105 resultados para Nombramientos


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Se analiza la trayectoria del Salón de Otoño, celebrado desde 1920 por iniciativa del artista Juan Espina y Capo, pintor de aguafuerte. Los prolegómenos del Salón de Otoño se asientan en la creación en 1910 de la Asociación de Pintores y Escultores, por cuya presidencia pasaron notables artistas, desde Eduardo Chicharro hasta Joaquín Sorolla. En el Primer Salón de Otoño Español de octubre de 1920, se presentaron 959 obras de pintura casi en su totalidad. Aquella primera exposición tenía dos salas, una retrospectiva y otra contemporánea y no existían recompensas por las mejores obras expuestas. Había también a lo largo de los años, una sala llamada 'Recuerdos', dedicada a artistas desaparecidos. A partir del IV Salón de Otoño, se iniciaron los premios y nombramientos honoríficos de la Asociación a las mejores obras expuestas. En 1935 se celebró el último Salón de Otoño antes de la Guerra Civil, el mismo año en que la Asociación de Pintores y Escultores cumplía veinticinco años. Terminada la contienda, en 1942, se reanuda el Salón de Otoño y en el año 1945, se celebra el vigésimo quinto aniversario de esta exposición.

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Decreto por el que se establece que la Real Academia de Farmacia tenga como fines la investigación y el estudio de las ciencias farmacéuticas y el asesoramiento, cuando lo soliciten, de los Organismos del Estado en las materias de su especialidad. Constaría de cuarenta académicos numerarios, de académicos correspondientes nacionales o extranjeros y de académicos de honor, cuyos nombramientos y características, se articulan en esta legislación.

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El Servicio de Documentación Científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (C.S.I.C.), se crea en 1951 con el fin de poner a disposición de la comunidad científica y universitaria la información necesaria sobre las actividades de los Centros de Enseñanza Superior y de investigación del mundo entero: profesorado, biografías, planes de los cursos, problemas de los estudiantes en el extranjero, problemas de la investigación en los grandes centros nacionales, etc. Su misión era recoger, escoger y clasificar todas las informaciones y datos sobre la vida universitaria mundial: congresos, actos o sesiones científicas, actividades universitarias, nombramientos o cambio de puesto de las principales personalidades científicas, nuevas leyes relativas al campo docente, creación de nuevos centros universitarios o de enseñanza, desarrollo de la vida de los estudiantes, estadísticas universitarias, etc. para lo que se creó una sección dedicada a estos trabajos. La información de la que disponía el CSIC provenía de 777 centros de todo el mundo, con los que mantenía contactos y colaboración. El personal que integraba el Servicio de Documentación del CSIC, estaba altamente cualificado y a disposición del cuerpo docente para proporcionar la información que necesitase en todo momento.

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Se trata de conocer la situación de la convivencia escolar y el bullying en la provincia de Huelva a través de auto-informes y cuestionario de nombramientos, así como diseñar, elaborar, implementar y valorar un programa para el primer ciclo de Educación Secundaria que permita sensibilizar al alumnado y al profesorado e intervenir en la dinámica bullying. Por último se verifica experimentalmente la eficacia del programa en su contexto ecológico aplicado por los tutores en colaboración con los orientadores. La muestra está constituida por 1660 estudiantes de entre 11 y 16 años, edad estándar de los cursos primero y segundo de ESO, de 54 aulas y 54 docentes tutores de dichas aulas, de la provincia de Huelva. Los instrumentos utilizados son: cuestionarios para el alumnado y profesorado, grupos de discusión y sesiones de tutoría de investigación. Se diseña una investigación que aúna los paradigmas cuantitativos y cualitativos. Los cuestionarios se someten a juicio de expertos y a prueba piloto. Se revisan diversos audiovisuales para integrarlos en las sesiones de tutorías, escogiendo uno desde el punto de vista del agresor y otro desde el punto de vista de la víctima. Se confeccionan las sesiones de tutoría y los materiales a incorporar y se procede a administrar los cuestionarios e iniciar la inclusión del programa en el Plan Anual de Orientación y Acción Tutorial. La aplicación del programa disminuye las conductas agresivas, matiza sus efectos para los chicos, que en general, reducen las puntuaciones de conductas agresivas, sobre todo como víctimas. Los efectos de la intervención son más evidentes para los espectadores del grupo experimental que observan menor frecuencia de conductas de agresión, aunque los agresores por su lado declaran recibir más ayudas cuando son acosados. Los agresores y espectadores de este grupo saben mejor cómo ayudar a las víctimas. Los profesores han aumentado su implicación en el fenómeno, concediéndole mayor importancia y mostrando mayor interés. Además han observado una disminución de la agresividad verbal y física.

