1000 resultados para dictadura franquista
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El gironí Josep Claret Rubira (1908-1988), arquitecte de professió i artista-dibuixant de vocació, va obtenir el títol l'any 1933, a l'Escola d'Arquitectura de Barcelona. D'ençà d'aquella data i fins a mitjan dels anys 70, va projectar una quantitat enorme d'edificis de múltiples tipologies i nombrosos plans d'urbanització, arreu de les comarques gironines i menorquines. Amb ideologia primerenca propera a les esquerres catalanistes, es va haver d'adaptar al règim franquista, per poder continuar treballant i vivint a Catalunya. Malgrat que inicialment li deuria costar un gran esforç, el procés d'amotllament el va tenir planer (almenys aparentment), gràcies al seu parentiu -per via matrimonial- amb una família que hi estava estretament vinculada. És autor d'obres d'elevat nivell arquitectònic -amb poques que siguin conegudes i reconegudes- i un clar conformador del paisatge de les seves contrades, fet influent en la societat que hi ha estat habitant i que hi viu encara avui dia. La seva arquitectura és un magnífic exemple del que agradava a les generacions de durant cinc dècades. És també autor d'obres que, moltes vegades, no s'adiuen gens amb el que la Història de l'Arquitectura dóna per bones, però que reflecteixen el gust, les preferències i les prioritats d'una societat determinada.
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El desplaçament forçós de les persones no combatents ha estat un tret intrínsec al llarg dels conflictes que han sacsejat la història de la humanitat. La forma més comuna en què s'ha manifestat ha estat la de les deportacions i la de les evacuacions de les zones de guerra. Les primeres ja les podem constatar en nombrosos episodis bíblics o durant la construcció del vell imperi romà. Tanmateix, ha estat a la nostra època quan les deportacions han tingut un abast més dissortat. D'una banda l'anomenada "neteja ètnica" ha implicat, com a primer pas abans de l'extermini d'una comunitat, el seu trasllat a guetos i el posterior desplaçament als camps de concentració. Tals foren els casos de les minories jueva i gitana sota el terror nazi. D'altra banda, hem pogut veure la deportació de col·lectius socials com a càstig per mantenir una determinada actitud davant el poder; el paradigma més tràgic ha estat la dels kulaks de l'antiga Unió Soviètica durant la dictadura estalinista. Finalment, en aquests moments, estem assistint als Balcans a l'enquistament d'un conflicte una de les causes del qual fou la pretensió de crear espais ètnics "purs", per a la qual cosa s'ha obligat la comunitat minoritària a fugir a un altre territori amb la pressió de les armes. La guerra civil de 1936-1939 és el primer conflicte europeu en què apareix la necessitat de traslladar un gran nombre de persones davant del perill que representen els combats. El fet de produir-se en una guerra civil en ple segle XX li dóna una dimensió pròpia, i també que els governs hagin de dissenyar i aplicar unes polítiques d'assistència, de les quals, tal com ja s'ha dit, no existien precedents.
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Que España ha arrastrado un atraso secular respecto a los países de su entorno es un lugar común a la hora de caracterizar un desarrollo histórico singular. Que ese atraso se remonta, probablemente, al momento en que comienza el declive del imperio colonial español es una suposición a la que cabría hacer múltiples matizaciones. Que las consecuencias de ese atraso se vieron agravadas en el siglo XX, hasta el punto de suscitar la frase de Unamuno –en la que juegan a partes iguales el sarcasmo y la reivindicación de lo singular, teñido todo ello de un pesimismo muy del gusto tenebrista-, es algo que cualquier observador imparcial –o cualquiera que haya vivido un buen trecho de ese siglo XX- jamás pondría en duda. Máxime, quien conozca el impacto de la sublevación militar de 1936 que condujo, tras una cruenta guerra civil (1936-39), al triunfo del General Franco y a la instauración de una dictadura que habría de sobrevivir durante varias décadas.
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Realiza una investigación sobre el problemático reconocimiento del emergente Derecho a la Verdad. Igualmente, se estudia el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos como parte de la lucha contra la impunidad causada por dictaduras, autoritarismos y estados de sitio en las transiciones a la democracia en la región latinoamericana. Los principales obstáculos jurídicos a la hora de incorporar el Derecho a la Verdad han sido las leyes de amnistía, de punto final y de obediencia debida creadas para perdonar a los responsables de graves violaciones de los Derechos Humanos. Para identificar la tensión del Derecho a la Verdad con los sistemas de justicia internos, se revisan los fundamentos de los principios de legalidad y oportunamente se exponen las posturas de la prohibición de la doble imputación non bis in ídem, así como las características de la cosa juzgada. De esta manera, la presente tesis tiene como objetivo responder el siguiente cuestionamiento ¿Son los principios de cosa juzgada, non bis in ídem y legalidad una restricción al emergente Derecho a la Verdad?. Con el desarrollo del Derecho a la Verdad se busca ampliar el significado tradicional del derecho penal, en relación con las víctimas, el cual basa su desarrollo principalmente en la validez de la norma penal y en el principio in dubio pro reo. El propósito del Derecho a la Verdad es generar la igualdad procesal entre las partes sometidas a un litigio penal, con el objeto de que rija por el principio pro honmine, en el desarrollo del Estado Constitucional.
