897 resultados para PODER JUDICIAL


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La presente tesis, es un estudio sobre las políticas de representación y poder en el arte relacional de la obra del artista español Santiago Sierra, en la cual se realizó un análisis en torno al papel protagónico del uso de la representaciones en el arte contemporáneo como una construcción discursiva que parte de una base más amplia, como es la cultura y la sociedad del sistema mundo-capitalista colonial. En esta investigación se problematizan las política de representación del sujeto marginal, y se reconoce en la forma de hacer arte relacional del artista regímenes de poder, por cuanto el Otro representado es el cuerpo en donde confluyen repositorio de desigualdades y superioridades fundadas a partir de la cultura.  Así, en el primer capítulo, se plantea un recorrido por el arte relacional y antagónico con la cultura, y como la primera se nutre de la segunda, desde el manejo de la violencia del Arte Contemporáneo, pasando por los regímenes escópicos y, hasta la operación de la representación.  Posteriormente, en el segundo capítulo, se analiza las políticas de representación de las que se nutre Sierra para realizar su obra, tales como: la otredad, la diferencia, el estereotipo, la cosificación y el espectáculo. Siendo estas una forma de representar, lo que denominaremos pornomiseria en arte. Partiendo también, desde las perspectivas visuales sobre el cuerpo del sujeto marginal, tales como, la racialización, la sexualización y el canibalismo a partir de dos obras: los penetrados y Persona remunerada por una jornada de 360 horas continuas.

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El presente trabajo de investigación tuvo por objetivo determinar cómo las representaciones sociales inciden en la conformación de los sistemas de creencias e ideologías de las personas gays y trans, a partir de la hegemonía del sistema heterosexista y su discurso normativo. Para esto, fueron analizadas categorías como ideología, prejuicio, heteronormatividad, discriminación y endodiscriminación. Ello ameritó un estudio de casos, realizado con miembros activistas de las instituciones ecuatorianas: Fundación Equidad y el Proyecto Transgénero, quienes compartieron sus experiencias de vida, así como reflexiones surgidas de su militancia y deconstrucción del modelo heteronormativo. El estudio arrojó como resultado que el lenguaje, profundamente imbricado en las representaciones sociales, constituye en el sujeto posiciones de identidad atravesadas por efectos de la discriminación y el prejuicio. Aunque, paradójicamente, la emergencia de corrientes contrahegemónicas al interior de los colectivos de gays y trans permite resignificar la palabra hiriente y darle lugar en la sociedad al no heterosexual. Además, se constató que, pese a ciertos avances legislativos género‐sensibles, persiste una clara diferenciación social entre lo que es considerado “normal” y lo “anti‐natural”; específicamente, entre el “nosotros correcto” y el “ellos” insurrecto a la norma, pensado como invivible y abyecto. Importa pensar, entonces, el efecto que ejercen instituciones de poder, como la iglesia, la clínica y el ámbito judicial.

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Este artículo analiza las Cartas Annuas jesuitas entre 1586 y 1660 que hacen referencia a la Audiencia de Quito. Esta fuente poco consultada se utiliza para sondear las estrategias jesuitas de evangelización y el régimen de administración de sacramentos de la orden en Quito. El artículo propone que las estrategias de evangelización jesuita dieron un giro al pasar de un encuentro con la religión nativa que incluyó un interés en mitos prehispánicos y extirpación de idolatría a un enfoque tabula rasa que se centraba en la administración de sacramentos. El artículo atribuye este giro a la transferencia del Colegio jesuita de Quito de la provincia jesuita de Perú a la provincia del Nuevo Reino (Nueva Granada). El artículo contextualiza el encuentro jesuita con la cultura nativa y la operación del régimen sacramental con referencia al concepto de las dos evangelizaciones de Juan Carlos Estenssoro, la noción de poder pastoral de Michel Foucault y la idea de la confesionalización perteneciente a la historiografía de la modernidad temprana europea.

