954 resultados para PATRIMONIO DOCUMENTAL - PUEBLO NASA (CAUCA)


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Na literatura consultada, verifica-se que, nos últimos anos, a grande parte das experiências e investigações desenvolvidas na área da Museologia refere-se ao papel do museu centrado na questão da sua dimensão pedagógica, sendo que, em geral, concebe-se essa dimensão, como a mera reprodução dos conteúdos transmitidos em sala de aula, utilizando o espaço do museu e as suas coleções. Salienta-se que, na maioria das vezes, os programas educativos desenvolvidos pelos museus com a rede escolar, não passam de atividades eventuais, ao mesmo tempo em que as ações museológicas de pesquisa, conservação, exposição e documentação, têm sido ineficazes no sentido de fornecer o suporte necessário para a construção de uma nova prática pedagógica. Neste sentido, objetiva-se com a presente pesquisa, analisar e sugerir a possibilidade de realização de uma nova prática pedagógica no museu, através de uma análise de historicidade do objeto museal, que deverá embasar todo o processo documental, entendido como suporte básico para a realização da comunicação no museu. No presente trabalho, considera-se a historicidade a partir das teias de relações que são estabelecidas, através de uma manifestação cultural, isto é, o processo de produção do homem em determinado momento histórico, dando significado ao espaço-tempo do contexto primário e museológico no qual o objeto museal está inserido. (Dissertação de Mestrado defendida no Departamento de Museologia da UFBA).

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El presente texto busca analizar las políticas culturales del Estado ecuatoriano a fin de desentrañar sus lógicas subyacentes y contratarlas con aquellas que sustentan a la interculturalidad. El paradigma del desarrollo cultural, visto como destino final de las políticas culturales, es cuestionado en tanto pretende aparecer como naturalizado, cuando en realidad refleja una condición discursiva de la globalización. En la investigación realizada se puede advertir que el Estado sigue manteniendo una dicotomía entre la cultura letrada y la cultura popular; la primera, como expresión más acabada del “espíritu nacional”, representada por los “hombres cultos”, y la segunda, como expresión colectiva y anónima del pueblo; lo que refleja un fuerte anclaje en concepciones tradicionales sobre el hecho cultural. El tema de la interculturalidad como “superación” de lo pluri y lo multicultural es también motivo de análisis. Su “reconocimiento” por parte del Estado no ha pasado de la formalidad jurídica, puesto que la acción estatal en campos como el patrimonio cultural, los servicios culturales, las educación, etc. Refleja dinámicas diferentes y hasta contrapuestas como las declaraciones normativas que se supones sustentan a la interculturalidad. La idea de la construcción colectiva de políticas (inter)culturales que atraviesen las políticas públicas aparece como una propuesta que para el caso del Ecuador se vuelve urgente.

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El artículo analiza la conservación del patrimonio arquitectónico en el Ecuador. Propone recuperar la noción de patrimonio ligada a la noción de ciudadanía. El ensayo plantea el estado de la cuestión en Ecuador, revisa los casos de Quito y Guayaquil y se concentra en la problemática en Cuenca, ciudad Patrimonio de la Humanidad desde 1999. Formula la necesidad de que la investigación y la difusión de la historia de estas ciudades sean adoptadas como parte de una política pública permanente.