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En esta tesis examino parte del recorrido realizado por el movimiento argentino de las Madres de Plaza de Mayo durante el lapso 1977-2007. En particular, pretendo analizar cómo la Asociación Madres de Plaza de Mayo (la facción liderada por Hebe de Bonafini, Presidenta de la misma) ha concebido las nociones de política y cultura y cómo, a través de treinta años de lucha y resistencia, dichas concepciones fueron resemantizándose, a través de su praxis política, en los diferentes escenarios históricos que les tocó vivenciar. Realizaré una lectura de las Madres de Plaza de Mayo desde el binomio política-cultura, puesto que deseo indagar cómo las Madres rompieron con las formas clásicas de hacer política en Argentina y reivindicaron demandas que ningún otro actor político había colocado hasta ese entonces. En efecto, el corolario del cuestionamiento de dichas maneras tradicionales de hacer política se ven reflejados en los procesos de socialización y politización de la maternidad y, asimismo, en la creación de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo como la puesta en marcha de una política cultural contrahegemónica.
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Para quienes han asumido los derechos humanos como opción de vida, forzados por situaciones reales que les ha correspondido vivir, la vinculación entre derechos humanos y democracia nunca ha supuesto dudas de ninguna especie, menos aún en tiempos de dictadura.
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La presente investigación es una aproximación a la importancia que tienen las políticas de memoria dentro de los procesos de reparación, en tanto permiten avanzar hacia una reparación de carácter integral a la vez de posibilitar la no repetición de las violaciones graves a los derechos humanos que rememora. Para esto se estudia el caso de la desaparición de un joven universitario, José Carlos Trujillo Oroza, en la década de los setenta en un contexto de gobierno de facto. Se recapitula la búsqueda y lucha a nivel nacional e internacional que sus familiares tuvieron en los años que siguieron a su desaparición, haciéndose especial énfasis en los efectos que la emisión de sentencias de fondo y reparación por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos los años 2000 y 2002 respectivamente tienen sobre la sociedad boliviana y la memoria de la época sobre las vulneraciones ocurridas en su transcurso. Por último, la investigación pretender mostrar los nexos que existen entre los recuerdos de la dictadura banzerista y las políticas de memoria ordenadas, la efectividad de las mismas a la hora de otorgar una adecuada reparación y sus consecuencias sociales.
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De acuerdo a Juan J. Linz y Alfred Stepan, las medidas que debe enfrentar la transición chilena, representan el caso más desleal de transferencia de poder de todos los estudiados por ellos, tanto en el sur de Europa como en Sudamérica, debido a las innumerables restricciones estructurales instaladas por la dictadura mediante la Constitución de 1980, la Ley de Amnistía de 1978, y otras medidas impuestas a última instancia, como los atractivos incentivos económicos otorgados a miembros del poder judicial para su jubilación temprana y dejar nominados a jóvenes miembros leales al autoritarismo. Esto ocurre porque a diferencia de lo acontecido en Argentina y Grecia, y en menor medida en Brasil y Uruguay, en donde se arriba a un proceso transitorio luego de la pérdida de autoridad del régimen saliente, los militares chilenos no dejaron de contar con el apoyo incondicional de la burguesía, ni menos aún tuvieron la derrota que sufrieron los militares argentinos en la guerra de Las Malvinas, la que vino a sellar su deslegitimidad, ante lo cual Barahona de Brito sostiene que la transición chilena no podía ser sino pactada. A los rasgos anteriores Linz y Stepan suman el carácter de incomplitud de los procesos transicionales: “como comparativistas estamos tristemente concientes de que la mayoría de los procesos políticos apartados de lo que una vez fue un régimen estable no democrático, no concluyen en ‘transiciones democráticas completas'. Pocas incluso llegan a ser democracias consolidadas. En tal contexto el jurista chileno José Zalaquett declara que “buscar verdad, justicia y reconciliación durante una transición a la democracia debe ser reconocido y tratado como un dilema de ética política”. Ante ello ha insistido en la necesidad de establecer estándares diferenciados para los regímenes transicionales, sobre todo con respecto a las expectativas legales que se les imponen, puntualizando que si bien es cierto es legítimo exigirles la instalación de un sistema que clausure violaciones a derechos humanos, esperar una total dispensación de justicia es un imperativo irrealista en dichas condiciones.
