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En los años de la postguerra nadie dudaba de la importancia de la «economía del desarrollo» como disciplina teórica, tampoco de su relevancia práctica en la promoción de la convergencia de los países más pobres con los más desarrollados. Eran tiempos de fuerte crecimiento, el desempleo no era problema, el Estado del Bienestar se consolidaba y, se confiaba en que se había hallado en las políticas keynesianas la llave para el crecimiento y empleo. Décadas después llega a reinar la posición opuesta: las teorías del desarrollo fueron despreciadas, se acusó al Estado de causar inflación y estancamiento y se buscó el desarrollo económico a través de la liberalización comercial.Sin embargo, en contextos distintos y con análisis muy diversos, los viejos estudios de Gunnar Myrdal y las recientes investigaciones de Michael Porter nos sirven de fundamento para sostener la vigencia y necesidad de las políticas económicas para el desarrollo, así como para reclamar la importancia de las teorías del desarrollo en el mundo actual.Las nuevas teorías sobre el comercio mundial y los efectos en materia de integración económica entre socios desiguales estudiados en la gran „probeta‟ llamada Unión Europea, han sido decisivos para redimensionar el apoyo público para el desarrollo y la competitividad de los países más retrasados.

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En el presente artículo se discuten los alcances de la estrategia liberal en el caso de la economía costarricense, principalmente desde la perspectiva de su paradoja de realización; es decir, la conformación de condiciones implica imposibilidad de objetivos. Como argumento de fondo se explora el hecho de que la vigencia del paradigma de la competencia imperfecta (con un claro dominio de monopolios y oligopolios), fortalecida con el proceso aperturista, no crea condiciones para el advenimiento del paradigma de la competencia perfecta, condición esencial para el logro de objetivos de la propuesta liberal.

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El proyecto de Reforma Constitucional llamado de las Garantías Económicas, pretende ser una solución frente a un problema -el fiscal- que captura un gran interés en la opinión pública de Costa Rica. Se sustenta en una serie de ideas preconcebidas habituales en esta materia, la mayor de las cuales es la incorrecta suposición de que este problema fiscal es el más importante en la economía costarricense. Como propuesta de solución tiene el atractivo de la simplicidad, aparte fundarse en una opción ideológica que rechaza la participación activa del Estado, y la cual es predominante en influyentes sectores de la sociedad de Costa Rica. En ese sentido, su aprobación -particularmente en su versión original o en la sustentada por el Partido Unidad- impondría una severa limitación al accionar del Estado, la cual operaría a priori como mandato constitucional superior. Ello tendría la consecuencia antidemocrática de forzar a la aplicación de una reforma del Estado de la que estaría ausente todo mecanismo de concertación social, y en la cual habrían sido omitidos a priori temas fundamentales como el de la regresividad de la estructura tributaria, el de la desvinculación de esta con relación a la estructura productiva y el de la no correspondencia entre la organización y funcionamiento del Estado y las necesidades y demandas de los grupos sociales de nivel medio y bajo. Por los limitados márgenes de maniobra en que históricamente se ha movido la política fiscal, sus consecuencias para esta no serían muy significativos, pero en cambio sí lo sería para el cumplimiento del papel que es indispensable que el Estado asuma en el desarrollo social y económico. Por lo anterior y, además, por sus ligámenes no explícitos con las propuestas para una política monetaria liberalizante y desreguladora, las Garantías constituirían un paso adelante de decisiva importancia hacia la plena vigencia de los mecanimos del "libre" mercado como organizadores fundamentales del orden social y hacia la plena transnacionalización de la economía costarricense.

