999 resultados para Medidas de economía


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La presente investigación tiene entre uno de sus propósitos, extraer conceptos claros sobre paraísos fiscales y medidas anti-paraíso, a fin de facilitar su comprensión, y de los fenómenos y figuras jurídico-tributarias que surgen a su alrededor. Así mismo, se pretende establecer un análisis crítico sobre la situación de los derechos constitucionales de los contribuyentes del régimen tributario ecuatoriano, frente al establecimiento de las mencionadas medidas antiparaíso. Su reciente inclusión en la legislación nacional tributaria atiende a razones de peso como las económicas, mercantiles y comerciales, que atañen el campo impositivo, en el orden nacional e internacional. Los nuevos procesos de globalización e internacionalización explicados en el primer capítulo de esta tesis, presentan las situaciones a las cuales se sujetan las diferentes relaciones económicas de los estados; además de entender, a lo largo del trabajo, el escenario que recrean estas relaciones, cuando intervienen territorios de diferentes características impositivas, como los paraísos fiscales, distintos de aquellas jurisdicciones concebidas comúnmente. Sin duda, los paraísos fiscales han sido vistos desde una óptica negativa. El presente trabajo no pretende cambiar tal visión, pero si analiza las posibilidades de establecer condiciones equitativas para los sujetos pasivos de dichos territorios y el nuestro. Sus condiciones fiscales favorables, han animado a muchos contribuyentes a abusar de estos territorios, jurisdicciones que, lejos de pretender romper relaciones con el resto de Estados, se han visto en la necesidad de priorizar sus necesidades sociales, encontrando solución en la inversión extranjera, como sector potencial de sus economías. La opción que entregamos es, sin menoscabo de derecho alguno, regular la tributación de contribuyentes nacionales, de rentas obtenidas en paraísos fiscales, con la debida justificación de sus operaciones extranjeras, y su reconocimiento proporcional en pro del trato equitativo entre todos los miembros de nuestro Estado.

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La investigación analiza el metabolismo social capitalista a través del estudio de su quinto proceso, la excreción. En una suerte de relación subsunción-autonomía, partimos de la construcción de una teoría crítica del metabolismo del desecho en la determinación social de la salud que aterriza en un estudio nacional de economía política y geografía crítica de la basura en el Ecuador, y termina con un estudio de caso que devela de qué manera esos procesos macro determinan las condiciones de vida, de salud o su pérdida en comunidades afectadas por sistemas de disposición final de residuos, especialmente recicladores/as informales y sus familias. El primer capítulo propone un abordaje conceptual de ruptura, que toma como marcos disciplinarios la crítica de la economía política, la ecología política, la epidemiología crítica y las teorías del Estado. El segundo capítulo realiza un análisis sociohistórico a nivel nacional, desde los años del neoliberalismo durante los que se gesta la crisis de la basura, hasta los años del gobierno actual en los que la crisis de la basura tiene un boom, con el colapso de muchos de los sistemas de disposición final, especialmente en cabeceras cantonales. El tercer capítulo analiza la determinación social, exposición, vulnerabilidad y perfil epidemiológico de trabajadores informales y sus familias, en el botadero a cielo abierto del cantón Portoviejo en Ecuador. La investigación finaliza evidenciando el peso que representa, en términos económicos para el Estado, mantener el subsidio de la gestión y administración de los residuos sólidos y propone el modelo de “Basura cero”, reparador del metabolismo social.

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El presente trabajo investigativo se enmarca en el análisis del artículo 1 de la Ley orgánica de la defensa de los derechos laborales, mediante el cual se conmina al Estado a asumir obligaciones de un empleador que está en mora de los beneficios en favor de sus trabajadores. Razón por la cual el legislador crea un mecanismo para garantizar el pleno ejercicio de estos derechos, y además perseguir el cumplimiento de las obligaciones a favor de los trabajadores a fin de evitar que estos se vean afectados, para ello encarga a las instituciones públicas el asumir las obligaciones que se generan por la falta de pago del empleador para posteriormente reclamarlo mediante un procedimiento coactivo. La norma objeto de análisis tiene como fundamento jurídico a los “indicios de público conocimiento” y en la forma como los concibió el legislador, concede a la administración pública, a través de una resolución motivada, el instaurar medidas cautelares contra los bienes no sólo del obligado principal y sus subsidiarios, sino en contra de los bienes de una tercera persona, que no es la obligada de responder por aquellas acreencias que se reclaman. Esta determinación de la norma, restringe el contenido esencial de los derechos constitucionales de una tercera persona, toda vez que en base a indicios se le puede privar de su derecho de propiedad sobre su bien, sin que se haya determinado previamente alguna responsabilidad en un proceso con las garantía mínimas donde pueda ejercer su defensa, lo que además afecta su derecho a la tutela judicial efectiva, y presunción de inocencia. Más aún cuando en un Estado de derechos y justicia se busca precautelar de manera efectiva a los derechos consagrados constitucionalmente, ya que estos son el límite para la actuación del poder estatal, razón por la cual, cualquier restricción a los derechos constitucionales debe estar plenamente justificada.