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En este artículo se abordo la relación que establecen las Madres de Plaza de Mayo -en particular la Asociación Madres de Plaza de Mayo, liderada por Hebe de Bonafini- con la memoria en tanto herramienta de lucha por los Derechos Humanos. Se señala así mismo cómo el proceso colectivo de construcción de la memoria realizado por las Madres de Plaza de Mayo fue mutando y resignificándose en los diferentes momentos históricos que les tocó vivenciar a lo largo de treinta años desde su aparición en 1977. En este sentido, se presenta el cómo la Asociación Madres de Plaza de Mayo (las Madres), a través de su praxis política, ha interpelado la historia y memoria oficiales promovidas desde la institucionalidad y preconizaron, así, la construcción de una memoria insurgente, esto es, sublevada, rebelde, insumisa, insubordinada e insurrecta contra el poder, que se levanta contra situaciones de injusticia y opresión.
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Analiza la relación entre las políticas de ajuste y la escalada autoritaria del gobierno español con su tendencia a criminalizar y judicializar la protesta social orientada a su domesticación, a fin de regular sus movimientos y encauzar sus apariciones, atentando contra las libertades cívicas, incluyendo el derecho a manifestación y reunión. Devela que el aparato represivo franquista nunca fue desmontado. Plantea ante la restructuración del capitalismo la desestructuración de su hegemonía, haciendo visible su violencia cotidiana.
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Reseña dos novelas publicadas en la década de 1980, que se ambientan en los años en que la dictadura uruguaya invade Minas, una pequeña ciudad de provincias. La balada de Johnny Sosa es la historia de la pérdida de la inocencia del negro Johnny, es también una “parábola sobre la dignidad humana, dando voz a quienes no la tienen, a los desheredados. A quienes, con militares o sin ellos siempre han estado en el fondo de la bolsa”. La misma ciudad de Minas es también el escenario de Las ventanas del silencio, novela en la que hablan diferentes voces, se narra cómo los soldados realizan allanamientos, encarcelan, torturan y matan, imponen el reparto de castigos y de favores. Aquí, en esta ciudad pequeña, en la que la frase “En Uruguay todos se conocen” resulta más evidente, el efecto de la dictadura y de las delaciones que ella propiciaba fue devastador. Ambas novelas narran, en definitiva, lo que ha ocurrido en este país “cuando los militares profanaron la ciudad”.
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Este ensayo constituye un acercamiento a las obras de Roberto Bolaño y de Leonardo Valencia desde una perspectiva que asume el estudio de condiciones de ruptura y respuesta, que posibilitan pensar en algo que no es la modernidad, sino que se acerca a conciencias y experiencias fragmentadas, constantes en el mundo latinoamericano, que permiten reflexionar sobre categorías como «posmodernidad». A partir de los estudios de Antonio Cornejo Polar sobre las wankas que abordaron la muerte del inca, el autor complejiza la discusión respecto a las memorias, las representaciones y discursos históricos del mundo latinoamericano, luego del truncamiento de la utopía de progreso moderno, las revoluciones latinoamericanas de los años 60, la dictadura chilena y las migraciones. Se intenta, además, brindar elementos que permitan interpretar los fraccionamientos de tiempo, espacio y la experiencia de los individuos, en relación con la idea de Latinoamérica que se gesta desde productos estéticos como las novelas de Valencia y de Bolaño. El trabajo persigue determinar cómo esas formas de experimentar el mundo de los personajes de estas obras implican rupturas con las nociones tradicionales sobre la modernidad, y configuran respuestas o contra propuestas ante las estéticas de algunos escritores del boom latinoamericano, propiciando versiones opuestas al discurso incorporado en el pensamiento general sobre nosotros y nuestra experiencia de lo latinoamericano.
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No es ninguna novedad constatar que en los últimos años, la Constitución y las leyes han sido aprobadas con muy escaso debate, con procedimientos sumarios y con la acción de una mayoría gubernamental muy poco dispuesta a oír siquiera las posturas ajenas. También resulta claro que no ha habido fiscalización de las acciones del gobierno en la Legislatura. No se ha censurado un ministro. En realidad, ninguno siquiera ha llegado al pleno de la Asamblea Nacional para juicio político en todos estos años. Todo intento de enjuiciamiento ha terminado invariablemente en el archivo. Las explicaciones de este hecho han sido diversas. Los sostenedores del gobierno han argumentado que los antiguos procedimientos de la partidocracia han sido superados con nuevas formas democráticas de legislación y fiscalización. Los opositores han culpado al abuso de las autoridades legislativas, a la dictadura de la mayoría, a los malos procedimientos de tal o cual comisión. Sin que se desconozca la existencia de responsabilidades personales, en algunos casos evidentes, esta realidad obedece a una situación más de fondo, que no es otra que la vigencia de una Constitución y un sistema legal diseñado en Montecristi para limitar y negar derechos fundamentales. Es decir, para lo contrario que se supone la actual legislación existe, ya que se destaca su carácter “garantista”. Pero la verdad es que no es así.