1000 resultados para Comunidades autônomas


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Por circunstancias históricas, no podemos hablar de cooperación entre bibliotecas en España hasta los años 80. En este período la cooperación se centra en el desarrollo de asociaciones de bibliotecas especializadas y, por lo tanto, el protagonismo recae más en bibliotecas de facultad que en las de la universidad como sistema. A finales de los años 80 y a principios de los 90 la cooperación tomo una nueva forma y se constituye Rebiun (REd de BIbliotecas UNiversitarias) como asociación de todas las bibliotecas de las universidades españolas. A finales de los años 90 Rebiun se organiza alrededor de un plan estratégico y, al mismo tiempo, empieza la formación de consorcios en diversas regiones o comunidades autónomas españolas. Los consorcios han sido una de las novedades más influyentes en la realidad bibliotecaria mundial de los últimos cinco años. Su expansión territorial y en actividades los ha convertido en un fenómeno que ha cambiado profundamente las formas tradicionales de definir los servicios bibliotecarios. La creación de consorcios en España sigue la pauta de la creación de consorcios en otras partes del mundo. Sus semejanzas y diferencias ilustran el mosaico de realidades de la cooperación bibliotecaria en estos momentos. El examen atento de las actividades del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña es una muestra de las posibilidades de cooperación existentes en estos inicios del Siglo XXI.

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Every year, the World Economic Forum publishes the World Gender Gap Report mainly based on the results of the Global Gender Gap Index (GGGI) computed by country. This index is made out of four subindexes to capture the magnitude of the gender gap in 4 areas: educational attainment, economic participation and opportunity, political empowerment, and health and survival; its methodology was reformed in 2006. In this paper we adapt the GGGI to construct a Regional Gender Gap Index (RGGI) and we compute it by regions (Comunidades Autónomas) in Spain with 2006 data. The RGGI could be applied to other regions. Results of the RGGI show that not only are there gender gap differences between Spanish regions in Spain, but that there are at the political empowerment and economic participation and opportunity categories that those differences are strongest. Geographic distribution of the gender gap shows that the deepest gaps are, in general, located in the northern regions (Euskadi, with a high score, and Murcia and Extremadura, with low scores, being exceptions); this is mainly due to the poor participation in politics of women in those regions.

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En esta nota se construyen algunos indicadores de gasto educativo por estudiante para las distintas comunidades autónomas a partir de la información suministrada en diversas publicaciones del Ministerio de Educación y del INE para el año 2005.

