998 resultados para Actitudes sexuales
Resumo:
En las universidades públicas argentinas, desde la época de la recuperación democrática se ha venido construyendo un modelo institucional masivo y diverso en la composición del estudiantado, aunque no exento de dificultades para concretar la apropiación efectiva del conocimiento, particularmente en carreras que poseen ciclos iniciales estructurados en torno a materias como Matemática, Química y Física, entre otras. En años recientes, los cambios en la enseñanza media, especialmente la extensión de la obligatoriedad a este tramo y políticas conexas de ampliación de derechos, han creado un público cada vez más heterogéneo demandante de ingreso a la universidad. En este contexto, el ingreso y permanencia de los estudiantes en los primeros años se perfilan como tramos problemáticos, por registrarse en ellos los mayores índices de deserción, abandono y bajo desempeño académico. Las estrategias de inclusión se han incorporado a la agenda universitaria desde hace años, a través de iniciativas dirigidas al conjunto de los estudiantes, junto con otras específicas que focalizan carreras y/o grupos estudiantiles singulares, impulsadas desde ámbitos centrales y locales de formulación de políticas. Entre ellas, se contabilizan programas nacionales generados por la Secretaría de Políticas Universitarias (en adelante, SPU) y por el Ministerio de Educación de la Nación (en adelante, MEN), orientadas a mejorar la transición entre la escuela secundaria y los ciclos básicos de carreras universitarias. A nivel local, el estatuto de política institucional que ha adquirido la problemática del ingreso y los primeros años, se evidencia a través de su incorporación a los planes estratégicos de la Universidad Nacional de La Plata (en adelante, UNLP) y de la creación de ámbitos, como la Dirección de Articulación Académica que inicialmente trabajó enmarcada en un Programa Nacional de Articulación y con posterioridad gestó programas propios y, más recientemente, la Dirección de Bienestar Estudiantil
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En las universidades públicas argentinas, desde la época de la recuperación democrática se ha venido construyendo un modelo institucional masivo y diverso en la composición del estudiantado, aunque no exento de dificultades para concretar la apropiación efectiva del conocimiento, particularmente en carreras que poseen ciclos iniciales estructurados en torno a materias como Matemática, Química y Física, entre otras. En años recientes, los cambios en la enseñanza media, especialmente la extensión de la obligatoriedad a este tramo y políticas conexas de ampliación de derechos, han creado un público cada vez más heterogéneo demandante de ingreso a la universidad. En este contexto, el ingreso y permanencia de los estudiantes en los primeros años se perfilan como tramos problemáticos, por registrarse en ellos los mayores índices de deserción, abandono y bajo desempeño académico. Las estrategias de inclusión se han incorporado a la agenda universitaria desde hace años, a través de iniciativas dirigidas al conjunto de los estudiantes, junto con otras específicas que focalizan carreras y/o grupos estudiantiles singulares, impulsadas desde ámbitos centrales y locales de formulación de políticas. Entre ellas, se contabilizan programas nacionales generados por la Secretaría de Políticas Universitarias (en adelante, SPU) y por el Ministerio de Educación de la Nación (en adelante, MEN), orientadas a mejorar la transición entre la escuela secundaria y los ciclos básicos de carreras universitarias. A nivel local, el estatuto de política institucional que ha adquirido la problemática del ingreso y los primeros años, se evidencia a través de su incorporación a los planes estratégicos de la Universidad Nacional de La Plata (en adelante, UNLP) y de la creación de ámbitos, como la Dirección de Articulación Académica que inicialmente trabajó enmarcada en un Programa Nacional de Articulación y con posterioridad gestó programas propios y, más recientemente, la Dirección de Bienestar Estudiantil
Resumo:
Fil: Moroni, Viviana Patricia. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación; Argentina.