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Se aborda la respuesta que deben dar las universidades a las nuevas demandas educativas de la sociedad del conocimiento, en particular la Universidad de Guadalajara, México. Determinar si la actual organización de la Universidad cumple con los propósitos planteados por la reforma académica de 1989, respecto de la función de docencia y si con esta organización la universidad es capaz de responder a las nuevas demandas educativas que plantea la sociedad del conocimiento. El análisis se circunscribe a la función de docencia. Se considera que existen seis componentes básicos de la función de la docencia: los alumnos; el entorno de la universidad; el conocimiento que se transmite; el personal académico que genera y transmite este conocimiento; el personal que planea, dirige y evalúa el proceso de transmisión de conocimiento y la organizacón de la universidad. Se selecciona para la licenciatura de Administración los centros universitarios de Ciencias Económico Administrativas y el de la Ciénega. En la carrera de medicina, cirujano y partero, se eligen los centros universitarios de Ciencias de la Salud y el del Sur. Para documentar y analizar la categoría de alumnos se aplican dos cuestionarios, uno dirigido a los alumnos de primer ingreso y otro dirigido a alumnos con al menos el 80 porciento de los créditos aprobados de su programa académico correspondiente. Además, se les aplica otro cuestionario para conocer su valoración del profesorado. A los profesores, se les aplica un cuestionario para conocer su situación laboral y los programas de formación, actualización y estímulos a su labor docente. Para el personal de gobierno y administración (jefe de departamento, coordinador de carrera, coordinador de las tecnologías para la enseñanza y aprendizaje) se prepara un guión de preguntas para cada uno de los actores en una entrevista. El entorno de la universidad no se documenta, ya que se parte del supuesto que la orientación de los programas académicos cuenta con la pertinencia adecuada. Por último, para conocer lo apropiado o no de la organización, se realiza un análisis documental. En cuanto a la organización departamental, el principio de integración y organización de los departamentos no ha sido atendido por las autoridades universitarias. Ninguno de los departamentos documentados cumple enteramente con los supuestos planteados en la ley universitaria y el estatuto orgánico. Para el cumplimiento equilibrado del trabajo académico de investigación, docencia y extensión se clasificó al personal académico en docentes e investigadores, y cada uno de los grupos se dividió en asistentes, asociados y titulares. El trabajo académico no se organiza ni se realiza bajo los principios que esta clasificación establece, aunque existe personal con estos nombramientos, en la práctica la interrelación y la clasificación de actividades no se cumple. No existe ningún censo que muestre la composición del personal académico por categoría y área de conocimiento. En último lugar, el empleo de las tecnologías de la información y comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje se lleva a cabo sin una clara definición de política institucional, lo que ha propiciado el desarrollo dispar en los diferentes centros universitarios .

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Resumen basado en el de la publicación

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El siguiente trabajo tiene como objetivo estudiar las relaciones Estado-Iglesia en Colombia y Ecuador en el período comprendido entre 1830 y 1860, partiendo de la ley de patronato de 1824 como variable de comparación y de la aplicación que hicieron ambos países de dicha ley en los nombramientos eclesiásticos. El primer capítulo hace referencia al inicio de las relaciones Estado- Iglesia en la colonia, cómo se llevo a cabo la evangelización en estos países, qué tipo de conflictos se dieron, cuál fue la participación de la iglesia en el proceso de independencia y cómo se empezó a aplicar la ley de patronato en los nacientes estados y sus primeros conflictos. En el segundo capítulo entramos en la discusión acerca de los nombramientos eclesiásticos, la forma en que los países manejaron este asunto partiendo de la ley de patronato, su enfrentamiento con los parámetros utilizados por la iglesia y las diferentes soluciones que planteó cada país en el intento de terminar con la tensión Estado-Iglesia. El tercer capítulo localiza su estudio en el ámbito de los diezmos y las propuestas de supresión de este impuesto, que llegaría a convertirse en obstáculo para el desarrollo de la agricultura y la economía nacional. Finalmente dedicaremos un último espacio al tema de la educación como apartado del proyecto político que busca la constitución de una nación.