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De acuerdo con el historiador boliviano Fernando Cajías, con la conquista no se produjo el encuentro de dos mundos, sino de tres; el tercero fue el africano. Lamentablemente, en el caso afroboliviano, este encuentro significó la negación de sus derechos humanos porque ni siquiera su nombre conservaron y, peor aún, su idioma, fueron tratados como objetos o animales y no como seres humanos. Hace 183 años que Bolivia es una República y en sus entrañas acogió a sus hijos afrobolivianos; pero el ejercicio de la colonialidad del poder enquistado en las mentes de la élite y pueblo boliviano, los mantuvieron en la clandestinidad de los Yungas, “sin derecho ni siquiera a abrir la boca para reclamar sus derechos” de acuerdo al testimonio de Benjamín Inofuentes. Después de tantos años sin ser reconocidos constitucionalmente ni aparecer en la historia oficial de Bolivia, recién ahora, en el siglo XXI, con la realización de la Asamblea Constituyente el año 2006, son reconocidos con plenos derechos igual que los otros bolivianos. Es así que, la tesis constituye un esfuerzo por mostrar el proceso de reconocimiento de derechos humanos de los afrobolivianos en la realización de la Constituyente en Bolivia, con especial atención en su participación, los logros que alcanzaron después de una intensiva movilización. Realicé este proceso a partir de entrevistas y diálogos con dirigentes y actores sociales involucrados en la Asamblea Constituyente y un análisis exhaustivo de los documentos que existen. En cada capítulo si bien hago referencia a autores, privilegio la voz de los afrobolivianos como un intento de promover su visibilización positiva, por eso, expongo los derechos humanos y a su interior los derechos colectivos desde la concepción y vida cotidiana de ellos. Así mismo, planteo una serie de acciones afirmativas que constituyen una opción pertinente para que los afrobolivianos ejerzan sus derechos humanos.

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La propuesta de reforma constitucional que la Comisión Nacional de Pueblos Andinos y Amazónicos, ha presentado al Congreso de Perú el 13 de marzo de 2002, quiebra la tradición comunera y agrarista para acoderar en un nuevo sujeto de derechos: el Pueblo Indígena. Simultáneamente, visibiliza otro grupo hasta ahora sin derechos colectivos: los afroperuanos.

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El escenario caucano expresa en toda su complejidad el problema agrario y la resistencia del campesinado a la expulsión hacia los centros urbanos, determinada por la evolución de la gran propiedad territorial. Se mantiene latente el problema de los campesinos sin tierra y persisten reductos de alzados en armas. Coexisten sectores y movimientos sociales y políticos diversos, como el Movimiento campesino del Macizo Colombiano y las organizaciones indígenas, cuyas luchas, conquistas y reivindicaciones se han prolongado por dos siglos.

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La realización de cuatro estudios de caso sobre los Pueblos Indígenas Nasa del norte del Cauca, Embera Katío, del Alto Sinú (Córdoba), Kankuamo, de la Sierra Nevada de Santa Marta (Cesar) y U'wa y Sikuani, del departamento de Arauca, con el apoyo de Pensamiento y Acción Social, PAS- SUIPPCOL, han servido al Consejo Nacional Indígena de Paz, CONIP, para presentar al país casos emblemáticos de la grave crisis humanitaria y de derechos humanos por la que atraviesan los Pueblos Indígenas en Colombia. El presente documento analiza los factores asociados a los cuatro estudios de caso, basados en el marco jurídico internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. El período del estudio es de dos años y medio, de 2004 al primer semestre del 2006, aunque las cifras relativas al mismo no están necesariamente discriminadas por las cuatro regiones en todos los casos, pero toman las desarrolladas por el Sistema de Información en Derechos Humanos de la ONIC, SINDHO, y la base de datos del Centro de Cooperación al Indígena, CECOIN y otras fuentes oficiales y no gubernamentales.

