficientemente y sean capaces de llevar a cabo políticas eficaces y conformes a los valores que imperan en una sociedad; y por el otro, la legitimidad del proceso (input legitimacy) o, lo que es lo mismo, que las políticas se desarrollen siguiendo los procesos institucionales establecidos y que permitan el grado de participación y control público considerado adecuado en una comunidad política. El ámbito de la política exterior no ha estado exento de este debate sobre la necesidad de combinar eficacia y democracia, sobre todo a medida que dicho ámbito se ha ido ampliando funcionalmente con el desarrollo la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), su dimensión de defensa (PESD), los aspectos exteriores de las políticas de Justicia y Asuntos de Interior (JAI), o la Política Europea de Vecindad, que pasa transversalmente por todos los "pilares" de la UE. Los capítulos del presente libro pretenden examinar cómo ha progresado en los años recientes la política exterior europea en las dos dimensiones de la legitimidad señaladas (eficacia y control democrático), en cuatro áreas temáticas de la política exterior europea: promoción de la democracia y los derechos humanos, dimensión exterior de las políticas de Justicia y Asuntos de Interior, Política Europea de Vecindad y, por último, el papel de la UE en la gobernanza global.

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Durante el primer semestre de 2002, España ejerció la Presidencia del Consejo de la Unión Europea, por tercera vez. Las relaciones exteriores de la Unión son cada vez más complejas y amplias. España afrontó esta Presidencia con una agenda, en la que sumaba sus tradicionales áreas de influencia a la gestión continuista de la política exterior de la Unión. En este sentido, el Observatorio de Política Exterior Europea del Institut Universitari d’Estudis Europeus, que se presenta como un grupo de investigadores cuyo principal interés es el análisis de la dimensión exterior de la UE, hace balance en este Quadern de las prioridades y resultados efectivos del programa de la Presidencia.

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Los estados europeos se han mostrado impotentes ante el conflicto que asola Sudán, ejemplificado por la catástrofe humanitaria de Darfur. La creciente presión para “hacer algo” llegó a los despachos de los ministros de exteriores europeos hace cuatro años y desde entonces, tanto a nivel unilateral como europeo se han desarrollado diferentes (y fracasadas) iniciativas. A nivel de la PESD, por ejemplo, la Unión puso en marcha en coordinación con la OTAN, la operación de apoyo a la misión de la Unión Africana en Darfur, la operación AMIS II, pero pronto se vio desbordada por las dimensiones del conflicto. Este fracaso ha obligado a la Unión a ocupar un lugar protagonista en este conflicto imposible de desligar del enfrentamiento de Sudán con Chad, a través de la operación EUFOR Chad/RCA. Sin embargo, esta nueva operación se está convirtiendo en la última pesadilla europea en el terreno de la PESD. El complejo contexto bélico a escala regional así como las dificultades para construir una operación europea a gran escala han puesto en evidencia las diferencias entre socios europeos sobre el deber de intervenir en el conflicto de Darfur, así como las lagunas en la estrategia europea hacia un conflicto tan grave como el que asola el triángulo formado por Sudán, Chad y la República Centroafricana (RCA).

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El conflicto de Oriente Próximo escribió una más de sus tantas páginas el pasado verano. A principios de julio, las milicias de Hezbollah secuestraron a dos soldados israelíes cerca de la frontera del Líbano y se lanzaron cohetes Katiuska hacia el norte de Israel. Este suceso provocó la respuesta armada israelí y el inicio de un largo verano de bombardeos en el sur del Líbano, en los suburbios de Beirut y en el norte de Israel. La escalada bélica se llevó a cabo delante de una comunidad internacional incapaz de responder con contundencia a la desproporcionada respuesta israelí y a los continuos ataques de Hezbollah en el norte de Israel. Por su lado, la Unión Europea evidenció la divergencia de pareceres entre sus 25 estados miembros. Así, mientras que países como Francia, España o Italia criticaban la desproporción de la actuación israelí; Reino Unido o Alemania reconocían a Israel el derecho a la legítima defensa.

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Este estudio tiene como objetivo el análisis de la participación de la Unión Europea y sus Estados miembros en la Conferencia de Revisión del Estatuto de la Corte Penal Internacional, que tuvo lugar en Kampala el 10 de junio de 2010.

