680 resultados para Acuerdo de víctimas
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Resumen basado en el de la publicación
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Resumen tomado de la publicación
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Resumen tomado de la publicaci??n. Resumen tambi??n en ingl??s
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Cuando sobreviene una catástrofe las víctimas reciben en primer lugar ayuda médica, agua potable, alimentación y un refugio. Todo el mundo está de acuerdo en reconocer que los servicios médicos, la alimentación y el alojamiento son derechos económicos y sociales que cada persona debería tener, pero aún hay quienes se preguntan sobre la naturaleza del acceso al agua. ¿Hoy en día puede dudarse de la existencia de un derecho al agua? ¿Es posible disociar de modo razonable el agua de otros bienes y servicios esenciales? El derecho al agua refleja una realidad innegable: sin agua, no hay vida. Si existe un derecho a la alimentación, también debe existir un derecho al agua. Para poner en práctica el derecho a la salud, el acceso al agua potable es tan necesario como el acceso a las medicinas. En este libro, el autor quiere mostrar cuáles son las incidencias jurídicas que implica el reconocimiento del derecho al agua en derecho interno y para ello se apoya en un examen de la práctica de los Estados en ese dominio. Hacer justiciable el derecho al agua debería hacer desparecer situaciones deplorables contra la dignidad humana.
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Esta monografía busca analizar el papel del Estado colombiano con respecto a la protección de los Derechos de sus ciudadanos que han sido víctimas de la explotación sexual. En especial procura determinar los alcances y los logros de las políticas públicas colombianas encaminadas a reducir el número de niños, niñas y adolescentes víctimas de la explotación sexual como modalidad del delito de Trata de Personas durante el período 2000 2007. A partir de lo anterior, se trazaron como objetivos específicos: definir el delito de Trata de Personas y analizar las causas que conllevan a ser víctimas de ésta con la finalidad de comprender de qué es lo que se está hablando, y las condiciones en que se ubica la mayoría de sus víctimas. En segundo lugar intenta exponer la política pública colombiana contra el delito de Trata de Personas y especificar las instituciones que respaldan la elaboración de la misma. Igualmente busca analizar los programas implementados a partir de la política para entender qué ha hecho el Estado al respecto y con qué institucionalidad cuenta para la realización de sus proyectos. Para finalizar, busca analizar los alcances y logros de la política implementada por el gobierno colombiano. La presente investigación sobre el fenómeno de la Trata de Personas pretende mostrar que este delito no solamente afecta a las mujeres, como se ha presumido comúnmente, sino que por el contrario, hoy en día vincula diferentes sectores de la sociedad.
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La población civil cada vez es más víctima de los conflictos internos armados, no sólo por estar atrapada entre varios fuegos, sino por ser directamente blanco de los ataques. Colombia no es una excepción, por eso la degradación del conflicto armado interno reclama urgentes soluciones políticas, que si bien no eliminan totalmente el conflicto, si pueden atenuar sus efectos, utilizando los instrumentos que le brindan los sistemas internacionales de protección, a los cuales como Estado se ha adherido, especialmente en lo relativo al Derecho Internacional Humanitario. Los cientos de secuestrados, privados de la libertad, los miles de desplazados y en general las víctimas de la confrontación, por lo general inocentes ajenos a las causas políticas que las generan, se imponen como prioridad ética en una sociedad que se proclama democrática y civilizada. Este trabajo procura realizar una aproximación a la acción desplegada por el Comité Internacional de la Cruz Roja en el conflicto armado colombiano, mostrando algunos de los desafíos a los que se enfrenta el Comité, y las alternativas que posee para llegar a dar respuesta a los mismos, máxime si se tiene en cuenta que el CICR es una de las pocas organizaciones que presta atención humanitaria de manera coherente en un largo período en los múltiples conflictos armados y en contextos inmediatamente posteriores a las crisis. En este sentido, este trabajo pretende realizar un estudio cualitativo de la dinámica operacional y política del CICR en el conflicto armado colombiano a en los últimos años.
