Hábitos lectores de los escolares de la Región de Murcia.

A) Conocer los hábitos lectores en el mundo real del niño. B) Estudiar las aspiraciones de los niños respecto a la lectura. C) Definir el entorno lector familiar del niño. D) Conocer la oferta pública en lo referente a bibliotecas infantiles. Muestra 1.500 Sujetos de tercero, quinto y octavo de EGB de 20 colegios públicos y privados de la Región de Murcia. 40 Bibliotecas públicas, 16 agencias de lectura y servicio bibliobús de la Región de Murcia. Partiendo de la hipótesis del escaso hábito lector de los escolares de la Región de Murcia, se intenta confirmar o desechar la mencionada hipótesis mediante estudio de campo en los colegios y centros mencionados. Obtenida la información se procesan las variables hasta la obtención de unos datos absolutos y porcentuales. Cuestionarios 'ad hoc' incluyendo las variables seleccionadas sobre hábitos lectores de los niños y su entorno lector: A) Encuesta sobre los hábitos lectores de los escolares de la región de Murcia. B) Encuesta sobre bibliotecas escolares. C) Encuesta a las bibliotecas públicas. D) Encuesta a las agencias de lectura. E) Encuesta al servicio de bibliobús. Análisis estadístico mediante paquete informático BMDP. Se realizó un estudio de carácter descriptivo, no causal del fenómeno. Se confirma la hipótesis del escaso hábito lector de los escolares. De igual manera se confirma el bajo índice lector de los padres y la carencia de ofrecimientos públicos de centros de lectura (tanto en los propios colegios como en otros centros). Se llega a la conclusión de que es necesario un estudio en profundidad sobre las causas que alejan al niño de la lectura y de la urgencia de crear un hábito de lectura activo desde el comienzo de la escolarización. Se cree conveniente urgir a los poderes públicos para subsanar las deficiencias en la infraestructura de centros públicos de lectura.

Educación en la Guerra Civil. Contribución del consejo local de cultura de Madrid.

Ofrecer una visión de la labor educativa realizada por los anarquistas durante la Guerra Civil española , concretamente la llevada a cabo en Madrid por el Consejo Local de Cultura.. Archivo Histórico Nacional, sección Guerra Civil, de Salamanca. Archivo Histórico de la Villa de Madrid. Hemeroteca Munincipal de Madrid.. Revisión documental.. Análisis de contenido.Investigación histórica.. La investigación indica que los anarquistas junto con la idea de revolución social, en el campo político y económico, van más allá propugnando una nueva ética y un nuevo estilo de vida. Partiendo de estas ideas crean un sistema pedagógico original y consecuente con su concepción social. Existieron grandes inconvenientes para que los anarquistas pusieran en práctica sus ideas y sólo fue posible hasta finalizar la Guerra Civil. El desarrollo de la contienda posibilitó la puesta en práctica de sus ideas sobre colectivizaciones, autogestión, enseñanza, consecuencia del asentamiento de este movimiento durante la guerra, del elevado número de afiliados, constituyéndose en una fuerza de gran relevancia para el mantenimiento de la República. La represión a la que fueron sometidos los anarquistas desde principios de siglo alcanzó cualquier tipo de realización que trataron de implementar. Las diferencias entre la teoría y la práctica, por distintas razones, constituye el principal problema de los anarquistas. El Periodo Republicano significó un gran auge, no sólo para el anarquismo respecto a la educación sino para todas las organizaciones obreras. Durante el periodo comprendido entre la proclamación de la República y el estallido de la Guerra, se crearon el doble de escuelas razonalistas que en el periodo 1917-1931, e incluso durante la guerra estas continuaron aumentando. En los medios educativos libertarios se produjeron diferentes intentos de federación y organizativos, que sólo cuajaron durante la Guerra, en la creación de un sistema escolar completo desde la educación Primaria en los Ateneos hata el Bachillerato Confederal y la Universidad Popular. La ausencia de apoyos reales influye de forma decisiva para que el modelo pedagógico que aparece incompleto, no sea llevado a cabo en su totalidad. Los factores que más influyeron para que la educación libertaria no se desarrollara convenientemente o no obtuviera el desarrollo deseado fueron: a) La aversión hacia los intelectuales, b) Neutralidad ideológica dentro del sistema educativo: Rechazo de cualquier dogma político, religioso y social, c) El propio anarquismo: A pesar de su participación en el Gobierno Republicano, nunca pretendieron tomar el poder, tampoco centralizaron las decisiones, lo que ocasionó en multitud de ocasiones desigualdades entre si.. La investigación realizada indica las dificultades para valorar con exactitud los logros educativos de los anarquistas durante la guera, bien por falta de datos o por la imprecisión de los mismos. Los anarquistas a pesar de las trabas y errores consiguieron la extensión e implantación en gran parte de España de un sistema educativo basado en el reconocimiento de libertad y autonomía del niño y en la eliminación de la voluntad coercitiva del maestro. El hecho que la Confederación se diera por vencida en febrero de 1939, cuando su Comité Nacional llevaba varios meses fuera del país y que en Madrid las actividades del Consejo Local continuaron hasta prácticamente la entrada de las tropas de Franco, es indicativo de la importancia que daban a la educación. Los mayores logros educativos se obtuvieron en Cataluña, pero es en Madrid donde se aprecia la desigualdad hecha y la autonomía e independencia de los poderes públicos por donde se movieron los Pedagogos Libertarios.

