934 resultados para jurídicos
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El presente trabajo proporciona un panorama abarcador del derecho argentino en materia de reclamos por reparaciones pecuniarias promovidos por usuarios de los servicios públicos. Se trata de una reseña distribuida en tres secciones: primeramente, la presentación básica de las normas y regulaciones argentinas; a ella le sigue un capítulo que constituye el corazón conceptual del trabajo, en el que se vuelca una descripción pormenorizada de la casuística en la materia; finalmente, se concluye con un relevamiento de episodios que revelarían la puja de intereses encontrados que subyacen a la temática abordada.
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El proceso político y jurídico que dio origen al capítulo sobre restitución de tierras de la Ley 1448, o Ley de Víctimas, ha tenido una trayectoria amplia y compleja, en la que se produce una evolución de gran magnitud puesto que se pasa de la idea original de protección a la de restitución. En el presente artículo nos proponemos tres objetivos: reconstruir la trayectoria institucional del Proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio para la población desplazada, como un caso particular dentro de la institucionalidad y como gestor de la política de restitución de tierras; en segundo término, buscamos mostrar los avances técnicos que posibilitaron esa evolución desde la idea de protección hasta la de restitución y, finalmente, analizar las lógicas gubernamentales que orientaron este proceso. Todo lo anterior desde un marco conceptual de la sociología y antropología política, mostrando la interacción entre diferentes actores e intereses, con lógicas de gobierno que superan al Estado (este primer estudio se sustenta en los archivos y documentos producidos y publicados por el proyecto).
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Son bien conocidas las tensiones entre juristas y economistas en torno a la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Mientras para los economistas más ortodoxos los derechos sociales son simples declaraciones, para los juristas más progresistas los derechos sociales, al igual que los derechos civiles y políticos, son plenamente exigibles a través de mecanismos judiciales y no judiciales. En el ámbito de estos últimos mecanismos, especial lugar ocupan las políticas públicas. Conforme con este marco, este ensayo llama la atención sobre la necesidad de que las políticas educativas se diseñen e implementen con fundamento en el contenido del derecho a la educación y las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado colombiano en la materia. El ensayo se estructura en tres acápites: (i) presenta algunas reflexiones que ponen en evidencia la distancia entre la política educativa y el derecho a la educación; (ii) sintetiza el contenido fundamental del derecho a la educación y las obligaciones del Estado; y (iii) presenta un conjunto de indicadores a partir de los cuales se puede valorar el éxito de las políticas en lo que se refiere al respeto, protección y realización del derecho a la educación.
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El texto reconstruye la estrategia de reforma y modernización del Estado del BID en América Latina desde los 90s a partir de las tensiones que se originan en el proceso de transformación institucional promovido por este organismo bajo el cual se pretende la sostenibilidad de un modelo de desarrollo basado en el mercado mediante la búsqueda simultánea de la gobernabilidad democrática. Dicha reconstrucción se traslada al ámbito de la reforma judicial concebida como uno de sus componentes fundamentales, en donde a partir del análisis de una muestra significativa de programas y de países de la región, se sostiene que si bien ésta contiene componentes para fortalecer tanto la democracia como el mercado, su orientación obedece a promover en mayor medida este último. El análisis propuesto pretende contribuir a las investigaciones sobre los impactos de las reformas judiciales en la región y aporta algunos elementos para la comprensión de la agenda de reforma judicial del BID en Colombia a partir de una reconstrucción breve del contexto en el que se implementaron estos programas y las tensiones que atravesaron el proceso constituyente en los 90s.
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Conscientious objection is defined as the ability to depart from statutory mandates because of intimate convictions based on ethical or religious convictions. A discussion of this issue presents the conflict between the idea of a State concerned with the promotion of individual rights or the protection of general interests and an idea of law based on the maintenance of order and against a view of the law as a means to claim the protection of minimum conditions of the person. From this conflict is drawn the possibility to argue whether conscientious objection should be guaranteed as a fundamental right of freedom of conscience or as a statutory authority legislatively conferred upon persons. This paper sets out a discussion around the two views so as to develop a position that is more consistent with the context of social and constitutional law.
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