1000 resultados para Estado social de derecho -- Colombia


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Esta monografía pretende analizar el estado actual del multiculturalismo en Colombia a partir del estudio de las sentencias del Consejo de Estado y la Corte Constitucional aplicado al conflicto suscitado entre el Estado colombiano, la Occidental de Colombia y la comunidad indígena u´wa. Los propósitos particulares que persigue la investigación giran en torno a cuatro puntos: primero, la descripción del conflicto entre la comunidad u`wa, el Estado colombiano y la multinacional petrolera Occidental de Colombia; segundo, reseñar las sentencias de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado aplicando los planteamientos de Duncan Kennedy, desde los cuales se analizarán los fallos, la colisión y el precedente; tercero, examinar la situación actual de la multiculturalidad en Colombia teniendo en cuenta los planteamientos de Will Kymlicka sobre multiculturalismo y las garantías otorgadas hasta el momento por el Estado colombiano a los indígenas, y cuarto, mirar la indefinición del conflicto y sus consecuencias en el diseño de una política multicultural clara.

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El narcotráfico ha sido uno de los problemas más graves que ha afrontado Colombia en los últimos 30 años. El problema ha sido de tal magnitud que ha permeado todos los ámbitos de la vida social en una época en que la globalización signa la relación de cualquier Estado con el escenario internacional, por esa vía el narcotráfico no es entonces un problema exclusivamente colombiano sino también un problema que le compete a otros actores del sistema internacional, como es el caso de los Estados Unidos. Además la relación entre el narcotráfico y los actores armados ilegales ha complejizado la problemática colombiana y ha incidido en la securitización de las drogas en el país.

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Para este trabajo se tomaron como casos de estudio dos amenazas de diferente naturaleza y que de alguna manera son relevantes en la región Andina, en primer lugar se tomó el caso del problema de drogas en Colombia, dado que el Estado colombiano se configura dentro de la región andina como el mayor productor de drogas ilícitas. Además el problema de drogas se caracteriza por ser una amenaza compartida, es decir, una amenaza que responde a una lógica de carácter transnacional, que va más allá de las fronteras de un Estado. Aunque este problema tiene consecuencias en la esfera política, económica y social, para nuestro caso de estudio el problema de drogas se constituye como una de las causas que amenazan al media ambiente, y este hecho comprende un riesgo para la seguridad andina. En segundo lugar, se optó por las crisis política interna de Ecuador, porque la inestabilidad política es una de las amenazas más visibles que presentan los estados de la región andina. Esta situación interna de la nación ecuatoriana puede ser catalogada como amenaza común, es decir, que está presente en varios países, pero cuya naturaleza responde a una lógica domestica de cada uno de los estados afectando su propia seguridad. Aunque una crisis interna tenga efectos o repercusiones en los países de la región, no necesariamente es considerada como una amenaza a la seguridad de los Estados colindantes.

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El propósito de esta monografía, es mostrar el seguimiento por parte del Estado colombiano de las recomendaciones internacionales de agencias especializadas de Naciones Unidas, que favorecen a la población infantil desplazada. Como se verá, no todos los resultados son positivos. Todavía en muchos aspectos falta trabajo y consistencia. Así mismo, se prevé que una solución total de este flagelo no se verá mientras en Colombia persista una situación de violencia.

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Miguel Ospina decidió emigrar en 1996 de Colombia por la quiebra de su negocio. Frente a esta realidad y a la imposibilidad de encontrar un empleo donde su sueldo fuera superior al mínimo establecido por la ley, y ante la responsabilidad de tener dos hijos y una esposa que mantener, tomó la decisión de radicarse definitivamente en Israel. Al cabo de unos meses consiguió un trabajo en un pequeño supermercado francés en Tel Aviv, y aunque parecía que su situación económica se estabilizaba, su condición de ilegal lo llenaba de incertidumbre y miedo al pensar en una posible deportación. Hoy, más de diez años después, sigue trabajando duro para enviar dinero a sus hijos y esposa en Colombia y no incumplir su promesa y su responsabilidad de velar por ellos. En este lapso de tiempo no ha podido ver a su familia sino una sola vez. Admite, sin embargo, que no volverá al país, pues dice que el bienestar de su familia es lo primero, y además, tampoco cree estar listo para volver a enfrentar una situación parecida a la que vivió antes de partir.

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La presente monografía pretende estudiar el comportamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los países que han aceptado su competencia. Particularmente lo que se busca es analizar cuál es la incidencia de los fallos de modificación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como institución de carácter regional, en los países donde ésta tiene competencia, a partir de los casos de Perú y Colombia. De lo anterior se derivan como propósitos específicos analizar la Competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, examinar el nivel de compromiso de los países en donde la Corte tiene competencia, analizar las órdenes proferidas por la Corte cuando implican modificación de derecho, a partir de los casos de Perú y Colombia y, evaluar el comportamiento de los Estados en la recepción de los fallos de modificación de derechos internos para los casos de estudio.

