896 resultados para reformas penales


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Contenido : Reformas al código de procedimientos civiles vigentes (edición de 1904) -- Reformas al código de comercio vigente (edición de 1904.) – Ley sobre bancos de emisión – Reformas al código penal (edición de 1904) – Reformas al código de instrucción criminal (edición de 1904.) – Ley sobre la penitenciaria – Ley de papel sellado y timbres – Ley que grava la sucesión por causa de muerte – Ley de ingenieros topógrafos – Decreto que establece que el periodo de las municipalidades que se elegirán por dos años principiara el primero de enero del año próximo de 1915

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En anteriores publicaciones nos referimos a la Constitución del 91 en un artículo denominado "Revolcón Legislativo"; tal artículo contenía un estudio preciso de ubicación de los principios generales del derecho laboral en la nueva Constitución; así como también el detalle de la ejecución presidencial realizada en virtud de las facultades conferidas por la Ley 50 de 1990 al presidente de la República para legislar y codificar las Reformas Laborales realizadas para el trabajo en la empresa colombiana.

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A partir de una breve introducción de las principales coordenadas económicas y sociales de la República Dominicana, se ubica al lector en el contexto de las condiciones iniciales en que se inscriben las recientes reformas institucionales del sector social. Se realiza un balance de tales transformaciones, las cuales tuvieron lugar en el soporte institucional de la organización interna de los servicios públicos de educación y salud; así como en el fortalecimiento de las capacidades de seguimiento a la política social yen la modernización de la gestión presupuestaria. Se concluye, que en términos generales, el balance es positivo, dada la cuasicompleta aplicación de las medidas de política del Programa de Apoyo a la Reforma Institucional del Sector Social, iniciado en agosto de 2002 y concluido año y medio después. No obstante, la reciente recesión económica implica perspectivas poco alentadoras, en la línea de garantizar la continuidad, progresividad e impacto de las reformas en el mediano y largo plazo. Aún en ese contexto, de cara al futuro, se plantea la imperiosa necesidad de profundizar el ritmo e intensidad de las reformas institucionales del sector social y se presenta una sugestiva lista de medidas concretas. De la claridad y voluntad política de las próximas autoridades gubernamentales dependerá en lo fundamental la viabilidad, operatividad y resultados de las reformas institucionales del sector social.

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En un país fuertemente centralizado, donde los cambios institucionales tienden a ser graduales, la reforma constitucional de 1996 y más recientemente la aprobación de la Ley de Descentralización política y participación ciudadana en el 2010, constituyen dos hitos significativos que revalorizaron la política subnacional en Uruguay. Este artículo analiza los resultados de las elecciones de mayo de 2015, tanto a nivel departamental como municipal en perspectiva comparada, con el objetivo de mostrar la evolución del mapa político local y la relevancia que han adquirido las elecciones subnacionales en la política del país. A su vez, también se plantean ciertos desafíos que conlleva esta nueva configuración de la política local, centrándose en la importancia que han adquirido los actores políticos locales

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Este año el libro colectivo presenta como énfasis especial, las Reformas procesales en Colombia y en el mundo, en el que se encontrarán discusiones que vinculan el estudio de las reformas procesales en las áreas civil, penal, laboral y aquellas que impactan en el estudio del derecho probatorio. En el libro, tanto los estudiantes, como los abogados en ejercicio y los estudiosos del derecho procesal, encontrarán pensamiento críticos sobre las reformas procesales en la Contemporaneidad que sugieren las siguientes reflexiones: ¿Cómo se inserta en el debate de las reformas y su implementación la garantía de los derechos constitucionales? ¿Todas las reformas velan por la protección de las garantías que integran el debido proceso? Las reformas constantes que trazan los legisladores, ¿son la respuesta siempre necesaria para procurar la justicia material? La fallida o retardada implementación de las reformas procesales en correlación son los objetivos propuestos, ¿debe intervenirse con nuevas reformas? ¿Cómo cada reforma debe consultar las necesidades del contexto y de la región? ¿En qué forma las reformas procesales también impactan en el estudio del derecho probatorio? Las reformas procesales ¿implican un acercamiento de los sistemas jurídicos tradicionales de derecho legislado y derecho jurisprudencial? o ¿conllevan el desplazamiento de un sistema hacia otro sistema? ¿De qué manera la oralidad se ha introducido en las reformas procesales, cuáles han sido las ventajas y desventajas? ¿Cómo se evalúa la implementación de las reformas procesales en las diferentes áreas? ¿Cómo se transforma el rol del juez a partir de las reformas procesales y cómo impactan en sus poderes-deberes? ¿En qué consiste el denominado “nuevo rol” que deben asumir las partes y el juez en el proceso?

