1000 resultados para Organismos internacionales - América del Sur
Resumo:
El artículo estudia el pensamiento social y político sobre la juventud en el Ecuador y América Latina. Traza el desarrollo de la perspectiva teórica dominante sobre este aspecto, desde los años 1980, y muestra cómo se han formulado las políticas públicas ecuatorianas siguiendo esa perspectiva. Concretamente, caracteriza la promoción de políticas públicas, y, además, reúne varios textos que se refieren a ellas. Finalmente, evalúa el impacto que han tenido en la formulación de nuevas prioridades nacionales.
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La presente tesis de maestría analiza desde una perspectiva de Economía Política el actual proceso de internacionalización de la banca colombiana hacia Centroamérica, enmarcándolo en el fenómeno de financiarización de la economía iniciado a principios de la década de 1970. En este sentido, se examina la relación entre la apertura económica y la liberalización financiera adelantada en Latinoamérica desde inicios de 1990 y la transformación del mercado de bienes, servicios y capital en la región. Resultado de la crisis de 2008, se ha presentado en los mercados financieros de los países del Sur un proceso de extranjerización intra-regional, entendido como la compra de activos y propiedades por parte de conglomerados regionales en su propia región, que en el caso del sistema financiero centroamericano se ha expresado en la compra por parte de los bancos colombianos de la banca local, protagonismo que en el caso de Suramérica se ve disminuido por la acción de los bancos brasileños y chilenos que registran mayores niveles de internacionalización. La alta tasa de utilidades netas y el aumento del patrimonio y activos que reporta la banca colombiana desde 2008 prevé la continuación del proceso de internacionalización en el mediano plazo, aunque a un ritmo más moderado, debido a la desaceleración y los incrementos de la inflación experimentados desde el primer trimestre de 2014 por las economías de la región, situación que apenas se empieza a registrar en el caso colombiano pero que se profundizará a partir de 2015 debido a la reducción en el acceso a financiación externa y la salida de capitales tal como sucede en el resto de países del Sur.
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El presente texto realiza acercamientos reflexivos de tipo socio-jurídico frente a distintas perspectivas normativas presentadas por el régimen de propiedad intelectual en instituciones del sistema de comercio global contemporáneo sobre protección de conocimientos tradicionales. Para ello, la presente investigación ha seleccionado como grupo representativo de los denominados conocimientos tradicionales a los pueblos y comunidades indígenas especialmente del sur y centro de la Abya Yala (América) con el objeto de contextualizar y observar las perspectivas planteadas desde una cosmovisión y enfoque distinto sobre el conocimiento y los aspectos vinculados a este -de varios que podrían existir- respecto a aquel paradigma normativo que interpreta al conocimiento como propiedad. Este estudio ha logrado plantear criterios normativos alternativos sobre protección de conocimientos tradicionales con los que se pueden nutrir las discusiones sobre segmentos actualmente descuidados en las relaciones jurídicas y económicas internacionales, en especial, aquel entre pluralismo jurídico y la corriente vigente de universalismo normativo, y por otra parte, criterios que aportan a la reflexión sobre la necesidad de acuerdos de prelación entre los distintos tipos de derecho a nivel internacional acompañados de vínculos de cooperación y coherencia entre distintos sistemas jurídicos. En el documento usted puede encontrar: Explicaciones sobre las prácticas frecuentes entre las comunidades indígenas acerca de los conocimientos que administran junto con la incidencia que estos tienen sobre su organización y vida social, además de las circunstancias históricas externas que aún se encuentran afectando sus posibilidades de existencia y protección. Una radiografía del contenido ideológico y del modelo económico comercial que se encuentra marcando actualmente la normatividad global sobre el intelecto. Una presentación de perspectivas críticas en debate con las perspectivas del régimen de propiedad intelectual en el comercio internacional; y, Conclusiones y recomendaciones para la protección global de los conocimientos tradicionales.