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La presente investigación, analiza las prácticas políticas como el clientelismo político y el corporativismo político en asentamientos irregulares de la ZMM, partiendo de la siguiente pregunta como elemento para entender los procesos de marginación en la ciudad. ¿Cómo las prácticas políticas “clientelismo” y “corporativismo”, de los habitantes de asentamientos irregulares en la Zona Metropolitana de Monterrey, inciden en el proceso de marginación? La finalidad de la pregunta es desentrañar las prácticas políticas que se gestan al interior de los asentamientos irregulares, y cómo a su vez éstas impactan en el proceso de marginación de la ciudad. Estas prácticas se hacen visibles en forma de clientelismo político y de corporativismo. Este tema de investigación sobre los asentamientos irregulares no es un fenómeno nuevo ni exclusivo de México, si no que tiene relevancia en Latinoamérica (Valenzuela, 1991). Pero a pesar de su preeminencia los estudios son escasos y dichas experiencias son poco conocidas (Castells, 1987 y Valenzuela 1991). A pesar de los estudios sobre estos, los conceptos de corporativismo y clientelismo en América Latina, mencionan autores como: Lanzaro (1998), González (1997), Trotta (2003) y Audelo (2005), se requiere aún un mayor desarrollo de investigaciones y sobre todo recientes, ya que, a pesar de ser un tema considerado anacrónico el cual tuvo un fuerte impacto en la década de 1980, actualmente sigue teniendo vigencia ya que ha podido adaptarse y coexistir en la era de los derechos humanos y la democracia moderna. Para ello se parte de una metodología de corte cualitativa utilizando técnicas como: la etnografía, la observación y la entrevista a profundidad, para la recolección de los datos, y para el tratamiento de la información se realizó con el programa de análisis de datos cualitativos asistido por computadora, ATLAS. Ti., el cual permitió sistematizar y organizar: audios (entrevistas), imágenes (fotografías), fragmento de video (material audiovisual) y documentos textuales (diario de campo). A partir de la información simplificada se procedió a realizar la interpretación y el análisis de los datos, dentro de la constante contrastación de la teoría existente y los discursos obtenidos, se consiguió conocer la relación simbiótica entre las prácticas políticas y los asentamientos irregulares

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Con la entrada en vigencia de la reforma educativa, implementada por el Ministerio de Educación, la cual impulsa un modelo de descentralización en la administración, de los centros educativos nacionales, a través de la creación de las diferentes Modalidades de Administración Escolar Local, pretende mejorar la gestión administrativa de los recursos humanos, materiales y financieros disponibles en los centros educativos nacionales. Sin embargo muchas instituciones educativas y en particular el Centro Escolar General Francisco Morazán poseen limitados conocimientos administrativos para llevar a cabo el proceso de Planificación, Organización, Dirección y Control. Para efectos de minimizar las deficiencias administrativas que presenta el Centro Escolar, se ha diseñado la presente propuesta que tiene como objetivo proveer herramientas administrativas que contribuyan a la eficiencia en la administración del Centro Escolar. Para la realización de la investigación se describió, analizó e interpretó la situación problemática que acontece en el Centro Escolar. En la elaboración del Diagnóstico Administrativo se utilizaron diferentes técnicas que permitieron recabar la información, entre ellas se mencionan: la entrevista, la encuesta y la observación. Posteriormente se procesó la información por medio de un sistema manual utilizando hojas tabulares para un fácil registro. Los resultados obtenidos reflejaron deficiencias en las fases del proceso administrativo por lo que fue necesaria la elaboración de diferentes herramientas administrativas. Entre las principales conclusiones y recomendaciones están: – La actual estructura organizativa no se adapta a las necesidades de la institución, debido a que no están definidos claramente los niveles de responsabilidad y autoridad por lo que se propone un cambio en la estructura organizativa reflejando las unidades de apoyo y asesoría externa. – Se verificó la inexistencia de los diferentes manuales administrativos, recomendando la elaboración de éstos, con el objeto de coordinar y facilitar el desempeño de las actividades en la institución. – Se detectó que no realizan evaluaciones del desempeño al personal por lo que se recomienda el uso de fichas de evaluación del desempeño para determinar qué tan eficiente se ha realizado la labor de docencia y administrativa.