Resumo:
Los derechos sexuales y reproductivos como temática de debate en la agenda pública de nuestro país cobran visibilidad recién a mediados de la década del '90. La ausencia de políticas en esta materia se debió por un lado, a la férrea oposición de la Iglesia Católica a la regulación de la fecundidad, por otro lado, a la ideología pro natalista que ha primado en el Estado desde su conformación hasta la reinstauración democrática en la década de los '80. El propósito de este trabajo es analizar el proceso en cual el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable se definió como política pública, identificando los actores involucrados, sus tomas de posición y estrategias de acción desplegadas en el transcurso de dicho proceso, enfatizando en la acción de los poderes del Estado. Este trabajo es resultado del análisis de diversas fuentes, entre ellas: la Ley Nacional 25673/2002 de Salud Sexual y Procreación Responsable y el decreto que la reglamenta, las versiones taquigráficas de los debates parlamentarios, el documento base del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, material de prensa y bibliográfico sobre la temática. Se concluye, que la ley sancionada es un herramienta válida para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, a pesar de que la presión ejercida por la Iglesia sobre el poder político haya logrado limitar los alcances de la misma. La puesta en marcha del Programa ha abierto nuevos interrogantes, nuevos debates y nuevos enfrentamientos entrelos sectores que dentro y fuera del gobierno apoyan el Programa y las autoridades eclesiásticas y los sectores más conservadores de la sociedad
Resumo:
Fil: Bonatto, Adriana Virginia. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (UNLP-CONICET); Argentina.
Resumo:
En los últimos años, los delitos sexuales se han convertido en objeto de preocupación para la sociedad; esto se vio reforzado por las nuevas formas de pensar y vivir las relaciones humanas inter e intra-género/s y especialmente las elecciones sexuales. En este trabajo la autora propone volver a poner en debate algunas cuestiones que hacen al problema de la definición judicial y a la comprensión del consentimiento en el contexto específico delitos sexuales (delitos contra la honestidad) en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, entre 1866 y 1921, habida cuenta de la importancia que este concepto tiene en los expedientes así como en el tratamiento doctrinario de la violencia sexual. Se propone poner en tensión las ideas sociales y culturales que aparecen reflejadas en las fuentes citadas respecto de qué es, cómo se otorga y cuándo puede hablarse de un efectivo consentimiento. En particular ella hará eje en la problemática en relación a la situación de los menores de edad varones y mujeres en tanto víctimas posibles y reales de estos ilícitos. Planteará la discusión en torno al límite jurídico de 12 años como "edad del consentimiento" y las construcciones jurídicas en relación a la capacidad/incapacidad de los menores para asentir sexualmente
Resumo:
El presente trabajo propone problematizar las interpretaciones jurídicas en torno a la instancia privada así como a las posibilidades de actuación de la fiscalía una vez instada la acción en los delitos contra la honestidad. En este sentido, se busca mostrar cómo más allá del carácter "mixto" (combinación de instancia privada y acción pública) establecida por los códigos y sostenida por la doctrina, la cuestión se encontró controvertida en la práctica forense. Esta situación además, permite volver a debatir sobre los valores que entraron en juego a la hora de lidiar con estos crímenes, así como la pregunta sobre quién o quienes debían ser considerados víctimas de ellos así como explorar brevemente algunas relaciones entre derecho y género/sexualidad
Resumo:
En los últimos años, los delitos sexuales se han convertido en objeto de preocupación para la sociedad; esto se vio reforzado por las nuevas formas de pensar y vivir las relaciones humanas inter e intra-género/s y especialmente las elecciones sexuales. En este trabajo la autora propone volver a poner en debate algunas cuestiones que hacen al problema de la definición judicial y a la comprensión del consentimiento en el contexto específico delitos sexuales (delitos contra la honestidad) en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, entre 1866 y 1921, habida cuenta de la importancia que este concepto tiene en los expedientes así como en el tratamiento doctrinario de la violencia sexual. Se propone poner en tensión las ideas sociales y culturales que aparecen reflejadas en las fuentes citadas respecto de qué es, cómo se otorga y cuándo puede hablarse de un efectivo consentimiento. En particular ella hará eje en la problemática en relación a la situación de los menores de edad varones y mujeres en tanto víctimas posibles y reales de estos ilícitos. Planteará la discusión en torno al límite jurídico de 12 años como "edad del consentimiento" y las construcciones jurídicas en relación a la capacidad/incapacidad de los menores para asentir sexualmente