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Tese de Doutoramento em Ciências Sociais na Especialidade de Administração da Saúde

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Podría afirmarse que en los últimos años prácticamente todas las propuestas de reforma penal que han salido del despacho de un ministro de justicia se han centrado en el endurecimiento de la ley. Habiendo alcanzado ya los límites de la cadena perpetua, podría pensarse que esta dinámica puede estar llegando al final de un callejón que en la actualidad no tiene salida conocida para nuestros gobernantes. Sin embargo, aún queda recorrido en la línea actual: prisión perpetua no revisable, medidas de seguridad postdelictuales, penas infamantes, penas corporales, etc., y, además, la evolución de la política criminal comparada nos proporciona ejemplos de otros ámbitos a los que acudir para buscar nuevas formas de punición. A pesar de ello, la doctrina penal y criminológica no ha sido capaz de ofrecer alternativas convincentes para el poder político en esta reciente era punitivista que culmina con la reinstauración expresa de la cadena perpetua, lo que indica que tal vez haya que afrontar el futuro con una estrategia diferente. En el ámbito académico y profesional relacionados con la política criminal, ya se empiezan a ver indicios de esta nueva estrategia, como el papel jugado recientemente por algunos de ellos como grupo de presión experto. A mi juicio, a estas labores de presión externa han de añadirse otras que incidan, no solo en los contenidos de la política criminal, algo fundamental, sino también en el continente. En tal línea se enmarca este trabajo, en el que pretendo discutir en parte cómo se aborda la política criminal en nuestro país pero, sobre todo, cómo podría hacerse de una forma que, previsiblemente, pudiera dar unos resultados mejores. Mi objetivo es llegar en ello a cierto nivel de detalle, proponiendo quién debería hacerlo, cuándo y de qué manera. Defenderé la idoneidad que, en mi opinión, tienen los conocimientos relacionados con la evaluación para la mejora de la política criminal. Resulta cada vez más evidente que los aspectos jurídicos de la política criminal pueden beneficiarse profundamente de otros conocimientos y no es casualidad que, en nuestro país, algunos de los académicos interesados en esta materia hayan dado firmes pasos para adentrarse en disciplinas más o menos alejadas del Derecho, como la Economía, la Criminología o la Ciencia Política. Efectivamente, el estudio de las decisiones públicas que rigen la creación de políticas penales requiere de una aproximación holística, única forma de comprender las dinámicas que las condicionan. Se puede optar por atender aspectos específicos, como el estudio de los actores que participan en las políticas, por ejemplo, pero sin el conocimiento de otras fases previas y posteriores o de las competencias de los diferentes órganos e instituciones públicas que participan en el proceso, difícilmente se podrán interpretar correctamente los hallazgos. Este trabajo pretende contribuir a completar un mapa que nos permita a entender y manejar mejor las dinámicas que gobiernan la política criminal española, para lo cual propondré reformas específicas gracias a las cuales las instituciones de nuestro país estarían, creo, en una mejor posición para afrontar los retos de naturaleza criminal.

