La evaluación institucional de la universidad.

Una evaluación institucional, cuando es correctamente realizada debe alcanzar los objetivos directos como: mejorar, rendir cuentas e informar. Sin embargo, otras consecuencias indirectas son posibles como: crear una cultura interna de calidad. Los fenómenos de calidad implican a muchos individuos que necesariamente pasan a ser conscientes de la necesidad de evaluar la calidad. Este resultado es valioso por si solo y se han obtenido resultados importantes como en el caso español: crear una cultura de responsabilidad ante la sociedad en general y ante los usuarios de la institución, en particular. Un efecto muy importante en instituciones españolas, con unas raices todavía recientes en la administración del estado; crear sistemas de información estadística para la gestión interna de las instituciones y para la información a la sociedad de cómo son los productos que la universidad está generando; crear sistemas de indicadores de rendimiento que sirvan que sirvan para recoger una información sintética, razonable y útil, del funcionamiento de las instituciones; crear un estímulo a la competencia positiva de las instituciones por la calidad que deberá transformarse en competencia por los alumnos y por los contratos con las empresas que dispondrán de criterios en que basar sus decisiones; la evaluación puede tener otras consecuencias. La primera deseable, la segunda no; disponer de unos criterios válidos para asignar recursos públicos a las instituciones según su calidad y eficacia y segundo establecer clasificaciones de instituciones. Pero existe el peligro de que se establezcan clasificaciones simplificadas. Existen muchas otras consecuencias y podemos pensar que los efectos serán benéficos. Si se acompañan de otros criterios búsqueda de la calidad como mejoras en los sistemas de financiación y sobre todo una decidida apertura de la universidad a las demandas de la sociedad.

El diario de la Roma Antigua.

Entre los medios publicitarios romanos los más usados eran los carteles e inscripciones. Los primeros grabados en bronce, mármol y piedra aparecen por doquier en todas las ciudades romanas. Eran las Actas del Senado o de los Decuriones o simplemente contratos o expedientes. Se hacían con el fin de que fuesen duraderas. A los carteles recurrían los magistrados para sus órdenes, los ciudadanos que testimoniaban su devoción a los dioses o particulares que daban a conocer sus deseos públicos. Estas planchas serán archivadas y publicadas después con el rótulo de Annales Maximi. Ellas son el primer documento básico de la historia romana. Se tiene constancia de ellas a partir del año 59 antes de Cristo. A partir de Cesar se convirtió en el diario romano de gran aceptación al publicarse todo tipo de noticias en tres secciones: 1õ Oficial como las Actas del Senado, los decretos de los magistrados, cartas, discursos de los emperadores; 2õ Semioficial con noticias de la corte a la vez que se publicaban los comunicados del emperador, audiencias concedidas; 3õ Una serie de hechos diversos, de ecos de sociedad sobre todo bodas, bautizos, muertes, divorcios que se producían diariamente en Roma. Los operarii fueron los antecesores de los reporteros romanos. Recogían la información para contarla, pero no cobraban. Estos obreros tenían como tarea al no entender nada de los asuntos públicos el copiar al pie de la letra las Actas de las Asambleas, del Senado y del pueblo fijadas en el foro. A ellas, añadían las noticias conseguidas tras sus correrías por calles y plazas. Pero poco a poco las actas fueron controladas por los emperadores y se llega a prohibir su publicación. Todo ello, generó que las primitivas actas creadas por César se convirtiera en el Diario de Roma. Pero no tuvo la difusión que se esperaba y a pesar de que no existiese la imprenta los copistas eran igual de válidos. Finalmente, no se convirtió en costumbre y no se hizo regular, ya que no fue nunca una necesidad y desapareció. Habrá que esperar a que Francia en 1631 recobrara este aspecto de la cultura romana.

