Inseguridad jurídica en la ejecución de la sanción administrativa en la terminación unilateral del contrato administrativo

La Ley de Contratación Pública y el Reglamento Sustitutivo para Registro de Contratistas Incumplidos y Adjudicatarios Fallidos, Registro de Contratos, Registro de Garantías de Contratos y Régimen de Excepción, establecen que la inhabilidad para contratar con el Estado de los contratistas incumplidos y también de los adjudicatarios fallidos, una vez resuelto por parte de la Administración Pública la terminación unilateral y anticipada de un contrato de obra, bien o servicio o la negativa del oferente a suscribir el contrato, será de cuatro y tres años respectivamente, contados a partir de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Sin embargo, en la práctica la sanción o inhabilidad del contratista o adjudicatario fallido sancionado, va más allá de lo que la Codificación de la Ley de Contratación Pública y el Reglamento Sustitutivo para el Registro de Contratistas Incumplidos y Adjudicatarios Fallidos, Registro de Contratos, Registro de Garantías de Contratos y Régimen de Excepción determinan. De hecho la sanción impuesta al contratista incumplido o al adjudicatario fallido, por parte de la administración pública, empezaba desde el momento mismo en que la Contraloría General del Estado tomaba conocimiento de la resolución de terminación unilateral y anticipada del contrato, mediante la cual resolvía, entre otras cosas el registro como contratista incumplido o adjudicatario fallido en la entidad de control, incumpliendo de esta manera lo que la Ley y el Reglamento prescribía respecto a que la sanción produciría efecto desde la fecha en que la entidad pública emisora de la sanción ejecutaba la garantía de fiel cumplimiento del contrato o de seriedad de la oferta, según el caso.

La interposición del Recurso de Lesividad como mecanismo de control de la legalidad dentro de la Jurisdicción Contencioso Administrativa

Según la Ley y la doctrina la acción de lesividad se creó para aquellos casos en los cuales los actos que resulten lesivos al interés público y no puedan ser revocados por la propia administración no queden aislados del control de la legalidad. Por esta razón, es necesario incorporar reformas a la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, con la finalidad de que se eviten vacíos e incongruencias legales, permitiendo con ello, el ejercicio del control de la legalidad en materia contencioso administrativa en el Ecuador, sobre la base del respeto a los derechos y garantías constitucionales.El recurso de lesividad es una institución jurídica, nueva, desconocida y que no tiene mayor aplicación en sede judicial. Esta acción de lesividad procede cuando resulta imposible, en sede administrativa, revocar un acto administrativo, que se encuentra firme, y que generó derechos subjetivos, que están en ejecución, o han sido ejecutados. Entonces la administración pública a fin de eliminar del mundo jurídico un acto ilegítimo, que importa agravio al Estado de Derecho, debe acudir al órgano judicial para que expida la sentencia en la que declare nulo o lesivo el acto expedido por la autoridad. Ese accionar de la administración, accediendo a sede judicial con el fin de preservar el imperio de la legitimidad, se denomina acción de lesividad.