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La presente tesis pone de presente las oscilaciones que la Corte Constitucional de Colombia ha tenido en torno al derecho de la Consulta Previa, dando cuenta de los alcances y vicisitudes en cuanto a la manera como se ha interpretado el Convenio 169 de la OIT ratificado por Colombia en la Ley 21 de 1991 y cómo éste derecho, dada la omisión legislativa al respecto, ha sido de construcción pretoriana, que no obstante sus vaivenes, ha contribuido a darle cuerpo a la consulta previa, por lo que, teniendo en cuenta la enorme variedad de medidas administrativas, susceptibles de ser consultadas, se hace énfasis en el otorgamiento de licencias ambientales, en el marco de la democracia participativa colombiana, constituyendo un tema poco pacífico de la antropología jurídica en Colombia y otros países de la región, pues hay una aparente tensión entre los derechos de las minorías y el derecho ambiental con el desarrollo industrial que concierne a la generalidad de los asociados. Este Derecho fundamental está conformado por otros dos derechos fundamentales, como son el de preservar su integridad étnica y el de la participación. Por lo que se hace necesaria la implementación de espacios de interlocución, para cada caso particular, en donde activamente, dichos pueblos, expresen sus inquietudes frente al proyecto o actividad; y que conjuntamente con quien va a desarrollarlos, diseñen medidas tendientes a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos derivados de tales obras o actividades.

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Con el artículo 283, la Constitución define a la economía del Ecuador, como un sistema económico popular y solidario, la misma que está compuesta por los sectores cooperativos, asociativos y comunitarios. De esto nace la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, creada a fin de controlar el sector cooperativo, bajo normas, y herramientas técnicas que permitan garantizar la sostenibilidad de las organizaciones en el tiempo. Si bien es cierto, las cooperativas se han venido desarrollando en base a la autogestión financiera y administrativa, por lo que se ha podido determinar organizaciones vulnerables que ponen en riesgo la estabilidad financiera del sector. Por lo que es necesario desarrollar herramientas técnicas, que alineadas a la ley, se pueda identificar las fortalezas y debilidades financieras, con el fin de tomar medidas que ayuden al crecimiento sostenible del sector cooperativo. En base al análisis financiero de los balances, y la interpretación de indicadores especializados, permita conocer las cooperativas estables y las cooperativas vulnerables, las mismas que pueden ser sujetas a la aplicación de un mecanismo de resolución, que previo análisis de escenarios, se determinen la ejecución en cooperativas con niveles de riesgo considerables. La aplicación de las estrategias de resolución, evita impactos económicos y sociales que pongan en riesgo a quienes confían en el sector cooperativo, así como la mitigación del riesgo sistémico y reputacional; por lo que estas posibles pérdidas deberán ser analizadas a fin de aplicar la que menor costo provoque.

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Presenta el debate en torno al recientemente publicado estudio, Desmemoria y olvido. La economía arrocera en la cuenca del Guayas, 1920-1950, del historiador ecuatoriano Roque Espinosa.

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La presente investigación tiene como objetivo central analizar si los Estados miembros del Consejo de Defensa Suramericano (CDS) de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), han cumplido o no con los compromisos adquiridos en relación a las Medidas de Fomento de la Confianza Mutua y de la Seguridad (MFCMS) y a la adquisición de material bélico. Utilizando como herramienta de análisis la teoría neorrealista, se examina la información que sobre seguridad de la región se dispone. El interés por el tema se desprende al observar el tamaño de recursos que a nivel global y de la región Suramericana se asignan para este efecto, entonces cuantificar y cualificar el nivel de gasto relacionando al Producto Interno Bruto (PIB) que tiene cada Estado, permitió tener una visión más amplia de este rubro, pese a que la información sobre gastos de Defensa es insuficiente, escasa y limitada, lo que generó dificultad para analizar las cifras y los procesos de asignación de recursos y de gastos. El estudio también se dirigió a observar el comportamiento que tienen los Estados de la región, fruto de su proceso histórico matizado por conflictos territoriales y la injerencia de actores extrarregionales, ante posibles amenazas externas.