La solución de conflictos de los contratos de concesión a partir de la expedición de la ley de modernización del Estado en el Ecuador

Este trabajo tratará sobre el marco jurídico que rige la solución de conflictos de los contratos de concesión a partir de la expedición de la Ley de Modernización del Estado, la misma que trajo algunas innovaciones en materia de contratos administrativos. Analizaremos brevemente el proceso de modernización del Estado Ecuatoriano que avanza lentamente desde el año de 1993. Normas constitucionales, legales y reglamentarias, así como comentarios de valiosos tratadistas ecuatorianos sobre la “modernización” del estado ecuatoriano. Vamos a analizar el Contrato de Concesión desde la perspectiva doctrinal y legal, ya que es el contrato que más ha sido utilizado por el Estado ecuatoriano en los procesos de modernización, para la prestación de servicios públicos. En el desarrollo de este trabajo no se analizará el proceso de concesiones en materia petrolera, minera, telefónica o de cualquier otra índole de una manera específica. No es el objetivo de este trabajo entrar en detalle sobre éstas materias complejas, sujetas a un régimen jurídico propio. En cuanto a los conflictos que se han presentado, hay que analizar cuáles son los mecanismos de solución de controversias previstos en la legislación nacional, que generalmente han sido jurisdiccionales, existiendo una serie de cambios de la competencia para conocer de estos procesos entre las Cortes Superiores y los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo. Finalmente, existe una reciente práctica para la solución no jurisdiccional de los conflictos de estos contratos, donde podemos destacar a la Mediación y a Arbitraje, que tienen su base normativa tanto en la Constitución como en la Ley especial de la materia, por lo que este trabajo analizará también la aplicabilidad de estos procedimientos para la solución de conflictos.

Responsabilidad tributaria de los notarios en los actos y contratos notariales

En este trabajo de investigación personal hemos analizado el documento notarial, instrumento público o auténtico, otorgado ante un notario, con arreglo a las leyes, y que hace fe, aun en contra de terceros, en cuanto al hecho de haber sido otorgado, a su fecha. Hemos destacado el aspecto de la responsabilidad tributaria que tienen estos funcionarios con respecto a los actos y contratos hechos y autorizados por ellos habiendo señalado que los notarios, tienen la doble obligación de exigir el cumplimiento de las leyes ecuatorianas generales, y de las leyes tributarias. Cumplimiento exigido tanto a quienes solicitan los servicios de los notarios, como estos; quienes además de contribuyentes, son terceros responsables y agentes de percepción. Si un notario no exigiera el cumplimiento de obligaciones tributarias previas no podría cerrar u otorgar un contrato, y de hacerlo incurriría en la contravención establecida en el Código Tributario; siendo además responsable de la custodia del dinero que recaude por tal concepto. Dentro de los agentes de percepción el notario está en la categoría tercera señalada en el Art. 61 de la Ley de Régimen Tributario Interno, pues es una persona natural que habitualmente presta un servicio gravado con una tarifa, siendo, en consecuencia, sujeto pasivo del IVA como agente de percepción. Finalmente se ha topado un aspecto moderno, relacionado con la era digital y que está teniendo importancia cada vez más creciente en el intercambio de bienes y servicios: el llamado comercio electrónico, abordando un aspecto polémico relacionado con los instrumentos públicos dados y celebrados a través del Internet. La necesidad de estudiar este tema se da ya que a través de los medios electrónicos el notario podría evadir sus obligaciones tributarias en su calidad de contribuyente. Además por la Ley de Comercio Electrónico cabría que se realicen actos y contratos sin la actuación y presencia física de un notario. Surgiendo la inquietud de si esta ausencia física de un notario, reemplazada por firmas y medios electrónicos, daría o no lugar a una escritura, teniendo en cuenta que la vigente Ley Notarial exige que sea un notario el funcionario que REALICE Y PROTOCOLICE este tipo de actos. Creemos que debería, concretarse el alcance de estas disposiciones, con reglamentaciones claras y precisas que no permitan dudas y confusiones en una materia tan importante.