El amparo y la acción contencioso administrativa

La presente investigación tiene como propósito principal el determinar de forma fehaciente si la Acción de Amparo hoy denominada Acción de Protección es o no mal utilizada por parte de los sujetos que han planteado la antes prenombrada acción como medida de protección o amparo a la vulneración de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y que estos actos u omisiones se hayan derivado de cualquier autoridad pública no judicial o cuando existan políticas públicas que nieguen o restrinjan el goce de los derechos reconocidos en la Constitución. Uno de los problemas más recurrentes que existe dentro del tema planteado es que, quienes han utilizado la acción de amparo como medio de reparación frente a la vulneración de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, primero han optado por esta vía, la cual sin lugar a dudas se encuentra estipulada tanto en la anterior Constitución en su artículo 95, como en la actual Constitución en su artículo 88 lo cual permite a cualquier ciudadano en uso de sus Derechos Constitucionales accionar el órgano jurisdiccional competente y ejercer la correspondiente acción en pos de la protección de sus derechos. Más sucede que la legislación ecuatoriana en lo que tiene que ver con la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, así como a la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público, estipulan dentro de su normativa los lineamientos y procedimientos que se deben ejecutar, cuando se haya omitido o actuado de forma arbitraria por parte de una autoridad pública. En el presente trabajo realizaré un análisis de casos en los cuales se podrá demostrar que, quienes utilizaron la Acción de Amparo hoy denominada Acción de Protección no observaron en primer lugar los procedimientos administrativos que la Ley a previsto para estos casos y que luego de no ser aceptada la Acción de Amparo optaron por presentar la 4 Acción Contencioso Administrativa o también conocida como Recurso Subjetivo de plena Jurisdicción. A mi entender y luego del estudio propuesto debo señalar que la mala aplicación de esta acción, a lo único que ha llevado es a congestionar el sistema judicial, porque en todos los casos analizados luego de haberse planteado la acción de amparo se continuó con la interposición de la correspondiente acción administrativa. Dentro del trabajo se recurre a un estudio entre otras fuentes de las normas contenidas en la Constitución ecuatoriana codificada en 1998, así como de la nueva Constitución del 2008, en donde realizamos un estudio crítico a cerca de la aplicación del amparo en los actos administrativos. Entre los principales temas abordados en la presente tesis, podemos sintetizar los siguientes títulos, en donde abordaremos: El Amparo en el Ecuador; La Justicia Constitucional en el Ecuador; El Amparo y el Acto ilegítimo; en el cual lo que queremos enfatizar es la forma en la cual se ha llevado esta institución jurídica en el Ecuador. En su segundo capítulo trataremos de relacionar de forma jurídica al Amparo y su aplicabilidad dentro de los procedimientos administrativos puntualizando al amparo y la supremacía Constitucional, la utilización del Amparo en los Actos Administrativos, destacando también la aplicabilidad del amparo dentro de los Actos Administrativos, enfatizando justamente en el mal uso que se le da a esta institución jurídica en nuestro ordenamiento jurídico interno. Terminaremos el presente trabajo con un análisis de casos reales en los cuales se han establecido las dos acciones dentro de un mismo caso y en donde demostraremos que existe una mala aplicación de esta acción.

Justicia contencioso administrativa: su activación a través de los recursos previstos en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa Ecuatoriana

Sobre la base del principio de justiciabilidad de los actos administrativos, consagrado en el artículo 196 de la Constitución Política de la República del Ecuador y de la anacrónica clasificación del recurso contencioso administrativo en: subjetivo o de plena jurisdicción y objetivo o de anulación, establecida en el artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, he desarrollado esta tesis que tiene como propósito fundamental determinar el marco legal que en el ámbito ecuatoriano, permite la activación de la justicia contencioso administrativa. Las reformas constitucionales de diciembre de 1992, otorgaron a los tribunales distritales de lo contencioso administrativo, competencia para conocer y resolver, en única instancia y mediante la interposición de los recursos contencioso administrativos antes indicados, las impugnaciones de los actos administrativos y normativos expedidos por la Administración en ejercicio de la potestad estatal; atributo que hasta entonces había correspondido al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con jurisdicción nacional. Tales presupuestos constituyen el fundamento de esta tesis que aborda también, temas necesariamente inmersos en la justicia contencioso administrativa, como administración, justicia, principios de legalidad y constitucionalidad, autotutela administrativa y tutela jurisdiccional final; distinción entre los recursos subjetivo y objetivo y la acción de lesividad, los términos legales previstos para su ejercicio, los operadores de la justicia contencioso administrativa, y, finalmente, la determinación de los asuntos sometidos a la jurisdicción contencioso administrativa, de conformidad con el ordenamiento jurídico administrativo vigente.

Funciones y límites del principio de legalidad administrativa

En este trabajo se investigan los usos que los operadores jurídicos ecuatorianos hacen del llamado principio de legalidad administrativa, para, luego de una confrontación con los presupuestos teóricos que lo fundamentan y de la evaluación de su correspondencia, plantear las reformulaciones teóricas pertinentes.

La cooperación técnica internacional y la productividad agrícola. Estudio de caso. El Iniap. Programa del maíz. 1990 - 1999

