996 resultados para COLOMBIA - POLITICA Y GOBIERNO - 2002-2008


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A través del estudio de los incentivos para la competitividad del sector agropecuario utilizados durante la Presidencia de Álvaro Uribe Vélez 2002-2010, se busca identificar las principales problemáticas para consolidar un sector agropecuario competitivo en Colombia.

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El concepto de coopetencia surgen los planteamientos relacionados con los clústers y las redes empresariales, en donde empresas con características similares fortalecen sus relaciones para desarrollar mayores niveles de eficiencia o alcanzar objetivos que individualmente serian difíciles de lograr, especialmente en el caso de las pymes. Es fundamental que el estado desarrolle las relaciones y la conformación de iniciativas de asociatividad que permitan que la fluidez y los vínculos entre empresas, instituciones gubernamentales, financieras, universidades, centros de investigación, entre otros; para promover la integración de esfuerzos, la fluidez de información y el acceso a tecnologías, mejores posiciones competitivas. En Colombia desde hace aproximadamente 20 años, dentro de la política de competitividad del gobierno nacional (a partir del informe monitor), se ha identificado la importancia de las relaciones entre empresas e instituciones conexas para mejorar los estándares y la eficiencia que se pueda lograr para mantener una posición competitiva en los mercados internacionales.

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Esta monografía busca responder preguntas relativas al accionar de las FARC- EP, su papel dentro de la economía de la droga y su relación con la población civil. Así, se pretende establecer en qué medida la guerrilla colombiana de las FARC-EP ha experimentado un proceso de involución política dentro de sus formas de lucha político-militares en el periodo 1994-2002.

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En la actualidad, la realidad política de Colombia y Venezuela se ha caracterizado por tener similitudes fundamentales tales como la creación de coaliciones políticas ya sea en la Unidad Nacional de Juan Manuel Santos o en la Mesa de Unidad Democrática en Venezuela. Estos procesos, han tendido a ser comparados con alianzas que generaron una transición democrática como lo fueron el Frente Nacional en Colombia y el Pacto de Puntofijo en Venezuela. Así bien, las coaliciones actuales suelen considerarse como reproducciones de dos procesos fundamentales en la historia política de ambos países. La investigación que se propone a continuación, plantea un análisis comparado entre el Frente Nacional en Colombia y el Pacto de Puntofijo en Venezuela, para de esta manera observar el comportamiento de los partidos políticos y más exactamente de las coaliciones. Lo anterior, tiene tres propósitos fundamentales: 1. establecer similitudes y diferencias entre dichos fenómenos políticos, lo cual permita ver que tan semejantes fueron las realidades en Colombia y Venezuela. 2. A partir de la diversidad de coaliciones políticas presentadas en el Frente Nacional y el Pacto de Puntofijo, esta investigación pretende hacer la creación de una tipología de coaliciones políticas, que permita entender los distintos comportamientos de los partidos políticos. 3. Finalmente, a modo de reflexión, el análisis comparado en estos dos fenómenos permite analizar la actualidad política en Colombia y Venezuela en cuanto al comportamiento de los partidos políticos a la hora de hacer coaliciones o alianzas.

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Este trabajo pretende hacer un análisis inicial sobre la situación de Derechos Humanos en Colombia a través de los llamados falsos positivos de Soacha, caso que ha tenido una gran repercusión social, política y cultural en el país. El análisis de este caso se aborda desde dos ejes de discusión principales como son la Educación en Derechos Humanos y la participación de actores no estatales en los hechos.A partir de ello se revelan algunas consecuencias políticas para el gobierno colombiano.

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La presente monografía realiza una definición del espacio público para luego analizar como las ciclorutas mediante las políticas públicas de las administraciones comprendidas entre 1995 al 2003 de los alcaldes Antanas Mockus y Enrique Peñalosa redefinieron y valorizaron el espacio publico para todos los ciudadanos en la ciudad de Bogotá.

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El presente trabajo realiza un análisis de los casos específicos “Colombia es pasión”; “Colombia, el riesgo es que te quieras quedar”; y “Juan Valdez”, con el fin de identificar los aspectos que Colombia ha intentado mejorar de su imagen internacional por medio de la diplomacia pública.

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Se analiza la relación entre el gobierno nacional y los 6 departamentos beneficiarios de regalías directas producidas por la explotación de hidrocarburos desde 1991 a 2012. para lo anterior se describe sus antecedentes, su proceso de configuración y las vicios que ha traído la implementación de un sistema de general de regalías. Para terminar se hace realiza un análisis de la relación en donde se concluye un agotamiento del sistema y se exhorta al diseño de uno complemente nuevo.