La problemática del derecho a la estabilidad y permanencia de los servidores públicos en el Ecuador

La estabilidad del trabajador en nuestro país ha sido por décadas cuestionada en vista del mal uso de esta institución por parte de empleadores y trabajadores. El incremento de contratos de servicios ocasionales, el recurso de nombramientos provisionales, supresión de partidas, cancelación de contratos ocasionales y aplicación de la compra de renuncias obligatorias, han generado un evidente deterioro de la estabilidad laboral con la cual el servidor público contaba. La inserción de una figura como la compra de renuncias obligatorias, a todas luces violatoria de los derechos constitucionales del servidor público, ha generado un nuevo procedimiento arbitrario con el cual las entidades públicas ejecutan el despido intempestivo del servidor, sin cumplirse un debido proceso de separación laboral, con evidente vulneración del legítimo derecho a la defensa. Esto ha motivado mi interés por realizar un estudio respecto de la estabilidad y permanencia laboral del servidor público y cuál es su percepción al respecto, ante la aplicación de recursos por parte del Estado que generan diversas formas de relación laboral, y la precariedad de la estabilidad y permanencia laboral.

Los actos, hechos y contratos administrativos en las empresas públicas ecuatorianas, en la construcción de obra pública e infraestructura y en su giro ordinario del negocio

La Constitución del Ecuador (2008) otorga al Estado la potestad de planificar el desarrollo del país y ejercer un rol protagónico como agente dinamizador de la economía. Uno de los instrumentos con los que cuenta el Estado para intervenir en la economía es la creación de empresas públicas como instrumentos de política.1 Para lograr estos cometidos, el Estado tiene en sus manos –a través de estas personas jurídicas- la responsabilidad de ejercer como prestador de servicios públicos y ejecutor de obra pública. También está habilitado para intervenir en el desarrollo de otras actividades económicas, generalmente de tipo comercial, sobre las cuales la doctrina y academia ecuatoriana muy poco se han referido. La Ley Orgánica de Empresas Públicas prescribe cuál es la naturaleza jurídica de las empresas públicas, pero deja de ser tan explícita cuando se refiere a la determinación de los actos, hechos y contratos que aquellas expiden, ejecutan o celebran, cuando no estén relacionados con la construcción de obra pública e infraestructura. Estimamos que esta indeterminación, efectivamente, puede producir inseguridad jurídica o violaciones al derecho a la tutela judicial efectiva de los administrados. El análisis al giro específico del negocio de las empresas públicas nos permite entender el régimen particular de los actos, hechos y contratos que se deriva de la actividad que realiza el Estado cuando asume el rol de proveedor de bienes y servicios de carácter comercial. Este análisis admite que existe una cierta oscuridad en la actual legislación sobre estos regímenes de contratación. El estudio abordará una breve reseña histórica que distingue los diferentes tipos jurídicos que precedieron a las hoy denominadas empresas públicas (EP) en el Ecuador, procurando identificar los momentos político-económicos que dieron origen a dichas figuras jurídicas. Finalmente, examinaremos el régimen de solución de controversias aplicable, en el giro ordinario y específico del negocio de las EP, en consideración a que el administrado debe contar con las herramientas jurídicas que posibiliten hacer efectiva la garantía de sus derechos constitucionales, especialmente, los derechos a la seguridad jurídica, de impugnación y de la tutela judicial efectiva.

Análise de um novo modelo de governança para hospitais públicos no Brasil segundo a abordagem dos custos de transação: o caso das organizações sociais no estado de São Paulo