Es indiscutible la importancia que para el Ecuador tiene su sector agrícola, tanto como fuente de ingreso de divisas como proveedor de trabajo y alimentos. Su papel estratégico es mas claro si se piensa que en este último subsector influyen fuertemente elementos exógenos como la existencia de subsidios en muchos países productores, las presiones por liberar el comercio internacional, los esfuerzos de integración regional y el veloz ritmo de las innovaciones en el área de la biotecnología. La preocupación por estos temas ha aumentado al considerar prospectivamente factores como los cambios climáticos y el agotamiento de las fuentes de agua de riego, los cuales tienden a ser mas críticos con el paso del tiempo. Es por ello que en esta nueva fase del desarrollo político y económico de América Latina revalorizar el papel de la agricultura, la cual es indispensable para superar contradicciones y retrasos sociales, implica la revalorización de la agricultura, y particularmente de la tecnología en ella, como instrumento de competitividad. Por otro lado, en este país la cooperación técnica internacional es fuente alternativa de recursos para la institución responsable de la investigación agrícola, uno de los elementos claves en el proceso de innovación técnica, el cual a su vez tiene gran peso en el logro de mayores niveles de productividad y competitividad, así como en el mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad. Si el cambio técnico es fundamental lo es mas si es sostenible, autónomo, participativo y es generado por demandas endógenas que contribuyan a satisfacer en primer lugar las necesidades propias de la sociedad. Para ello la cooperación es indispensable, pero no debe limitarse solamente a aquella, caracterizada por inducir el cambio tecnológico a partir de la oferta, y por su unidireccionalidad y unilateralidad, sino que debe concebirse como una red en la que 10 interactúan horizontalmente, demandantes, academia y empresa privada, al igual que otras instituciones de nivel regional e internacional. Por lo anterior es preciso examinar los vínculos existentes entre formas de cooperación y procesos de cambio técnico en la agricultura, - específicamente en el caso de un producto que como el maíz tiene una gran relevancia tanto en lo económico como en lo cultural -, con el afán de establecer los beneficios, alcance y limitaciones de dicha cooperación en lo referente a: la producción, productividad del cultivo. La calidad de vida de los sectores a los que fue dirigida la ayuda, y la sustentabilidad de la capacidad tecnológica. En las teorías sobre el cambio técnico, ha adquirido una creciente importancia un enfoque sistémico, evolutivo, institucional, que, a diferencia del enfoque ortodoxo lineal y determinista de cambio inducido por la oferta, enfatiza en la multiplicidad de interrelaciones entre los diversos subsistemas que intervienen en la dinámica de la sociedad. Es decir que incluye en el análisis factores económicos sociales políticos culturales e institucionales, entendidos estos como costumbres, pautas, actitudes, orientaciones, estímulos que guían la acción de la sociedad. Para exponer los resultados de la investigación, en primer lugar haremos una breve reseña de las líneas fundamentales a lo largo de las cuales ha evolucionado la economía mundial en la década de los 90 relevando las conexiones con el desarrollo de la cooperación técnica en el sector agrario ecuatoriano. Detallaremos aquí el rol desempeñado por el INIAP como receptor de la cooperación técnica internacional, que se ha centralizado en el caso del maíz en el CIMMYT. Es en este período cuando se intensifica el proceso de reformas modernizadoras, contenidas en los programas de ajuste estructural, se sanciona una nueva ley de reforma agraria, se eliminan las empresas comercializadoras del sector público, se adhiere el país a la OMC y se pone en marcha el arancel externo de la comunidad andina.

Incidencia de la reforma estructural del sistema financiero en el sector bancario privado ecuatoriano, en los aspectos de: competitividad, eficiencia, movilizacion de recursos financieros y márgenes de intermediación 1987- 1995