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La estabilidad del trabajador en nuestro país ha sido por décadas cuestionada en vista del mal uso de esta institución por parte de empleadores y trabajadores. El incremento de contratos de servicios ocasionales, el recurso de nombramientos provisionales, supresión de partidas, cancelación de contratos ocasionales y aplicación de la compra de renuncias obligatorias, han generado un evidente deterioro de la estabilidad laboral con la cual el servidor público contaba. La inserción de una figura como la compra de renuncias obligatorias, a todas luces violatoria de los derechos constitucionales del servidor público, ha generado un nuevo procedimiento arbitrario con el cual las entidades públicas ejecutan el despido intempestivo del servidor, sin cumplirse un debido proceso de separación laboral, con evidente vulneración del legítimo derecho a la defensa. Esto ha motivado mi interés por realizar un estudio respecto de la estabilidad y permanencia laboral del servidor público y cuál es su percepción al respecto, ante la aplicación de recursos por parte del Estado que generan diversas formas de relación laboral, y la precariedad de la estabilidad y permanencia laboral.

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La presente investigación indaga sobre uno de los acontecimientos más relevantes de la década de los 30 del siglo pasado, como es la Huelga de marzo del 39. Dicho acontecimiento se dio en una coyuntura política compleja, marcada por el regreso al poder de la burguesía liberal, representada en el gobierno de Aurelio Mosquera Narváez, que se caracterizó por su beligerancia a los sectores sociales y su persecución a los dirigentes de izquierda. Una de sus medidas fue la reorganización de las universidades mediante la promulgación de una disposición transitoria a la Ley de Elecciones que dejaba vacante los puestos públicos de periodo fijo. Esta disposición puso en debate uno de los derechos propios de la Universidad como es la autonomía universitaria, consignada por primera vez en el año de 1925. Como consecuencia de esta disposición transitoria, las cátedras universitarias quedaron vacantes, el Ministerio de Educación procedió a nombrar nuevos docentes, excluyendo de estos nombramientos o a profesores de militancia socialista. Este hecho fue interpretado por los estudiantes como una violación a la autonomía del centro de estudio y provocó que el 16 de marzo el Consejo Universitario deje de funcionar y los estudiantes se tomen las instalaciones de la Universidad y declaren la huelga. Frente a estos acontecimientos, otros sectores sociales como los maestros, obreros y textiles, eléctricos y transportistas mostraron su solidaridad y procedieron a plantear sus propias reivindicaciones, declarando una huelga general los días 21 y 22 de marzo y formando el autodenominado Frente de Estudiantes-Maestros-Trabajadores. El resultado final fue una profunda agitación social en las calles, la que obligó al Estado a utilizar su fuerza coercitiva y a declarar ilegal lo actuado por los sindicatos. Este hecho tuvo profundas repercusiones en los dirigentes gremiales, en la firma de contratos colectivos y en la creación de una alternativa educacional que fue la Universidad libre.

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Esta ponencia es la presentación del proyecto de tesis, que tiene por objetivo estudiar el proceso de constitución y consolidación del poder judicial, responsable de la administración de justicia, como integrante del Estado provincial, legitimador de su accionar político y mediador con la sociedad civil. La investigación se ubica en la provincia de Buenos Aires, entre 1853 y 1881, que sancionó su propia Constitución en 1854, en la que declaraba en su artículo 118 que el poder judicial sería independiente de todo otro en el ejercicio de sus funciones. Es decir que en esta provincia la consagración de la teoría de los poderes del Estado y la ley como definidora de lo que era justo, requirieron de la organización del poder judicial. El sistema judicial de la provincia de Buenos Aires comenzó su formación como poder del Estado a partir de la reforma rivadaviana y el proceso alcanzó su madurez entre 1853 y 1881, como parte fundamental del proyecto liberal, asentado sobre la autoridad de la ley. El poder judicial garantizaba la legitimidad del sistema político republicano de matriz liberal, pero la dependencia con el poder ejecutivo se mantuvo en parte, representada en el presupuesto, los nombramientos y los jurys. La organización judicial en formación incluyó al ámbito rural con una fisonomía institucional que tendía a consolidar la relación entre Estado y sociedad civil; ésta manifestaba sus necesidades a través de la opinión pública y el poder las interpretaba con el fin de legitimar su acción política. En este proceso de legitimación, el poder judicial era funcional al Estado, lo que se consolidó con el tiempo. La Constitución de 1873, a pesar de ser ideal en algunas de sus propuestas, dio protagonismo y efectividad a las instituciones judiciales que se formaron y pusieron en funcionamiento con una nueva concepción de justicia, que sin dejar de lado el derecho natural se consolidaba en una función más positiva, atenta a los derechos individuales y de propiedad. Para comprender el rol que jugó el sistema de justicia en la formación del Estado es necesario desenmarañar la compleja trama de relaciones entre el poder político y los magistrados, y a su vez entre ellos y la sociedad. Pero esto no se puede realizar sin conocer y comprender que entendían por justicia, y definir de qué forma organizaron su administración. En la realización de esta investigación atenderé a las soluciones que el ordenamiento jurídico debía brindar a una determinada sociedad, las instituciones que lo formaron y las ideas de quienes lo gestaron. El uso de la fuente judicial será fundamental para observar si la letra de la ley fue cumplida en la administración de justicia y de qué manera. Pero esa fuente judicial confirmará o no la aplicación de las leyes dictadas por el poder legislativo y los decretos emanados del ejecutivo, por ello será necesario reconstruir los organigramas del Poder Judicial a partir del estudio de los Registros Oficiales y los debates legislativos de la provincia.