Resumo:
El presente trabajo propone problematizar las interpretaciones jurídicas en torno a la instancia privada así como a las posibilidades de actuación de la fiscalía una vez instada la acción en los delitos contra la honestidad. En este sentido, se busca mostrar cómo más allá del carácter "mixto" (combinación de instancia privada y acción pública) establecida por los códigos y sostenida por la doctrina, la cuestión se encontró controvertida en la práctica forense. Esta situación además, permite volver a debatir sobre los valores que entraron en juego a la hora de lidiar con estos crímenes, así como la pregunta sobre quién o quienes debían ser considerados víctimas de ellos así como explorar brevemente algunas relaciones entre derecho y género/sexualidad
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Los derechos sexuales y reproductivos como temática de debate en la agenda pública de nuestro país cobran visibilidad recién a mediados de la década del '90. La ausencia de políticas en esta materia se debió por un lado, a la férrea oposición de la Iglesia Católica a la regulación de la fecundidad, por otro lado, a la ideología pro natalista que ha primado en el Estado desde su conformación hasta la reinstauración democrática en la década de los '80. El propósito de este trabajo es analizar el proceso en cual el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable se definió como política pública, identificando los actores involucrados, sus tomas de posición y estrategias de acción desplegadas en el transcurso de dicho proceso, enfatizando en la acción de los poderes del Estado. Este trabajo es resultado del análisis de diversas fuentes, entre ellas: la Ley Nacional 25673/2002 de Salud Sexual y Procreación Responsable y el decreto que la reglamenta, las versiones taquigráficas de los debates parlamentarios, el documento base del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, material de prensa y bibliográfico sobre la temática. Se concluye, que la ley sancionada es un herramienta válida para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, a pesar de que la presión ejercida por la Iglesia sobre el poder político haya logrado limitar los alcances de la misma. La puesta en marcha del Programa ha abierto nuevos interrogantes, nuevos debates y nuevos enfrentamientos entrelos sectores que dentro y fuera del gobierno apoyan el Programa y las autoridades eclesiásticas y los sectores más conservadores de la sociedad
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Fil: Bonatto, Adriana Virginia. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (UNLP-CONICET); Argentina.
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El presente trabajo propone problematizar las interpretaciones jurídicas en torno a la instancia privada así como a las posibilidades de actuación de la fiscalía una vez instada la acción en los delitos contra la honestidad. En este sentido, se busca mostrar cómo más allá del carácter "mixto" (combinación de instancia privada y acción pública) establecida por los códigos y sostenida por la doctrina, la cuestión se encontró controvertida en la práctica forense. Esta situación además, permite volver a debatir sobre los valores que entraron en juego a la hora de lidiar con estos crímenes, así como la pregunta sobre quién o quienes debían ser considerados víctimas de ellos así como explorar brevemente algunas relaciones entre derecho y género/sexualidad
Resumo:
Los derechos sexuales y reproductivos como temática de debate en la agenda pública de nuestro país cobran visibilidad recién a mediados de la década del '90. La ausencia de políticas en esta materia se debió por un lado, a la férrea oposición de la Iglesia Católica a la regulación de la fecundidad, por otro lado, a la ideología pro natalista que ha primado en el Estado desde su conformación hasta la reinstauración democrática en la década de los '80. El propósito de este trabajo es analizar el proceso en cual el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable se definió como política pública, identificando los actores involucrados, sus tomas de posición y estrategias de acción desplegadas en el transcurso de dicho proceso, enfatizando en la acción de los poderes del Estado. Este trabajo es resultado del análisis de diversas fuentes, entre ellas: la Ley Nacional 25673/2002 de Salud Sexual y Procreación Responsable y el decreto que la reglamenta, las versiones taquigráficas de los debates parlamentarios, el documento base del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, material de prensa y bibliográfico sobre la temática. Se concluye, que la ley sancionada es un herramienta válida para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, a pesar de que la presión ejercida por la Iglesia sobre el poder político haya logrado limitar los alcances de la misma. La puesta en marcha del Programa ha abierto nuevos interrogantes, nuevos debates y nuevos enfrentamientos entrelos sectores que dentro y fuera del gobierno apoyan el Programa y las autoridades eclesiásticas y los sectores más conservadores de la sociedad