1000 resultados para Concessões administrativas
Resumo:
Antiguamente se consideraba que la facultad discrecional de la administración estaba exenta de control, lo que constituía, sin lugar a dudas, un privilegio a favor de los gobernantes, quienes podían actuar de manera arbitraria y contra ley, sin resquemor alguno. Frente a esta situación de inseguridad jurídica y abuso del poder, la humanidad siempre luchó por evitar y disminuir el abuso del poder, y es así como llegamos al denominado Estado de Derecho, que propugna la sumisión de todas las actuaciones del Estado a la Constitución y la ley, es decir, nada puede quedar fuera o exento de control. Allí se concibió como necesaria la facultad discrecional de la administración para tomar decisiones oportunas, pero no como una antítesis de la facultad reglada, sino también como una prerrogativa legal. Este cambio de concepción de la facultad discrecional de la administración, lleva implícita otra consecuencia y dice relación a la pregunta de ¿cómo pueden los jueces hacer un control judicial pleno de las actividades derivadas de la potestad discrecional de la administración? El tema que se pone en la palestra para su discusión ha sido objeto de múltiples escritos, foros académicos, debates interminables y mucha tinta derramada, pero aún no existe una posición consolidada y unificada respecto de cómo hacer ese control, en lo único en que todos coinciden es en la circunstancia de que los actos administrativos dictados en ejercicio de una facultad discrecional de la administración, son perfectamente impugnables. Para lograr un control pleno de las actividades administrativas, se hace indispensable el reconocimiento de una jurisdicción contencioso administrativa plenaria y universal, integrada por jueces independientes, imparciales y competentes, que conciban su labor de control efectivo, sin escudarse en subterfugios, ya sea para dejar de resolver o negar demandas de manera sistemática en casos discrecionalidad. Tal situación resulta inconcebible con el actual marco constitucional en vigencia, que determina la obligación de fallar no solo sobre normas sino también sobre principios, lo que permite a los jueces ampliar sus fronteras, superar el criterio de que la jurisdicción contencioso administrativa es exclusivamente revisora e impide que se deje sin tutela judicial efectiva a ningún ciudadano.
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La gestión de los ingresos tributarios de los gobiernos municipales expresados en impuestos, tasas y contribuciones especiales de mejoras, con el concurso de las distintas direcciones, jefaturas y unidades administrativas en los ámbitos financiero, tributario, catastral y de recaudación, presenta deficiencias, incidiendo negativamente en la captación de recursos para el adecuado desarrollo de cada una de las competencias atribuidas a estos niveles de gobierno subnacional. El ejercicio de cada una de las competencias exclusivas de los gobiernos municipales demanda ingentes recursos financieros de carácter tributario, no tributario y de los provenientes de endeudamiento público. En el ámbito tributario es fundamental que cada gobierno municipal disponga de los instrumentos jurídicos y de gestión apropiados para potenciar la recaudación de tributos, y así ir afianzando su autonomía, por ello este trabajo analiza la gestión recaudatoria tributaria de cuatro gobiernos municipales ecuatorianos: Cayambe, Pedro Moncayo, Pedro Vicente Maldonado y San Miguel de los Bancos, por el período 2008-2011, que al tiempo de evidenciar sus fortalezas también devele sus deficiencias, y de esta manera ir exponiendo algunas medidas y mecanismos tendentes a mejorar la gestión y los niveles de recaudación, que en último término propenda a una mejor redistribución del ingreso con mayores beneficios para sus habitantes.