Esta tese sustenta que a implantação de modelos híbridos de governança em organizações ou sistemas que antes eram governados por tipos hierarquizados cria novos custos de transação e que isso não impede a continuidade nem a expansão desse modelo porque a sua escolha não é unicamente baseada na minimização dos custos de transação, mas também nos efeitos de performance proporcionados. Para chegar a essa conclusão, investigaram-se as características das transações referentes à contratação de serviços hospitalares pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, os custos decorrentes dessas características associados aos problemas típicos de governança, e o desempenho das organizações após a implantação do modelo. Para estabelecer tal relação, realizou-se um estudo comparativo entre três hospitais públicos estaduais governados por Organizações Sociais de Saúde – OSS – e três hospitais da administração direta, com portes e perfis assistenciais similares. Foram entrevistados os atores-chave dos hospitais e da área responsável pela gestão dos contratos com as OSS e analisados relatórios e os dados oficiais do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde sobre o desempenho dos hospitais escolhidos. Concluiu-se que a governança das OSS incrementou os custos de transação em cerca de 1% dos gastos totais, mas que os hospitais segundo esse modelo apresentaram um desempenho altamente satisfatório em comparação com o grupo de hospitais da administração direta. Outra descoberta do estudo é que a introdução do modelo das OSS reduziu, nesses hospitais, os níveis de incerteza comportamental e ambiental, que ficaram significativamente mais baixas do que os percebidos pelos hospitais da administração direta.

Três ensaios sobre liquidez do mercado secundário de títulos públicos no Brasil

A tese tem como objetivo discutir a liquidez do mercado secundário de títulos da dívida pública no Brasil. Em três ensaios, defende que problemas de organização do mercado prejudicam a ampliação da liquidez e que a formação de preços nesse mercado acompanha as taxas do mercado futuro de depósitos interfinanceiros – DI futuro, e não o contrário, como esperado, já que a presença de títulos de elevada liquidez no mercado à vista é que deveria desenvolver o mercado futuro. O primeiro ensaio mede e estima os determinantes do bid-ask spread cotado (indicador de liquidez) para cada vértice de taxa de juros, tendo como referência os vencimentos dos títulos pré-fixados em cabeça de semestre: LTNs (LTN-13 e LTN-11) e NTNFs- (NTNF-17, NTNF-14). Mercados com menores spreads são mais líquidos, mercados com spreads maiores são menos líquidos. Os modelos empíricos foram estimados por meio de análises de séries de tempo. O trabalho utiliza o cálculo do bid-ask cotado para medir a liquidez dos títulos em análise, medido pela diferença entre o ask price e o bid price de fechamento do mercado. A estimação dos determinantes da liquidez de mercado foi realizada com base no método dos mínimos quadrados ordinários (MQO). O modelo testa se maturidade e volume de negócio determinam o bid-ask spread dos títulos. Mercados com menores spreads são mais líquidos do que mercados com maiores spreads. Os resultados mostram que a mediana e a média do bid-ask spread cotado crescem com a maturidade dos títulos. Os sinais dos parâmetros das regressões confirmam para a maioria dos vértices dos vértices analisados neste trabalho a hipótese inicial de que o bid-ask spread aumenta com a elevação maturidade e diminui com maior volume negociado, confirmando a hipótese de baixa liquidez dos títulos públicos no mercado secundário brasileiro. O segundo ensaio analisa uma singularidade relevante do mercado brasileiro: a dependência da formação dos preços e da taxa de juros no mercado secundário de títulos públicos (LTN e NTNF) em relação ao DI futuro. As variáveis utilizadas foram o bid-ask spread cotado e o volume negociado no mercado de títulos públicos e de DI futuro. O ensaio utiliza tanto o método de Granger (1969), que tem como suposto que as informações relevantes para a previsão das variáveis estão contidas exclusivamente nos dados das séries temporais destas mesmas variáveis, quanto o modelo de Geweke (1982) para testar a causalidade, simultaneidade e dependência linear entre as duas séries no tempo. Os resultados confirmam a hipótese inicial de que bid-ask spread e volume de títulos públicos possuem forte dependência do bid-ask spread e do volume para contratos de DI futuro de mesmo vencimento, dependência devida à causalidade do mercado de DI futuro para o mercado de títulos públicos para a maioria dos vértices analisados nesse trabalho, indicando que a taxa CDI é benchmark para a precificação dos títulos públicos. Uma possível explicação está nos fatores de microestrutura, que fazem com que esse mercado seja o mais conveniente para negociar risco de liquidez e de mercado. O terceiro ensaio discute as implicações do desenho institucional sobre a liquidez do mercado secundário de títulos públicos - mecanismos e regras de negociação, desenho dos títulos e base de investidores. Essas regras afetam a formação dos preços no mercado, definem as trocas, a dimensão da assimetria de informação e os custos de transação e do processo de negociação. Pela sua relevância, a organização do mercado de títulos públicos tem sido objeto de reformas em diversos países. O terceiro ensaio é finalizado com a análise das medidas adotadas no Brasil e de seus resultados.