La aplicación de la Ley de Medidas de protección integral contra la violencia de género.

Monográfico con el título: 'La educación, factor de igualdad'. Resumen basado en el de la publicación

La era del conocimiento : educación, I+D e innovación : el papel de las universidades en la nueva era.

Se analiza la importancia los poderes públicos, la empresa y la Universidad, para conseguir una sólida estructura de investigación, desarrollo e innovación en la nueva era del conocimiento. Se repasan las inversiones económicas destinadas a investigación, desde la segunda mitad del siglo XX hasta el año 2005, en los países de la Unión Europea.

La disolución de la Filosofía en la reforma.

Resumen basado en el de la publicación

El debido proceso y el principio de motivación de las resoluciones / sentencias judiciales

Se orienta a establecer si los poderes públicos cumplen con el principio constitucional de motivación consagrado en el Art. 76, numeral 7, letra e) de la Constitución de la República, que consagra que las resoluciones de los poderes públicos deben ser motivadas. Por otra parte, se ahonda en el propósito de que el Estado Ecuatoriano a través de los diferentes órganos del poder estatal cumpla con el precepto constitucional de la seguridad jurídica, respetando y haciendo respetar el debido proceso, previsto en el Art. 82 de la Carta Magna. También contiene un muestreo de las resoluciones dictadas por las diferentes Salas de la ex-Corte Suprema de Justicia y que guardan relación tanto con el principio de motivación, como con el debido proceso y que es materia del presente estudio.

La Legitimidad de la Deuda Externa Pública en el Ecuador para el período comprendido entre 1994-2006