RAZONES PARA LA REFORMA FINANCIERA: crisis financiera de los años ochenta, déficits cuasifiscales, expansión monetaria e inflación, endeudamiento externo, inestabilidad patrimonial e insolvencia, elevados costos operativos, concentración crediticia. OBJETIVOS REFORMA FINANCIERA son: crecimiento de sectores económicos, reducción de la intervención del BCE, supervisión prudencial y oportuna, mayor profundización y globalización financiera. · AREAS PRIORITARIAS REFORMA SISTEMA. FINANCIERO: Régimen cambiarlo y tasas de interés, autonomía BCE y estabilización, regulación y supervisiónJrudencial. CONCLUSIONES: La Reforma financiera, es un proceso complejo en sus distintas etapas, ya que involucra aspectos económicos y legales, con repercusiones en el resto de la economía. La reducción de la dependencia de recursos del BCE se compensó con el crecimiento de captaciones. La morosidad del sistema se redujo considerablemente. Se incrementaron las provisiones como resultado de la calificación de activos de riesgo. Tanto el costo efectivo como el pasivo evidenciaron una tendencia creciente. Las grandes entidades han tendido a fortalecerse por fusiones con otro tipo de instituciones y por el aprovechamiento de economías de escala lo que a dificultando la competencia de las pequeñas. El desarrollo tecnológico y organizacional, constituye una ventaja comparativa. El nuevo marco legal enfatiza la regulación prudencial antes que la correctiva. La estabilidad económica constituyó un elemento indispensable para el éxito de la Reforma Financiera, el sistema Financiero es muy sensible a expectativas del público y factores políticos, en periodos de alta inflación se desestimula la demanda de crédito. El Sistema Financiero Ecuatoriano sigue presentando distoreiones en la asignación de crédito. A pesar de los avances del Sistema Financiero Ecuatoriano las operaciones informales persisten. RECOMENDACIONES: Dar poder a la Superintendencia de Bancos para evaluar la calidad de gerencia en las áreas administrativa, técnica y operacional y la realización de "auditorías operacionales", sustentar la supervisión oportuna a través de la informática. Se debe enfatizar en el cumplimiento de las regulaciones de patrimonio técnico. Se debe profundizar en el estudio de los riesgo de inversión. Las liquidaciones deben ser llevadas a cabo con el menor perjuicio a los depositantes y al sistema. Se debe ampliar la normativa para grupos financieros, definir requerimientos de capital para grupos consolidados, identificar a los grupos no financieros vinculados. Fomentar el ingreso de socios antes que de competidores extranjeros. Un plan de ajuste para el sistema financiero debe considerar al sector informal. Establecer índices de eficiencia mínimos y programas correctivos a corto plazo.

La eficiencia en el uso del financiamiento de la cooperación internacional a través de ONGs para la microempresa ecuatoriana análisis del caso: la cooperación técnica Belga, el Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio y el Programa de Queserías Sierra Norte

Las consecuencias de la implementación de las medidas neoliberales promovidas por el Consenso de Washington en Latinoamérica, en la década de los noventa, han puesto en duda los beneficios de la estabilidad económica. En efecto, aunque algunos países de la región lograron estabilizar sus economías, las condiciones de vida de gran parte de la población no han mejorado. Son evidentes: el incremento en los índices de pobreza, el aumento del desempleo y un creciente sector informal. Por otra parte, la cooperación internacional debido a diversas circunstancias tales como, el traslado de la ayuda a los ex países socialistas, y el abandono de su antigua visión asistencialista, ha reducido los montos de apoyo a América Latina, por lo que ahora se hace necesario que los recursos provenientes de esta fuente se utilicen eficientemente. En este contexto, la presente tesis pretende describir la eficiencia con que los recursos de la cooperación internacional han sido canalizados a través de ONGs en la década de los noventa, para promover el sector microempresarial ecuatoriano, considerando además que en el contexto de la globalización, los proyectos que generan recursos revolventes y que están dirigidos hacia el mercado, están teniendo cada vez mayor cabida. Se suma además el hecho de que la microempresa es vista como una solución al desempleo y a una mejor distribución del ingreso. De esta manera, el primer capítulo de esta tesis analiza la posición de la cooperación internacional y de las ONGs en el caso del Ecuador, frente a la necesidad de un uso eficiente de los recursos en proyectos microempresariales, principalmente por el hecho de que la sostenibilidad tanto de las ONGs, como la de los proyectos que promocionan, están en juego. En un segundo capítulo, se explicará mediante el caso específico del Programa de Queserías Sierra Norte, impulsado por el Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio – FEPP y la Cooperación Belga, los criterios con los que se ha utilizado el financiamiento de la cooperación internacional, para lo cual se propone la construcción de una matriz de eficiencia.

Los asociaciones público-privadas (APP): una opción para contratación administrativa en Latinoamérica (Tema Central)

Las APP son una opción frente a modalidades de contratación administrativa más agresivas como aquellas típicas de la época de las privatizaciones. Las APP conjugan la indispensable colaboración entre el sector público y el privado.