O contrato psicológico e o comprometimento organizacional de servidores públicos de agências reguladoras brasileiras

Este estudo versa sobre contrato psicológico e comprometimento organizacional, no contexto das agências reguladoras, autarquias da administração pública brasileira. Os contratos psicológicos são as expectativas e crenças dos indivíduos a respeito das obrigações recíprocas entre eles e suas organizações. O contrato psicológico é criado de forma espontânea e não faz parte do acordo formal entre empregado e empregador. O comprometimento organizacional refere-se à forma como cada pessoa percebe a motivação de seu vínculo com a organização, que pode ser de cunho afetivo, que reflete um desejo, instrumental, que reflete uma necessidade ou normativo, que reflete uma obrigação. A pesquisa realizada objetivou identificar se existe alguma relação e qual seria esta relação, entre os quatros tipos de contrato psicológico: relacional, equilibrado, transacional e transitório, com os três tipos de comprometimento organizacional, dos servidores públicos de agências reguladoras, que têm direito à estabilidade funcional, o que significa direito de manter o emprego permanentemente. O resultado da pesquisa demonstrou as relações existentes entre as variações de contrato psicológico e comprometimento organizacional dos servidores, apontando para a predominância do contrato transitório e do comprometimento instrumental.

Organizações sociais em Pernambuco: o desenho institucional do controle externo sobre os contratos de gestão

O objetivo desta pesquisa foi analisar o desenho institucional do controle externo sobre os contratos de gestão no âmbito do Tribunal de Contas do estado de Pernambuco quanto a sua aderência aos conteúdos da lei estadual que disciplina as Organizações Sociais e quanto a sua observância por parte dos atores envolvidos: Administração Pública, técnicos do tribunal de contas e membros do seu corpo julgador. Foram assumidas as seguintes premissas: que os novos arranjos de prestação de serviços públicos, por meio de parcerias com as Organizações Sociais, demandam por parte dos Tribunais de Contas desenhos institucionais de fiscalização específicos, que a pesar de variáveis devem primar por sua capacidade de revelar informações; que o processo de formatação destes desenhos institucionais deve ser dinâmico, permitindo-se que as contigências experimentadas na sua implementação possam contribuir no seu aperfeiçoamento; e que esses desenhos institucionais geram impacto no comportamento dos atores envolvidos. O estudo foi realizado por meio de pesquisa documental. A metodologia qualitativa de análise de conteúdo foi escolhida para análise dos dados. Os resultados da pesquisa permitiram concluir que o desenho institucional de controle dos contratos de gestão no âmbito do TCE-PE caracteriza-se por sua fragilidade como mecanismo de revelação de informação e, consequentemente, não contribui para a redução da assimetria de informação que se estabelece com a implementação dos contratos de gestão. Adicionalmente, compromete e limita o desempenho do Tribunal de Contas no controle destes ajustes. Verificou-se, também, uma a baixa observância do desenho institucional identificado, em que pese sua fragilidade, por parte dos atores envolvidos no controle dos contratos de gestão, implicando em uma baixa institucionalização deste desenho. Os resultados devem proporcionar uma rediscussão acerca dos mecanismos de controle dos contratos de gestão por parte do TCE-PE, que poderá resultar em um novo desenho institucional com vistas a conferir maior transparência às parcerias com as Organizações Sociais.

