993 resultados para Televisão Pública


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Esta investigación propone las bases de un modelo de interpretación para el fenómeno de la opinión pública a partir de la Teoría de los Campos de Pierre Bourdieu. Este modelo es el punto de partida para el análisis de la trayectoria de los sentidos renovadores que se desprenden de la Iniciativa Yasuní-ITT, propuesta política del gobierno ecuatoriano surgida en 2007 que consiste en dejar el crudo de tres campos petroleros amazónicos bajo tierra, para lo que se planteó que la comunidad internacional entregue al Ecuador una compensación económica. Los sentidos renovadores identificados son 1) una relación no extractivista con la Naturaleza como eje del debate sobre una economía pos petrolera y 2) un nuevo relacionamiento con los pueblos “otros” que reconoce su condición de sujetos políticos. Ambos sentidos se establecen como renovadores por contraposición con el pensamiento de raíces en la Modernidad que sustenta al capitalismo global como sistema mundo. Propongo que este pensamiento, también denominado pensamiento único, se expresa en los sentidos comunes que dominan el campo de la opinión pública y que son su capital en disputa. Así, el campo de la opinión pública está dinamizado por una lucha de sentidos en que los sentidos renovadores desafían a los sentidos comunes. Observé y describí esta lucha a partir de un seguimiento al discurso de tres agentes sociales fundamentales para el campo de la opinión pública, y definitivos en el caso de la Iniciativa Yasuní-ITT. Estos agentes son el gobierno ecuatoriano, la sociedad civil organizada (Acción Ecológica) y los medios de comunicación masiva (los diarios El Comercio y El Universo). Identifiqué momentos importantes en el devenir de esta iniciativa y analicé el discurso de estos tres agentes sociales en esos momentos. El sustento es el modelo de interpretación trazado para observar el curso y destino de los sentidos renovadores, pero también el funcionamiento de las leyes del “campo” de la opinión pública.

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Presenta la conceptualización del término securitización y su implementación en el campo de la seguridad pública. Devela el perfil de la securitización latinoamericana en los últimos 20 años; explicita las características históricas de la seguridad hasta llegar a la seguridad vinculada al dominio plutocrático para impedir que factores externos al sistema vulneren la estabilidad interna de un país. Evidencia la construcción de la teoría del enemigo interno ahora denominado “terrorista” contra el cual se aplica la securitización. Plantea la necesidad del Estado de derecho con apego a los derechos humanos.

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El presente trabajo titulado “La Calidad de la Defensa Técnica Pública” tiene como propósito hacer un estudio de la garantía constitucional, como es el derecho a la defensa que tenemos todos los seres humanos, a través de la defensa penal pública, como una de las garantías básicas del debido proceso, como un derecho universal. Con la vigencia de la actual Constitución de la República del Ecuador, se ha puesto mayor énfasis a las garantías básicas del derecho al debido proceso, (Art. 76) y en especial, a aquella garantía que tenemos las personas de ser asistido por un abogada o abogado de su elección o por defensora o defensor público, y en caso de no poder designar un abogado particular, el estado tiene la obligación de proporcionarle un defensor público, tal como lo dispone el artículo 77 numeral 4 de la Constitución; es por esto que el estado ha creado la Defensoría Pública, la misma que de acuerdo a la Carta Magna, (Art. 191), tiene como fin “garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que, por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no puedan contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos” En el presente trabajo, se establecerán pautas o parámetros para que se les pueda exigir a los Defensores Públicos mayor responsabilidad y razonamiento jurídico en sus actuaciones al asumir una defensa, y de esta forma se puedan involucrar en el garantismo penal y en el nuevo constitucionalismo; pero para que estos objetivos se hagan realidad, en este trabajo, se han abordado tácticas y estrategias, para que la defensa pública sea efectiva, y esta no puede tener lugar sino mediante una defensa técnica penal pública pero de calidad.