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De fet tot va començar al principi dels anys 80, amb l’aparició electoral del Front Nacional (FN) francès, creat el 1972, i que va ferde França una excepció a Europa en aquell moment. Ara ja sabem que aquest no es el cas i tenim nombrosos països europeus on, els partits d’extrema dreta no solament obtenen resultats comparables o superiors als del Front National francès, sinó que, d’acordamb sistema electoral, formen part de coalicions governamentals per constituir majories de dretes. En aquest sentit, cal recordar que Àustria va ser el primer Estat europeu en tenir una coalició governamental en la que hi havien electes del partit d’extrema dreta FPÖ (Partit de la Llibertat). Era la primera vegada que això passava després de la Segona Guerra Mundial, i la inquietudpolítica va ser gran en els països de la Unió Europea (UE) doncs tothom recordava que el poble austríac, en la seva gran majoria, va ser favorable al “Anchluss” (annexió amb Alemanya) i els hi semblava que els responsables políticsactuals, eren tallats ala imatge de Kurt Waldheim i altres representantsd’aquell tristperíode. A partir d’aqui, la presencia de ministres d’extrema dreta en determinats governs europeus ja no provoca reaccions tan fortes, sens dubte perquè la seva historia no es idèntica a la de Àustria, i també perquèl’advertència als austríacs no ha tingut cap efecte i el FPÖ (Partit de la Llibertat) ha continuat prosperant inclous desprès de la mort accidental del seu líder,Jörg Haider, en 2008. En 2011, hem vist com els dirigents de la Unió Europea i la Secretaria d’Estat americana, Hillary Clinton, es mostraveninquiets davant de la deriva autoritària nacionalista del governhongarès dirigit pel“Fidesz” i el seu líder Viktor Orban, però sense cap mena de mitja per oposar-se a excepciód’una carta oficial de prevenció.

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El present treball, Crisi de l’euro, identitat europea i la sostenibilitat de laUE com a projecte transnacional. Narratives mediàtiques de la crisi dedeute europeu (anys 2010-2011) a la premsa de referència de diferentspaïsos de la UE, és una proposta de recerca doctoral. La recerca que esproposa pretèn reflexionar sobre fins a quin punt es dónen les condicionsper a l’existència d’una esfera pública europea en la premsa de referènciageneralista, a partir de l’estudi de les cobertures informatives sobre la criside deute sobirà a la zona Euro efectuades per diaris del Regne Unit,França, Espanya, Alemanya i Itàlia. Amb aquest objectiu, es dissenya una recerca empírica centrada en determinar el grau de convergència discursiva i la visibilitat i els valors atorgats a institucions europees i estatals, i a col·lectius identitaris mitjançant l’estudi d’agendes mediàtiques, frames, idees polítiques i fonts informatives.

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L'objecte d'aquesta recerca és analitzar en quina mesura la nova presidència permanent del Consell Europeu establerta pel Tractat de Lisboa ha transformat la funció presidencial i ha comportat un canvi qualitatiu en el funcionament del Consell Europeu, així com en el seu procés de presa de decisions. Les conclusions de l'estudi apunten a que el canvi en el sistema presidencia ha comportat un increment en l'eficàcia del Consell Europeu alhora que ha provocat una concentració de nous poders en la presidència gràcies a l'ús dels mecanismes d'establiment i control de l'agenda.

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[spa] La política de Vecindad de la Unión Europea se acostumbra a interpretar como un instrumento de europeización forzada. Gracias a su fuerza de negociación, la Unión Europea impondría a sus vecinos su modelo económico y hasta político y social. Esta sin embargo no es la evidencia que se obtiene en el ámbito del comercio. En consonancia con el modelo teórico de relaciones exteriores desarrollado por varios investigadores bajo la dirección de Esther Barbé, observamos como, en el ámbito comercial, el modelo de relaciones entre la Unión Europea y cuatro países de la política de Vecindad puede ser tanto de europeización como también de internacionalización o de coordinación. El tipo de modelo aplicado viene condicionado, como asevera el marco teórico, por el cumplimiento de las condiciones necesarias que se requieren para que Europa imponga sus normas: legitimidad, incentivos y coherencia interna. Estas condiciones varían en función tanto del tema tratado como del país vecino.