O Uso do Siconv na gestão de convênios públicos: uma análise comparativa entre a Finep e outros órgãos da administração pública federal

Este trabalho tem por objetivo comparar a gestão da carteira de convênios nos órgãos que adotaram o Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasses (Siconv), e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), que não o adotou. O foco será estudar os impactos na análise dos processos de prestação de contas parciais e finais, principalmente o tempo despendido.

Contratações Públicas no Setor de Resíduos Sólidos: Um estudo sobre as formas de contratação, delegação e gestão das atividades econômicas e serviços públicos relacionados ao setor de resíduos sólidos

Existem diversas formas no ordenamento jurídico brasileiro mediante as quais o poder público pode contratar, delegar ou gerir a prestação de serviços que envolvam entes privados. São elas os contratos de mera prestação de serviços regidos pela Lei 8.666/93 ou pela Lei 10.520/02; os convênios; as concessões comuns de serviço público regidas pela Lei nº 8.987/95; as parcerias público-privadas tuteladas pela Lei 11.079/04 e os consórcios públicos regidos pela Lei nº 11.107/05. O presente trabalho visa explorar como as contratações públicas ocorrem no setor de resíduos sólidos. Para isso, em um primeiro momento foi analisada a natureza jurídica dos serviços relacionados ao manejo de resíduos. Em um segundo momento, foi traçado um panorama sobre as modelagens contratuais disponíveis ao poder público para realizar essas contratações, bem como os possíveis problemas levantados pela doutrina no uso desses moldes. Por último, foram analisados casos concretos com o fim de averiguar se os referidos problemas são levados em consideração pelo Administrador Público ao elaborar os editais e contratos para prestação desses serviços pela iniciativa privada.

Alterações qualitativas em contratos de obra pública e a teoria econômica dos contratos incompletos : é possível construir um avião em pleno voo?

Não é de hoje que o país assiste à descoberta de incontáveis casos de desvios de recursos públicos ou mesmo à má gestão de contratos de obra pública que ocasionam, além de grave prejuízo ao Erário, danos à sociedade, muitas vezes desprovida da utilidade que seria proporcionada pelo pactuado. Essas condutas normalmente são ensejadas por projetos de engenharia que podem ser considerados meras peças de ficção, pois não representam o esforço correto para a execução do bem que se deseja construir. A Lei nº 8.666/93 permite a licitação com base em projeto básico, o que, segundo a atual onda de pensamento brasileira, seja da doutrina, dos órgãos de controle, do Poder Legislativo e até mesmo da mídia, é, de fato, um sério problema a ser enfrentado, pois a sua contratação dá margem a aditivos, entendidos como os grandes vilões das obras públicas. Por isso, o Tribunal de Contas da União vem decidindo no sentido de fortemente restringir a possibilidade de alteração contratual e, além disso, tem capitaneado projetos no Congresso Nacional que visam praticamente à extinção da empreitada por preço unitário, espécie contratual na qual o risco do projeto, ainda sem as definições necessárias, acaba por ser assumido pela Administração contratante, responsável pela elaboração, e não pelo seu executor. Contudo, no caso de obras complexas de infraestrutura, deve-se perquirir se essa postura, que pretende acabar com a margem decisória do gestor público quanto à extensão da incompletude do projeto básico - e, portanto, do objeto do contrato -, merece ser repensada, não com vistas a possibilitar os recorrentes danos, mas no caminho de uma melhor programação das ações estatais. Isso porque nessas hipóteses, a busca por todas as informações necessárias para a confecção do projeto a ser ao final executado, no momento da elaboração do edital, ou é muito custosa ou simplesmente não é possível. Assim, seria mais eficiente a contratação integrada, prevista na Lei do Regime Diferenciado de Contratação, na qual o risco do projeto pode se alocado ao contratado. Ocorre que, como existem restrições, nem sempre é viável esse caminho. Nessa ordem de ideias, deve-se encontrar uma solução para que o tradicional contrato de obra pública supere os seus graves problemas de incentivos. A proposta do presente trabalho é a introdução de um procedimento de tomada de decisão transparente, que confira segurança jurídica e amplo conhecimento da sociedade, além de livre acesso aos órgãos de controle, a partir de critérios não apenas jurídicos, mas econômicos e técnicos.