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La Institución se fundó el 23 de Julio de 1900, con el nombre de Consejo Superior de Salubridad, dependencia del Ministerio de Gobernación. El Consejo determino que entre las actividades principales a realizar fueran: estadísticas médicas, saneamiento de zonas urbanas, inspecciones de víveres, higiene de rastros y mercados, construcción de cloacas y sistemas de aguas servidas, obligatoriedad de instalar letrinas, lucha contra los mosquitos, visitas a establos, fábricas y beneficios de lavar café. El primer Código de Sanidad entra en vigencia el 24 de julio del mismo año. El 15 de agosto se creó la Dirección General de Vacunación la cual en 1907 se llamó Instituto de Vacunación contra la Viruela. En el año 1920 se fundó la Dirección General de Sanidad dependiendo también del Ministerio de la Gobernación. En 1926 El Poder Ejecutivo creó a través de la Subsecretaría de Beneficencia, el servicio de asistencia médica gratuita, cuya finalidad era prestar auxilio oportuno y eficaz a los enfermos pobres en todas las poblaciones de la República. En el año 1930 se aprueba un nuevo Código de Sanidad, en este año se establece la primera clínica de puericultura ubicada en San Salvador. En el año 1948 se creó el Ministerio de Asistencia Social, y al finalizar este año se cuenta con 32 servicios en 32 municipios con un personal de 565 y un presupuesto de ¢1,158,620.00 colones. Para el año 1950 El Ministerio de Asistencia Social pasaba a ser El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. En 1956 existían 40 servicios locales bajo la Dirección General de Sanidad. En Diciembre de 1960 entró en vigencia la Ley de patronatos en Centros Asistenciales. En 1965 los servicios aumentaron a 151, distribuidos en 14 hospitales, 9 centros de salud, 57 unidades de salud, 70 puestos de salud y 1 inspectoría. En 1978 se contaba con 271 establecimientos de salud y se tenía 85.4% de cobertura y 96.2% de población accesible a los diferentes establecimientos de salud. En 1989-1990 se determina la necesidad de crear una descentralización efectiva de la atención a los pacientes creándose los Sistemas Locales de Salud (SILOS). En 1983 se elaboró el diagnóstico de salud correspondiente a los años 1979-1982 para ser tomado como documento de referencia para programar las actividades del Ministerio. Para 1993 se contaba con 18,276 plazas de personal médico, enfermeras, técnicos y administrativos, distribuidos en 372 establecimientos de salud de los cuales son 15 hospitales, 15 centros de salud, 163 unidades, 150 puestos de salud, 34 puestos Comunitarios y 3 dispensarios. En 1999 Se conformó el Consejo de Reforma del Sector Salud como entidad encargada de formular la reforma del sector salud con participación de diferentes entidades públicas y privadas que conforman el sector. En el 2000, La red de servicios incremento a 610 establecimientos distribuidos en 30 hospitales 357 unidades de salud, la cual fue reforzada con equipo invirtiendo 8 millones de colones y mejoramiento en su infraestructura con una inversión de 5.9 millones de colones. Se ha continuado con el proceso de modernización con la redefinición de las funciones del Sistema Sanitario con el fin de conformar el Sistema Básico de Salud Integral (SIBASI) bajo la visión de lograr la participación activa de la comunidad (participación social) y lograr la descentralización de los servicios de salud.

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En El Salvador a diario se observa que existe una población masiva de escasos recursos la cual desea y necesita tener una Vivienda Digna, por lo que el Fondo Nacional de Vivienda Popular en su afán de servir a estas personas de escasos recursos crea una Ley que responde a ese sector, la cual fue aprobada el 28 de Mayo de 1992 entrando en vigencia el 17 de Junio del mismo año, tomando esta última como fecha de fundación Se crea como Institución Pública de Crédito de carácter autónomo, con personalidad jurídica, patrimonio propio y duración indefinida, que brinda la oportunidad de tener una vivienda digna a ese sector vulnerable de la sociedad, facilitándoles vivienda a las familias que tengan ingresos inferior o igual a cuatro salarios mínimos. Actualmente, FONAVIPO tiene dos Programas de Vivienda: el Programa de Contribución y el Programa de Crédito siendo este objeto de nuestra investigación. En ese contexto, esta investigación está dirigida a los usuarios finales con el fin de conocer cuáles son sus necesidades crediticias en concepto de vivienda o de otra índole y así hacer la propuesta al Fondo Nacional de Vivienda Popular sobre las necesidades que tienen los usuarios finales. Por lo cual identificamos el problema de la rentabilidad de los productos financieros o líneas de crédito tanto para FONAVIPO y la satisfacción del usuario final, con el objetivo de obtener la mayor rentabilidad para ambos y que satisfaga las exigencias de vivienda y expectativas económicas del usuario final. El objetivo radica en qué medida los productos financieros del Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO) a través de los intermediarios son rentables y si éstos contribuyen a satisfacer las necesidades de los sectores de más bajos ingresos a nivel nacional. Para la recolección de la información, se aplicó el método inductivo, utilizando fuentes primarias y secundarias; realizando la investigación de campo a través de un cuestionario dirigido a las Instituciones Autorizadas y Usuarios Finales, y entrevistas dentro de FONAVIPO. Una vez recolectada la información, se elaboró un diagnóstico que permitió conocer la rentabilidad de las líneas de crédito existentes, obteniéndose las siguientes conclusiones: Para las IA´s las tasas de interés depende del margen de intermediación proporcionado por FONAVIPO. Además, existe un techo límite del monto. La compra de vivienda es el destino con menor demanda debido a la poca promoción de Proyectos Habitacionales de Interés Social. De igual forma se manifiesta que sí deben mejorarse las líneas de crédito, y no se sugiere ninguna eliminación de las líneas de crédito. Así también se sugiere una línea de crédito o producto financiero nuevo que les ayude a mejorar la calidad de vida de sus familias. Por tanto, el grupo de investigación elaboró el trabajo de graduación denominado “Diagnóstico de la Rentabilidad de los Productos Financieros del Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO) de El Salvador y Propuesta de Alternativas de Nuevos Productos”. En base a la problemática y conclusiones se recomienda a FONAVIPO: Mejorar las líneas de créditos existentes: tasa de interés, monto, plazos. No eliminar líneas de créditos existentes. Nueva línea de crédito o producto financiero ubicándola en el Programa de Crédito y la denominamos “Línea de Crédito Complementaria para Beneficio Social o Economía de Subsistencia”. Este producto crediticio financiero proporcionará un crecimiento en la cartera de préstamos del Fondo Nacional de Vivienda Popular a través de las Instituciones Autorizadas. La propuesta está dirigida para el Usuario Final que se encuentra activo con el Fondo Nacional de Vivienda Popular que requiere un segundo ó tercer crédito para la colocación de un negocio familiar como una tienda de artículos varios, un taller de costura, compra de herramientas de trabajo y otros.

