939 resultados para Desviaciones sexuales


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Para las IFI´s, sean estas organizaciones sociales que han ido formalizándose o entidades reguladas por los organismos de control, una decisión puede ser incursionar o no en microfinanciamiento. Esta decisión debe considerar factores como entorno, variables y lineamientos acerca del sector, a fin de apostar a la decisión más acertada. La administración de riesgos tiene diferentes significados para diferentes personas. Para los reguladores, la administración del riesgo significa control; para los operadores, es una cuestión de cobertura, mientras que para los administradores de riesgos, significa asignar el capital necesario para obtener el máximo rendimiento con relación al riesgo. En muchas instituciones, la tradición en materia de administración del riesgo se circunscribe a un proceso donde ciertos profesionales buscan solamente minimizar las pérdidas. Desde un punto de vista organizacional, en esos casos, la responsabilidad de administrar el riesgo se delega a especialistas y ni siquiera se considera el riesgo desde el punto de vista de los accionistas, ni mucho menos como un arma competitiva El riesgo operativo se refiere a las pérdidas potenciales resultantes de fallas en los factores: procesos, personas, tecnología y eventos externos. Estas fallas pueden derivarse por sistemas inadecuados, fallas administrativas, controles defectuosos, fraude, o error humano, esto incluye riesgo de ejecución, que abarca situaciones donde se falla en la ejecución de las operaciones, algunas veces conduciendo a retrasos o penalizaciones costosas. Incluye el riesgo legal pero excluye los riesgos sistémico y de reputación. Esta tesis pretende determinar aquellas deficiencias en el factor personas dentro de la gestión del oficial de Microcredito.

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Esta investigación analiza - en el caso del Ecuador - la construcción del discurso de derechos sexuales, vinculándola con la emergencia/producción de sujetos y no sujetos, así como con las lógicas de emancipación y regulación. Examina el período comprendido entre 1997 - año en el que por primera vez en el Ecuador se afirma ante un tribunal que los derechos sexuales son derechos humanos - y el año 2004. Privilegia el análisis del discurso jurídico entendiendo lo jurídico de manera integral, esto es, desde su componente normativo, estructural/institucional y político/cultural. Enfatiza en la interrelación entre los derechos sexuales reconocidos en la Constitución Política del Ecuador (componente normativo), los debates en la Asamblea Constituyente y las interpretaciones del Tribunal Constitucional (componente estructural) y las agendas y propuestas de organizaciones sociales de mujeres, de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y transgénero y de jóvenes así como la posición de la Iglesia Católica (componente político/cultural). Intenta dar respuestas a preguntas tales como ¿Qué condiciones favorecen el surgimiento del discurso de derechos sexuales en el Ecuador? ¿Qué implicaciones tiene que se empiece a tratar el ámbito de la sexualidad desde los derechos humanos?. ¿Es un punto de inflexión el nombrar los derechos sexuales como derechos humanos? ¿Cómo se expresan a través del discurso de los derechos sexuales formas de emancipación o regulación? ¿De qué manera este discurso produce sujetos y no sujetos? ¿Cómo se manifiesta la relación entre controles y resistencias? ¿Qué tensiones y contradicciones se expresan en el discurso de derechos sexuales?¿Qué retos y rupturas plantea la inclusión de la sexualidad en el discurso de los derechos humanos? Finalmente propone algunas pistas que permitirían ganar espacios de emancipación, autoestima y autonomía en el ámbito de la sexualidad desde el discurso de los derechos humanos en general y de los derechos sexuales en particular.