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Esta monografía busca analizar las razones que permitieron un cambio en la percepción de Estados Unidos de las Fuerzas Militares colombianas, durante el periodo 1996-2005. Para ello, se planea revisar el comportamiento de las Fuerzas Militares colombianas, con relación a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, antes del año 1996; analizar su comportamiento tras la capacitación en temas relacionados con los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario durante el período 1996-2005; revisar las medidas tomadas por las Fuerzas Militares para eliminar nexos con grupos de autodefensas ilegales durante el periodo 1996-2005; y establecer de qué manera, los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y los vínculos con grupos de autodefensas ilegales, son criterios determinantes en la percepción de dichas fuerzas, en Estados Unidos.

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Este estudio analiza la repercusión de las instituciones internacionales y el regimen al interior de éstas concerniente a la lucha contra drogas, en la política interna sobre reducción de demanda. Para esto nos debemos remitir al concepto de “Neoliberalismo Institucional” presentado por Robert Keohane quien afirma que aunque la política internacional carezca de un gobierno común, y se crea que prima la anarquía en las relaciones entre Estados, la política mundial está institucionalizada . Además, sostiene que “las variaciones en la institucionalización de la política mundial ejercen significativo efecto en el comportamiento de los gobiernos”10 Estas instituciones pueden tomar diferentes formas como: las organizaciones intergubernamentales formales o no gubernamentales internacionales, los regímenes internacionales, y las convenciones. Colombia no está exenta de la influencia emanada del institucionalismo internacional, y con base en ello se deben crear políticas que vayan de acuerdo a lo aceptado dentro de las diferentes instituciones; tal es el caso de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), y la Comunidad Andina de Naciones (CAN); organizaciones con las que el Estado ha adquirido compromisos al respecto, y que serán analizadas en el transcurso de este estudio. Asimismo estas instituciones pueden afectar las decisiones de los líderes, ayudando a determinar como se definen los intereses y como se interpretan las acciones. No obstante, la presión de los intereses internos ejerce efectos muchos mayores en la política estatal que las instituciones internacionales. Esto explica por qué desde 1998 a 2006 en cada uno de los períodos presidenciales hay variaciones en la acción política en cuanto la reducción de demanda de drogas ilícitas, pero se sigue actuando en un marco general presentado por las instituciones internacionales.Por otra parte los "Regímenes Internacionales" son definidos por Stephen Krasner como: “conjunto de principios, normas, reglas y procesos de decisión implícitos y explícitos, por los cuales las expectativas de los actores convergen en una área determinada de las relaciones internacionales”.13Es decir que no solo las organizaciones de las que hace parte Colombia afectan en la creación de las políticas, sino el régimen contenido al interior, en este caso la lucha contra drogas es un área específica la cual incluye la demanda de drogas ilícitas.

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La Convención de Ottawa de 1998 -sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas Antipersonal y sobre su destrucción- hace parte de la respuesta internacional a la crisis de índole humanitaria originada por la expansión mundial de este tipo de armamentos. Este tipo de enemigo invisible se encuentra en más de 70 países, generando uno de los problemas humanitarios más graves y acuciantes de todos los tiempos que el ser humano haya podido padecer. Por lo anterior, al menos 90 países de los cuales hizo parte Colombia, se reunieron voluntariamente en 1997 a negociar un Tratado (de Ottawa) y que a la postre se ha convertido en un gran logro ya que por vez primera los países acordaron de conformidad con el Derecho Internacional Humanitario el cese total de la producción, almacenamiento, utilización de estos artefactos explosivos. Pese a la prohibición general impuesta por la Convención de Ottawa, la cual es válida de igual forma para todos los actores armados en el conflicto, hoy día se continúa registrando en el país un aumento generalizado en la utilización de minas. Es por ello, que el presente trabajo pretende identificar particularmente las principales limitaciones y obstáculos que se han presentado para que el Gobierno colombiano de cumplimiento satisfactorio en los tiempos estipulados con los compromisos adquiridos en dicho Tratado Internacional.