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Desde la vigencia de la Constitución del 2008, nuestro país evidencia una serie de cambios significativos, relacionados principalmente con las garantías constitucionales. En la presente monografía se ha realizado un estudio detallado de cada uno de estos mecanismos constitucionales, que garantizan una protección eficiente de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno y en los instrumentos internacionales a favor de las personas. La presente investigación se divide en dos importantes secciones, que son las siguientes: Inicialmente, se presentan los avances en tema de garantías constitucionales establecidas en la Constitución de 2008, en relación a las garantías reguladas en el cuerpo político de 1998; se desarrolla además, un análisis de cada uno de estos mecanismos constitucionales, garantías normativas, institucionales, de políticas públicas, y jurisdiccionales, efectuando una referencia de las instituciones que abarca cada una de ellas.

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Al entrar en vigencia la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública en el año 2000, las Unidades de Adquisiciones y Contrataciones de las Instituciones Gubernamentales tuvieron que cambiar los procesos en las adquisiciones, además de reestructurar cada unidad, por eso es necesario que las gestiones de compras se realicen con eficiencia y transparencia para obtener los objetivos de la Institución. Por tal razón, para eficientizar los procesos en las gestiones de compra en la UACI del INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA se ha diseñado la presente propuesta que comprende el contenido de las bases de licitación, programa de capacitación, plan de implementación de la estructura organizativa de la UACI, herramientas administrativas necesarias y sistematización de los procesos, aspectos que contribuyen a la realización de una buena gestión. Para la realización de la investigación se describió, analizó e interpretó la situación problemática que acontece en la UACI. En la elaboración del diagnóstico de los procesos actuales de compra se utilizaron diferentes técnicas que permitieron recabar la información, entre ellos se encuentran: la entrevista, la encuesta y la observación. Posteriormente, se procesó la información por medio de un sistema manual utilizando hojas tabulares para facilitar el proceso de integración de la información. Los resultados obtenidos reflejaron deficiencias en las procesos de las gestiones de compra, lográndose de esta manera la determinación de la situación real y aspectos que deben mejorarse en la UACI, lo cual permitió establecer las siguientes conclusiones y recomendaciones: CONCLUSIONES a) La mayoría de los empleados conocen solamente los aspectos generales sobre la ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. b) No se cuenta con un programa de capacitación de la LACAP para los empleados de la UACI y las áreas relacionadas con dicha Unidad. c) Existe un programa de capacitación pero a nivel institucional. d) Los empleados de las áreas relacionadas con la UACI no tienen conocimientos generales sobre la LACAP. e) Las formas de contratación más utilizadas en las gestiones de compra son: libre gestión y licitación o concurso público. f) Existen dificultades en la aplicación del proceso de la Ley para la elaboración de las bases de licitación y la evaluación de ofertas. g) Los empleados carecen de conocimientos para la aplicación de la LACAP en los procesos de gestiones de compra. h) Se considera necesario sistematizar los procesos de compra de bienes y servicios. RECOMENDACIONES a) Los empleados de la UACI deben poseer sólidos conocimientos de la LACAP y su aplicación en todo tipo de compra. b) Elaborar un programa de capacitación para la UACI sobre la LACAP y las leyes relacionadas con la administración pública. c) Involucrar a los empleados de la UFI en los programas de capacitación sobre las adquisiciones y contrataciones. d) Revisar el contenido de las bases de licitación y los procesos para su elaboración. e) Adquirir productos de acuerdo a la calidad solicitada por las diferentes dependencias del Instituto. f) Fortalecer los conocimientos de los empleados con respecto a la aplicación de la LACAP. g) Revisar los procesos de las gestiones de compra y mejorarlos evitando atrasos en las compras y minimizar los recursos. h) Es necesario reducir los procesos en las gestiones de compras de bienes y servicios para evitar retrasos.

