883 resultados para Referencial de acción pública
Propostes de l'STEI-i per a l'ensenyament públic. 'Propuestas del STEI-i para la enseñanza pública'.
Resumo:
Resumen basado en la introducción de la publicación
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Este trabajo está estructurado de manera deductiva, partiendo de una descripción general de la Política Pública de Derechos Humanos en Colombia, para lograr establecer la forma en que interviene el juez constitucional de tutela en su desarrollo. Para estos efectos, se procede posteriormente al estudio del caso particular de la política de Derechos Humanos respecto de la población desplazada, en aras de determinar la influencia de la sentencia T-025 de 2004 en la política objeto de estudio. De este modo, el presente trabajo pondrá en evidencia la dinámica de movilización judicial del juez constitucional de tutela en lo concerniente a los procesos de fijación de la agenda y las políticas públicas.
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Este documento pretende a partir de preceptos feministas y de perspectivas provenientes de la administración pública y de la ciencia política, explicar la acción estatal a través de políticas o programas, legislaciones al más alto nivel que buscan reducir la trata de personas en Colombia, lo cual permite indagar sobre la inclusión de la transversalidad de la perspectiva de género en las políticas públicas.
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El Distrito Capital de Bogotá se ha convertido en constante receptor de población en estado de desplazamiento forzado, y dada la condición de extrema vulnerabilidad de la población desplazada, no sólo por el hecho mismo del desplazamiento forzado, sino también porque en la mayor parte de los casos se trata de personas tales como mujeres cabeza de familia, menores de edad, personas de la tercera edad y minorías étnicas, ha persistido en el tiempo la violación de los derechos de la población en condición de desplazamiento, las autoridades competentes han implementado políticas públicas para establecer los correctivos suficientes y con ello superar las violaciones detectadas, a pesar de la insuficiencia de recursos económicos dada la evolución y magnitud del fenómeno de desplazamiento forzado.
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A través de la investigación del concepto de derechos fundamentales, su protección constitucional, y del concepto de derecho a gozar de un medio ambiente sano, podemos establecer una teoría mediante la cual el derecho a gozar un medio ambiente sano es un derecho fundamental, y puede ser protegido a través de la acción de tutela.
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En el presente trabajo se estudia la responsabilidad precontractual del Estado en el marco del proceso de licitación pública, haciéndose un paralelo con el régimen del derecho privado. Se comienza delimitando la etapa precontractual, identificándose los estadios más relevantes descritos por la doctrina, con el fin de desentrañar la verdadera naturaleza de los actos que se producen para formar la voluntad contractual. Definido lo anterior, se pasa al análisis de los intereses que son tutelables en dicha etapa y las consecuencias jurídicas que se siguen de su vulneración. En esa línea, se considera posteriormente el tema de la forma de reparar los daños causados en la fase precontractual, y cuando se trata de indemnización, el monto de la misma. Finalmente, se emprende el análisis de las acciones judiciales disponibles en el ordenamiento jurídico colombiano, que pueden activarse cuando se han desconocido los principios y reglas que rigen la actividad precontractual de la Administración Pública.
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Esta monografía nace de un cuestionamiento sobre las prioridades que el país tiene o ha definido en el tema educativo a partir de la adopción de los Planes Decenales de Educación y de los Decretos reglamentarios que han sido expedidos en dicho contexto y de cómo tales prioridades corresponden al reconocimiento de multiculturalismo que se hace en la Constitución Política de 1991. No es muy notorio el desarrollo legislativo que ha tenido el multiculturalismo en el país, Tal vez el caso más conocidos es el de la ley 70 de Agosto 27 de 1993 sobre negritudes, que desarrolla el artículo quinto de la Constitución Política de 1991 , en la cual se reconocen los principios de integralidad, diversidad, participación y protección de las comunidades negras dentro del concepto de Nación.
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El análisis micropolítico de los Discursos Bibliotecarios (DB) desinviste a las maquinas codificadoras de las misiones, que la institución bibliotecaria reproduce como valor agregado ligado a un modo de ser con base territorial; desmonta las máquinas axiomáticas de los manifiestos bibliotecarios que producen un valor agregado incluyendo forzadamente como deudores de conocimiento a los que no dominan el saber acumulado; y revela el valor agregado del capitalismo mundial integrado (CMI) que instaura procedimientos tácticos cada vez mas autoreferenciales (normas, pautas y directrices). En oposición a esos dispositivos de alineación, culpabilización, responsabilización y control, proponemos un proceso de singularización bibliotecaria en función de la producción de información ambiental en una Biblioteca Escolar Ecológica en conexión con redes sociales y bases de datos documentales.