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En el presente informe se realiza un análisis crítico del sistema español de financiación territorial y se avanzan una serie de recomendaciones para su reforma. La principal conclusión del trabajo es que el modelo actual no se adecua satisfactoriamente a los principios de igualdad, autonomía, responsabilidad y transparencia que deberían orientar su diseño y puede dificultar el cumplimiento de los objetivos básicos de la política macroeconómica. La solución de estos problemas exigiría una reforma en profundidad del sistema actual en la línea que se esboza en la parte final del documento. En el análisis se distingue entre el subsistema de régimen común en el que se integran la mayoría de las comunidades autónomas y el subsistema foral que se aplica en el País Vasco y Navarra. El sistema de régimen común ha sido objeto recientemente de una reforma que ha introducido novedades importantes en su estructura y filosofía. En el lado positivo, la nueva ley se ha traducido en una distribución más equitativa de los recursos asignados a las regiones, reduciendo de forma apreciable la dispersión de la financiación por unidad de necesidad en relación con el sistema anterior. Otra mejora significativa ha sido la creación del Fondo de Garantía, un instrumento que, por primera vez en la historia del sistema, permite ir adaptando la financiación a las cambiantes circunstancias regionales, ofreciendo así a las comunidades autónomas un seguro parcial contra los riesgos ligados a la evolución de sus ingresos y sus necesidades de gasto. A pesar de que éstas son mejoras importantes, el balance global de la reforma no es positivo. El nuevo acuerdo no resuelve satisfactoriamente los problemas que obligaron a la reforma de su antecesor, es bastante más complejo y opaco que éste, introduce un mecanismo de nivelación parcial de dudoso encaje constitucional, opta por un reparto inicial incierto que podría ser difícilmente aceptable ex-post para algunas regiones, y no ha abordado otros problemas estructurales del sistema, incluyendo su excesiva sensibilidad al ciclo económico. El sistema foral tampoco está libre de problemas. Tal como se ha implementado en la práctica, el modelo vasco-navarro de concierto o convenio supone una violación flagrante de la prohibición constitucional de que los regímenes autonómicos comporten privilegios económicos o sociales y constituye una fuente permanente de inestabilidad para el sistema de régimen común al ser percibido como un agravio comparativo en las regiones no forales de mayor renta, y en particular, en Cataluña. Según mis cálculos, la financiación por habitante del País Vasco es superior en un 60% a la media de las regiones de régimen común a igualdad de competencias y la situación no es muy distinta en Navarra. El origen de esta anomalía está en las leyes quinquenales del Cupo, donde los principios y procedimientos de valoración establecidos en la ley del Concierto se concretan de una forma muy discutible. Los problemas fundamentales que se detectan son dos. Primero, la valoración de las competencias estatales no asumidas por el País Vasco que se recoge en los anexos de las leyes quinquenales está fuertemente sesgada a la baja. Y segundo, el ajuste por IVA se realiza utilizando valores desfasados de los coeficientes que recogen el peso del País Vasco en el consumo nacional y en la base del impuesto. El efecto conjunto de ambos factores ha sido el de rebajar la contribución vasca a los gastos del Estado en 2.800 millones de euros en 2002 y en casi 4.500 millones en 2007, lo que supone respectivamente un 6,21% y un 6,89% del PIB del País Vasco. Dado todo esto, resulta difícil evitar la conclusión de que el diseño del sistema de financiación regional sigue siendo un problema abierto que no tardará mucho en volver a ocupar un lugar preferente en la agenda política nacional. Es de esperar que la próxima reforma del modelo sea algo más meditada que la aprobada el pasado diciembre y sirva realmente para dotar de un diseño razonable a uno de los elementos más críticos de nuestra arquitectura legal. Para alcanzar este objetivo, será necesario realizar una serie de reformas que pueden agruparse en tres grandes líneas de actuación: garantizar el cumplimiento efectivo del principio de igualdad, reforzar la responsabilidad fiscal de los gobiernos regionales y asegurar que el sistema contribuye a alcanzar los objetivos fundamentales de la política macroeconómica, o al menos que no dificulta su cumplimiento. Entre las medidas recomendadas cabría destacar las siguientes: - Corregir gradualmente el fuerte sesgo a la baja que existe actualmente en el cálculo de la aportación de los territorios forales a la hacienda central. Para ello no hace falta modificar las leyes del Concierto vasco y el Convenio navarro. Bastaría con que en las correspondientes leyes quinquenales se realizase una valoración razonable de las competencias que permanecen en manos del Estado, entre las que habría de incluirse la nivelación interregional, y se actualizasen los coeficientes que se utilizan para calcular el ajuste por IVA. - Recuperar la garantía de igualdad de acceso de todos los ciudadanos al conjunto de los servicios públicos como principio básico orientador del diseño del sistema de financiación y asegurar su aplicación efectiva en la práctica. Con este fin, sería aconsejable eliminar el Fondo de Suficiencia (excepto como vehículo para la financiación de las competencias singulares) y los Fondos de Convergencia para repartir el conjunto de los recursos del sistema de acuerdo con la fórmula de necesidades de gasto que actualmente se aplica sólo a la dotación del Fondo de Garantía. Con el fin de evitar la necesidad de fuertes recortes en la financiación de algunas comunidades, convendría hacer una transición suave desde la asignación actual hasta la derivada de la fórmula. - Introducir ciertos retoques en la actual fórmula de necesidades de gasto, incluyendo la recuperación de una partida que permita sufragar los costes fijos ligados a las instituciones de autogobierno y a ciertos servicios autonómicos así como la introducción de una corrección por diferencias en niveles de precios entre regiones. - Desdoblar el IRPF, el IVA y los Impuestos Especiales en un tramo estatal y otro autonómico claramente diferenciados, abandonando los actuales porcentajes de cesión. Los dos tramos serían regulados de forma independiente, aunque manteniendo en manos del Estado la determinación de la base imponible y la gestión del impuesto. - Dotar a las comunidades autónomas de competencias normativas sobre un tramo de los principales tributos indirectos y sobre los elementos de copago en sanidad, educación y otros servicios. Dada la oposición de la Comisión Europea a cualquier cambio normativo que pueda abrir la puerta a la existencia de tipos impositivos diferenciados regionalmente, el poder de decisión sobre el tramo autonómico del IVA y los Impuestos Especiales deberá ejercerse de forma colegiada por el conjunto de las comunidades autónomas, que habrán de fijar tipos uniformes en todo el territorio nacional. - Establecer un Fondo de Estabilización Presupuestaria, que se nutriría con el 'exceso' de recudación tributaria que se genera en la parte alta del ciclo económico y serviría para complementar los ingresos autonómicos en la parte baja del mismo. - Reformar la legislación sobre estabilidad presupuestaria para fijar a las comunidades autónomas un objetivo de equilibrio presupuestario año a año similar al que ya tienen las corporaciones locales y para concretar las medidas extraordinarias que el Estado podrá imponer a las administraciones territoriales en situaciones de 'emergencia presupuestaria'.