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El estudio tiene como propósitos relacionar la participación ciudadana como marco general y la consulta previa como uno de sus manifestaciones puntuales que ponen en ejercicio el derecho de participación, el de la información disponible, permite la exigibilidad de los derechos ambientales por parte de la ciudadanía, veedora del cuidado del ambiente, patrimonio e interés público; estudiar algunos elementos para la comprensión del alcance de la normativa legal, constitucional y la contenida en instrumentos internacionales, que resaltan el rol de la participación directa del pueblo en el proceso de adopción de decisiones públicas que afecten al entorno y cuyo fin es el respeto al derecho colectivo a vivir en un ambiente ecológico y equilibrado; adicionalmente contribuir u orientar una adecuada normativa que recoja los criterios y mecanismos de la participación ciudadana y consulta previa a ser adoptados por las autoridades que integran el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, coordinados por el Ministerio del Ambiente, a fin dar cuenta con el mandato constitucional referido a la consulta en materia ambiental, y salvaguardar la seguridad jurídica y la gobernabilidad de la gestión publica en este campo. En este sentido mi reflexión aborda en el primer capitulo temas sobre el medio ambiente, los factores causantes del deterioro ambiental, y el cuidado del medio ambiente como una obligación de todos y todas. En el segundo capitulo enfoca el significado de la democracia, la participación ciudadana como ejercicio democrático, el ejercicio de este derecho contenido en instrumentos internacionales, y el alcance de la participación ciudadana y la consulta previa en la Constitución y más normativa interna. En el tercer capitulo aborda el carácter de la consulta previa, analizaré cual es su propósito, quienes deben ser consultados, cuando procede la consulta previa, su procedimiento, la construcción de la decisión y su obligatoriedad y la vigilancia ciudadana. El análisis de este trabajo ha sido realizado desde una visión sociológico-jurídica, que equivale a que la interpretación y aplicación de la norma no puede realizarse por la simple vía del mero razonamiento deductivo, sino que es preciso una comprensión apropiada de las distintas realidades y necesidades sociales, que respondan a contextos económicos, políticos, culturales, costumbres y convicciones e inspirada en principios como la justicia, la equidad y el bienestar colectivo y social.

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Este artículo, escrito con dos voces y como conversación, tiene el objetivo de explorar el entretejido de territorio y derecho ancestral y su significado como el derecho humano más grande y primero. Su interés no es el documentar o analizar desde un marco normativo y positivista los avances, limitaciones y regresiones en esta zona de frontera, ni tampoco informar desde esta perspectiva sobre los derechos humanos. Más bien, es evidenciar la perdida del derecho y territorio ancestral que se esta viviendo en Esmeraldas hoy y las amenazas que están presentándose al respecto, particularmente frente a la agresión continúa de actores externos, la “nueva diáspora” de la des-territorialización y las limitaciones y desconocimientos del derecho jurídico.

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Después de muchos años de gobiernos nacionalistas, populistas y neoliberales que alternaron precarios momentos de estabilidad económica y política con períodos de graves crisis, Bolivia aún sufre los efectos negativos referidos a la economía, a la profundización de la diferenciación y exclusión social y a la vulneración de los derechos humanos. En medio de tal panorama, es lógico que las demandas de las mujeres permanezcan postergadas. La llegada al gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) el 22 de enero de 2006, producto de un contundente resultado electoral, no significa únicamente un gran cambio en términos económicos, sociales e ideológicos. Es sobre todo y desde una perspectiva de derechos humanos, un suceso inclusivo en términos de equidad y participación política de los indígenas, la mayoría poblacional de Bolivia. En este proceso, la equidad de género forma parte de las redefiniciones que vive el país, en un escenario de cambio de los sujetos impulsores de la transición en el Estado y en la sociedad civil. Ello se debe a que el nuevo gobierno está conformado por actores que se desplazaron desde partidos políticos y movimientos sociales corporativos de base campesino-indígena y de productores urbanos y rurales de culturas heterogéneas, ligados a un referente comunitario significativo. Estos y otros eventos en diferentes escenarios, no precisamente políticos, marcaron el ritmo de avances y retrocesos en el papel fundamental que tiene el Estado de garantizar el ejercicio de los derechos humanos.

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Partiendo de lo que ha sido el manejo de los recursos petroleros en el Ecuador durante los últimos 30 años, el autor presenta una serie de elementos críticos acerca de la política petrolera nacional y señala algunos de los principales elementos que, a nivel de administración, han posibilitado que la mayoría de los beneficios obtenidos del petróleo se queden en manos de las empresas transnacionales en detrimento del Estado. El fortalecimiento de la empresa petrolera estatal, la renegociación de contra tos petroleros y la exigencia a las empresas petroleras para que paguen sus obligaciones, tributarias entre otras, son algunas de las decisiones que, a juicio del autor, las autoridades deben tomar de manera inmediata en aras de proteger el patrimonio petrolero del país.