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El Sistema de Desarrollo Administrativo y sus alcances en la actual Ley de Administración Pública. Antes de la Ley 489 de 1998 las entidades de la Administración Pública no trabajaban en forma coordinada y la colaboración interinstitucional era deficiente, lo cual se ha corregido con la entrada en vigencia de la citada norma. Con la aplicación del Sistema de Desarrollo Administrativo creado por la Ley 489 de 1998, las entidades de la Administración Pública del Orden Nacional y Territorial, deben aplicar un conjunto de políticas, estrategias, metodologías, técnicas y mecanismos de carácter administrativo y organizacional para la gestión y manejo de sus recursos humanos, técnicos, materiales, físicos y financieros, tendientes a fortalecer su capacidad administrativa y su desempeño institucional. Las Políticas de Desarrollo Administrativo fueron plasmadas en el artículo 17 de la Ley 489 de 1998 y reagrupadas por el Decreto 3622 de 2005, en cinco ítems para su mejor comprensión y aplicación: 1) Política de Desarrollo del Talento Humano Estatal. 2) Política de Gestión de la Calidad 3) Política de Democratización de la Administración Pública. 4) Política de Moralización y Transparencia de la Administración Pública y 5) Política de Rediseños Organizacionales. Las anteriores políticas junto con el Plan Nacional de Formación y Capacitación constituyen los Fundamentos del Sistema de Desarrollo Administrativo de que trata el artículo 16 de la Ley 489 de 1998, las cuales se aplican actualmente en los 19 Sectores Administrativos de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional. En el Orden Territorial la aplicación del Sistema de Desarrollo Administrativo ha sido parcial y los resultados aún no están consolidados. Nuestra investigación pretende que con el conocimiento claro del tema, a través de una adecuada planificación de los recursos de las entidades públicas, orientado a fortalecer la capacidad administrativa y el desempeño institucional de las entidades públicas, se administre mejor el Estado.
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El fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia ha sido y sigue siendo uno de los temas más importantes tanto a nivel nacional como internacional. Colombia se encuentra hoy entre los países del mundo con más número de desplazamientos forzados, lo cual implica una violación a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario. Por tal razón, el fenómeno de desplazamiento en Colombia no solo ha sido tema de preocupación a nivel interno, sino que ha llamado la atención de la comunidad internacional, quien desde los últimos años ha contribuido con el Gobierno para hacer frente a la problemática. Teniendo esto en cuenta, el presente trabajo busca hacer una aproximación a lo que ha sido la ayuda internacional frente al tema del desplazamiento forzado en Colombia, mediante el análisis de la Cooperación Internacional entre Organismos Internacionales y el Gobierno colombiano, específicamente en materia de protección y asistencia de la población desplazada por la violencia. Se hará especial énfasis en el papel del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) junto con el de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, que se deriva en la Unidad Técnica Conjunta (UTEC).
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Este trabajo de investigación presenta parámetros objetivos que permitan concretar en un caso la Moralidad Administrativa por vía de acción popular, como medio control a la moralidad de las personas jurídicas de derecho público
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Con esta investigación se busca fortalecer las relaciones entre el government y la citizenship reflejándose en una transformación de la cultura institucional a partir de la cual se hiciera posible que la sociedad civil y el gobierno confluyeran en el propósito de mejorar la governance mediante las recomendaciones de la ciudadanía y la vigilancia y fiscalización que realizan las entidades de control. Riohacha, capital del departamento de la guajira es el principal objeto de este proyecto, pues llama la atención que es una de las ciudades más antiguas de Colombia, fundada en 1545 y se encuentra en un menor grado de desarrollo frente a todas las capitales de la región Caribe. De esta forma el control social es un instrumento clave y debe ser un derecho y un deber del ciudadano y ser ejercido de manera constante y transparente a través de figuras como las Citizens" watch. así se podría tener un control a la actividad administrativa y promover una mayor transparencia y eficiencia en el cumplimiento de los planes de desarrollo en el municipio de Riohacha.
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La globalización le ha generado la necesidad, a los diferentes actores internacionales, de adecuar sus acciones para responder de una forma eficiente y pertinente a los retos que el Sistema Internacional propone día a día. Lo importante en estos procesos es la diferenciación, fundamentada en las distintas formas en cómo éstos juegan con los factores económicos, políticos, militares y sociales para lograr un modo propio de competir en el Sistema Internacional y responder adecuadamente a las mutaciones constantes de las dinámicas mundiales. El tratado de Lisboa y la forma en cómo la Unión Europea lo empieza a implementar, esperando ciertos resultados favorables, es entonces un ejemplo claro de lo dicho anteriormente