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El presente trabajo de investigación supone un estudio doctrinario y análisis normativo de las medidas anti-paraíso vigentes en el ordenamiento jurídico ecuatoriano para contrarrestar la utilización de los paraísos fiscales; además, supone un estudio comparativo de nuestra legislación con los demás países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (Colombia, Perú, Bolivia) y un país europeo que ha manejado bien este tema como es España. Mediante este trabajo académico se busca que el lector, pueda conocer sobre un tema de actualidad, los paraísos fiscales, que se ha convertido en el dolor de cabeza de las Administraciones Tributarias que manejan una tributación ordinaria, pues su uso produce la fuga de capitales. Poco o casi nada se ha escrito en nuestro país sobre los paraísos fiscales, por lo que resultó complejo el uso de bibliografía nacional, pero en base a la doctrina internacional y unificando criterios doctrinarios hemos podido desarrollar sobre temas importantes como son: sus antecedentes; definición, teniendo en cuenta que difería conforme cuanto doctrinario haya escrito sobre este tema; las principales características de este tipo de territorios conocidos como de baja o nula tributación; las principales razones de utilización de estos territorios que tienen los no residentes; los tipos de medidas anti-paraíso que han sido creadas por las distintas Administraciones Tributarias, para combatir el uso por parte de sus contribuyentes de paraísos fiscales. Se ha puesto énfasis en conocer el tratamiento fiscal (eliminación de ventajas fiscales), que en nuestro país ha creado para operaciones, negocios o actividades económicas que tengan algún tipo de relación con paraísos fiscales para justamente neutralizar o desincentivar el uso de estos territorios por parte de sus contribuyentes. Con nuestra investigación nos fijamos responder la interrogante medular de nuestra tesis ¿De acuerdo a la experiencia y práctica internacional, son suficientes las medidas anti-paraíso que se ha establecido en el Ecuador, respecto al impuesto sobre la renta? Concluyendo que, de acuerdo a la experiencia y práctica internacional, es necesario la inserción de nuevas medidas anti-paraíso que podrían resultar eficientes en nuestro país.

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Los ecosistemas forestales cumplen un importante rol en la supervivencia de la especie humana, en la satisfacción de sus necesidades básicas y en el mejoramiento de la calidad de vida. Sin embargo, pese a sus grandes bondades, estos están siendo amenazados. Debido a ello, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ha establecido tomar medidas urgentes para prevenir interferencias antropogénicas peligrosas, con énfasis en el cuidado de los bosques. Es así que se ha llevado a cabo una serie de programas y proyectos para su conservación. Sin embargo, se ha establecido también la necesidad de contar con herramientas apropiadas que permitan generar información sobre el verdadero estado de los recursos forestales y las necesidades de financiamiento para su protección. En ese sentido, la valoración económica ha logrado un gran avance conceptual, metodológico y político en el Marco de esta Convención. Es así que este trabajo de investigación tiene como finalidad demostrar la importancia y el rol de la valoración económica de bienes y servicios ambientales en el contexto de las negociaciones de cambio climático; constituyendo un elemento clave a ser incorporado en las propuestas que el país fomenta ante dicha Convención. Esta investigación contempla un estudio de caso práctico: Valoración Económica de Servicios Ambientales de Fijación de Carbono en los Bosques de la Parroquia San Francisco de Borja, siendo esta parroquia, uno de los sitios que mayor deterioro ambiental presenta dentro de la zona de amortiguamiento norte de la Reserva de Biósfera Sumaco; el mismo que pudiese ser solucionado de cierta forma, si se lograse un desarrollo económico bien planificado. Dicho estudio pretende demostrar que la valoración económica es una herramienta útil para optimizar el manejo de información, que permita tomar decisiones en los procesos de negociaciones de cambio climático. Asimismo, se demuestra que la valoración económica coadyuvaría al fortalecimiento de la planificación local y regional; sirviendo como una guía que permita a los planificadores y decisores la toma de decisiones.