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El presente estudio de caso se constituye como bibliografía básica para aquel que quiera acercarse al fenómeno MIRA, nacido en Colombia (Latinoamérica) y patentado en la ONU para ser ideología mundial. Es un documento pionero en la clasificación metódica y rigurosa de las estrategias de marketing electoral empleadas por el MIRA ya que es la primera vez que se ponen a disposición del público en general.

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Este trabajo pretende hacer un acercamiento a la caricatura política para observar el rol que los medios de comunicación asumen frente al ejercicio de la oposición y la creación de opinión pública a la luz del proceso de reelección del ex presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez.

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La concentración de tierras ha sido una problemática recurrente en la historia de Colombia. La desigualdad en la distribución de las tierras ha moldeado constantemente a lo largo de las décadas nuestra realidad nacional. A pesar de la implementación de políticas agrarias en el pasado como la ley 200 de 1936 y la ley 135 de 1961, el conflicto agrario ha afectado de manera constante como generador de inequidad, violencia y desplazamiento dentro de la sociedad colombiana desde la Independencia hasta nuestros días, sin que hasta el momento el problema sobre la tenencia de la tierra haya sido resuelto.

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Los giros de la fortuna, con la reivindicación que significó la amnistía propiciada por el presidente Rafael Caldera, y la persistencia en un proyecto político que había concebido con tiempo suficiente, le permitieron a Hugo Chávez aparecer en los siguientes comicios como candidato abanderado de un proyecto alternativo, añorado quizás por muchos venezolanos. Puesto en el ejercicio del poder por la vía electoral mayoritaria, el presidente Chávez dio inicio a un proyecto político en el que las Ffuerzas Armadas cambiarían, bajo su liderazgo personal, la función que se les había atribuido en el Pacto de Punto Fijo. Conforme al nuevo esquema, éstas se convertirían en la principal organización con capacidad para adelantar los objetivos estratégicos de la Revolución Bolivariana. Los cambios constitucionales de la proclamada Quinta República se orientaron en esa dirección. >De acuerdo con la Constitución de 1999 (...), el tema de la Seguridad de la Nación (Cap. VII) adquirió por primera vez rango constitucional. Se incorporaron dos nuevos conceptos: “seguridad y defensa integral” y se estableció el principio de corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil para la defensa de la seguridad de la nación. Una Ley Orgánica de la Seguridad de la Nación (2002)(...) , vino a definir los conceptos de “seguridad de la nación, defensa integral y desarrollo integral”, que son los principales componentes de la actual visión venezolana sobre la seguridad. Sus campos de aplicación son múltiples: económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar, dando a entender que los principales ámbitos de la vida social conciernen al tema de la seguridad y que el accionar de los militares se amplía por ese mismo conducto a las demás esferas. Conforme al nuevo esquema, desapareció el carácter plural de las Fuerzas Armadas Nacionales, separadas en fuerzas diferentes bajo el esquema anterior, para ser reemplazado por el singular de una Fuerza Armada Nacional, bajo el concepto de unidad en el mando. Dentro de las atribuciones del presidente se incluyó la de promover oficiales a partir de un cierto grado, poniendo fin a una atribución que le correspondía al Senado y que respondía al ejercicio del control civil. Se estableció, así mismo, el derecho al voto de los militares y se eliminaron diferentes características que permitían calificar a la institución militar como “apolítica” y “no deliberante”, para sustituir su carácter por el de una organización “sin militancia política”. Los conceptos, las estrategias y las definiciones anteriores han puesto en marcha un nuevo pensamiento militar que –al decir de su propio inspirador– se debe fundar en unas nuevas relaciones cívico-militares, y tener una orientación anti-imperialista, ésto es destinada a resistir a la influencia tradicional de los Estados Unidos como potencia continental. El desarrollo del proyecto implica el seguimiento de tres líneas estratégicas: el fortalecimiento del poder militar de la nación, la consolidación y profundización de la unión cívico-militar en diferentes actividades y la participación popular en las tareas de defensa nacional. Ésta es la línea de pensamiento que da origen a la condición cívico-militar del Gobierno, así como a la insistencia en la preparación generalizada contra una eventual intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela. El proclamado carácter cívico-militar del régimen venezolano encuentra, entre otros, asidero institucional en la existencia de dos nuevas figuras llamadas Cuerpos Especiales, que se suman a los componentes tradicionales del Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional, y que se denominan Reserva Nacional y Guardia Territorial (...). La creación de estos dos últimos cuerpos tiene profunda significación en el propósito de involucrar a la población civil en actividades complementarias del papel que corresponde a la Fuerza Armada Nacional. En la medida que la orientación del conjunto corresponde al propio Presidente de la República, se consolida un mecanismo que hace coincidir los propósitos de las fuerzas militares tradicionales con los de un pueblo en armas desde la civilidad, siempre al servicio de un propósito político controlado por el Ejecutivo, que a su vez, es el conductor supremo de la llamada Revolución Bolivariana. El presidente Chávez se refiere a la actual Fuerza Armada Nacional como un “ejército libertador”, agente y protagonista de los cambios que anuncia hacia el futuro, en unión de los sectores civiles que incorpora al mismo propósito. Ésta es la Venezuela dirigida por un esquema cívico-militar que de alguna manera se nutre, en el siglo XXI, de tradiciones y experiencias históricas que marcaron la vida nacional. El seguimiento del curso de acción de esa alianza resulta de gran importancia para Colombia, en la medida que la marcha de nuestros procesos sociales, políticos y económicos no se puede desligar de la del país vecino. Las credenciales democráticas del presidente Chávez, en cuanto al origen de su mandato, le confieren una legitimidad que, a su vez, le da un amplio margen de maniobra, tanto nacional como internacional. La orientación que en ambos escenarios tome su gobierno en desarrollo de sus estrategias, o ante circunstancias particulares, debe ser objeto de la mayor atención y análisis de parte nuestra. En todo caso, conviene tener en cuenta el propósito de combinación de lo civil y de lo militar, bajo su inspiración, porque de ello se pueden derivar consecuencias esencialmente diferentes de las correspondientes a un sistema de la índole del nuestro.