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L’informe titulat “La realitat del que succeeix diàriament als jutjats mercantils”, fa una reflexió sobre la situació dels jutjats mercantils pel que fa referència a càrrega de treball durant els anys 2008 i 2009 (especialment en matèria de concursos de creditors) i realitza una comparativa amb les altres Comunitats Autònomes que tenen unes característiques similars en els aspectes anteriors a Catalunya.

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L'enfocament principal d'aquest informe elaborat per Scimago, una de les principals fonts d'informació estadística, se centra en el sistema de producció científica de Catalunya i la seva relació amb l'Estat espanyol i amb el món. L'estudi conté un conjunt d'indicadors de macroanàlisi basada en comparacions amb altres comunitats autònomes; una anàlisi sobre el rendiment segons categories temàtiques i de manera comparada amb l'Estat espanyol i el món, i aportacions per a una microanàlisi. Les anàlisis comprenen la producció científica de tota mena d'institucions agrupades en els sectors universitari, sanitari, d'ens públics de recerca i ens privats. Les conclusions de l'estudi revelen que l'impacte científic de la recerca catalana és semblant al del Canadà, Singapur o Finlàndia. L'informe situa Catalunya com la primera comunitat espanyola pel que fa a l'impacte científic internacional. Matemàtiques, química, immunologia, ciències mediambientals, física, informàtica, ciències dels materials, medicina i agricultura són les àrees de recerca a Catalunya amb un impacte superior a la mitjana mundial. Les enginyeries registren un dèficit de producció científica si es compara amb l'activitat mundial.

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L'enfocament principal d'aquest informe elaborat per Scimago, una de les principals fonts d'informació estadística, se centra en el sistema de producció científica de Catalunya i la seva relació amb l'Estat espanyol i amb el món. L'estudi conté un conjunt d'indicadors de macroanàlisi basada en comparacions amb altres comunitats autònomes; una anàlisi sobre el rendiment segons categories temàtiques i de manera comparada amb l'Estat espanyol i el món, i aportacions per a una microanàlisi. Les anàlisis comprenen la producció científica de tota mena d'institucions agrupades en els sectors universitari, sanitari, d'ens públics de recerca i ens privats. Les conclusions de l'estudi revelen que l'impacte científic de la recerca catalana és semblant al del Canadà, Singapur o Finlàndia. L'informe situa Catalunya com la primera comunitat espanyola pel que fa a l'impacte científic internacional. Matemàtiques, química, immunologia, ciències mediambientals, física, informàtica, ciències dels materials, medicina i agricultura són les àrees de recerca a Catalunya amb un impacte superior a la mitjana mundial. Les enginyeries registren un dèficit de producció científica si es compara amb l'activitat mundial.

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El objetivo principal del proyecto que se presenta a continuación es diseñar, construir y explotar un almacén de datos a partir de la información entregada por las comunidades autónomas españolas (excepto País Vasco y Navarra) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) para determinar la sostenibilidad del sistema de prestaciones sociales y conocer la evolución de dichas prestaciones.

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Aquest projecte consisteix en la construcció d'un magatzem de dades com a eina de treball per als empleats de l'Organisme d'Anàlisi del Departament de Treball (OADT). L'OADT vol conèixer la evolució de les prestacions i la sostenibilitat del sistema. El fet que la informació estigui distribuïda per les comunitats autònomes implica que no es pot treballar de forma unificada, i no es pot fer cap anàlisi rigorós. El magatzem de dades que creem ha de permetre la recollida de tota aquesta informació i la seva posterior explotació amb eines de Business Intelligence.

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Projecte que té com a objectiu la construcció i explotació d'un magatzem de dades per a l'anàlisi del sistema de prestacions socials per a l'Organismo de Análisis del Departamento de Trabajo (OADT). L'OADT ha encarregat la implementació d'un magatzem de dades per analitzar a través d'eines de Business Intelligence l'evolució de les prestacions socials entre les diferents comunitats autònomes.