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La investigación indagó en dos aspectos, el primero es la transformación de la identidad social de las víctimas de la Operación Libertad ocurrida en Quinchía-Risaralda el 28 de septiembre de 2003 y el segundo en la evaluación de la información transmitida por algunos medios de comunicación la cual influyó en la forma en que las víctimas se auto reconocen y se sienten después de ocurrido el hecho. Esta es una perspectiva de análisis de medios, enfocada hacia quienes vivieron la situación traumática y fueron representados mediáticamente. El análisis de este caso permitió mostrar cómo los medios pueden incidir en el auto reconocimiento de las víctimas y en la construcción de su identidad.
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En este artículo se identifican y analizan algunas de las categorías utilizadas por la prensa colombiana para representar a los campesinos, específicamente en los periódicos El Tiempo y Boyacá 7 Días entre los años 1991 y 2008. Me concentro en dos de los temas más sobresalientes en las referencias al campesinado: el conflicto armado y las movilizaciones campesinas. Con base en un análisis de discurso al corpus textual de la muestra, argumento que entre la década de los noventa y los primeros años del 2000, no se ha dado un cambio significativo en los términos que definen y representan al campesinado. Los textos periodísticos oscilan constantemente entre las representaciones de los campesinos como víctimas o como subversivos y victimarios, difundiendo así una construcción discursiva contradictoria y simplista de la heterogénea y compleja población campesina colombiana.
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En la presente monografía se presenta un estudio acerca de la incidencia del Acuerdo 13 de 2000 en la formulación y ejecución de proyectos en la localidad de Chapinero durante el periodo 2005-2008 en lo referente al grado de participación ciudadana y la atención de necesidades colectivas teniendo como resultado que efectivamente el Acuerdo 13 de 2000 permitió que los ciudadanos participaran de manera efectiva en la planeación del desarrollo de su localidad, lo cual se evidenció en la formulación y ejecución de algunos proyectos locales propuestos por los habitantes de la localidad e incluidos en el Plan de Desarrollo. Sin embargo, éste acuerdo no fue es la alternativa única en la formulación y ejecución de proyectos provechosos locales para la comunidad ya que proyectos de iniciativa de la administración local resultaron de igual manera provechosos para la comunidad.
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El Acuerdo de Asociación que se negocia con la Unión Europea representa una gran oportunidad para Colombia, de ampliar sus relaciones comerciales con el bloque europeo, puntualmente, el intercambio comercial y los flujos de inversión extranjera. No obstante, se pueden presentar problemas para Colombia, específicamente en el tema de Compras Públicas, debido a las grandes asimetrías competitivas entre el sector empresarial colombiano y el europeo.
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Las partes pueden pactar cláusulas de modificación unilateral en los contratos de distribución, puesto que dicha facultad se encuentra fundamentada en el ejercicio de la autonomía de la voluntad, por medio del cual las partes pueden elegir la manera y la figura mediante la cual van a desarrollar sus relaciones. Sin embargo, dicha facultad no es absoluta y tiene un límite en el orden público y las buenas costumbres. Particularmente en el contrato de distribución, por ser atípico, esta facultad presenta mayor relevancia pues al analizar sus elementos esenciales, no se puede acudir a la ley, sino que se debe acudir a la costumbre y a la práctica mercantil. Para analizar e interpretar la facultad de modificación unilateral, los tribunales arbitrales parten del principio de buena fe, a través del cual se analiza si el ejercicio de dicha facultad es abusivo, pues se ha establecido que este tipo de cláusulas no son en sí mismas abusivas. El análisis trazado se realiza de acuerdo con el del principio de la buena fe en las diferentes etapas de la negociación, debiendo estar presente a su vez durante toda la negociación y posteriormente durante su ejecución. Así, entonces, los árbitros analizan si la cláusula de modificación unilateral fue pactada, es decir que se revisa la validez de la misma y, en segundo lugar, se analiza si el ejercicio de la cláusula fue abusivo, es decir si conllevó a un abuso del derecho o a un abuso de la posición dominante en el contrato.