La deuda como una obligación moral contraída por un deudor y ofertada por un acreedor está sujeta a las condiciones originariamente pactadas y a la vertiginosa dinámica del mercado financiero internacional. Según esta perspectiva, el capítulo I desarrolla aquellos conceptos claves que conforme al derecho público permitan a los poderes del Estado determinar el carácter lícito o ilícito de la deuda externa. A lo largo del capítulo II la experiencia del caso ecuatoriano se entremezcla entre la visión jurídica y el análisis económico de la deuda externa pública a partir de 1994 hasta el 2006. Los mecanismos financieros implementados para extinguir las obligaciones y transformar la deuda comercial en títulos valor en los noventa dieron un tratamiento diferenciado al capital y a los intereses, con la finalidad de influir sobre la capacidad de pago del país. Sin embargo, la declaración de una moratoria unilateral se hizo presente en 1999 en medio de la más profunda crisis financiera del Ecuador. Fortaleciendo así la idea de que el endeudamiento de un Estado no era cuestión de liquidez sino de solvencia. La renegociación de la deuda por los Bonos Global se produce en medio de condicionamientos favorables para los acreedores. De ahí que en este tramo han surgido las principales causales de ilegitimidad de la actual deuda. En el sentido más amplio de la legitimidad de la deuda pública externa es tratado en el capítulo III. El destino real de los créditos otorgados se confronta con el fin social de los mismos. La ciudadanía en la mayoría de los casos desconoce el real origen de la deuda pública e ignoran el contexto de su legítimo otorgamiento. Pese a ello su pago se ha convertido en una obligación ineludible en el escenario de sus relaciones internacionales y de los acuerdos alcanzados sobre derechos fundamentales. Para finalizar, el manejo de los recursos públicos es analizado con un claro ejemplo: La ejecución del proyecto de riego Carrizal - Chone adjudicada a la constructora Norberto Odebrecht y expulsada el 23 de septiembre del 2008. ¿Cómo proceder? Para ello se propone, en el capítulo IV, a la auditoría pública de la deuda externa como un instrumento facultativo de los poderes públicos que se afianza en el derecho nacional. Se realiza una propuesta metodológica integral entre lo económico y lo jurídico que permita develar una base moral y legítima de los acrecentados pasivos históricos de un estado. Unas breves conclusiones cierran el análisis de aquello que no se adecua con la ley o lo legítimo; y de aquello que no se adecua con la moral, los derechos humanos, la equidad y la justicia, es decir lo ilegítimo de una deuda externa pública.

La modulación y efectos de las sentencias sobre demandas en acciones de inconstitucionalidad

Las sentencias de término constituyen las decisiones jurisdiccionales más importantes de los tribunales constitucionales, tanto desde el punto de vista jurídico como de su trascendencia política, pues dicha decisión se refiere a la interpretación de la Constitución del Estado. Estas resoluciones establecen el sentido y alcance de valores, principios y reglas constitucionales; y, determinan el contenido de la normativa infraconstitucional. La modulación de sentencias es una técnica utilizada por los jueces constitucionales, en sede de control constitucionalidad para determinar el sentido o sentidos en que debe o no debe ser interpretada una disposición, así como para establecer si las normas derivadas directa o indirectamente de la disposición están acordes o no con la Constitución. A fin de que los jueces constitucionales, como agentes de control de la constitucionalidad del ordenamiento jurídico realicen su labor de interpretación de las normas constitucionales; y, a través de la práctica de modulación de sentencias y sus efectos, realicen una actividad integradora del derecho es necesario identificar las tensiones relativas a las disputas interpretativas al querer definir con carácter de cosa juzgada constitucional el significado de una disposición y las tensiones relativas a una ruptura o revisión del principio de separación de poderes. En la actualidad es imprescindible un cambio en la concepción del derecho, de la administración de justicia, del reconocimiento de los derechos; y la distribución de competencias de cada uno de los órganos, lo que a más de ser un asunto jurídico se convierte algunas veces en asunto político por la trascendencia que tienen las decisiones que con carácter definitivo, emiten los jueces constitucionales, más aún cuando en ellas podrían expresarse modulaciones al querer inicial del legislador; que adicionalmente, vinculan a todos los poderes públicos por los efectos que producen las mismas.

La valoración de la prueba, en la motivación de una sentencia en la legislación ecuatoriana

Respecto a la valoración de la prueba, en nuestro sistema de justicia, se establece en el Art. 115 del Código de Procedimiento Civil que: “La prueba deberá ser apreciada en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustantiva para la existencia o validez de ciertos actos. El juez tendrá obligación de expresar en su resolución la valoración de todas las pruebas producidas.” Con este artículo nuestro legislador establece que la prueba debe ser valorada por el Juez con estricto sentido de la lógica y de la razón, de conformidad con los principios de la sana crítica, mismos que deberán estar integrados por las reglas de la lógica y la experiencia de los jueces. En nuestra legislación no se impone al juez el resultado de la valoración de la prueba, pero sí le impone el camino, el medio concreto, el método de valoración y éste no es otro que el de la razón y la lógica como elementos de todo juicio, es así que la Constitución Política de nuestro país, para controlar que efectivamente el Juez exponga su valoración de la prueba, y exponga sus fundamentos de hecho y derecho presentados en el proceso, estable en su Art. 76 numeral 7, literal L que: Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas y principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se consideraran nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados.” Con la motivación se pretende que las personas encargadas de la administración de la justicia demuestren que la decisión tomada en determinada causa, es legal y racionalmente justificada sobre la base de aquellos elementos que la fundamentan.