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En la actualidad la descentralización del Estado, el fortalecimiento municipal y la participación ciudadana son tres aspectos que necesariamente se articulan y que por su vigencia cobran mayor fuerza e importancia en Latinoamérica. En El Salvador se observa una tendencia creciente en las Municipalidades por asumir su competencia, a la par de un incremento de los recursos financieros municipales, causado por una parte por la presión de las demandas locales y por otra, por un criterio cada vez más amplio referente a la necesidad de un traspaso progresivo de competencia desde las entidades del Gobierno Central a los Gobiernos Locales. Las Municipalidades de El Salvador deberán aplicar procesos administrativos y contables adecuados que les permitan obtener eficiencia en el manejo de los fondos que reciben a través del Gobierno Central. La presente investigación tiene como objetivo principal elaborar una guía que facilite la comprensión de los procedimientos administrativos y contables para el manejo de los fondos del Presupuesto General de la República, asignado a las Municipalidades de El Salvador. La metodología utilizada fue la investigación bibliográfica y de campo en la que se distinguió el uso de técnicas y métodos para la recopilación de la información, tales como: entrevistas, encuestas y revisión bibliográfica. Los datos obtenidos fueron tabulados en cuadros estadísticos para mayor facilidad de su análisis e interpretación y de esta forma establecer la situación actual de las Municipalidades. De los resultados obtenidos de la investigación, se proporciona el desarrollo administrativo y contable, haciendo uso de la Contabilidad Gubernamental para el registro de las operaciones de ingresos y egresos de los fondos para el desarrollo económico y social de los Municipios recibidos por una alcaldía determinada. Al final se establecen las conclusiones a que se llegó durante la investigación, señalándose así las deficiencias administrativas y contables observadas; dando lugar éstas a plantear las recomendaciones respectivas.

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No cabe duda de que Jane Austen (1775-1817) es a día de hoy no sólo una figura preeminente dentro de la literatura en lengua inglesa sino que de igual modo es una de las novelistas más conocidas por el gran público, un estatus que ha alcanzado sobre todo en los últimos veinte años. Gran parte de la popularidad de la que goza esta autora en el siglo veintiuno ha sido generada por las adaptaciones que se han realizado de sus novelas. A partir de mediados de los años noventa se desarrolla intensamente la tendencia de trasladar el argumento de sus obras, particularmente Pride and Prejudice, a un contexto contemporáneo. La presente tesis analiza este fenómeno y lleva a cabo un estudio exhaustivo de las recreaciones contemporáneas de Pride and Prejudice tanto en el medio literario como fílmico. Descartando el concepto de “fidelidad” como principio taxonómico, este trabajo presta atención a otras afinidades estructurales y temáticas para organizar el amplio corpus de reescrituras ya que éste es extraordinariamente amplio y dinámico. De esta forma tras un estudio del contexto histórico de Pride and Prejudice se presenta un análisis de las distintas tendencias que se pueden encontrar en las recreaciones contemporáneas de esta novela de Jane Austen. Así, se estudian en profundidad algunas de las novelas que abrieron el camino para la recontextualización de Pride and Prejudice en la actualidad como es el caso de Bridget Jones’s Diary (Helen Fielding, 1996). Igualmente también se consideran aquellas obras que trasladan el argumento de la novela de Jane Austen a otras culturas y sociedades como ocurre en Jane Austen in Boca (Paula Marantz-Cohen, 2002) y aquéllas que presentan a unas Janeites que escapan de la realidad de sus vidas a través de la literatura austeniana como sucede en Me & Mr Darcy (Alexandra Potter, 2007). Otra interesante tendencia que se analiza es la de las novelas que reescriben Pride and Prejudice para un lector eminentemente juvenil como sería el caso de Prom & Prejudice (Elizabeth Eulberg, 2011) así como las que realizan una clara labor de apropiación del legado de la autora británica como ocurre, por ejemplo, en Fitzwilliam Darcy Rock Star (Heather Lynn Rigaud, 2011). Estas mismas tendencias se pueden encontrar en las recreaciones audiovisuales de Pride and Prejudice y en el capítulo dedicado a ellas se procede al análisis de todas las reescrituras que se han realizado en este medio hasta el momento como, por ejemplo, Bride & Prejudice (Gurminder Chadha, 2004), Lost in Austen (Dan Zeff, 2008) o The Lizzie Bennet Diaries (Hank Green y Bernie Su 2012-13) entre otras. Todas ellas, sin duda, reflejan la vigencia y riqueza de un texto capaz de adaptarse a los más variados contextos que, a pesar de haber sido creado hace más de doscientos años, sigue siendo fuente de inspiración para multitud de creadores. Para finalizar se incluye un capítulo dedicado a la presencia de Jane Austen y de Pride and Prejudice en diversos ámbitos de la cultura popular, lo que pone de manifiesto el alcance de la autora y su obra en la sociedad actual.