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El presente trabajo trata sobre la apertura del mercado de la contratación pública prevista en el Acuerdo Comercial Multipartes (ACM) y las incidencias que generará en el Sistema Nacional de Contratación Pública (SNCP) y en las herramientas informáticas del Sistema Oficial de Contratación del Estado (SOCE). Habiendo transcurrido más de un año desde que en julio de 2014 la Comisión Negociadora del Ecuador suscribió el acuerdo preliminar, no se han generado acciones tendentes a informar y capacitar a los operadores del sistema (entidades contratantes, proveedores, organismos de control, organismo rector, veedurías) ni se han tomado medidas destinadas a la adecuación de las herramientas electrónicas con las que opera el portal institucional del SERCOP. El país desconoce el alcance del ACM en materia de contratación pública, qué sectores productivos podrían verse afectados con el libre comercio, qué modificaciones se realizarían a las condiciones de participación, si se mantendrá igual o con ciertas limitaciones el sistema de preferencias que la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública prevén para la producción nacional en especial aquella que proviene de micro, pequeñas y medianas empresas y de los actores de la economía popular y solidaria. Acercarnos a esta temática a través de la revisión y análisis jurídicos del mencionado acuerdo internacional, limitándolo a la materia de contratación pública, comparándolo con el ordenamiento jurídico ecuatoriano a fin de encontrar, por una parte, los retos y oportunidades; y, por otra, realizar con los datos que nos proporciona el SOCE el cálculo aproximado del porcentaje de apertura del mercado de contratación pública al libre comercio, a fin de encontrar mecanismos que contribuyan a sustentar la política de compras públicas destinada al desarrollo de la economía nacional; temas éstos que son el lietmotiv de esta aportación.

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El estudio de “La Delegación de los Servicios Públicos a la Economía Popular y Solidaria en el Ecuador”, se ha centrado en la delimitación conceptual y ubicación jurídica de los servicios públicos, y en el reconocimiento del nuevo sector económico denominado economía popular y solidaria, conforme la Constitución de la República del Ecuador vigente y la legislación aplicable. Como consecuencia, se logra conocer el alcance de la delegación por excepción a la economía popular y solidaria en la prestación de los servicios públicos; y, sus efectos en el desarrollo social y económico frente a la participación estatal, privada, mixta y comunitaria, conforme la Constitución del 2008. En vista de la amplitud del tema central, cuyo abordaje requiere la compresión de estas dos figuras, en todo su contexto, aparecen algunas limitaciones para su análisis, sobre todo por los tecnicismos, especialmente de índole económico, que rebasan la aplicación del derecho, por lo que se ha visto necesario contar con mayores estudios especializados que los aborden, para que complementariamente y en un segundo momento de estudio, se determine en forma global su alcance y efectos en la prestación de losservicios públicos. Sin embargo, se ha logrado inferir la aplicación de casos concretos por parte de los actores de la economía popular y solidaria, que cotejados con las normas del ordenamiento jurídico y la doctrina de pensadores especialistas, deducen máximas generales concluyentes para este estudio. Logrando concluir en que jurídicamente y pese a la visión estatista que se plantea en la Constitución, es factible la intervención del sector económico popular y solidario, como actor en la prestación de los servicios públicos, de forma directa en las actividades prestacionales de educación, salud y comunitarias; y, excepcionalmente por delegación en cuanto a las actividades que se enmarcan en el amplio segmento de los denominados sectores estratégicos; pero pese a esa posibilidad, prevalece la necesidad de la revisión de la ley orgánica específica, regulación administrativa e implementación de políticas públicas, a fin de que se den las condiciones adecuadas para que este acertado avance, en la práctica, no quede sin una efectiva aplicación.

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La mala alimentación ha generado que el organismo de los individuos no funcione bien provocando enfermedades crónicas. Comer es un acto tan normal, como cotidiano y se ha convertido en un problema de salud pública. Por consiguiente, el Plan Nacional del Buen Vivir plantea que hasta el 2017 se reduzca la incidencia de la obesidad y sobrepeso en niños de cinco a once años. El país está actuando con intenciones de cumplir lo que se ha propuesto y por consiguiente, nació la necesidad de realizar está investigación. El objetivo general es determinar estrategias para el sector de la economía saludable localizado en el norte de Quito, con relación a la elaboración de alimentos preparados por empresas de catering para eventos. Para esta investigación, se optó por un estudio descriptivo para determinar cómo está estructurado el sector de la economía saludable en el distrito metropolitano de Quito y se utilizó un método empírico basado en la realización de entrevistas y encuestas a un grupo objetivo. Se sustentó en diferentes bases teóricas, siendo útiles para la orientación de los procedimientos investigativos requeridos para el cumplimiento de los objetivos planteados, y por otro lado esta investigación demandó el uso de herramientas que permitan disponer de información actualizada para la propuesta de estrategias. Los resultados muestran que el sector de catering se encuentra en desarrollo, siendo sus fortalezas mecanismos para impulsar un crecimiento sostenido que aporte a elevar la calidad de vida de los consumidores. Se describen varias estrategias especializadas relacionadas en el Plan Nacional del Buen Vivir. Éstas pretenden fortalecer la descripción del Objetivo No.3, el que indica mejorar la calidad de vida de la población, en donde se establezcan lineamientos específicos que sustenten acciones concretas con referencia a la salud y el bienestar. En el diseño de las estrategias, se resalta la iniciativa de formar una asociación que permita asistir a las empresas interesadas para que adopten procesos de calidad y oferten alimentos nutritivos. La ejecución de éstas demandan de una estructura que faculte su gestión por fases y se presenta un plan operativo, el cual muestra las actividades que cada estrategia contiene, así como su relación y temporalidad. Finalmente, los impactos evaluados señalan que la propuesta incide a nivel económico, social y ambiental, siendo un aporte fundamental para mejorar la calidad de vida de la población.

