999 resultados para LINEI, modernidad, colonialidad, paradigma eurocéntrico, Estudios poscoloniales, América Latina


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Ser lesbiana en Latinoamérica tiene muchos significados, el principal es la posición política de las que se nombran como tales. La construcción de la identidad lésbica implica la conciencia de la discriminación histórica del ser lesbiana; en la medida en que esta palabra tiene connotaciones negativas en la sociedad, la mayoría de las mujeres que aman a otras mujeres y que tienen relaciones sexo-afectivas con ellas no desean denominarse con esta palabra. Como afirma Alfarache, "el nombre es una marca identitaria que posiciona a las mujeres en el mundo y ante los otros, desde la cual las mujeres definen tanto su autopercepción como sus relaciones con las y los demás".

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América Latina presenta algunas de las leyes más restrictivas del mundo en materia de aborto. Si bien sólo tres países—Chile, El Salvador y República Dominicana—no contemplan ningún tipo de excepción o rebaja de la pena por la realización de abortos, en la mayoría de los países y jurisdicciones la ley incluye excepciones a la pena sólo cuando resulta necesario para salvar la vida de una mujer embarazada y en otras circunstancias puntuales específicamente definidas. Aún en los casos donde el aborto no está penalizado por ley, las mujeres suelen tener un acceso severamente limitado al mismo como consecuencia de la ausencia de regulaciones adecuadas y de la voluntad política necesaria. El acceso al aborto seguro y legal puede salvar la vida y facilitar la igualdad de las mujeres. Las decisiones de las mujeres en materia de aborto no tienen que ver solamente con sus cuerpos en términos abstractos, sino que, en términos más amplios, se encuentran relacionadas con sus derechos humanos inherentes a su condición de persona, a su dignidad y privacidad. Los obstáculos existentes para este tipo de decisiones en América Latina interfieren con la capacidad de las mujeres de ejercer sus derechos, dando lugar a prácticas clandestinas e inseguras que constituyen una de las principales causas de mortalidad materna en gran parte de la región.

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En este artículo se presentan algunas hipótesis que contribuyen a explicar el contraste entre el acceso más amplio y universal a la educación y la mayor inequidad social. Se enfocan obstáculos a la equidad en varias dimensiones, con especial referencia al mercado laboral, las desigualdades étnicas y de género en los retornos educativos, las “trampas de pobreza” relacionadas con la interacción entre desnutrición infantil y retornos educativos, las desigualdades étnicas y de género en los retornos educativos, y aspectos vinculados tanto con la calidad de la educación como al limitado acceso a la instrucción formal en sectores rurales y otras áreas marginales de la región.

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Caricaturizada por años con la figura de un campesino pobre sentado sobre un voluminoso bulto de fique que contenía gran cantidad de metales preciosos, Bolivia por estos días ha dejado de representarse bajo esta sarcástica imagen, efigie sin lugar a dudas, de gran parte de la historia de esta nación. Ahora caracterizada con la figura de un poblador originario, quien detenta en sus manos gran cantidad de recursos mineros escasos en el mundo, mientras se le observa meditabundo reflexionando en la necesidad de replantear nuevas reglas de juego con las cuales poder afrontar aquella etapa crítica en la que esta nación andina se sumió en la absoluta pobreza durante más de la mitad del siglo XX, Bolivia se erige como una nación que además de estar dispuesta a dar la lucha contra la crisis e inestabilidad política, social y económica que tanto la ha caracterizado, se apresta a convertir su proceso legislativo en lo que podría considerarse la fase inicial en la proposición de una nueva generación de constituyentes latinoamericanas a puertas de la segunda década del siglo XXI; constituyentes donde se recalcará en la importancia de planificar una política nacional a partir no sólo de aspectos económicos, políticos y socioculturales que caracterizan los proyectos constitucionales recientes, sino también resaltando dos tópicos centrales, que sin lugar a dudas la experiencia boliviana ha impulsado, y que será parte fundamental de los proceso legislativos subsiguientes en América Latina: la cuestión de la reconfiguración territorial y la necesidad de impulsar la autonomía local y regional, donde además, se incluirá temas espinosos como la explotación y acceso a los recursos naturales, así como la permanente corresponsabilidad del Estado y de la sociedad civil en general, en lo que concierne a la preservación del contexto medioambiental de una localidad, región e incluso, de toda una nación.