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La presente investigación examina cuáles son los aportes de la Cooperación Internacional (CI) en el proceso de reforma de la justicia en Ecuador desde los años 90 y en este contexto describe sus dinámicas y orientaciones, en diferentes períodos. Fue central comprender por qué instituciones de gran influencia como el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se volcaron a impulsar la reforma de los estados y del sector justicia. Por ello, este proceso se sitúa en una temporalidad extensa que abarca dos dimensiones: la reforma de las estructuras del Estado y las transformaciones de los sistemas específicos de justicia. En esta perspectiva central, que reenvía al objeto de esta tesis, el referéndum y la consulta popular del Ecuador del 2011, sobre la reforma de la justicia, no es sino uno de los hitos de una reforma del sector más amplia que debe remontarse a los procesos explícitos diseñados por el “Consenso de Washington”, en la décadas de los 90 y 2000 y que hablan, entonces, ya de una intervención programada de muchos actores y entre ellos, protagónicamente de las Instituciones Financieras Internacionales (IFIS), con sus iniciativas judiciales de promoción de las economías de mercado y en paralelo el reforzamiento de un modelo de desarrollo neoliberal. En otro período posterior de la reforma del sector, los organismos de CI disminuyen su incidencia, ante un Estado que reasume un protagonismo que había perdido. La metodología empleada privilegia el mapeo de las intervenciones de la CI y evidencia cómo las cuantificaciones de sus aportes son solo indicadores parciales, que miden la importancia de su influencia en el proceso de estas reformas. Como conclusión, se llega a valorar el peso del aporte de la CI en la reforma de la justicia; se encuentra la variación en el protagonismo de su intervención frente al otro actor central, el Estado. Por otra parte, se develan las modalidades de intervención de la CI en el proceso de reforma de la justicia en el Ecuador. Las reformas se tomaron aquí como principal objeto de investigación empírica y por ello se buscó identificar las agendas de los organismos internacionales; con este aporte se abre el paso a que otras investigaciones indaguen más allá las implicaciones políticas y sociales de tales reformas en el campo nacional y global.
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En el contexto global, los países del norte y del sur han implementado diversos modelos de desarrollo para lograr el crecimiento de sus economías, siendo la tendencia de la región latinoamericana, aprovechar su riqueza natural para impulsar modelos extractivistas. La contraposición entre el modelo extractivista y el desarrollo sustentable, se pone de manifiesto en las acciones que han emprendido los Estados, orientadas a la explotación de los recursos naturales sin considerar los límites de la naturaleza y de la sociedad. Los consecuentes impactos ambientales y sociales resultantes de la actividad extractiva minera, han desembocado en conflictos socioambientales, evidenciándose la incapacidad de respuestas asertivas por parte del aparato estatal, a las demandas sociales de la población. Complementariamente, las actividades mineras al estar reguladas por una normativa débil y permisiva, han facilitado a las empresas mineras la ejecución de proyectos mineros. A fin de aportar elementos para el análisis, en la presente investigación se revisa el proyecto minero Llurimagua, ubicado en la cordillera de Toisán; destacándose cómo la institucionalidad estatal relacionada con la actividad minera brinda las facilidades para la gestión de estos proyectos, que mayoritariamente favorecen a los intereses empresariales; así como, la alta conflictividad generada a causa de los impactos ambientales y sociales derivados de la actividad minera. En el proyecto Llurimagua, se describe la problemática de la resistencia minera de la zona de Intag, en los ámbitos institucionales y normativos, considerando para el análisis aspectos ambientales, sociales y económicos; se identifican los actores involucrados y el rol que han jugado en el proyecto, poniendo énfasis en el aparato estatal en sus distintos niveles de gobierno. Adicionalmente, se han identificado los impactos sociales y ambientales que desde el inicio de la actividad minera se han generado en la zona, y se ha efectuado una aproximación de los potenciales impactos ambientales y sociales que pueden resultar de la exploración avanzada, en curso.
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El ordenamiento jurídico del Ecuador ha previsto dos mecanismos jurídicos para garantizar el cumplimiento de la sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El primero, aquel vinculado al ámbito administrativo, ha sido asignado al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, mediante el Decreto Ejecutivo No. 1317, en su calidad de ente coordinador de la ejecución de estas sentencias internacionales. El segundo mecanismo, aquel vinculado al ámbito jurisdiccional, fue incorporado en la Cons titu ción de 2008, en su artículo 93, como el medio para garantizar el cumplimiento de las sentencias dictadas por organismos internacionales de derechos humanos, cuya resolución corresponde a la Corte Constitucional del Ecuador. Esta obra analiza el rol del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos en su actividad administrativa como ente coordinador de la ejecución de sentencias internacionales, y también estudia, desde la óptica del derecho procesal, la acción por incumplimiento, en lo relacionado a su naturaleza jurídica y a los aspectos procesales que la componen, para finalmente colocar en consideración del lector una propuesta de reforma normativa a la acción por incumplimiento de sentencias internacionales establecida en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucionales.