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La subsidiarietat és el principi filosòfic que es nodreix de diferents fonts teòriques. Una de les definicions més comunes és la que sosté que la presa de decisions s'ha de fer el més a prop possible dels ciutadans de manera que els nivells superiors de govern s'ocupin només del que els nivells inferiors no estiguin en condicions de dur a terme eficaçment per si sols. Partint d'aquesta premissa, aquest treball es divideix en tres apartats. El primer repassa l'evolució del principi de subsidiarietat a la UE des del Tractat de Maastricht. El segon analitza el debat que va tenir lloc a la Convenció Europea voltant d'aquest principi i la proposta final recollida en el projecte de Tractat Constitucional. El tercer i últim estudia les implicacions institucionals que podrien derivar d'aquesta per les regions amb competències legislatives i, en particular, per les Comunitats Autònomes

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En este trabajo se construyen algunos indicadores de desempeño para los sistemas educativos no universitarios de las regiones españolas durante los cursos 2005-06 a 2008-09 a partir de información suministrada por diversas publicaciones del Ministerio de Educación. Estos indicadores permiten ofrecer respuestas a la pregunta de qué comunidades autónomas obtienen los mejores resultados educativos de acuerdo con una serie de criterios de desempeño definidos con claridad que recogen tanto aspectos de proceso (acceso a, éxito en y duración de los distintos ciclos educativos) como de resultados medidos en términos de la adquisición de conocimientos. Con el fin de poder hacer comparaciones válidas entre sistemas educativos que se enfrentan a circunstancias muy diversas, hemos construido también indicadores de valor añadido depurando los índices brutos de desempeño de los efectos de dos variables externas que tienen un fuerte impacto sobre los mismos: la disponibilidad de recursos económicos y el nivel educativo de las familias, aproximado por el número medio de años de escolarización de la población adulta.

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El pasado mes de julio el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas hizo pública la liquidación del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común correspondiente a 2010, que marca la madurez del nuevo modelo acordado en 2009. En el presente trabajo se describe la distribución de recursos que se fija en este documento, se analizan las fuentes próximas de los cambios observados en la financiación de las distintas comunidades autónomas entre 2009 y 2010 y se realiza una valoración de los efectos de la reciente reforma sobre la equidad del reparto territorial de los recursos del sistema.

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El acogimiento familiar ha de ser la medida prioritaria para los casos de menores que deben ser separados de su família por motivos de protección. En España es una alternativa que cuenta tan sólo con veinte años de existencia y hasta la fecha no existen prácticamente datos acerca del grado de su implantación y sus características cuando se trata de acogimiento en familia ajena, mientras que son varios los trabajos que han estudiado el acogimiento en familia extensa. Este artículo presenta por primera vez en la literatura científica los datos más relevantes que permiten caracterizar la práctica del acogimiento en familia ajena en España, mediante el estudio de una muestra de seis comunidades autónomas bienrepresentativas, con un total de 357 casos. El artículo presenta los perfiles de los niños, las familias biológicas y acogedoras,el proceso y algunos resultados sobre una submuestra de casos cerrados (n = 179). Se analizarán algunas característicasespecialmente importantes como la larga estancia y la estabilidad de estos acogimientos, que los diferencia de los realizados en otros países

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En esta nota se introducen algunos ajustes a los datos presupuestarios disponibles sobre los ingresos y los gastos de las comunidades autónomas con el fin de corregir las distorsiones generadas por la forma en la que se han contabilizado algunas partidas. Las series ajustadas se utilizan para analizar la evolución de las finanzas regionales durante la crisis actual y la parte final de la expansión precedente. El ejercicio ayuda a poner en perspectiva la actual controversia sobre las finanzas autonómicas. En ella se suele poner el acento en la dureza de los recortes de los últimos ejercicios, olvidando la temeraria explosión del gasto durante los años anteriores al comienzo de la crisis. Cuando se toma el período en su conjunto, el proceso de consolidación presupuestaria que comienza en 2010 aparece como una corrección parcial y tardía de los excesos de años anteriores. De cara al futuro, convendría tomar medidas que ayuden a hacer menos procíclico el patrón de gasto autonómico. Aunque esto ya se hace en parte en la nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria, se argumenta que sería conveniente crear un Fondo de Estabilización Presupuestaria para facilitar el alisamiento del gasto regional.