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La figura de la Inconstitucionalidad por Omisión se compone por dos elementos: "inconstitucionalidad" y "omisión"; el primero de ellos hace referencia a una conducta vulneradora de la Carta Magna, y "omisión", se define como una inactividad o un dejar de hacer. En algunos diccionarios jurídicos, el término "omisión" es remitido al ámbito penal, no procesal constitucional, esto es porque la Inconstitucionalidad por Omisión es una figura aún en construcción, de tal forma que su regulación expresa se encuentra ausente en muchos países, incluyendo el nuestro. Es por ello, que en la doctrina, hay una pugna en el reconocimiento de la existencia de esta figura, las cuales se analizarán en los argumentos a favor y en contra del reconocimiento de la misma, así como los diversos tipos de omisión legislativa, y las teorías aplicables a esta investigación en relación a los derechos sociales, tales como: (1) La Doctrina de la Supremacía Constitucional, en la que se establecerá que las disposiciones de la Carta Magna deben ser acatadas por su carácter superior, incluyendo los mandatos constitucionales de disposiciones programáticas pendientes de desarrollo legislativo; (2) La Teoría del Estado Social, en la que se analizará cómo quedaron los derechos sociales después de la crisis del Estado de Bienestar; y (3) la Teoría jurídica garantista de los derechos fundamentales de Luigi Ferrajoli, que se retomará en referencia a la falta de garantía de los derechos sociales, el cual es un punto de gran importancia, debido que estos derechos al ser incorporados al ordenamiento jurídico adquieren la función de legitimar al Estado y proteger la dignidad humana. Por otro lado, se establecerá la relación de esta investigación con aspectos de contenido económico, político y social, por ejemplo: en el aspecto económico, es necesario que el Estado cuente con recursos para garantizar y satisfacer el goce de los derechos sociales; de igual forma, es necesario que el legislador secundario priorice garantizar los derechos sociales sobre intereses políticos, o de conveniencia, en su función de creación de leyes (aspecto político); en cuanto al aspecto social, este debe activarse mediante la lucha del reconocimiento del respeto y desarrollo de los mandatos constitucionales, que puede darse por medio del mecanismo de la Inconstitucionalidad por Omisión, es decir, la actuación activa de la sociedad que requiere un necesario conocimiento de las nuevas realidades jurídicas, dado que no se puede defender algo del cual se tenga desconocimiento. Así también, el desarrollo de la investigación resaltará la importancia del necesario control en las omisiones que incurre el órgano legislativo, al incumplir mandatos constitucionales para legislar, lo que produce un despliegue incorrecto de la eficacia jurídica de la Carta Magna; dicha omisión, debe producirse en un espacio de tiempo razonable. En el caso salvadoreño, el tiempo existente entre la vigencia de nuestra Constitución y la actualidad son treinta años; el deber ser es que los mandatos constitucionales, expresos o implícitos, ya han sido desarrollados, pero, la realidad dice lo contrario, lo que nos lleva a cuestionar ¿Por qué no han sido desarrollados todos los mandatos constitucionales? Si bien es cierto, la figura de la Inconstitucionalidad por Omisión es una figura emergente en nuestro país, la excesiva dilación de legislar se produce, entre otras causas, por la falta de demanda en la exigencia de desarrollo. Es importante destacar, que la presente investigación trata sobre la esfera social, por lo que el análisis de los mandatos constitucionales pendientes de legislar serán aquellos comprendidos en el Capítulo II ("Derechos sociales") de nuestra Constitución.