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El presente trabajo analiza la factibilidad práctica de la aplicación de la institución jurídica denominada “autoría mediata por dominio de la voluntad en aparatos de poder organizados” desarrollada por el profesor alemán Claus Roxin como criterio válido para determinar los parámetros de imputación de autoría del hombre de detrás en los casos investigados por la Comisión de la Verdad del Ecuador –2010–. Para la consecución de este objetivo macro se ha situado a la investigación en tres estadios, el primero, que se denomina “Doctrina” –Capítulo I– y que corresponde a un análisis doctrinal de los parámetros de autoría y participación en los delitos comunes a la luz de la teoría del dominio del hecho y su clara diferenciación con el tratamiento de los delitos especiales; el segundo, denominado “Legislación Ecuatoriana” –Capítulo II– que corresponde a la adopción de la teoría de dominio del hecho en la legislación ecuatoriana, su relación con la “autoría mediata por dominio de la voluntad en aparatos de poder organizados” y su correspondencia con los delitos investigados por la Comisión de la Verdad del Ecuador –2010– perpetrados en el Ecuador entre 1984 y 1988, calificados como delitos de lesa humanidad; y, el tercero, “Caso Práctico” –Capítulo III– que relaciona los dos estadios anteriores –doctrina y legislación ecuatoriana– con el tratamiento jurídico –desde la autoría y participación– del primer caso de lesa humanidad instrumentado en las Cortes de Justicia ecuatorianas.

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La invisibilidad de las colectividades diferenciadas, hizo de los indígenas víctimas de discriminación. El Estado ecuatoriano los consideró meros ciudadanos, y a sus territorios zonas de expansión poblacional y explotación de yacimientos petroleros, que por más de cuatro décadas gravita en el desarrollo nacional. La organización y movilización de los pueblos indígenas, así como la protección en la normativa internacional, confluye en el reconocimiento de sus derechos colectivos, entre ellos la consulta previa sobre explotación de recursos no renovables, y medidas legislativas o administrativas que puedan afectarlos. Más como las actividades extractivas y desarrollistas excluyentes, en nombre del interés mayoritario, no tienen límites y se ejecutan sin el consentimiento; la consulta previa, de gran legitimación social y que debe cumplirse sin restricciones bajo estándares internacionales, no pasa de la retórica; su omisión vulnera otros derechos fundamentales de los sujetos, y así la confrontación persiste. En este escenario, al que se suman los proyectos de minería en gran escala, se legitima la tutela judicial efectiva de la consulta previa en el régimen de la plurinacionalidad y del sumak kawsay. Pero para ello requerimos regularla sin restricciones, desde la perspectiva procesal, sin violar la reserva de ley, con la participación de sus sujetos, y además defenderla con acciones procesales concretas. Así la justicia que ha definido líneas para su implementación ante falta de configuración legal, está en el centro de la controversia, y llamada a protegerla con fallos ponderados en función de los demás derechos amenazados por su omisión.

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El artículo presenta algunos de los principales mecanismos y espacios de participación ciudadana durante la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela de 1999; en su segunda parte se hace referencia a los principales artículos constitucionales que soportan lo que se ha dado en llamar la democracia participativa y protagónica.

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La presente investigación académica procura demostrar que el principio jurídico de interdicción de la arbitrariedad, está contenido implícitamente en la Constitución de la República vigente en el Ecuador, misma que es de directa e inmediata aplicación por las autoridades de la Administración Pública, al momento de emitir actos administrativos. Para ello, en el primer capítulo se presenta un estudio inicial sobre el principio de interdicción de la arbitrariedad referido, su definición, historia, referencia normativa y jurisprudencial. Posteriormente, se estudia al nuevo marco constitucional ecuatoriano, así como la vinculación que existe entre el Derecho Administrativo y el Derecho Constitucional conforme la nueva Ley Suprema. Se aborda el tema de las potestades y competencias como medio que permite la actuación de las autoridades públicas, y también se estudia al instrumento que sirve para expresar la voluntad de la Administración Pública, me refiero, al acto administrativo. En un segundo capítulo, se enfatiza y explora a los derechos y garantías constitucionales que en el Ecuador contribuyen a que exista la prohibición de la arbitrariedad en la emisión de actos administrativos, me refiero a la motivación, legalidad actual juridicidad, respeto al debido proceso y tutela judicial efectiva. Por último en el tercer capítulo, el bagaje teórico expuesto será aplicado en el estudio de la arbitrariedad con temas como el desvío de poder, la discrecionalidad, la razonabilidad y sobretodo como el tema central de este trabajo de investigación que es la prohibición constitucional de arbitrariedad en la emisión de actos administrativos. Al final, se anotan las conclusiones generadas como resultado de la investigación jurídica realizada.