Análisis de la "Ley Orgánica de Redistribución de los Ingresos para el Gasto Social" y la incidencia del impuesto

La “Ley Orgánica de Redistribución de los Ingresos para el Gasto Social” aprobada por la Asamblea Nacional y publicada en el Registro Oficial Suplemento 847 del 10 de diciembre de 2012, es el objeto principal de esta investigación. La forma en la que fue planteada, el proceso seguido hasta su aprobación, y la esencia misma de la Ley, dejan dudas respecto de la constitucionalidad de la norma. Para el análisis ha sido necesario referirse tanto a los principios constitucionales como a los principios legales y a aquellos comunes a la generalidad del Derecho, previo a un análisis de la protección jurídicoconstitucional del contribuyente. Se hace referencia a dos fuentes del Derecho, la Constitución y los Acuerdos Internacionales, específicamente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los mismos que consagran el principio de igualdad ante la ley y no discriminación de personas, grupos o comunidades, que es aplicable en cualquier situación jurídica. El principio de igualdad, es en nuestra constitución, un principio de aplicación de los derechos fundamentales, y por tanto antecede a la igualdad tributaria, en cuanto exige una actitud de los poderes públicos contra la discriminación y un imperativo de su actuación para el legislativo. El trabajo incluye una visión del sistema económico político y social imperante antes de la reforma legal; un examen de la Ley y las diferentes facetas de la carga tributaria y de las sanciones previstas; un análisis de las finanzas públicas, del gasto social y de los efectos de la Ley en la economía, así como la incidencia de los impuestos; y, un estudio sobre el papel del sistema financiero en la economía y el marco de regulación y control al que está sujeto. Al final se ensaya una perspectiva sobre la economía para el 2014, advirtiéndose las señales que inquietan al inversionista y los riesgos sistémicos sobre los cuales las autoridades de control deben tomar atención especial. Se realiza un breve análisis sobre hechos subsecuentes, como la aprobación del Código Monetario y Financiero por parte de la Asamblea Nacional. Tanto en el campo del Derecho, como en el de la Economía, se recurre a criterios de destacados expertos que han enriquecido la investigación.

El procedimiento legislativo y sus principios: una perspectiva sustancial y democrática

El presente trabajo estudia la relación entre la teoría del Estado de Derecho, la democracia y el constitucionalismo desde el punto de vista teórico y en función del control formal de constitucionalidad de las leyes como uno de los medios para garantizar la vigencia de una forma de gobierno democrática. Se pone en evidencia la instrumentalidad de los procedimientos y la misma se aborda desde los tres aspectos de un sistema constitucional como son: función, estructura y procedimientos de la función legislativa. Se trata de una perspectiva sustancial y democrática que permite extraer de los principios y contenidos constitucionales reglas procedimentales y estructurales para el proceso de formación de la ley y establecer la función que cumplen para la salud del sistema democrático. Los valores y derechos se encuentran presentes en este trabajo pero de ellos se propone un punto de vista jurídico que permita su efectivo control, y así garantizar su materialización durante el trámite de formación de una ley. Todo esto resultará necesario, mucho más en tiempos como los nuestros, donde la reflexión sobre el ejercicio y actividad de los poderes públicos ha sido relegada al segundo plano. Este trabajo, en síntesis, recalca en la garantía de los derechos y la materialización de los valores y principios por medio de las normas del procedimiento y del esfuerzo por perfeccionarlos. De estos aspectos depende la vigencia, de lo que en términos del artículo uno de la Constitución ecuatoriana, es un Estado constitucional de derechos y justicia. El trabajo se limita al estudio jurídico-dogmático del poder legislativo y las relaciones sociopolíticas que se presentan durante la formación de la ley. Todo ello conectado al control formal de constitucionalidad del procedimiento legislativo realizado por la Corte Constitucional. Algunas anotaciones históricas permitirán comprender el origen de la institución parlamentaria y su ideología. Por otra parte, el derecho comparado permitirá apreciar el contraste entre los aciertos y desaciertos del diseño del procedimiento legislativo que se encuentra vigente en nuestro país. Así entendidos, los valores y principios tienen contenido y eficacia jurídica; develar esas características es fundamental para controlar el cumplimiento de la Constitución.