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Con la creación de las Normas de Auditoría Interna del sector Gubernamental de El Salvador (NAIG), las unidades de auditoría y principalmente el encargado de la unidad, se ven en la necesidad de adoptar un sistema de control de calidad, según se establece en la normativa en los artículos del 193 al 196, dicho sistema debe estar diseñado con el propósito de: verificar el logro de los objetivos de auditoría, ejecución del trabajo de auditoría con estándar profesional y acatar la normativa técnica aplicable. Uno de los principales problemas a los que se enfrentan las unidades de auditoría, para la creación del sistema de control de calidad es que las NAIG no brindan lineamientos detallados de cómo realizarlo y el enfoque que deben contener las políticas y procedimientos que formen parte del sistema; dicha situación deja a las instituciones pendientes de cumplir el requerimiento de la normativa gubernamental. Como población de estudio para el presente trabajo se tomó 16 Instituciones Autónomas de la República de El Salvador, que en su estructura organizacional tienen una unidad de auditoría interna, se desarrolló bajo el tipo de estudio deductivo ya que mediante un análisis se procedió a encontrar situaciones que permitieron determinar la importancia de crear un sistema de control de calidad para la actividad de auditoría interna, partiendo del conocimiento de la normativa técnica emitida por la Corte de Cuentas de la República, dicha normativa manda a supervisar la actividad de auditoría mediante un sistema formado por políticas y procedimientos. Mediante el enfoque analítico descriptivo se consiguió describir y analizar la forma en que se manifiesta el problema en estudio, detallando y explicando todos los componentes del mismo, analizando las posibles causas y la fuente principal que origina el problema. Con la finalidad de comprender la situación actual de la problemática se utilizaron instrumentos tales como: la encuesta y el cuestionario, los cuales contribuyeron a determinar los resultados que a continuación planteamos: De las unidades encuestadas, 62.5% manifestaron no tener un sistema de control de calidad, a pesar que tienen conocimiento de la existencia y entrada en vigencia de las NAIG es decir, las unidades tienen el reto de dar cumplimiento a lo establecido en el art. 193 de dicha normativa gubernamental. El 71.43% coincide que todas las fases de la actividad de auditoría interna mejorarían con la implementación de un sistema de control de calidad, este resultado refleja la importancia de la adopción del mencionado sistema en las unidades de auditoría. El art. 193 de las NAIG establece que el sistema de control de calidad, debe ser diseñado dependiendo de la estructura organizacional de la unidad de auditoría interna a la que va dirigido y no se determina a cargo de quien está su elaboración, por lo que este puede ser desarrollado externamente es decir, la institución puede contratar su desarrollo, además el monitoreo estará a cargo del responsable que la máxima autoridad de la institución designe, mientras que la Corte de Cuentas de la República es la responsable de verificar la eficiencia del sistema adoptado; sin embargo 68.75% de la población en estudio converge en que el desarrollo del sistema debe estar a cargo del responsable de la unidad de auditoría interna, pero tal responsabilidad no puede ser designada en un miembro de la unidad, puesto que pierde la objetividad del alcance del sistema. Las unidades de auditoría interna encuestadas 100% coinciden en aceptar una herramienta que sirva como guía para la elaboración de su sistema de control de calidad, que les permita apegarse a los lineamientos que las NAIG establecen. En el desarrollo del presente trabajo se ha determinado que algunas unidades de auditoría interna aún no poseen el sistema de control de calidad según lo establecido en las NAIG, por lo tanto se recomienda la creación de un sistema de control de calidad apegado y adaptado a la estructura organizativa de la unidad de la institución, con el objetivo de cumplir con la normativa gubernamental.