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La baja movilidad espacial de la mano d'obra y la incapacidad estabilizadora del presupuesto comunitario como mecanismos de ajuste alternativos a la política monetaria y al tipo de cambio exigen que el mercado de trabajo español muestre una alta flexibilidad salarial para poder reaccionar con rapidez a los eventuales shocks asimétricos nacionales en el marco de la Unión Monetaria. En este trabajo se analizan, en primer lugar, el grado de rigidez de los salarios y se identifican, a continuación, los principales factores explicativos del mismo. El análisis aporta evidencia empírica sobre el grado de rigidez de los salarios en un amplio número de países de l'OCDE a partir de la estimación de ecuaciones de salarios en forma de curva de Phillips aumentada con expectativas. Los resultados obtenidos permiten afirmar que el mercado de trabajo español funciona de forma deficiente, con una elevada rigidez de los salarios, y en consecuencia, una incapacidad de los mismos para ayudar a l'ocupación a recuperarse ante una perturbación recesiva. En segundo lugar, el análisis de los factores explicativos de esta rigidez permito concluir que se podría conseguir una mayor flexibilidad salarial mediante l'actuación coordinada y consensuada de los agentes económicos y sociales en el proceso de negociación salarial, así como mediante políticas activas de mercado de trabajo, incidiendo sobre todo en el componente formación, o pasivas, reduciendo la duración de las prestaciones contributivas. Un tercer factor que permitiría obtener una mayor flexibilidad sería un desplazamiento del nivel de negociación hacia formas mucho mas centralizadas o, por el contrario, altamente descentralizadas

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De acuerdo con la teoría de las áreas monetàrias óptimas,los shocks asimétricos tienen un papel fundamental en la determinación de los beneficios y los costes derivados del establecimiento de una área monetaria. En este sentido, diferentes estudios recientes señalan una importante reducción del grado de asimetría de los shocks en términos reales a lo largo de los últimos años entre los países europeos como consecuencia de la mayor coordinación de las políticas económicas y de la aproximación de las estructuras productivas. De todas maneras, una de las cuestiones clave en el nuevo entorno económico, y que no ha sido demasiado considerada a la literatura reciente, es el posible papel desestabilitzador de la política monetaria común como consecuencia de las diferencias en los mecanismos de transmisión de la política monetaria en los distintos países y regiones de la Zona Euro. En este trabajo se considera la mencionada cuestión desde un punto de vista teórico y se analiza empíricamente la existencia de diferencias regionales en los efectos de la política monetaria llevada a término en España a lo largo de los últimos años con la finalidad d identificar los principales determinantes de esta asimetría en el ámbito europeo

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[spa] La política de Vecindad de la Unión Europea se acostumbra a interpretar como un instrumento de europeización forzada. Gracias a su fuerza de negociación, la Unión Europea impondría a sus vecinos su modelo económico y hasta político y social. Esta sin embargo no es la evidencia que se obtiene en el ámbito del comercio. En consonancia con el modelo teórico de relaciones exteriores desarrollado por varios investigadores bajo la dirección de Esther Barbé, observamos como, en el ámbito comercial, el modelo de relaciones entre la Unión Europea y cuatro países de la política de Vecindad puede ser tanto de europeización como también de internacionalización o de coordinación. El tipo de modelo aplicado viene condicionado, como asevera el marco teórico, por el cumplimiento de las condiciones necesarias que se requieren para que Europa imponga sus normas: legitimidad, incentivos y coherencia interna. Estas condiciones varían en función tanto del tema tratado como del país vecino.

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De acuerdo con la teoría de las áreas monetàrias óptimas,los shocks asimétricos tienen un papel fundamental en la determinación de los beneficios y los costes derivados del establecimiento de una área monetaria. En este sentido, diferentes estudios recientes señalan una importante reducción del grado de asimetría de los shocks en términos reales a lo largo de los últimos años entre los países europeos como consecuencia de la mayor coordinación de las políticas económicas y de la aproximación de las estructuras productivas. De todas maneras, una de las cuestiones clave en el nuevo entorno económico, y que no ha sido demasiado considerada a la literatura reciente, es el posible papel desestabilitzador de la política monetaria común como consecuencia de las diferencias en los mecanismos de transmisión de la política monetaria en los distintos países y regiones de la Zona Euro. En este trabajo se considera la mencionada cuestión desde un punto de vista teórico y se analiza empíricamente la existencia de diferencias regionales en los efectos de la política monetaria llevada a término en España a lo largo de los últimos años con la finalidad d identificar los principales determinantes de esta asimetría en el ámbito europeo