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Los cambios en la geopolítica internacional influencia en la realidad de los actores que forman parte de este escenario. A la vez, para comprender en conjunto de este cambio geopolítico se han creado nuevos conceptos que explican las relaciones de poder y entre actores, dando como resultado el entendimiento de políticas exteriores de los países considerados como potencias. La definición de poder blando dada por Joseph Nye en 1990 se convierte en un término popular entre los políticos de diferentes países. Esta definición se vuelve popular debido al cambio de poder y la nueva era que se crea a partir del cuestionamiento al modelo económico actual. La posibilidad de vincular la cultura, valores y diplomacia a esta nueva era de poder ha hecho que surjan nuevas potencias, como los países pertenecientes al BRIC (Brasil, Rusia, India y China). Las relaciones de China con los países en desarrollo lo han hecho un actor fundamental en este contexto internacional. La cultura de este país, así como la historia del mismo, han hecho que se genere una nueva teoría de poder blando, basado en términos propios de la cultura china. Sin embargo, la poca concordancia entre lo manifestado a nivel exterior y las políticas internas, también han generado teorías a favor del desarrollo de la misma.

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Esta investigación estudia el rol del juez en el Estado constitucional de derechos y justicia en el Ecuador, el error inexcusable y el procesamiento disciplinario por error judicial inexcusable desde sus principios de legalidad y taxatividad, la etiología del error, el órgano competente y la independencia judicial. Presenta conclusiones y recomendaciones.

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Desde el 20 de Octubre del 2008, fecha que entró en vigencia la Constitución de la República del Ecuador, la concepción filosófica del Estado cambió. El auto determinante de “Estado constitucional de derechos y justicia social”, implicó algo más que enunciar un objetivo, impuso los valores como materia y contenido de los preceptos normativos, que marcan la validez del ordenamiento jurídico interno, y además, reconoce la fuerza irradiante de la Constitución sobre el infraderecho. La vinculación de la moral y la justicia en el Derecho objetivo, convierte a un Estado de Derecho positivo, en un Estado constitucional de derechos y justicia social, cuya misión es proteger los valores y principios consagrados en la Constitución, creando para ello mecanismos jurídicos que, teóricamente, permiten el cumplimiento de sus declaraciones. El control de constitucionalidad, y para el caso en estudio, el control de constitucionalidad concreto, es uno de aquellos mecanismos que defienden la hegemonía y la supremacía constitucional. El control de constitucionalidad concreto, es una herramienta apropiada para detectar normas inferiores en contradicción con las normas superiores; se activa ante la duda razonable de constitucionalidad de una norma jurídica, que esté siendo aplicada por la autoridad judicial ordinaria dentro de un caso concreto. Empero, la sustanciación de la consulta judicial de constitucionalidad de norma, exige que la causa concreta se suspenda por cuarenta y cinco días, sin resolver nada sobre lo principal (CR, Art. 428). En asuntos que litigan intereses particulares, suspender el trámite de la causa, sin resolver nada en el fondo, no representaría mayor problema, pero en las causas que ventilan derechos de personas y grupos de atención prioritaria (CR, Art. 35), cuyos bienes, por su trascendencia social, interesan a la causa pública, suspender el trámite del caso sin resolver nada de fondo, lesiona el principio de tutela judicial efectiva y del debido proceso en la garantía de defensa (CR, Arts: 75 y 75.7).