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El informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI, presidida por Jacques Delors, establece entre sus principios cuatro pilares o aprendizajes fundamentales en torno a los cuales debe estructurarse la educación: ‘Aprender a conocer’, ‘Aprender a hacer’, ‘Aprender a ser’ y ‘Aprender a vivir juntos’. Estos pilares determinan lo que la educación debe procurar que se aprenda; sin embargo, se hace necesario identificar estrategias que definan cómo hacerlo. Nos hemos centrado en el pilar ‘Aprender a vivir juntos’, en lo que éste significa, y en los limitados avances de la educación en este ámbito, con la intención de hacer una propuesta metodológica que favorezca su desarrollo. Afirmamos que este aprendizaje está fuertemente marcado por las experiencias de convivencia que tiene el educando en el medio escolar, como una práctica que va más allá de teorías y discursos. El ambiente de las instituciones educativas —como un elemento de sus culturas— frecuentemente favorece relaciones interpersonales hostiles que el/la estudiante asume e interioriza como una práctica común para relacionarse con los demás. El ‘aprender a vivir juntos’ requiere un cambio en las configuraciones culturales particulares de los centros educativos, de manera que éstos se conviertan en espacios en los que las relaciones interpersonales sean más acordes con las propuestas de educación para la convivencia. Analizaremos aquí esos componentes de las culturas escolares que se deben revisar en un proceso de cambio, puesto que —de acuerdo a nuestros propios criterios y a la investigación realizada— no han contribuido a generar un entorno propicio para aprender a convivir. Nos hemos acercado al caso de la Unidad Educativa ‘América Latina’ de la ciudad de Quito, a su cultura institucional que pretende desarrollar en sus educandos actitudes y comportamientos para una convivencia democrática.

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La comentarista considera que la democracia es una condición necesaria para la vigencia plena de los derechos humanos, pero no es una condición suficiente. Diría más bien que es bastante insuficiente para la plena vigencia de los derechos humanos, al menos si nos referimos a las “democracias” que vivimos en América Latina. Cree que para plantear una discusión sobre esta relación y dilucidar si hay más tensiones o más complementariedades, hay que partir de una clarificación teórica o de una cierta precisión conceptual, sobre todo del término “democracia” pues en el ámbito de los derechos humanos parece que está más claro el concepto. Para ello echar mano de una distinción entre régimen político democrático, sistema político democrático y cultura política democrática.

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El Salvador es uno de los países con más homicidios en América Latina desde hace más de cinco años. Un análisis comparativo de la tasas de homicidios de las naciones con más asesinatos en Latinoamérica reveló que, durante el 2005, en el territorio salvadoreño ocurrieron 54.7 homicidios por cada 100 mil habitantes. Para entonces Honduras, con problemas de delincuencia juvenil como la nación salvadoreña, tenía una tasa de 40.6 homicidios; mientras que Colombia, sumergido en un conflicto armado y con problemas de narcotráfico, alcanzó una tasa de 33.7 homicidios ese mismo año. Pese al panorama, no todo en El Salvador es así. Al analizar los homicidios por departamentos desde el 2002 hasta el 2007 se puede encontrar que existen alrededor de 21 municipios que no registran asesinatos. Tres de ellos llaman la atención en particular por su pasado violento al estar ubicados en sitios que fueron escenarios del conflictivo armado durante la guerra civil (1980–1992) y por la organización municipal que han alcanzado tras los Acuerdos de Paz entre la guerrilla y el gobierno salvadoreño en 1992.

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El objetivo del presente artículo es hacer una reflexión acerca de la nueva geografía comercial de América Latina, relativa a los acuerdos celebrados con los EE.UU. Frente a las incertidumbres en el ámbito regional y multilateral, hoy existe un cierto predominio de un tercer movimiento en las relaciones económicas internacionales, esto es, la proliferación de tratados bilaterales. Aunque estos tratados asuman diferentes contenidos y obligaciones, en general tienen compromisos más rígidos para los países en desarrollo en América Latina, que las obligaciones firmadas en foros de negociación subjetivamente más amplios (como es el caso de la OMC).