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El trabajo titulado La Política de Formación Continua de Profesores de Enseñanza Media en RN: límites y posibilidades tiene como objetivo analizar la política de formación continua de profesores de Enseñanza Media implantada en Río Grande del Norte. Parte del supuesto de que las directrices de formación continuada se articulan conforme a los organismos internacionales que desde la década de 1990 extendieron por América Latina un modelo homogéneo de formación, que tiene como principales características la de constituir un servicio a través de la modalidad a distancia y teniendo a la escuela como principal locus. En Brasil, estas características se apoyan en la Ley de Directrices y Bases de Educación Nacional nº. 9.394/96. Este trabajo es parte de un estudio que se desarrolla desde 2004 por la base de investigación Políticas y Gestión de Educación llamada Factores que influyen en la productividad de la Escuela Media: un estudio en Río Grande del Norte. El estudio en cuestión se centra en la dimensión pedagógica de la referida investigación y analiza la política de formación continua del personal docente, y considera como dimensiones de análisis la formación continua promovida en el ámbito escolar, ofrecida por la SECD/RN en el marco de la autoformación. Para la realización del estudio se hizo una búsqueda bibliográfica y documental que permitió la comprensión del objeto de estudio. La investigación empírica se realizó mediante la aplicación de cuestionarios, con preguntas abiertas y cerradas, a los maestros de Enseñanza Media de RN, y a través de entrevistas, semi-estructuradas de naturaleza complementaria, a las coordinadoras estatales de programas dirigidos a la Enseñanza Media. El análisis de los datos obtenidos muestra que no hay en SECD/RN una programación específica para la formación continua de los docentes de ese nivel educativo. Los programas implantados son de carácter nacional, de índole focalizada y no prestan atención a la mayoría de los docentes. La formación continua desarrollada en el âmbito escolar es prácticamente inexistente, y se limita a reuniones y algunos seminarios, sin mucha repercusión en la práctica docente. En cuanto a la autoformación son pocos los profesores que tratan de mejorar su práctica pedagógica con cursos de capacitación. Por lo tanto, se percibe una laguna en la formación de esos profesores y la necesidad de implementar acciones generales de formación continua que favorezcan una mayor y mejor articulación entre la formación inicial y continua, entre la teoría y la práctica, desde una perspectiva transformadora, en el sentido de superar modelos tradicionales de formación que no han tenido repercusión en la práctica docente
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Un criterio comúnmente utilizado para clasificar países -empleado, inclusive, por los países donantes del Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)- es el que se basa en el ingreso per cápita como el principal factor para definir los grupos. Esta clasificación se relaciona con la idea de que los países deberían asumir la responsabilidad de su propio desarrollo luego de alcanzar un cierto nivel de ingresos (proceso denominado "graduación"). Sin embargo, el uso de límites arbitrarios de ingresos para definir categorías acarrea muchas consecuencias importantes. En primer lugar -sobre todo en el caso de los países que están cerca de la línea divisoria entre un grupo y otro-, la "graduación" se puede alcanzar simplemente debido a modificaciones marginales en las condiciones económicas, pero puede provocar cambios mayores en el área de la asistencia para el desarrollo, como la suma recibida por este concepto y las condiciones -la mayor o menor concesionalidad- en que esta se entrega. En segundo lugar, el proceso de ascender a una categoría de ingresos superior no es lineal, y muchas veces los países retroceden al estado anterior. Esto demuestra una vez más que el cambio de categoría puede no ser el resultado de transformaciones fundamentales en la realidad del desarrollo de los países, sino solo reflejar modificaciones marginales en las condiciones económicas. Finalmente, lo más importante es que el uso de límites de ingresos conduce a agrupar los países de un modo que no captura la compleja naturaleza del desarrollo y la diversidad de situaciones que existen en cada grupo y en cada miembro de esos grupos. En particular, los países de renta media considerados como un grupo constituyen un pilar fundamental de la economía mundial; representan una gran proporción de la actividad económica y el comercio, y son el hogar de la mayoría de la población del mundo y de la mayoría de los pobres del mundo. No obstante, si se observa más detenidamente a este grupo, llama la atención la heterogeneidad existente entre los países que lo componen. Al agrupar a los países según el nivel de ingresos, no se toma en cuenta el amplio rango de capacidades y necesidades diferentes que existen entre los países de renta media. En América Latina y el Caribe, casi el 90% de los países pertenecen a la categoría de renta media. Las diferencias de un país a otro se presentan en un amplio