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El objetivo del presente documento es proporcionar una guía de aplicación práctica, sobre la creación de leyes y reformas mercantiles vigentes que sirva en el ejercicio Profesional del Contador Público y demás usuarios. Conociendo la importancia de las Leyes Mercantiles se considera necesaria la aplicación uniforme de las disposiciones legales. Por lo que el Profesional debe ampliar su campo de acción al sistema mercantil, informándose de los cambios provenientes de las reformas legales que tengan incidencia en el desarrollo económico y social del país. Otro aspecto importante es la delegación de funciones al Profesional de la Contaduría Pública, lo cual se refleja en los resultados de la investigación de campo, ya que permite agilizar los procesos mercantiles así mismo brindar un mayor realce a la profesión. La metodología desarrollada consistió en realizar encuestas a los profesionales en contaduría pública registrados en El Consejo de Vigilancia de la Contaduría Pública y Auditoría como un estudio exploratorio, siendo el universo en estudio, los despachos de Auditoría y Consultoría con Personería jurídica del área de San Salvador, enfocando distintos aspectos tales como: la delegación de funciones, el tamaño de los Despachos, la formación académica, y el interés de contar con una guía de procedimientos mercantiles. El ochenta y uno por ciento de los encuestados manifestaron estar inconformes con las nuevas disposiciones legales, ya que presentan una serie de vacíos de aplicación que conllevan a la mala interpretación de las mismas, por lo que se considera importante que se publique un Reglamento. Es por eso que se desarrolló un estudio sobre la normativa mercantil y a consecuencia de esto se recomienda el diseño de la presente guía de aplicación práctica, de la ley y reformas mercantiles con el objetivo que contribuya a la aplicación uniforme de sus disposiciones, además de brindar al lector una información completa que sirva de consulta en lo referente a la constitución y organización de una Sociedad Anónima.

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El presente trabajo surge con la finalidad de actualizar los principales procesos de auditoría de gestión dirigidos a examinar las operaciones efectuadas por las Unidades de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales, con base a las reformas vigentes, a partir de junio 2011, a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), realizado por las unidades encargadas de este proceso en los ramos que conforman el Órgano Ejecutivo de El Salvador; para contribuir a través de una propuesta viable a su ejecución, en cumplimiento a la normativa legal y técnica actual. Por lo tanto el objetivo trazado es desarrollar de manera integral, la aplicación legal práctica de procesos de auditoría de gestión dirigidos a la evaluación de las principales operaciones realizadas por la unidad de compras, que comprenda el análisis de reformas y aplicación en los programas de auditoría para su ejecución y su normativa técnica gubernamental. Para la fundamentación y posterior desarrollo de la investigación se consultó la información bibliográfica contenida en leyes, reglamentos, manuales, así como otras fuentes que abordan las auditorías de gestión gubernamentales y operaciones desarrolladas por las unidades de compra. Luego de revisar la información recabada, con los resultados obtenidos en la encuesta, de acuerdo a los objetivos trazados, se concluyó que los procedimientos en la ejecución del examen a las unidades de compra gubernamentales carecen de una actualización según las reformas realizadas a la LACAP, que refleje la evaluación de la aplicación normativa legal-práctica de sus actividades integrada a los procesos administrativos descritos, permitiendo mostrar el adecuado tratamiento para planearlas y ejecutarlas. Por lo tanto, es recomendable para las unidades de auditoría interna tomar el presente documento como base para la estructuración y complemento de sus evaluaciones.

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Introducción El objetivo del presente artículo es analizar los efectos del proceso de globalización y de reformas de las economías sobre la producción agrícola y la pobreza de los campesinos de Honduras, México y Nicaragua. En tal virtud, el análisis de la política de ajuste estructural aplicada en los tres países seleccionados y sus efectos sobre la rentabilidad agropecuaria y el comportamiento de la producción, se estudian en la segunda sección. La mayoría de los indicadores sociales muestra un deterioro en el sector rural de los tres países. Este tema, asociado a la pobreza, es examinado en la tercera sección. Se finaliza con algunas conclusiones del análisis realizado.

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La propuesta de Pensión Básica Universal - PBU que se ensaya para el sistema de pensiones en el Perú, evalúa el impacto del riesgo de longevidad utilizando tablas de mortalidad dinámica proyectadas mediante el modelo de Lee-Carter. La PBU, que se enmarca en el enfoque de ciclo de vida y de valor público, permite la adopción de una política pensionaria alterna a la actual política, contribuyendo con el desarrollo humano. Las condiciones de inicio del modelo actuarial de la PBU utilizan la tabla de mortalidad SP2005, actualmente vigente para el Sistema Nacional de Pensiones, sistema de beneficios definidos y de financiamiento intergeneracional. Los resultados de la evaluación proyectan un escenario de financiamiento auto-sostenible que absorbe las mejoras en la mortalidad de la población peruana, permitiendo que la PBU, de tipo contributivo, pueda ser considerada como un piso mínimo en el sistema de pensiones cuya actual cobertura efectiva alcanza a menos de un tercio de la población económicamente activa.