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Este ensayo presenta una discusión conceptual sobre la línea de codicia, definida como el nivel máximo de consumo personal éticamente aceptable en la economía global contemporánea, caracterizada simultáneamente por la privación de las necesidades humana de una proporción importante de la población mundial, una elevada inequidad, un crecimiento no sustentable y un elevado consumo suntuario. El análisis parte de una visión empírica sobre pobreza, inequidad social y sustentabilidad a escala mundial, en América Latina, y en particular en el Ecuador, tomado como estudio de caso. Sobre esta base, se discute distintas visiones teóricas sobre la relación entre consumo, bienestar y sustentabilidad, con énfasis en la visión neoclásica dominante y sus críticas. Por último, se presentan algunos elementos conceptuales para la definición de una línea de codicia, en función la pobreza, inequidad y sustentabilidad.

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Esta presentación sobre apatridia y nacionalidad en América Latina, se refiere básicamente a tres aspectos fundamentales, que son: 1) ¿Cuál es el mandato del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) con respecto a la Apatridia?; 2) ¿Cuáles son los estándares regionales para la protección de los apátridas y que ha dicho con respecto a éstos el Sistema Interamericano de protección de derechos humanos; y 3) ¿Dónde estamos con respecto a la ratificación de los instrumentos internacionales a materia de apatridia en este continente?

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Los gobiernos “progresistas” con la puesta en marcha de su política económica, han mostrado la verdadera intención de su proyecto político, que no ha consistido en superar el neoliberalismo y mucho menos el capitalismo; y si bien se han desarrollado políticas sociales que “beneficiaron” a algunos sectores poblacionales empobrecidos, no se puede hablar de un proyecto de transformación social, sino que por el contrario, son proyectos que están afirmando la economía mercantil capitalista, en base a la más pura política gubernamental neoliberal.

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La presente tesis comienza establecer el marco actual del debate sobr el Derecho Económico en América Latina y presenta dos aportes. El primero, el derecho económico entendido como un nuevo derecho que constituye y ordena espacios de concertación entre los diferentes agentes económicos, más que normas prescriptivas. El segundo, es que el derecho económico es su concepto como una disciplina jurídica, plenamente autónoma que establece las normas capaces de regular· relaciones económicas necesarias para establecer una estrategia de desarrollo. Luego exploramos el contenido del concepto de desarrollo económico, a través de la historia del pensamiento económico, llegando a la conclusión que el desarrollo económico, no es sólo aumentar la productividad, sino sostenerla en el tiempo articulando al Estado como ordenador de una parte importante de las estructuras e incentivos de la sociedad, el trabajo, la producción y el mercado. Por último se analiza el modelo presente del desarrollo económico de América Latina, a través de las transformaciones en la economia de la región a fin de captar capitales e intentar romper su situación de exportadora neta de recursos mediante instrumentos como la elevación de la tasa de interés que han dado en consecuencia, un aumento de la volatilidad financiera interrumpiendo el crecimiento que requiere la región y afectando el ahorro interno y el tratamiento del recurso humano, que con un esquema de bajo salarios y precarización sostenida de las condiciones de trabajo, incide en una subordinación de los proyectos de desarrollo a los previstos por las transnacionales, lo que en su conjunto provoca que la producción se inserte en mercados poco dinámicos y que sea a través de las estrategias transnacionales. Con los datos del modelo de desarrollo, concluimos y advertimos los nuevos contenidos del derecho económico.

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Esta investigación se focaliza en el Título Habilitante Único, instrumento regulatorio necesario para el ingreso al mercado de los servicios de telecomunicaciones. Explica las razones de la crisis del monopolio en el sector, el impacto de la liberalización de los servicios, la innovación tecnológica que ha ocasionado una convergencia en los servicios de voz, datos y video, de manera que los mercados también convergen, haciéndose necesario la introducción de normas y regulaciones que faciliten el tratamiento de la operación y prestación de los servicios, así como su comercialización convergentemente, en los llamados paquetes “Triple Play” y “Cuádruple Play”. Frente a estos progresos tecnológicos, el Derecho como ciencia, necesaria para planificar, impulsar, controlar y guiar al sector, debe servir para armonizar y como consecuencia de ello simplificar los trámites e impulsar la competencia, contribuyendo a la madurez y eficiencia del sector. Como consecuencia se propone un marco general armonizado en el que se fundamente el Título Habilitante Único de cada país de la región.