El derecho a la resistencia en el marco de la Constitución de la República del Ecuador de 2008

El neoconstitucionalismo nos enmarca dentro de una nueva propuesta de Estado constitucional de derechos y justicia, idea que nos permite comprender que como nunca antes en la historia del constitucionalismo ecuatoriano, múltiples derechos vinculados con la participación social han sido reivindicados y reconocidos como una novedad en la Constitución de Montecristi. Entre estos derechos se encuentra el de resistencia, necesario e insustituible para que el pueblo de forma individual o colectiva pueda ejercer el derecho innato de defensa ante la arbitrariedad y abuso de los poderes públicos o privados y también para utilizarlo como “un medio directo de participación del pueblo en la política.” En esta tesis reviso como sería entendida por la sociedad ecuatoriana la invocación del derecho a la resistencia en el marco sistemático de la Constitución del 2008 y señalo que una comprensión sobre unos límites débiles del derecho a la protesta, podría llevarnos a pensar que existiría un conflicto de derechos constitucionales en las diferentes manifestaciones de actos de resistencia colectiva, mismos que podrían haber sido zanjados con la aplicación de normas infraconstitucionales en la sustanciación de diferentes procesos penales; de ahí la importancia de que los operadores de justicia dejen de lado un criterio de solución estándar al momento de resolver los casos en los que se ha invocado este derecho constitucional, y de que consideren también que podría existir una trilogía en el ejercicio de la resistencia colectiva, pues la protesta social sería entendido como un medio para la invocación de este derecho, ya que la resistencia al ser entendida como un derecho de participación en el marco constitucional actual, podría considerarse como el fin de estos actos colectivos de protesta. Finalmente en este planteamiento, los actos de resistencia colectiva encontrarían protección no solo constitucional sino internacional porque existiría una conexidad de éstos con los derechos a la libertad de expresión, reunión, manifestación y asociación.

Uma avaliação da fórmula de distribuição do imposto relativo às operações de circulação de mercadorias e serviços (ICMS) aos municípios paranaenses

No Brasil, principalmente a partir da Constituição de 1988, vem ocorrendo uma descentralização político-administrativa do governo federal para os estados e municípios. A descentralização é uma opção para diversificar os espaços para o exercício dos direitos e liberdades civis, a autonomia da gestão municipal, a participação social, o controle e a autogestão. O provimento de recursos financeiros necessários para essa descentralização, porém, não tem ocorrido, bastando constatar que o Brasil revela uma das piores distribuições de renda do mundo e a distribuição regional de renda não consegue alterar o desenvolvimento desigual das diferentes regiões ocasionando problemas sociais de difícil solução no próprio âmbito local e acaba pressionando outras regiões pela movimentação da população em busca de melhores condições de vida. Um fator que contribui com a disparidade na distribuição das transferências governamentais é o fato de a Constituição Federal impor que a participação de cada município no bolo do ICMS seja em função do valor adicionado gerado em cada município, com um peso de pelo menos 75% do total das variáveis envolvidas para a repartição dos recursos arrecadados e os demais 25% por definição do poder público estadual. Esse formato de distribuição não leva em conta as céleres mudanças verificadas principalmente no setor público, e estados e municípios ficam engessados a uma legislação que não acompanha as mutações que ocorrem nos campos econômico, social e geopolítico. O trabalho analisa as distorções ocasionadas no Índice de Participação dos Municípios pelos benefícios fiscais e financeiros concedidos pelo Estado às empresas e a concentração de recursos do ICMS em alguns municípios, em decorrência da instalação, pelos poderes públicos da União e do Estado, de usinas hidrelétricas e outras e de polos petroquímicos. A análise da distribuição da receita do ICMS aos municípios paranaenses e a tentativa de apresentar uma fórmula que torne mais simétrica a repartição deste imposto é o ponto central deste trabalho.