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A lo largo de las últimas décadas, el papel de la Unión Europea como actor a escala global ha evolucionado de manera significativa. Dentro de esa nueva dinámica, su proyección hacia otras regiones del mundo entraña una enorme importancia para América Latina, y en particular para la región andina. En atención a ello, el inicio de las negociaciones para un acuerdo de asociación UE – CAN, que busca no sólo establecer una zona de libre comercio, sino avanzar hacia el diálogo político y la cooperación, se constituye en un paso histórico de acercamiento entre las dos regiones, en cuanto abre nuevas posibilidades de beneficio mutuo.

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Al comenzar el Siglo XXI las ciudades se han convertido tal vez en la mejor expresión de las complejidades de la sociedad contemporánea. Al ritmo impetuoso de la globalización, los centros urbanos se constituyen en el hábitat de la mayoría de la población, así como en centros privilegiados de las más avanzadas manifestaciones de los procesos económicos, y en generadoras de innovación y de transformaciones culturales. Aunque los anteriores atributos reafirman el protagonismo de las ciudades como impulsoras del desarrollo, paradójicamente en ellas mismas se hacen evidentes las contradicciones propias de viejos problemas sociales: pobreza y marginalidad, exclusión social, inseguridad y profundos problemas ambientales, fenómenos todos que, de una u otra manera, se manifiestan inclusive en ciudades favorecidas por las dinámicas de crecimiento económico más intensas. Las anteriores circunstancias exigen que los gestores de la vida urbana reconozcan las ventajas e identifiquen las amenazas que se derivan de todos esos procesos, para sacar provecho de las primeras y conjurar los efectos de las segundas. Los gobiernos centrales deberán, a su vez, dedicar sus mejores esfuerzos a la cooperación con los orientadores de los asentamientos humanos en la búsqueda de los mismos propósitos. Ésto implica el diseño de políticas públicas orientadas a insertar cada ciudad en el mundo globalizado y, al mismo tiempo, poner los beneficios de la globalización al servicio de la sociedad.

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El trabajo constituye en primer lugar, un ejercicio importante de recopilación y sistematización de la regulación existente en materia de competencia, y en especial, de la colusión en licitaciones como una de las prácticas restrictivas de la Competencia. De igual forma, contiene un análisis microeconómico de un cartel, a efectos de explicar las razones que lo promueven y lo desestimulan. Luego de ello, se hace un análisis profundo de las normas específicas en la materia, contenidas en el Decreto 2153 de 1992 y la Ley 1474 de 2011 y de las acciones que eventualmente podrían iniciarse para combatirla, dependiendo del momento en que se encuentre la licitación y del bien jurídico que pretenda protegerse.