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El sector agrícola ha sufrido un estancamiento en los últimos años, el cual ha sido significativo en el desempeño de la economía en El Salvador, con la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio que permitirá la exportación de productos no tradicionales aportando ingresos de divisas y el apoyo que el gobierno ofrece a través de la Dirección General de Agronegocios (DGA) para fortalecer y reactivar el agro, se espera un crecimiento representativo. Debido a los constantes cambios ocurridos en el país, ha sido necesario que los medianos y pequeños empresarios formen alianzas estratégicas permitiendo la obtención de beneficios tales como disminución de costos en los insumos y mayor probabilidad de financiamiento otorgados por instituciones crediticias el cual es utilizado para la inversión en infraestructura y equipamiento, la obtención de asesoría y capacitación por parte de entes de apoyo. El cultivo de tilapia se ha ido incrementando con muchas perspectivas por ser un rubro rentable y competitivo en los agronegocios, su reproducción no representa mayores problemas, teniendo varias generaciones durante el año sin necesidad de habilidades especiales y tecnologías muy avanzadas. El método utilizado para el desarrollo del trabajo fue el hipotético deductivo, ya que este permitió relacionar la investigación bibliográfica y la de campo. Dichas investigaciones se realizaron en ocho agronegocios que fueron seleccionados del total que se encuentra inscrito en la DGA, se encuestó y entrevistó a los encargados de la contabilidad, que representan el cien por ciento de la muestra en estudio. Al tabular y analizar los datos obtenidos de las encuestas y reforzándolas con las entrevistas se determinó mediante el diagnóstico que en la mayoría de los agronegocios en estudio no identifican los diferentes centros de costos, así como aún no han aplicado las Normas Internacionales de Contabilidad que les proporcione estados financieros más confiables, al personal entrevistado se les preguntó si era necesario una herramienta o documento que les sirviera de guía para identificar los centros de costos y les de las directrices básicas para asociar las NIC´s, con el fin de cooperar a la formulación de los estados financieros Por lo anterior, como aporte social del grupo se elaboró una propuesta que coopere a revelar una descripción narrativa o cuantitativa, distinguiendo los diferentes tipos de peces que cultivan con el fin de llevar un control y conocer todas las operaciones de cada uno de ellos, es decir que los estados financieros y registros contables detallaran todos los procesos, utilizando una segregación de cuentas que permitiera visualizar y entender el tratamiento contable que se le da, en relación a la actividad de la piscicultura. Los registros contables de las operaciones que realizan los agronegocios en relación a la piscicultura no son los más adecuados, debido a la falta de aplicación de la clasificación o nomenclatura contable establecida en las normas, las cuales especifican el tratamiento a seguir para las diferentes actividades.

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Ante la problemática observada sobre la deficiente aplicación de un efectivo control de calidad en el desempeño de compromisos de auditoria, y como respuesta a la necesidad de establecer un parámetro de un sistema de control de calidad, se efectuó esta investigación que tiene por finalidad proporcionar un modelo de manual de políticas y procedimientos de acuerdo a la Norma Internacional Sobre Control de Calidad No 1, cuyo contenido está enfocado a las necesidades determinadas en dicha investigación. El desarrollo de una profesión debe hacerse dentro de un marco que requiera un nivel óptimo de calidad. En particular, en el caso de un auditor que emite informes con opinión, se advierte que la incidencia social y económica de su trabajo es muy importante. A mayor calidad de trabajo, menor incertidumbre tendrán los terceros usuarios de esa información. La búsqueda de la calidad del servicio se basa en el cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas profesionales al menor costo posible. La Norma Internacional Sobre Control de Calidad No 1 tiene como finalidad establecer normas y proporcionar guías respecto a las responsabilidades de las firmas por sus sistemas de control de calidad para las auditorias y revisiones de información financiera histórica y para otros compromisos de aseguramiento y servicios afines. La investigación se desarrolló bajo el enfoque interpretativo-descriptivo, la cual reseña las características o rasgos de la situación objeto de estudio permitiendo de esta manera la interpretación de los datos recopilados en el desarrollo de la investigación, con la finalidad de comprender la realidad, que mediante técnicas e instrumentos tales como el cuestionario y la encuesta permitió determinar las valoraciones siguientes: La investigación permitió determinar que en las firmas de auditoría los asistentes constituyen más de la mitad del personal con el que se cuenta para desarrollar los compromisos adquiridos y en su mayoría desconocen el contenido y aplicación de la Norma Internacional Sobre Control de Calidad No 1. Por carencia de conocimiento de la aplicación de la Norma Internacional Sobre Control de Calidad No 1, los encuestados confunden las funciones del Revisor del sistema de control de calidad con las tareas que realiza un supervisor del trabajo de auditoria, igual situación sucede cuando se refieren al manual de políticas y procedimientos que la firma debe aplicar en la organización interna, lo que erróneamente se considera que es el manual para desarrollar el trabajo de auditoria. A pesar que el Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoria puso en vigencia la Norma Internacional Sobre Control de Calidad No 1 a partir de junio dos mil cinco, en la investigación se determinó que el personal que labora en las firmas de auditoría tienen poco conocimiento de la normativa, y que no tienen establecidas o desconocen políticas y procedimientos que aseguren el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Código de Ética del IFAC y del Código de Ética para Profesionales de la Contaduría Pública.