O Pró-Rural 2000 como política pública de combate à pobreza rural no Rio Grande do Sul

Nas últimas décadas o Rio Grande do Sul passou por profundas transformações econômicas e sociais. Essas transformações ocasionadas pela adoção de um conjunto de medidas para todos os tipos de agricultores, fizeram com que grande parte da população rural empobrecesse. Dado isto os poderes públicos apoiados por organismos internacionais, no caso o Banco Mundial, começam a partir dos anos 1990, a formatar políticas públicas específicas de combate e alívio à pobreza rural. Assim, nos anos 1996-97 é formulado o Pró-Rural 2000 com perspectiva de fomentar o desenvolvimento e melhorar as condições de vida da população mais pobre do meio rural gaúcho. Os beneficiários diretos das ações estariam localizados em regiões escolhidas segundo alguns critérios previamente elaborados pela coordenação estadual, com maior concentração de pobreza rural. A implantação do programa se daria nos municípios, com apoio da EMATER e os agricultores beneficiados deveriam se adaptar a uma série de critérios elencados no manual operativo. O que se viu, no entanto, no ano de implantação, a partir da análise nos municípios de Jaboticaba e Lajeado do Bugre que as ações serviram mais para satisfazer as vontades dos agentes políticos do que para o combate à pobreza rural. Os agricultores não participaram das reuniões preparatórias, não se respeitou o critério do uso da microbacia hidrográfica como unidade de ação e de planejamento e principalmente não se realizou nenhuma ação de manejo adequado dos recursos naturais.Deste modo, a política pública concebida como Pró-Rural 2000, por utilizar dados e indicadores um tanto já defasados e por estar baseada nos programas de desenvolvimento rural integrados dos anos 1960-70, buscou combater e aliviar uma situação com as ações que haviam gerado e intensificado a pobreza rural no estado do Rio Grande do Sul.

A questão da água como um fenômeno econômico e sua possível exploração racional : uma consolidação de idéias

Este trabalho consiste em apresentar idéias, dados e informações sobre a água, e a ameaça que a sua escassez representa para a humanidade se o consumo e uso continuarem sendo realizados de forma indiscriminada, sem qualquer planejamento, dado a sua disponibilidade limitada. Inicialmente, o trabalho centra seu foco na questão da escassez física da água no mundo, até suas implicações de ordem sócio-econômicas entre as nações. O tema também é aprofundado sob a ótica da Teoria Econômica, considerando a água como um bem econômico que é produzido pela natureza, e exige emprego de recursos para sua exploração. A partir da sua análise como um Bem Público, com suas características de externalidades – fonte de desvio na eficiência, surge como questão, a fixação do seu preço. Mostra, no cenário internacional, a política de agências internacionais, o papel dos poderes públicos e a questão dos recursos hídricos. Cita as alternativas possíveis para o Brasil, focando questões como: a participação da iniciativa privada, a educação ambiental, a política nacional de águas, a utilização das águas subterrâneas, e a transformação deste bem, como uma “commodity”de exportação. O problema é grave e requer a atenção das sociedades, instituições e governantes de todo mundo, no sentido de amenizar esse quadro, através da educação ecológica dos povos e sólidos projetos de exploração ordenada. Pois, a quantidade de água existente no planeta é finita, não sendo possível sua produção pelo homem, apesar de toda a sua inteligência e evolução tecnológica.