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Se introduce una breve reflexión sobre los campos científicos que conforman el área y, se procura mostrar algunos de los "problemas cardinales -según el léxico de los cienciólogos que a criterio del autor atraviesan actualmente el asunto de la incorporación de las ciencias naturales y sociales, mirado desde el moderno paradigma latinoamericano y sobre todo, desde la urgencia de formulación de propuestas integrales para la salud poblacional. Se discute el concepto de "incorporación" de las ciencias para distinguir la extensión y profundidad de la influencia de disciplinas como las naturales y sociales en la práctica y el saber de la salud pública. Hacia el final se esboza un análisis sobre el tema de la politicidad del saber, que es un aspecto insoslayable en cualquier discusión epistemológica seria. Un análisis que se enmarca en el desafío de lo que el autor ha denominado la necesidad de una "prevención profunda". Se trata de impulsar un proceso globalizante que supere el reduccionismo de las orientaciones preventivas clásicas (prevención individual y etiológica) y de los programas sanitarios que podría calificárselos como faltos de objetividad, insuficientes, aislados y de baja intensidad. Un quehacer técnico que se apoye en una ciencia robusta ("hard science") rebasando el estrecho y resignado marco de una ciencia blanda, "tercermundista".

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Una visión de la forja de un nuevo paradigma para la epidemiología en América Latina, desarrollado desde mediados de los años 70. Síntesis de un proceso crítico enfocado primero en ruptura con el canon de la epidemiología clásica y su multicausalismo lineal, luego frente al modelo empírico-funcionalista de la epidemiología ecológica, y ahora, frente al de la epidemiología de los llamados “determinantes sociales de la salud”. Análisis de la categoría determinación social como herramienta de ruptura respecto al objeto, sujeto y praxis de la epidemiología lineal y funcionalista. Explicación de la epidemiología como ciencia critica frente a la incompatibilidad del sistema de acumulación de capital, su modelo de civilización y de relación con la naturaleza, respecto a la construcción de modos de vivir sustentables, soberanos, solidarios, saludables y bioseguros. Palabras claves: epidemiología crítica; determinación social de la salud; epistemología de la salud.

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Under present historical conditions of extreme social inequity, sustained by structural impoverishment, the destruction of living conditions and deterioration of environmental integrity, under the logic of big business, and precisely when the people’s organizations are working intensely in defending creatively human rights and health, academic public health evidences an exasperating passiveness; university departments, local and federal government agencies and even non-governmental organizations, keep implementing ineffective and innocuous health programs -some of them sustained by an expensive propaganda apparatus- that reproduce the same conventional plans, most of which end up reinforcing the rules of the neoliberal game. The present paper seeks to explain this historical surrender of public health; the institutional incapacity to foresee the structural roots of that flourishing pathology of inequity; and its divorce from the struggle of the most progressive social organizations. To accomplish this critique of hegemonic public health, the author analyzes the historical and epistemological roots of that “blindness” and the ideological fundaments of that political passiveness.

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Esta tesis se refiere a la agenda pública de los gobiernos liberales radicales (1895-1912) respecto a la instrucción pública primaria en general y de las mujeres, en particular; así como la gestión efectiva que respecto a ese ramo logró ejecutarse. Este examen se realiza desde la subdisciplina de la Historia del Estado como institución, de donde se obtuvieron los instrumentos conceptuales para conocer cómo funcionó la maquinaria estatal, sus dirigentes políticos y cuadros burocráticos, durante la época de referencia. El examen se realiza usando como fuentes primarias las normas referidas a educación emitidas entre 1895 y 1912, “los Diarios de Debate” de los Congresos, los “Informes Presidenciales” y los “Informes de Ministros”.

