680 resultados para GRUPOS ETNICOS - DERECHOS POLITICOS Y CIVILES - BOGOTA (COLOMBIA) - 2004-2007


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Contiene la organizacion de los trabajos, resumen de los debates y conclusiones de la reunion que tuvo por objetivo analizar, por una parte, la instrumentacion de la Estrategia Internacional del Desarrollo (EID) y las perspectivas de America Latina y el Caribe para el fin del decenio de 1980, teniendo presente la evolucion de la crisis y, por la otra, la deuda externa de America Latina y el Caribe.

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Presentado en la Conferencia BIREDIAL. Bibliotecas y Repositorios Digitales: Gestión del conocimiento, acceso abierto y visibilidad latinoamericana. Bogotá, 9 al 11 de Mayo 2011.

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El presente informe aborda la situación de los derechos sexuales y los derechos reproductivos en Argentina. Los temas abordados son: el acceso a métodos anticonceptivos, la anticoncepción quirúrgica, la educación sexual y el aborto.

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El barrio de "La Cecilia" es un barrio ilegal por encontrarse en un terreno protegido, por lo tanto es necesario frenar la expansión y generar un nievo límite. En paralelo la ausencia de equipamientos y de espacio público, unido a un saneamiento sanitario existente precario hacen que no se cumplan los criterios de Habitabilidad Básica en el barrio. El proyecto que se propone plantea, aprovechando el plan de intervención en el espacio protegido de los Cerros Orientales, la creación de un nuevo parque lineal de acceso al río que genere un nuevo límite para evitar la expansión. El nuevo equipamiento estará relacionado directamente con las actividades del parque ya que será un reflejo de la percepción de los visitantes del reformado entorno natural. Por otro lado se plantea una nueva ordenanza que regule las futuras construcciones dentro del barrio y se propone una renovación del sistema de saneamiento urbano basado en un biosistema.

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Con la entrada en vigor de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en adelante, CDPD), el CERMI asumió las funciones de organismo independiente para el seguimiento de la aplicación de la Convención en España1. En el marco de estas funciones se elabora el sexto Informe de Derechos Humanos de España, correspondiente al año 2013. El informe se configura principalmente como una herramienta de divulgación de las situaciones de discriminación que todavía sufren las mujeres y los hombres con discapacidad, con el objetivo de sensibilizar a los grupos de interés a través de la denuncia y reivindicación de los derechos que consagra la CDPD. Las fuentes de conocimiento son varias, principalmente: las consultas y denuncias recibidas en el propio CERMI como organismo independiente de seguimiento; las acciones emprendidas como consecuencia del trabajo propio de la Entidad; las personas y entidades colaboradoras, tanto del movimiento asociativo como pertenecientes a los distintos ámbitos jurídicos; y las noticias publicadas en prensa o difundidas en redes sociales que han originado una investigación por parte del CERMI.

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Vale la pena aclarar que este trabajo fue realizado a finales del año 2000, por consiguiente las cifras que aquí se encuentran han podido sufrir variaciones durante el presente año. ¿Existe alguna relación entre esta guerra que nos azota desde hace más de cuatro décadas y los niveles de pobreza que presenta el país? Por conflicto armado me refiero básicamente al problema con la guerrilla. A los secuestros, a las extorsiones, a los bloqueos a las carreteras, a las voladuras de torres de energía y oleoductos, y a las demás acciones terroristas. Mientras que por pobreza hago alusión a una mayor escasez de nuestros limitados recursos. A que la «torta de la riqueza» que nos tenemos que repartir todos los colombianos se hace cada vez más pequeña. Y lo que es peor aún, que la porción que les corresponde a los ciudadanos menos favorecidos es la más afectada. ¿El conflicto armado que actualmente está padeciendo nuestro país es entonces una causa o una consecuencia de la pobreza? Por una parte, la incapacidad del Estado para satisfacer las necesidades básicas de muchos ciudadanos (educación, salud, seguridad, empleo, etc.) es causa directa de nuestro conflicto armado. Por otra, el conflicto armado le quita competitividad a nuestros productos, provoca una fuga masiva de capital tanto económico como humano, produce desempleo, etc. El problema adquiere más bien la dimensión y las características de un círculo vicioso. Yo considero que se genera violencia cuando hay un Estado incapaz de satisfacer las necesidades más elementales de algunos miembros de la sociedad. Sin embargo, de la misma manera creo que toda forma de violencia destruye la riqueza. Sin embargo, el Estado colombiano es ineficiente y no alcanza a proporcionarle a una enorme cantidad de compatriotas.

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Tesis (Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo).-- Universidad de La Salle. Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo, 2013

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Bogotá (Colombia): Universidad de La Salle. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Programa Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística

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Bogotá (Colombia) : Universidad de La Salle. Facultad de Filosofía y Humanidades. Programa de Filosofía y Letras

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La Universidad de Medellín, Vicerrectoría de Investigaciones, en desarrollo de la política de socialización y divulgación, y comprometida con el fortalecimiento, apoyo y sostenibilidad de los grupos de investigación, realizó del 2 al 4 de mayo de 2005, las VII Jornadas de Investigación. El evento arrojó resultados altamente satisfactorios, tanto por la calidad de las temáticas como por el establecimiento de redes y amplias posibilidades de concretar alianzas y convenios que indudablemente fortalecerán las capacidades investigativas de la Universidad. Convencidos de la responsabilidad social de contribuir a la promoción de la cultura científica nacional y a la divulgación y aprobación social del conocimiento, compartimos, a través del siguiente texto, las principales reflexiones del evento, con el ánimo de propiciar nuevas e inacabas discusiones.

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Bogotá (Colombia): Universidad de La Salle, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo

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Hace décadas que los efectos de la actuación de las empresas sobre el disfrute los derechos humanos (DH) forman parte del debate jurídico internacional. En un contexto expansión transfronteriza de la actividad económica se han generado estructuras empresariales transnacionales que alcanzan en ocasiones la posibilidad de influir (directamente o a través de grupos de presión) a gobiernos y administraciones públicas y de incidir negativamente en el disfrute de los DH. Si bien estas situaciones pueden producirse en cualquier lugar del mundo, los países con un menor nivel de desarrollo o en situaciones de transición son más susceptibles de convertirse en escenarios de violaciones de DH. Además, en ellos es más difícil hacer efectiva la persecución y sanción de las conductas infractoras por una escasa o deficiente regulación nacional y/o por la debilidad de las estructuras administrativas y judiciales, imbuidas de corrupción en muchos casos. Jurídicamente, el estudio de posibilidades de articular y exigir responsabilidad a las empresas por violaciones de los DH requiere en primer lugar analizar la existencia y alcance de las obligaciones en materia de DH que repercuten sobre las empresas. Con este fin, y teniendo en cuenta las iniciativas y propuestas más novedosas, este trabajo aborda los distintos enfoques que permiten las dos disciplinas jurídico-internacionales: el Derecho internacional Público (DIP) y el Derecho internacional privado (DIPr) adoptando lo que, frente a la ya suficientemente estudiada perspectiva judicial (acceso a la justicia), puede calificarse como aproximación reguladora. Como es obvio, tanto las fuentes como las técnicas de reglamentación varían si tomamos como sujetos de referencia a los Estados o a las empresas que, por lo demás, operan en planos normativos y de responsabilidad distintos. Mientras el Estado incurre en responsabilidad internacional, ésta no es en principio atribuible a las empresas que, más allá de la eventual responsabilidad penal y/o administrativa, incurren en responsabilidad civil establecida a escala nacional.