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La Constitución de Montecristi de 2008 significó una ruptura con los paradigmas constitucionales y económicos clásicos predominantes en el mundo al crear y diseñar nuevos paradigmas de entender el sistema económico, basados en valores éticos y sociales, el papel del Estado, la centralidad de los derechos constitucionales en el accionar público y, sobre todo, la interconexión e interdependencia entre derechos constitucionales, Estado y sistema económico orientados a lograr el buen vivir. Sin lugar a dudas, los aspectos más significativos en los campos jurídico-institucional y económico de la Constitución de Montecristi son el haber establecido el Sistema Económico Social y Solidario (Art.283) y el Estado de derechos y justicia (Art.1), los cuales constituyen una estructura interdependiente orientada a la consecución de los derechos constitucionales y el buen vivir no solo de los ciudadanos, sino también de la naturaleza. El Estado constitucional de derechos y justicia y el sistema económico social y solidario, constituyen nuevos paradigmas basados en el principio de centralidad de derechos y la solidaridad democrática, donde las necesidades y deseos legítimos aseguran el bienestar y la existencia de todas las personas y la naturaleza; en el cual existen diversos actores económicos (públicos, privados, mixtos, populares y solidarios) que interactúan bajo principios de solidaridad, justicia y responsabilidad en el mercado, que es el punto de encuentro de los mismos, más no su ente regulador. Este nuevo modelo económico requiere de un renovado paradigma de Estado, es así que el Estado constitucional de derechos y justicia, el cual tiene como elementos de interdependencia al buen vivir como la filosofía común que sustenta y justifica al nuevo modelo de Estado y economía, un sistema normativo que responde a la centralidad de derechos y una institucionalidad orientada a aplicar el buen vivir.

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Partindo da premissa de que o jornal é um espaço privilegiado para a oferta de sentidos sobre o mundo, esta pesquisa tem como proposta investigar o modo como o jornal O Globo, construiu e fez circular os sentidos sobre as drogas, principalmente o crack, em 2013. Do ponto de vista da saúde pública, neste ano, travou-se o debate em torno da votação do PL 7663/2010 que, entre outros aspectos, propõe mudanças na legislação referente às alternativas de tratamento da dependência química. Nosso corpus de análise é formado pelos textos publicados n\2019O Globo, no período de janeiro a dezembro de 2013, que abordaram o eixo crack, internação compulsória e Projeto de Lei 7663/2010. Como referências teórico-metodológicas utilizamos os postulados da Semiologia dos Discursos Sociais, trabalhando ainda conceitos propostos por teóricos como Pierre Bourdieu, Mikhail Bakhtin, Eliseo Verón, Muniz Sodré e Michel Foucault a partir de reflexões sobre campo social, discurso, poder e midiatização. Tomando por base as construções enunciativas analisadas, destacamos que apesar de mostrar-se contrário a alguns aspectos da internação, o jornal O Globo defendia a mesma como alternativa para conter a epidemia de crack

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O trabalho apresentado tem como finalidade primordial traçar os principais temas ralacionados às medidas de segurança, trazendo, sobretudo, um enfoque ricamente constitucional e os principais desdobramentos no quotidiano jurídico e social. Além disso, é realizado um estudo da execução dessas espécies de sanção penal, uma vz que se revela de fundamental importância descortinar os verdadeiros desafios do direito no século XXI em relação ao efetivo cumprimento de tais medidas e de sua eficácia tanto sob a ótica do inimputável quanto da própria sociedade. O contexto histórico nos revela a evolução do tratamento de todos aqueles que não se ajustaram à sociedade, mas que merecem ser tratados com dignidade pelo simples fato de serem seres humanos, que que a própria Carta Magna confere tal direito a todos.