La prueba en sede administrativa tributaria

La prueba en sede administrativa tributaria, constituye un trabajo de investigación académica que pretende mostrar el tratamiento de la prueba en sede administrativa tributaria, puesto que del tradicional manejo de la materia procesal civil al traslado de la especialidad de la materia tributaria se deben considerar, identificar y definir, qué reglas, normas y principios le son aplicables para la resolución de los conflictos entre el sujetos pasivo (contribuyente, responsable o tercero) y la administración tributaria, que en ejecución de la facultad resolutiva, absuelve reclamos y recursos administrativos que le sean presentados, considerando el derecho de petición y las garantías constitucionales del debido proceso. En el desarrollo de la investigación se han combinado las materias: constitucional, procesal civil, administrativa y administrativa tributaria, con el fin de dar alcance doctrinario, jurídico y práctico ha aquellos aspectos relacionados con la prueba. Puesto que respecto del tema se han sostenido dos teorías: la primera, que el tema de la prueba en materia tributaria es escaso y debe acudir a los elementos normativos de la prueba regulados en el propio Código Tributario para el procedimiento contencioso; y, la segunda que en materia administrativa tributaria se debe acudir a todos los medios probatorios determinados por la ley, en sentido general. A razón de lo mencionado, la presente investigación muestra los puntos de acuerdo y desacuerdo entre las teorías mencionadas para lograr un tratamiento apropiado, tanto de los medios de prueba que le son aplicables, como de los criterios que se sostienen respecto de la carga y la valoración de la prueba, dentro de la sede administrativa tributaria.

Evaluación de la gestión administrativa en centros médicos auspiciados por organismos internacionales, caso Club Rotario

La eficiente gestión administrativa es un elemento competitivo en el ámbito empresarial y con mucha más razón en instituciones que ofrecen un servicio básico para la vida del ser humano, como es la salud. En el transcurso de los siguientes capítulos se presentan los fundamentos teóricos de la gestión administrativa y se evalúa su aplicación en dos centros médicos auspiciados por organismos internacionales tomando como caso al Club Rotario. La evaluación se centró en medir el cumplimiento de las fases del proceso administrativo, encontrándose que existe una marcada diferencia entre los establecimientos evaluados, ya que a pesar de ser normados por la misma institución aplican las fases administrativas de manera diferente y en algunos casos de manera incompleta, lo que no les permite lograr su principal objetivo de eficiencia. Debido a los resultados hallados en el diagnóstico de los dos centros médicos, se propone una alternativa para mejorar su eficiencia administrativa. Partiendo de la aplicación de las fases del proceso administrativo, se definió un modelo de gestión, que ofrece a los directivos un camino a seguir para ser más eficientes y cumplir con su fin social fue diseñado con base a la fundamentación teórica, a las mejores experiencias observadas en los centros médicos evaluados y a las prácticas que son necesarias para alcanzar los objetivos deseados.

Límites y alcances del delito de enriquecimiento ilícito

Este trabajo se dirige a establecer además de las falencias sustantivas y procesales qué otra clase le afectan, que no han permitido ejercer en forma idónea la persecución del delito de enriquecimiento ilícito de funcionarias o funcionarios públicos; con ese fin se analizará en forma cuantitativa como cualitativa las sentencias y autos de la Corte Nacional de Justicia, emitidas en procesos sustanciados durante el período de diez años, de 2001 a 2010. La investigación está estructurada en dos capítulos: en el primero se exponen los antecedentes del ilícito, las convenciones internacionales que lo tratan, la estructura, los elementos que lo conforman; si la norma cuenta con validez, vigencia, efectividad; cuál de ellos es cuestionable; analizamos la autonomía y la subsidiariedad de este tipo penal. El segundo capítulo trata sobre el proceso administrativo previo a cargo de la Contraloría, sus falencias; el monto de los casos que no merecieron pasar de la fase de indagación, debiendo sancionarse en forma administrativa o pecuniaria; la investigación administrativa, el informe con indicios de responsabilidad penal y su relación con la actividad de la o el fiscal, en el inicio de la acción penal; y, con los tribunales; las resoluciones con fuerza obligatoria de la Corte Nacional de Justicia, relacionadas con el tema. La denuncia como forma de iniciar la investigación, los casos iniciados por ese medio; los principios que rigen la investigación; la defensa técnica penal; la formulación de la teoría del caso, su presencia en los procesos estudiados; el juicio. El principio o valoración de la prueba, la utilidad de la dogmática penal en la prueba, en el desarrollo de la jurisprudencia. De la investigación se concluye: que los límites están en el respeto de los principios, derechos y garantías constitucionales; que la Constitución de 2008 ha ampliado el poder punitivo del tipo penal enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos; que el escaso número de procesos iniciados y resueltos permite cuestionar su eficacia; y, que es recomendable estructurar un nuevo tipo penal sobre esa conducta, que no menoscabe el principio de inocencia.

Diseño de una metodología para la gestión administrativa de la caja común en empresas de servicio de transporte de pasajeros urbanos. Caso Compañía de Transportes Guadalajara S.A.