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El artículo aborda el estudio del perfil socioeconómico de los Alcaldes de Hermandad de Chascomús entre 1808 y 1821. Ello comprende la identificación y el análisis de las actividades económicas que desempeñaban los mismos, así como la caracterización de sus vínculos en el entramado social local. Sobre la base del análisis de casos de renuncias al cargo y de conflictos en los nombramientos, se intentan establecer los criterios más importantes que se tuvieron en cuenta para la elección de Alcaldes en este partido, resaltando la importancia de los conflictos a escala local en la constitución y ejercicio de esta instancia de autoridad en la campaña rural

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Fil: Barletta, Ana María. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación; Argentina.

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Fil: Barletta, Ana María. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación; Argentina.

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El artículo aborda el estudio del perfil socioeconómico de los Alcaldes de Hermandad de Chascomús entre 1808 y 1821. Ello comprende la identificación y el análisis de las actividades económicas que desempeñaban los mismos, así como la caracterización de sus vínculos en el entramado social local. Sobre la base del análisis de casos de renuncias al cargo y de conflictos en los nombramientos, se intentan establecer los criterios más importantes que se tuvieron en cuenta para la elección de Alcaldes en este partido, resaltando la importancia de los conflictos a escala local en la constitución y ejercicio de esta instancia de autoridad en la campaña rural

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Esta ponencia es la presentación del proyecto de tesis, que tiene por objetivo estudiar el proceso de constitución y consolidación del poder judicial, responsable de la administración de justicia, como integrante del Estado provincial, legitimador de su accionar político y mediador con la sociedad civil. La investigación se ubica en la provincia de Buenos Aires, entre 1853 y 1881, que sancionó su propia Constitución en 1854, en la que declaraba en su artículo 118 que el poder judicial sería independiente de todo otro en el ejercicio de sus funciones. Es decir que en esta provincia la consagración de la teoría de los poderes del Estado y la ley como definidora de lo que era justo, requirieron de la organización del poder judicial. El sistema judicial de la provincia de Buenos Aires comenzó su formación como poder del Estado a partir de la reforma rivadaviana y el proceso alcanzó su madurez entre 1853 y 1881, como parte fundamental del proyecto liberal, asentado sobre la autoridad de la ley. El poder judicial garantizaba la legitimidad del sistema político republicano de matriz liberal, pero la dependencia con el poder ejecutivo se mantuvo en parte, representada en el presupuesto, los nombramientos y los jurys. La organización judicial en formación incluyó al ámbito rural con una fisonomía institucional que tendía a consolidar la relación entre Estado y sociedad civil; ésta manifestaba sus necesidades a través de la opinión pública y el poder las interpretaba con el fin de legitimar su acción política. En este proceso de legitimación, el poder judicial era funcional al Estado, lo que se consolidó con el tiempo. La Constitución de 1873, a pesar de ser ideal en algunas de sus propuestas, dio protagonismo y efectividad a las instituciones judiciales que se formaron y pusieron en funcionamiento con una nueva concepción de justicia, que sin dejar de lado el derecho natural se consolidaba en una función más positiva, atenta a los derechos individuales y de propiedad. Para comprender el rol que jugó el sistema de justicia en la formación del Estado es necesario desenmarañar la compleja trama de relaciones entre el poder político y los magistrados, y a su vez entre ellos y la sociedad. Pero esto no se puede realizar sin conocer y comprender que entendían por justicia, y definir de qué forma organizaron su administración. En la realización de esta investigación atenderé a las soluciones que el ordenamiento jurídico debía brindar a una determinada sociedad, las instituciones que lo formaron y las ideas de quienes lo gestaron. El uso de la fuente judicial será fundamental para observar si la letra de la ley fue cumplida en la administración de justicia y de qué manera. Pero esa fuente judicial confirmará o no la aplicación de las leyes dictadas por el poder legislativo y los decretos emanados del ejecutivo, por ello será necesario reconstruir los organigramas del Poder Judicial a partir del estudio de los Registros Oficiales y los debates legislativos de la provincia.