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El interés académico de esta investigación ha sido realizar un acercamiento a las similitudes y las diferencias regionales en relación a la construcción socio política de lo que se ha situado culturalmente como la masculinidad; la cual, se ha sustentado en la heteronormatividad centrada en el impositivo discurso falocéntrico de la masculinidad, representado y exigido históricamente a los varones e impuesto por ellos mismos, desde una lógica falocrática que se despliega en todos los ámbitos de la vida social. En el planteamiento investigativo preliminar se partió de la hipótesis de que en la actualidad reciente algunas representaciones machistas de las masculinidades se han reproducido y fortalecido, quizá a críticamente en algunos grupos de mujeres y en personas de las diversidades sexuales3 y de género, como una estrategia de supervivencia dentro del coercitivo sistema falocrático heteropatriarcal imperante en el Ecuador. Esta investigación quizá complemente los estudios de masculinidades previamente realizados en el país gracias al aporte de una nueva mirada desde los criterios y experiencias de vida de las personas de las diversidades sexuales y de género así como de algunas mujeres para entrar en diálogo con los estudios que abordan esta problemática en la región.

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Los derechos humanos han significado una lucha histórica de las mujeres por alcanzar un lugar en la sociedad. El derecho a la salud de las mujeres ha sido reconocido a nivel nacional e internacional como un derecho humano fundamental, esencial para el desarrollo de otros derechos y garantizado desde el principio de igualdad y no discriminación. Sin embargo, al referirse a la salud de las mujeres trabajadoras sexuales se ha evidenciado que existen grandes esfuerzos por alcanzar su garantía, protección y respeto, aunque aún existen importantes desafíos por cumplir. El trabajo sexual ha sido muy cuestionado por los distintos feminismos y más aún por la sociedad androcéntrica, machista y patriarcal en la que vivimos, por lo que resulta complicado alcanzar el pleno goce de los derechos de este grupo social. En particular el derecho a la salud de las trabajadoras sexuales ha sido reconocido y garantizado en función de la salud de los clientes y no de ellas. Históricamente, las mujeres que ejercen el trabajo sexual no han sido consideradas como sujetos de derechos sino como objeto de regulación de los Estados. Por lo tanto, sus derechos han sido invisibilizados y en muchos casos anulados. El Estado ecuatoriano ha logrado implementar políticas respecto de la salud (sexual y reproductiva) de las mujeres trabajadoras sexuales. Sin embargo, es necesario generar una política integral que considere la promoción de los derechos, la prevención de las ITS y VIH/SIDA así como, la restitución de los derechos de las trabajadoras sexuales.

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En este artículo intentamos esbozar brevemente la influencia de la "globalización" sobre la ciudadanía de las mujeres en la Argentina, con especial énfasis en cuanto a los derechos reproductivos se refiere. Vale decir, cómo se han conjugado contexto internacional y nacional - tanto desde el punto de vista económico, político, social, etc., como desde el punto de vista del movimiento de mujeres- en relación con el debate sobre derechos sexuales y reproductivos en nuestro país en los últimos años.

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Esta investigación, que se ubica en el marco del interés por las consecuencias políticas de la diferencia sexual, ha buscado responder, desde el punto de vista de los estudios de género, a la pregunta por la relación entre la aplicación de acciones políticas y programáticas en el área de la salud sexual y reproductiva y sus efectos sobre lo que la mayor parte de los estudios existentes denomina “mortalidad materna". El estudio se ha circunscripto a la relación entre políticas públicas en el campo de la salud sexual y reproductiva y la razón de mortalidad materna en la provincia de Mendoza en los últimos 15 años. La búsqueda de respuesta ha exigido, por una parte, la realización de un recorrido conceptual, que se ha llevado a cabo apelando a nociones elaboradas desde los estudios feministas y de género y la sociología política y de la salud, en particular los estudios sobre Estado, políticas públicas de salud y ciudadanía y por la otra de un análisis empírico. En función de esa doble dimensión, teórica y empírica, el trabajo ha sido estructurado en cinco capítulos a lo largo de los cuales se ha procurado responder a la pregunta por la relación entre las formas como el Estado ha garantizado en la provincia de Mendoza el acceso a la educación sexual, información confiable y métodos anticonceptivos accesibles y eficaces, la frecuencia de los embarazos inesperados y las causas de muerte de mujeres gestantes.