Alocação de riscos e equilíbrio econômico-financeiro em contratos de gestão: o caso da fundação OSESP

As parcerias entre o governo e instituições da sociedade civil têm se mostrado um instrumento fundamental para a consecução das políticas públicas. O “Programa Nacional de Publicização”, focalizando os serviços públicos não-exclusivos, trouxe maior possibilidade de flexibilização da gestão dessas atividades, chamando as organizações do terceiro setor a um papel de protagonismo na oferta de serviços públicos no Brasil. A nova interação entre esses agentes cria a necessidade de melhor entendimento de suas relações jurídicas e de realinhamento de expectativas e incentivos, bem como melhor definição da alocação de riscos entre os parceiros. Este trabalho analisa as parcerias com as Organizações Sociais na área da Cultura no Estado de São Paulo. Mais especificamente, o contrato de gestão da Fundação Osesp no período de 2005 a 2015. A partir desse caso, analisamos as oportunidades e dificuldades encontradas na contratualização dos resultados, os impactos na governança corporativa da instituição, as condições de alocação dos riscos, suas formas de mitigação e as necessidades de reequilíbrio econômico-financeiro.

A Eficácia dos direitos fundamentais nos contratos civis e de consumo: uma teoria contratual baseada na colisão dos direitos ou bens constitucionalmente protegidos

The apparent virtuosity that if could wait of the globalization and the neoliberalism has given signals of deterioration in the contractual relations, especially in contracts of mass consumption, generating innumerable offensive situations to the basic rights and the goods constitutionally protected of the contractors. In the world of today, still that it does not reveal any desire, the individual practically is compelled to contract, for force of necessities and customs completely imposed, mainly in face of the essentiality of the services or agreed to goods. Ahead of as much and unexpected changes in the civil liames and of consumption, dictated for the globalization, it comes to surface the reflection if the private law e, more specifically, the civil law, meet prepared adequately to deal with these new parameters of the economy. The present dissertation has the intention to investigate if the globalization and the consequent neoliberalism, in this beginning of third millennium, will imply to revive of the principles and the basics paradigms of the contracts that consolidated and had kept, for more than two centuries, the liberal State. One notices that the study of this phenomenon it gains importance to the measure where if it aggravates the decline of the social State (Welfare State), with the embrittlement and the loss of the autonomy of the state authority, over all in countries of delayed modernity, as it is the case of Brazil, that presents deep deficiencies to give or to promote, with a minimum of quality and efficiency, essential considered public services to the collective and that if they find consecrated in the Federal Constitution, as basic rights or as goods constitutionally protecting, the example of the health, the education, the housing, the security, the providence, the insurance, the protection the maternity, the infancy and of aged and deficient. To the end, the incidence of constant basic rights of the man in the Constitution is concluded that, in the process of interpretation of the right contractual conflicts that have as object rights or goods constitutionally proteges, in the universe of the globalized perhaps economy and of the neoliberalismo, it consists in one of the few ways - unless the only one - that still they remain to over all deal with more adequately the contractual relations, exactly that if considers the presence of clauses generalities in the scope of the legislation infraconstitutional civil and of consumption, front the private detainers of social-economic power. To be able that it matters necessarily in disequilibrium between the parts, whose realignment depends on the effect and the graduation that if it intends to confer to the basic right in game in the private relation. The Constitution, when allowing the entailing of the basic rights in the privates relations, would be assuming contours of a statute basic of all the collective, giving protection to the man against the power, if public or independently private