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La invisibilidad de las colectividades diferenciadas, hizo de los indígenas víctimas de discriminación. El Estado ecuatoriano los consideró meros ciudadanos, y a sus territorios zonas de expansión poblacional y explotación de yacimientos petroleros, que por más de cuatro décadas gravita en el desarrollo nacional. La organización y movilización de los pueblos indígenas, así como la protección en la normativa internacional, confluye en el reconocimiento de sus derechos colectivos, entre ellos la consulta previa sobre explotación de recursos no renovables, y medidas legislativas o administrativas que puedan afectarlos. Más como las actividades extractivas y desarrollistas excluyentes, en nombre del interés mayoritario, no tienen límites y se ejecutan sin el consentimiento; la consulta previa, de gran legitimación social y que debe cumplirse sin restricciones bajo estándares internacionales, no pasa de la retórica; su omisión vulnera otros derechos fundamentales de los sujetos, y así la confrontación persiste. En este escenario, al que se suman los proyectos de minería en gran escala, se legitima la tutela judicial efectiva de la consulta previa en el régimen de la plurinacionalidad y del sumak kawsay. Pero para ello requerimos regularla sin restricciones, desde la perspectiva procesal, sin violar la reserva de ley, con la participación de sus sujetos, y además defenderla con acciones procesales concretas. Así la justicia que ha definido líneas para su implementación ante falta de configuración legal, está en el centro de la controversia, y llamada a protegerla con fallos ponderados en función de los demás derechos amenazados por su omisión.
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Esta investigación busca determinar si los procedimientos administrativos y judiciales establecidos en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor permiten que los consumidores puedan acceder a una tutela eficaz de sus derechos como consumidor en la adquisición de bienes o servicios. En un inicio, se identificarán nociones fundamentales de lo que es el derecho del consumidor; su avance histórico a nivel mundial centrándose posteriormente en América Latina, para finalmente explicar su formación y desarrollo en el Ecuador; a continuación se explicarán cúales son los derechos que los justiciables tienen como consumidores, así como cúales son los procesos a los que en las vías administrativas o judiciales tienen la posibilidad de acceder. Se realizará un trabajo de campo e investigativo, que consiste en obtener información en los órganos administrativos (Defensoría del Pueblo) y judicial (Comisarías e Intendencia de Policía Nacional de Quito, Juzgados de Contravenciones y Juzgados de Garantías Penales de Quito) desde el 2005 hasta la fecha, a fin de elaborar una base de datos que permita identificar cuántos procesos de defensa de consumidor se han realizado y se han resuelto en los ámbitos administrativos y judiciales. La investigación realizada determinará si se han establecido sanciones por incumplimiento a los derechos del consumidor por la adquisición de bienes o servicios, en los ámbitos administrativos y judiciales. Finalmente, tendremos como resultado de esta investigación, un aporte de información para los organismos encargados de tutelar los derechos del consumidor, para tomar acciones que permitan a los justiciables acceder a mecanismos adecuados y expeditos que los amparen, cuando por la adquisición de un bien o servicio sus derechos hayan sido vulnerados.
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La presente tesis tiene como propósito contribuir a profundizar en el conocimiento del nuevo sistema de control constitucional, que surge a raíz de la expedición de la constitución del 2008, que clarifica la supremacía constitucional y el mandato de que las normas y los actos del poder público deben imperativamente mantener conformidad con las disposiciones constitucionales, pues en caso contrario el efecto es que estas carecerán de eficacia jurídica, siendo obligación de las Juezas y Jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos aplicar directamente tales normas constitucionales, además de que la Corte Constitucional, se constituye en el máximo órgano de control interpretación constitucional y de administración de justicia, fijándose exclusivamente este rol en este organismo del Estado, despojándoles a los administradores de justicia de la potestad de ejercer este control constitucional como ocurría con el sistema anteriormente vigente. En camino hacia tal objetivo el trabajo contiene una primera ubicación del tema que esclarece el fundamento jurídico de esta nueva concepción de control constitucional en el marco de la orientación garantista, apoyado con un análisis de temas de derecho comparado, se desarrolla un estudio detallado de la normativa constitucional y legal sobre el tema, ofreciendo una visión general de aspectos sobre la supremacía de la constitución, competencia privativa del órgano de control constitucional, los objetivos, funciones y actos provenientes además del procedimiento y las resoluciones con sus efectos, bajo cuyos contenidos se realiza el análisis de casos que han sido de conocimiento y resolución de la Corte Constitucional en aplicación de la nueva normativa constitucional y legal para arribar finalmente a la estructura de conclusiones que señalan la situación actual del tema constitucional en el país.