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La tesis investiga los imaginarios de la sierra y de sus habitantes a través de la fotografía de Sebastián Rodríguez (Huancayo, 1896-Morococha, 1968) y Martín Chambi (Puno, 1891-Cusco, 1973). Así, la relación entre representación y poder toma centralidad en el trabajo y dialoga con la elaboración de heterogeneidad histórico estructural, con el objetivo de visibilizar las formas como adquiere concreción el poder y su manifestación en las representaciones sobre la Sierra y sus habitantes en espacios sociales diferenciados, como son Morococha, Junín, en la Sierra Centro, y Cusco, Cusco, en la Sierra Sur. El análisis semiótico de las fotografías parte de un nivel descriptivo para adentrarnos progresivamente en lo denotativo de las imágenes. En el transito de uno al otro identificamos tres elementos o niveles de análisis en cada fotografía: el índice, el ícono y el símbolo. En este proceso, la propuesta del Grupo µ (2002) sobre la retórica visual permite identificar los elementos retóricos que desplazan el signo inicial a otro diferente, de índole denotativo, sobre la Sierra y sus habitantes. En el caso de la Sierra como lugar, hay una apropiación de la disciplina geográfica que organiza la composición de las tomas. En el caso de sus habitantes, existe poca similitud entre los casos de Cusco y Morococha: comparten ciertos elementos o criterios (raza, clase, género, edad) que organizan las fotos; sin embargo, de acuerdo a la especificidad histórica de la Sierra Sur y la Sierra Centro, adquieren una articulación propia. Por tanto, la relación entre representación y poder refleja la ausencia de una matriz constitutiva única, y, en su lugar, expone la presencia de un patrón, es decir, una densa malla que atraviesa las diferentes relaciones sociales, dándoles particularidad sin perder su articulación en una unidad analítica.

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El presente trabajo académico abarca un análisis en el que se define la vulneración de principios y derechos constitucionales y tributarios; así como también se constatan los vicios de forma y/o de fondo en la aprobación de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado (en adelante LFAIOE). Para llegar a comprobar dicha hipótesis fue utilizado el método analítico, como la misma palabra lo indica, se analizó cada paso del procedimiento adoptado para la aprobación de la mencionada ley, que en ejercicio de sus atribuciones constitucionales el señor Presidente de la República, presentó ante la Asamblea Nacional el proyecto de LFAOIE, calificado como de urgencia en materia económica. La presente investigación pretende demostrar las violaciones al procedimiento legislativo establecido en la Constitución de la República (en adelante Constitución) para la aprobación de las leyes que crean, modifican o suprimen tributos; es decir, los cuestionamientos constitucionales de forma que, desde el personal punto de vista de quien presenta esta investigación, han ocurrido en el trámite y promulgación de la LFAOIE. Comprende también el presente trabajo, un análisis de las disposiciones cuarta y décima para el cobro eficiente de las acreencias del Estado, constantes en la aludida Ley, que tiene como propósito evidenciar la vulneración del principio de irretroactividad de la ley tributaria en perjuicio de los contribuyentes; y la violación a la garantía constitucional de la tutela judicial efectiva, y a la seguridad jurídica; es decir, cuestionamientos constitucionales de fondo a la LFAOIE. La parte final del trabajo contiene algunas reflexiones sobre los efectos jurídicos que la aplicación de las disposiciones cuarta y décima ocasionó en los procesos contenciosos tributarios que se encontraban en conocimiento de los jueces competentes al momento de la entrada en vigencia de la manifestada LFAOIE.

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This paper analyzes the People’s Republic of China economic and political ascendance in the 21st century, focusing on the evolution of its sui géneris economic development model and its significance for the relationship between China and the developing countries of the peripheral ‘Global South.’ The objective of this article is to analyze the relationship between China and Latin America in the 21st century, characterizing it as a new Center-periphery global power network based on trade and investment, which is often referred to as the ‘Asian Consensus’. The article will give special attention to the Brazilian case.