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El periodo liberal, iniciado en 1895 con el régimen de Alfaro, enfrentó graves problemas estructurales de salud-enfermedad, heredados a lo largo del siglo XlX, a los cuales, hegemónicamente, los confrontó desde una perspectiva de asistencialismo público. La siguiente administración liberal, la de Plaza Gutiérrez, definió la atención de salud desde el higienismo público, de primer grado, que tibiamente lo había esbozado Alfaro. No obstante fue el propio Alfaro quien en su segundo gobierno imprimió a la gestión de salud la huella del higienismo público al que he denominado de segundo grado. Por su parte el periodo juliano marcó dos etapas concretas: en los gobiernos provisionales impulsó el higienismo público de tercer grado mientras en los regímenes de Isidro Ayora se construyeron políticas de salud que dieron paso a las bases de la Salud Pública. Tanto el periodo liberal como el juliano se preocuparon desde lo público para la atención de la enfermedad. En aquello no solamente hubo una determinación ideológica y política; también estuvo presente la incidencia de la escuela de salud europea, a pesar de que para entonces la visión de salud, en Estados Unidos, había asumido roles de acción mediante corporaciones y fundaciones que propusieron el cuidado de la salud a partir de la gestión privada. Por las características señaladas esta investigación hace una caracterización del pensamiento y la práctica en salud de los períodos históricos estudiados.

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En este trabajo se analizará el incumplimiento contractual dentro de la Contratación Pública , para lo cual se deberá tener claro lo que es un contrato, lo que es un contrato administrativo, los elementos y principios que rigen la contratación. Por último, centraré mi estudio en el tema principal de esta monografía, estableciendo lo que es el incumplimiento contractual, el incumplimiento del contratista y de la administración, para poder llegar a establecer por último la responsabilidad del Estado en el retardo de la entrega de la obra pública que se va a derivar del incumplimiento contractual.

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Para resolver los conflictos, inevitables en nuestra sociedad, además de la justicia ordinaria, congestionada y desprestigiada, las partes pueden acudir a procedimientos alternativos, autocompositivos o heterocompositivos, mediante la suscripción de un acuerdo de naturaleza contractual y jurisdiccional, que implica separar el caso del posible conocimiento y resolución por parte de los jueces comunes. Su empleo en materia de contratación pública se encuentra consagrado en el derecho positivo ecuatoriano, en normas constitucionales y legales, pero su aplicación concreta está restringida por aspectos jurídicos tales como su voluntariedad, la naturaleza transigible de los temas que se pueden someter a su resolución, las formalidades previas, como la autorización de la Procuraduría General del Estado y aún de política pública, como la disposición del señor Presidente Constitucional de la República de que en los contratos que suscriban las administraciones públicas dependientes, se sometan a la jurisdicción de los tribunales ordinarios y no a la de los tribunales arbitrales. El presente trabajo procura sentar las bases conceptuales y el marco teórico del tema y el estado de la cuestión, que me permitieron identificar algunas vicisitudes del arbitraje en el país, para, sobre esta base, distinguir las materias transigibles de las que no lo son, analizar si las prerrogativas son arbitrables, y concluir si los casos que quedan, después de restar los que no pueden someterse al arbitraje, son minoritarios, para demostrar de esta manera el carácter excepcional del arbitraje nacional en materia de contratación pública en el Ecuador.

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La relación entre empleados públicos y los órganos del estado ha ido evolucionando notablemente sobre todo en las últimas décadas, hasta el punto que ya no puede decirse que son solamente que estos empleados son un instrumento del Estado para el cumplimiento de sus fines, sino sujetos de derechos no solo subjetivos sino también de aquellos que reconocen los convenios internacionales y la Constitución de la República para el sector laboral en general. En efecto, la Organización Internacional del Trabajo, a través de los convenios 87 y 98 y posteriormente con la expedición de los convenios 151 y 154 reconoce expresamente la aplicación de los derechos colectivos para los empleados públicos, que implica entre otras cosas la posibilidad de asociarse y consecuentemente negociar condiciones de empleo e incluso ejercer el derecho de huelga, lo que trastoca el carácter estatutario que tiene el régimen de la Función Pública. Si bien este tema ya ha sido tratado con mayor profundidad en otros países en donde se han incorporado en sus legislaciones mecanismos de participación directa de los empleados en las decisiones de la Administración Pública, en el Ecuador no ha sido profundamente discutido, por lo que es necesario generar un análisis crítico de esta temática, para que pueda ser motivo de debate jurídico.