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El propósito de esta tesis es analizar la problemática jurídico tributaria generada por la importación al Ecuador de ciertos productos calificados como medicamentos por la autoridad de salud y que son considerados como suplementos alimenticios por la autoridad aduanera, dado que hasta la presente fecha y pese a existir varios pronunciamientos de distintas autoridades administrativas e incluso de la misma Corte Nacional de Justicia, ninguno de estos entes ha dado solución a la problemática planteada, siendo entonces necesario realizar este estudio y así determinar cuál es la entidad competente para definir si un producto es medicamento o suplemento alimenticio, y en consecuencia, cuál es la posición que deben asumir las demás entidades públicas en relación al ejercicio de la referida competencia. En este sentido, a lo largo de este trabajo analizaré tanto los aspectos constitucionales como tributarios de la importación de medicamentos al Ecuador, así como las facultades y competencias de las entidades públicas inmersas en procesos de importación de medicamentos. También tomaré en cuenta cada uno de los pronunciamientos emitidos por las distintas autoridades públicas en relación a la controversia planteada y analizaré las consecuencias de la determinación de un producto como medicamento o suplemento alimenticio. Finalmente, insistiré en ciertas consideraciones que permitan garantizar el ejercicio del derecho a la salud,acceso a medicamentos de calidad, seguros y eficaces y el derecho a la seguridad jurídica desde la perspectiva impositiva.
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Este trabajo de investigación lo he realizado en cinco capítulos, los mismos que se resumen a continuación: En el primer capítulo se puede encontrar el marco conceptual donde se plantea un conocimiento del ERP como herramienta de control de recursos así también: el concepto, la base metodológica sobre el cual fue creado, la evolución de este tipo de sistemas. Abarcamos las razones del porque es importante el implementar este tipo de sistemas, describimos las ventajas y desventajas de su aplicación. El segundo capítulo se enfoca en determinar los factores que las empresas deben considerar como alertas para optar por la implementación de un ERP para el control de su información, la evaluación de las principales áreas financieras administrativas como son: ventas, compras, inventarios, activos fijos, flujos de caja, dentro de una organización excluyendo de este análisis al área de recursos humanos por tratarse de una área que abarca varias aristas que deben ser analizadas independientemente a detalle, vamos a evaluar los sistemas utilizados en cada área y las actividades básicas que las empresas mantienen en la actualidad para el control de sus operaciones. El tercer capítulo demuestra cómo se debe evaluar la implementación de un sistema ERP considerando un esquema de plan estratégico y utilizando la herramienta de mapas ubicar dentro de los procesos a la correcta implementación del sistema como base de la productividad, desarrollo y optimización de las áreas funcionales de la empresa. El cuarto capítulo analiza la mejora que se obtiene en cada área por la implementación, así como indicadores que permiten hacer seguimiento a todas las etapas del proyecto que permiten controlar las actividades realizadas. Además se realiza un análisis costo beneficio enfocándonos en los beneficios no tangibles que son parte de la implementación En el quinto capítulo tenemos las conclusiones y recomendaciones aplicables a este trabajo de investigación.
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No es suficiente una encuesta o como en este caso tres, para adentrarse en el bosque de alternativas que el proceso educativo encierra, sin embargo pretendo con este estudio analizar el efecto de una estructura (Reforma educativa del 2010 Ecuador) que puede involucrar cambios significativos, que supone transformación y variaciones cualitativas relevantes; por lo que el objetivo que tiene esta investigación es determinar cómo el cumplimiento de estándares y la formulación de documentos por parte de los docentes del Colegio Johannes Kepler afecta a las diferentes gestiones relacionadas con el proceso educativo y cómo la puesta en marcha de un planteamiento teórico pensado y diseñado por un reducido grupo social, implica a sus participantes a concertar, planificar, determinar procesos y procedimientos que requieren ser mediados por las autoridades de cada institución, con un acompañamiento atento y persistente, que podría equilibrar la gestión integral del sistema educativo y en especial la gestión docente en el aula; sin perder la creatividad para seleccionar, implementar experiencias formativas que desafíen a los estudiantes a ser resilientes y críticos, a través de prácticas significativas que les permita integrar nuevos aprendizajes y mejorar sus relaciones interpersonales. Este trabajo tiene como intención dar luces a todos los lectores, educadores y directivos de los diferentes establecimientos educativos, para encontrar un balance en la gestión administrativa y “la razón de ser” de toda institución educativa que es formar seres humanos competentes socialmente y no solamente reformular evidencias administrativas para llegar a ser más eficientes y eficaces en un proceso que necesita sabiduría y equilibrio para dejar una huella y revolucionar un sistema. Además, pretendo dilucidar la influencia que vive el docente, en su práctica cotidiana que tiene como marco de acción estándares que miden su conocimiento y dominio de los lineamientos curriculares determinados a nivel nacional, que permiten a sus protagonistas (los maestros/as ecuatorianos/as) analizar el alcance de la gestión de aprendizaje, su capacitación y su compromiso ético profesional, y que les lleva en su gestión pedagógica a ser creativos e innovadores esencialmente en el proceso de enseñanza aprendizaje, a promover políticas y estrategias que permitan potenciar una cultura orientada hacia el cambio, aplicando un enfoque flexible, integrado, interdisciplinario y crítico en su intervención en el aula.