La eficiente gestión administrativa es un elemento competitivo en el ámbito empresarial y con mucha más razón se vuelve un desafío dentro de las empresas de servicios de transporte, en el Ecuador la movilidad demanda un cambio y esto ha impulsado a las autoridades a través de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, y las ordenanzas municipales, proponer que las empresas de transporte trabajen bajo la el modelo de “Caja Común”. En el transcurso de los siguientes capítulos se presentan los fundamentos teóricos de la metodología para gestión administrativa de la caja común y la aplicación de esta en empresas de servicio de transporte.La evaluación se centró en medir el cumplimiento de las fases del proceso administrativo, y el conocimiento de la caja común y su implementación encontrándose que existe un marcado desconocimiento de la puesta en marcha pese a la existencia de la obligatoriedad de la ley. Debido a ello, se propone una metodología para la gestión administrativa de la caja común que puede ser aplicada en empresas de servicio de transporte de pasajeros urbanos, caso, Compañía de Transportes Guadalajara S.A. que incluye tres fases secuenciales, diseñado con base a la fundamentación teórica, a las mejores experiencias observadas en el Ecuador y a las prácticas que son necesarias para la eficiente gestión de este tipo de instituciones.

La calidad de la defensa técnica penal pública ecuatoriana

El presente trabajo titulado “La Calidad de la Defensa Técnica Pública” tiene como propósito hacer un estudio de la garantía constitucional, como es el derecho a la defensa que tenemos todos los seres humanos, a través de la defensa penal pública, como una de las garantías básicas del debido proceso, como un derecho universal. Con la vigencia de la actual Constitución de la República del Ecuador, se ha puesto mayor énfasis a las garantías básicas del derecho al debido proceso, (Art. 76) y en especial, a aquella garantía que tenemos las personas de ser asistido por un abogada o abogado de su elección o por defensora o defensor público, y en caso de no poder designar un abogado particular, el estado tiene la obligación de proporcionarle un defensor público, tal como lo dispone el artículo 77 numeral 4 de la Constitución; es por esto que el estado ha creado la Defensoría Pública, la misma que de acuerdo a la Carta Magna, (Art. 191), tiene como fin “garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que, por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no puedan contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos” En el presente trabajo, se establecerán pautas o parámetros para que se les pueda exigir a los Defensores Públicos mayor responsabilidad y razonamiento jurídico en sus actuaciones al asumir una defensa, y de esta forma se puedan involucrar en el garantismo penal y en el nuevo constitucionalismo; pero para que estos objetivos se hagan realidad, en este trabajo, se han abordado tácticas y estrategias, para que la defensa pública sea efectiva, y esta no puede tener lugar sino mediante una defensa técnica penal pública pero de calidad.

Significados teóricos y profesionales de las Competencias Básicas Matemáticas y su influencia en la formación del Contador- Auditor de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de Ambato en el período 2012-2013.

El enfoque por competencias en la Universidad Técnica de Ambato constituye el eje integrador de enseñanza y aprendizajes de la comunidad universitaria que dentro de las esferas educativas universitarias no siempre han sido consideradas, valoradas y aplicadas. Para el caso específico del estudio de ésta investigación, las competencias que serán analizadas en la formación de un Contador-Auditor, serán las competencias definidas desde la perspectiva del desarrollo de las competencias matemáticas, como competencias básicas, cimiento para el desarrollo profesional del Contador-Auditor. Para vencer al problema de la falta de aplicación de las competencias matemáticas en ésta formación, la tesis desarrollará el significado de las competencias matemáticas en la carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de Ambato, con la conceptualización y contextualización de las competencias que un Contador-Auditor requiere en su formación profesional universitaria, y con el concepto comprendido, se diseñará la propuesta curricular, que organizaría y emprendería el desarrollo de las competencias matemáticas, vistas en la malla curricular de la Facultad de Contabilidad y Auditoría como escenario escogido para la investigación. Las competencias matemáticas singularizadas para la formación de un contadorauditor, se obtendrían al analizar y sintetizar el debate existente entre los significados de competencias matemáticas y competencias profesionales que son sustanciales en el Contador-Auditor, y al comparar y contrastar las demandas concretas de la Facultad de Contabilidad y Auditoría con las pretendidas en el ejercicio profesional. Para enfatizar la influencia y responsabilidad que tienen las competencias matemáticas en la formación de un Contador-Auditor, va a ser necesario destacar la aplicabilidad de la competencia matemática en el quehacer financiero, económico y contable.