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Esta monografía es un análisis del manejo geopolítico de la órbita geoestacionaria (GEO) por parte del Estado colombiano, a partir de la determinación de la política de prestigio implementada por el gobierno, respecto al Derecho del Espacio Ultraterrestre, como elemento determinante de su estrategia de incursión en el escenario internacional. De esta manera, el documento pretende analizar las implicaciones que ha tenido en la construcción del poder nacional del Estado, el manejo geopolítico de la GEO, como un punto necesario en el diseño de una sólida y eficiente política exterior así como su correspondiente estrategia de incursión en el escenario internacional. Con base en lo anterior, se plantean como finalidades particulares del análisis, el establecer cuáles son las condicionantes geopolíticas en términos tecnológicos, comerciales y de soberanía de la GEO; Examinar el régimen de influencia que ejercen los intereses prioritarios de las potencias que usan el espacio de la GEO en la definición interna del manejo del espacio ultraterrestre y la política exterior, en función del manejo del espacio de la GEO correspondiente a Colombia; Analizar cual ha sido la respuesta política y diplomática de Colombia frente al problema de sus derechos de usufructo comercial y científico de la GEO; y por último, presentar a manera de conclusiones y recomendaciones, los elementos que deben incorporarse en la actual política exterior en función de una correcta proyección geopolítica del Estado Colombiano en materia de utilización de la GEO.

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La cada vez más creciente posibilidad de reinserción a la sociedad, por parte de miembros de los grupos alzados en armas, pone de presente la importancia de dejar claro qué se puede negociar y qué no. Por lo anterior, es fundamental determinar los parámetros mínimos para que un proceso de este tipo no redunde en impunidad. El objetivo del presente trabajo, es establecer esos parámetros mínimos de negociación, desde una perspectiva internacional o, más exactamente, desde el enfoque regional del Sistema de Protección y Promoción de los Derechos Humanos, esto implica revisar cuidadosamente la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

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Es innegable la situación de constante y acelerada evolución que ha venido experimentando nuestra sociedad pos industrial, y a la par con este, el vertiginoso ritmo de difusión que el desarrollo tecnológico ha tenido. En atención a tales supuestos, puede decirse que se ha generado un modelo social, cuyo progreso depende en gran medida de los sistemas de información y comunicación. Hace tiempo que el centro de gravedad de la lucha por el poder político y económico se ha desplazado del ámbito del control de las grandes energías al del dominio de la información. Por eso puede afirmarse que a diferencia de la primera revolución industrial, que dependía de recursos finitos y que se organizaba en torno a la energía, la sociedad post-industrial se asienta en la información y se nutre del suministro inagotable de conocimientos. No se puede negar por tanto que la información se configura como un bien de incuestionable valor1 , cuyo tratamiento automatizado repercute en múltiples ámbitos (económico, social, político, cultural) y cuya salvaguarda merece tutela jurídica.

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El agua esta presente en el 70% de la superficie del planeta Tierra y de ella depende la vida de la gran mayoría de organismos que en él existen, incluidos entre ellos la raza humana. Nuestro cuerpo, además, esta compuesto en un 70% de este líquido. Sin embargo, debido al progreso industrial y al calentamiento global, entre otros factores, las fuentes hídricas se han visto afectadas considerablemente, lo que ha generado preocupación mundial sobre el manejo y la gestión del recurso. Desde el punto de vista jurídico, el agua, es uno de los recursos naturales de más trascendencia y actualidad, por su constante deterioro y sus múltiples usos. Esto se debe a que el recurso hídrico es el elemento principal para el desarrollo de la vida, y el hombre se ha encargado de aminorar la existencia de este líquido, acabando con las fuentes hídricas sin conciencia del daño ambiental que produce con sus actos u omisiones.

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La Autonomía Universitaria, consagrada en el artículo 69 de la Constitución Política de Colombia, le otorga a las Universidades la facultad de poder regularse filosóficamente y de determinarse administrativamente. Es claro que el principio de la autonomía universitaria, se considera como uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho, ya que no se puede concebir un Estado, aparte de las ciencias del saber. Las Universidades, después de la expedición de nuestra actual Carta Política, han gozado de una independencia, lo cual las faculta para tomar decisiones tanto en el ámbito académico, en lo relativo a periodos, materias y notas, como en lo concerniente a su ámbito social, esto es elección y promoción de profesores, nombramiento de directivas y adopción del régimen de alumnos y docentes. Esta independencia por parte de las Universidades de cualquier poder público, no quiere decir que puedan adoptar decisiones arbitrarias, al contrario deben ser estas las primeras en acatar mandatos superiores, dado el papel preponderante que cumplen en la sociedad.

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Por primera vez, se realiza un análisis medianamente completo, de lo que fue el proyecto de reforma constitucional, impulsado por el presidente LAUREANO GÓMEZ, durante su período de gobierno. Luego de conocer algunos artículos y algunas referencias cortas, surgió la necesidad de aportar al estado del arte, un trabajo más completo que se propusiera abordar a una administración tan controvertida como la de GÓMEZ, desde el punto de vista de su proyecto de enmienda a la Constitución de 1886. En ese sentido, la importancia de este escrito no sólo radica en su novedad, sino en las mismas características históricas e ideológicas del periodo de tiempo que abarca, sobre todo en cuanto a sus antecedentes. Estos, muestran un febril clima político y social, en medio de una lucha desgastante por la imposición de las ideas, incluso usando la violencia verbal y armada.