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Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado em Administração da Universidade Municipal de São Caetano do Sul - USCS
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TEIXEIRA, Carlos Alberto Chagas. A rede de empresas voltada à viabilização de ações estratégicas de sustentabilidade em grandes bancos privados atuantes no Brasil. 2013. 159f. Dissertação (Mestrado em Administração)-Universidade Municipal de São Caetano do Sul, São Caetano do Sul, 2013.
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Este trabalho tem por finalidade analisar de forma sintética os diversos recursos colocados a disposição no ordenamento jurídico e discutir a eficácia do sistema recursal a fim de demonstrar a necessidade de critérios técnicos na valoração de alternativas que podem facilitar o alcance do resultado jurídico. O termo efetividade advém do latim efficere, que significa produzir , realizar, estar ativo de fato. A questão da realização efetiva do processo vem tomando espaço, cada vez maior, junto aos operadores do direito, que passaram a preocupar-se com um valor fundamental, qual seja, a indispensabilidade da efetividade do processo, enquanto instrumento de realização da justiça. O Estado, na posição de titular da Jurisdição, assume importante papel, na medida em que deve assegurar, a todos os cidadãos, a efetivação dos seus direitos, mediante o instrumento do processo. O processo deve propiciar, à parte que lhe invocar, a efetividade do resultado que a mesma poderia alcançar, caso lhe fosse permitido usar dos recursos próprios para exigir o cumprimento da lei. Atualmente, a efetividade é tida como o maior desígnio do processo moderno. Cada vez mais, percebe-se que não basta, ao direito processual, a pureza conceitual de seus institutos e de seus remédios, mas sim, deve ser observado o resultado prático que tais institutos propiciam, pois, nos tempos modernos, o que se espera é um processo de resultado que satisfaça a pretensão dos que acionam. Apesar da crescente preocupação quanto à efetividade do processo, nota-se, também, acentuado interesse no que diz respeito à segurança jurídica do processo, a qual deve, igualmente , ser observada e assegurada, para que não se atropele princípios básicos do direito, como o Devido Processo Legal. Diversas são as causas que emperram a celeridade da justiça: o enorme número de processos que sobrecarregam o trabalho nos tribunais, a grande possibilidade de recursos dada às partes, à falta de comprometimento na elaboração das leis. Conhecendo as causas, é preciso que se busque a solução. Os operadores do direito devem ser preparados para tomarem decisões eficazes. Conseguir a máxima eficiência técnica somente se torna viável se for demonstrada a máxima eficiência administrativa. Deve-se procurar a eficiência técnica do Judiciário compatível com a eficiência Administrativa. O presente estudo propõe a aplicação de técnicas administrativas para elaboração de modelos de auxílio aos problemas de gestão, bastante desenvolvida em grandes empresas. Entretanto, por carência de apoio técnico especializado, seu emprego no sistema judiciário é muito limitado, apesar de seu potencial como fator de otimização de desempenho ser similar.