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El estudio analiza cómo se aborda el "poder" en las Teorías de Gerencia Educativa y cómo a través de la violencia simbólica se invisibilizan las relaciones de poder; lo impositivo de la educación ha evolucionado al punto de no ser percibido. Este estudio ahonda sobre la presencia y efectos del poder en la gestión educativa de hoy, por un lado, y de la educación liberadora, por otro. Se examina el rol del director, las autoridades y demás agentes educativos a lo largo de las últimas décadas en el marco de lo dinámico de la institución educativa y su dirección política al ser un ente reproductor del orden social. Se considera también su institucionalidad, más allá de sus intereses momentáneos de preocupaciones inmediatas, la profesionalización o el conocimiento científico, para llegar a la conformación de relaciones robustas y justas socialmente entre los agentes. Esto, a través de examinar las funciones ocultas de la escuela como la reproducción de clases sociales, la supremacía de los dominantes, las relaciones de poder, etc. La investigación explora, desde sus inicios, el estructurar del sistema de enseñanza y cómo el gerenciamiento legitimó una imposición a expensas de los propósitos y valores educativos, según respectivas peculiaridades. Así los modelos teóricos de gestión educativa que van desde los más racionales y jerárquicos, pasando por los subjetivos hasta los más ambiguos, son analizados bajo la perspectiva de las teorías del poder en educación, tanto como sus técnicas e instrumentos. El conjunto de valores, capitales e historicidad de los agentes educativos más el sistema estructurante, coercitivo, vigilante y penalizador de los gerentes y sus modelos de gerencia educativa, darán como resultado la disposición, docilización y sumisión de unos versus la imposición y dominación de otros; es decir, estas relaciones determinarán el juego legitimado de pugna de poderes en lo educativo. La investigación revela que la humanización de esos modelos dependerá de la relación dialógica entre los agentes, su concienciación, lucha y liberación propia, en una batalla implacable que muchas veces les es oculta, suavizada e inculcada como inexistente.

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Con la evolución del derecho penal, han surgido dos grandes tendencias extremadamente opuestas entre sí y que se han arraigado en el pensamiento penal mundial, y que de acuerdo a la política criminal de cada Estado, para el ejercicio de su poder punitivo, han sido implementadas con el fin de alcanzar los objetivos en materia de delincuencia y seguridad. Estas grandes tendencias son: Eficientismo y Garantismo. El garantismo penal busca controlar el poder punitivo del estado frente a los ciudadanos, y el eficientismo penal intenta luchar contra la impunidad a toda costa, inclusive llegando a desconocer las garantías de los procesados. Con la promulgación del nuevo Código Orgánico Integral Penal, y la implementación de instituciones como el procedimiento directo, el sistema penal ecuatoriano busca conciliar el respeto a las garantías del debido proceso con la eficiencia judicial, pensando no solo en los derechos del procesado sino en los derechos de las víctimas. El procedimiento directo es un procedimiento sumarísimo, que concentra todas las etapas de un procedimiento ordinario en una sola audiencia, obteniendo una sentencia condenatoria o ratificadora de inocencia en 10 días. Este procedimiento se justificó por la necesidad de dar celeridad y simplificación al proceso penal, y así tratar de reducir las causas represadas en los juzgados y tribunales de nuestro país. No obstante, también se debió analizar las afectaciones que la aplicación de dicho procedimiento podría causar a derechos constitucionalmente reconocidos como: defensa, presunción de inocencia, igualdad de armas y contradicción. En cuanto al derecho a la defensa, no es posible ejercer adecuadamente este derecho en apenas 10 días; en cuanto a la igualdad de armas, a pesar de que existe ya un desequilibrio institucional entre el órgano acusador y la defensa, ésta desigualdad se merma aún más con la restricción de varios derechos y garantías reconocidos en la Constitución, en cuanto al contradictorio, no es suficiente que se lo pueda ejercer en la audiencia de juicio, cuando los elementos probatorios que van a obtener la calidad de prueba, son recabados en la etapa de instrucción fiscal, y por último y como consecuencia de lo anterior, si atenta contra estos derechos pues evidentemente se vulnera el principio constitucional de presunción de inocencia.