rango de variables, no solo relacionadas con el tamaño y la situación de la economía, sino también con la situación social y las condiciones estructurales vinculadas al potencial de desarrollo y al desempeño productivo. Sin embargo, los países donantes y los organismos multilaterales rara vez toman en cuenta esta amplia diversidad de capacidades y necesidades al establecer prioridades para la asignación de asistencia oficial para el desarrollo (AOD). La lógica seguida en las últimas décadas fue canalizar la mayor parte de la asistencia hacia los países de más bajos ingresos, incluidos los clasificados como países menos desarrollados, en detrimento de los países de renta media. Se presume que, dado que estos últimos tienen un ingreso medio más elevado, sus necesidades deben de ser menores. Para una región de renta media como América Latina y el Caribe, esto ha implicado que su participación en los flujos de asistencia para el desarrollo cayera desde un monto ya bajo (9%) en 1990 a uno todavía inferior (7%) en 2009, en contraste con África y Asia, que reciben la mayor proporción (un 37% y un 30%, respectivamente). Si bien es esperable que el sistema de cooperación internacional se centre en nivelar el campo de juego de las economías de bajos ingresos y reducir la brecha del desarrollo con respecto a los países más avanzados, su mandato no debería limitarse a este objetivo. El sistema de cooperación internacional debería buscar una respuesta integral y amplia para el problema del desarrollo que no solo se oriente a las necesidades de los países de bajos ingresos, sino que también considere las diversas necesidades y vulnerabilidades presentes en los países de renta media. Para que esto sea posible, es fundamental tener un conocimiento integral, en cada caso, de las áreas que presentan mayor necesidad y son más vulnerables, e identificar las principales brechas entre las necesidades y las posibilidades, de modo que la asistencia para el desarrollo pueda asignarse adecuadamente. Un paso crucial en esta dirección sería la revisión de los métodos utilizados para clasificar países y la sustitución de los criterios actuales (basados en los ingresos) por nuevos indicadores que sean más adecuados para esta clasificación. Estos nuevos indicadores deberían ser capaces de captar la naturaleza multifacética del problema del desarrollo y, por lo tanto, permitir la formación de grupos de países menos heterogéneos entre sí. Más específicamente, los indicadores deberían reflejar los desafíos estructurales y las áreas vulnerables existentes en los países de renta media y que no son captados por el criterio del ingreso per cápita. En el caso de los países de renta media de América Latina y el Caribe, estos desafíos de largo plazo y áreas vulnerables pueden resumirse en lo que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) presentó como brechas clave que deben cerrarse para evitar caer en la "trampa de la renta media" y avanzar hacia un proceso de desarrollo sostenible y dinámico que tenga como eje central la equidad (CEPAL, 2010a). Estas son: la brecha del financiamiento, la brecha de la desigualdad y la protección social, la brecha del capital humano y la brecha de la productividad y la inversión. Además de elaborar mejores criterios para la asignación de AOD, la comunidad internacional debe persistir en la tarea de aumentar los recursos disponibles para el financiamiento para el desarrollo. El nivel actual de financiamiento otorgado a los países en desarrollo por medio de la AOD es claramente insuficiente y, por lo tanto, en ocasiones se aumenta la asistencia a ciertos países o regiones a expensas de otros -como los países de renta media- que también tienen importantes necesidades. A pesar de los esfuerzos por parte de los países donantes para elevar el monto de AOD, los niveles de asistencia en 2010 alcanzaron un promedio de apenas un 0,32% de su ingreso nacional bruto (INB), muy por debajo de la meta del 0,7% acordada internacionalmente. Asimismo, las finanzas públicas de muchos donantes se deterioraron sustancialmente como consecuencia de la crisis mundial, lo que hace menos probable el incremento de los niveles de asistencia. Dado que el escenario posterior a la crisis ha agregado nuevas áreas de vulnerabilidad a las que tradicionalmente enfrentan ciertos países en desarrollo, persistirá la tensión entre la escasez de recursos y las grandes necesidades. Por estos motivos, es de vital importancia que la comunidad internacional aúne sus fuerzas para encontrar formas innovadoras de movilizar recursos para el desarrollo que sean adicionales, y no sustitutos, de los flujos de AOD. Los países del norte y del sur se han unido en diferentes ocasiones para elaborar mecanismos de financiación innovadora para el desarrollo. Las propuestas abarcan desde impuestos globales específicos hasta mecanismos para facilitar las donaciones voluntarias privadas de un individuo a otro. Algunas de las propuestas ya se están llevando a cabo, y los resultados son alentadores. No obstante, aún queda mucho por hacer, por lo que la comunidad internacional debería emprender una seria labor en este sentido.
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