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O presente estudo tem por objetivo a análise das Parcerias Público-Privadas e sua chegada no ordenamento jurídico pátrio a partir da Lei n°11.079 de 03.12.2004, que introduziu duas novas modalidades de concessões, quais sejam, as concessões na modalidade patrocinada e concessão na modalidade administrativa.São abordados temas como a constitucionalidade e inconstitucionalidade de alguns dispositivos na norma, as contradições e falhas do legislador que, ainda sim, não tiram o brio e a importância da norma como meio de incentivo a resolver os problemas em infra-estrutura que atrasam o progresso do país.Ainda neste estudo, apresentam-se as inovações da lei e os cuidados que devem ser tomados quando da elaboração do projeto base da PPP.Por fim, têm- se um breve comentário sobre sucessos e fracassos na experiência internacional das PPPs que servem de parâmetro para o Brasil.Pontuados os cuidados e perigos, conclui-se pela viabilidade das parcerias público-privada, norma que se apresenta como meio apto para promover o desenvolvimento social econômico, garantindo a atuação estatal no sentido de atingir sempre o interesse público.
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Os impactos negativos provocados ao ambiente natural pelo crescimento sem limites, faz aumentar a cada dia a preocupação com a proteção ambiental, representada pela criação de órgaos públicos e pela edição de normas coercitivas.O mundo moderno exige, cada vez mais, a apropriação da natureza para atender á crescente demanda social, ocasionando por vezes, agressões ao meio ambiente.Ações humanas, sem controle objetivo, especilamentepor parte das pessoas jurídicas, põem em risco o atual patrimônio ambiental brasileiro e compromete as futuras gerações.O equilíbrio ecológico necessário para a sobrevivência de todos, está ameaçado, devido a condutas ou atividades lesivas ao meio ambiente.A Constituição Federal de 1988, ao inovar em máteria doutrinária incorporou a responsabilidade criminal da pessoa jurídica por danos ambientais.A Lei.9.605/98, ao regulamentar a Carta Política, definiu o bem jurídico tutelado dispondo sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.Esta pesquisa acadêmica desenvolvida, ao enfocar tal questão, buscou compatibizar os princípios do Direito Penal com a necessidade de se estabelecer sanções mais severas ás pessoas jurídicas e com isso garantir o necessário desenvolvimento sustentável.
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A presente monografia tem como finalidade explicar e ressaltar a importância dos princípios constitucionais-administrativos disciplinados pelo artigo 37 da Constituição Federal, que são verdadeiras “cláusulas pétreas”, fazendo com que qualquer norma jurídica que os contrarie, seja submetida a controle jurídico pelos órgãos jurisdicionais. Tem como principal foco a identificação e análise dos atos de improbidade administrativa à luz do princípio da moralidade administrativa e seu controle pela Lei 8.429/92, demonstrando a possível incidência do agente público desonesto, ímprobo, em atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da Administração Pública (artigo 11, Lei 8.429/92). Frisou-se também que a Lei 8.429/92 constitui marco na administração pública e no combate a corrupção, ante a preocupação cada vez maior com a impunidade dos agentes públicos e com o objetivo de defender a honestidade no exercício da função pública, uma vez que previu que a violação aos princípios administrativos incidiria em improbidade administrativa. Por fim, observou-se que a Lei 8.429/92 trouxe em seu corpo, severas sanções aplicáveis aos agentes públicos que incidem em ato de improbidade por violação aos princípios da Administração Pública (artigo 11), cominando-lhe sanções políticas, civis e administrativas (artigo 12, III) e definindo os sujeitos ativos e passivos desse ato de improbidade.
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Trata-se de uma pesquisa sobre a origem do Condomínio Comum e suas espécies, evoluindo para o estudo sobre Condomínio Edilício. O surgimento do Condomínio Edilício no Brasil, a evolução da propriedade, os direitos e deveres dos condôminos e a forma de cobrança das despesas condominiais com ênfase nas cobranças por fração ideal e pela forma igualitária com a demonstração de tabelas comparativas entre as duas formas de fixação da taxa condominial. Fez-se o estudo de ações movidas por proprietários de unidades em condomínios, pesquisas em doutrinas e literaturas na área do Direito Civil, consulta a sites especializados em questões administrativas sobre condomínios, pesquisas em boletins e periódicos da área de administração de condomínios. O objetivo principal deste trabalho é demonstrar a forma de cobrança da taxa condominial em alguns modelos de condomínios, em que alguns condôminos pagam a mais para usufruir dos mesmos serviços que os demais e a busca de seus direitos.